Responsibility and revolutionary militancy in Argentina. Recent dilemmas and memories
Lucas Saporosi*
*Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Becario posdoctoral por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Temas de especialización: estudios de la memoria, procesos de memoria, verdad y justicia en Argentina y en el Cono Sur, estudios de género y teoría feminista. orcid: 0000-0001-5187-104X.
Resumen: Este artículo analiza el problema de la responsabilidad respecto del accionar de la militancia revolucionaria durante los años setenta en Argentina, a partir de las producciones memoriales de Héctor Leis (2013), Daniel Pereyra (2014) y Miriam Lewin (2014). El objetivo central es indagar en las formas recientes de asumir el problema, atendiendo a sus articulaciones históricas y sus reactualizaciones contemporáneas. Se revisan los históricos dilemas sobre el tema en el campo de la historia reciente y se propone comprenderlo como un asunto público del proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina.
Palabras clave: responsabilidad, militancia revolucionaria, memoria, Argentina.
Abstract: This article analyzes the problem of responsibility regarding the actions of revolutionary militancy during the seventies in Argentina, based on the recent memorial productions of Héctor Leis (2013), Daniel Pereyra (2014) and Miriam Lewin (2014). The main objective is to explore recent approaches to the problem, considering its historical connections and contemporary updates. The paper reviews the historical dilemmas associated to this issue in the field of recent history and suggests understanding it as a public matter within the process of memory, truth, and justice in Argentina.
Keywords: responsibility, revolutionary militancy, memory, Argentina.
A lo largo del siglo XX, el problema de la responsabilidad respecto del accionar de las militancias revolucionarias ha sido un interrogante inherente a la “cultura política de las izquierdas” en occidente, tal como la ha denominado Enzo Traverso (2018). En ese sentido, difícilmente pueda abordarse la cuestión de la lucha armada o de la revolución sin referirse a todo lo que ello ha implicado para las sociedades que atravesaron esos procesos de activación política y, sobre todo, para los/las protagonistas que fueron parte del amplio campo de las izquierdas. En efecto, una gran cantidad de producciones han puesto de manifiesto este problema durante el siglo pasado, desde los clásicos trabajos de Maurice Merleau-Ponty (1947) o de Robert Antelme (1947) hasta los de Jorge Semprún (1977), entre muchos otros. Allí ya se planteaban una serie de dilemas éticos, morales y políticos del accionar revolucionario que surgían como parte de las resistencias a regímenes totalitarios, en procesos de radicalización política o en el marco de la organización del Estado una vez alcanzado el poder.
En el caso de América Latina y, especialmente, de la región del Cono Sur, esta pregunta por la responsabilidad ha sido un interrogante que ha estado presente desde los primeros momentos de la conformación de movimientos revolucionarios durante los años sesenta y se ha extendido, con mayor o menor intensidad, hasta la actualidad. Y, como tal, ha estado atravesado por un aspecto fundamental: la derrota del proyecto revolucionario.1 En el caso específico de Argentina, el asunto también ha sido una parte inherente de la “nueva izquierda” (Tortti, 1998) y de los experiencias del exilio, pero, sobre todo, un interrogante central en el devenir del proceso de memoria, verdad y justicia desde los años ochenta. De modo que, además de un problema relativo al “campo político de las izquierdas”, en nuestro caso se ha tratado fundamentalmente de un problema central para el campo de la historia reciente y, específicamente, para el campo de la memoria.
Como desarrollaré, la bibliografía académica se ha acercado a este problema de una manera relativamente amplia y desde una perspectiva generalmente temática, esto es, atendiendo a revisar alguno de sus interrogantes específicos (sobre todo, el dilema de la derrota política o el de las consecuencias de la violencia revolucionaria) en un marco más general de análisis. En el presente artículo me propongo analizar el problema de la responsabilidad respecto del accionar de la militancia revolucionaria en Argentina desde un abordaje que lo tome como un asunto público del proceso de memoria, verdad y justicia.2 Desde esta perspectiva, el objetivo central es indagar en una serie de producciones memoriales recientes realizadas por militantes de los años sesenta y setenta para comprender sus articulaciones históricas y sus reactualizaciones en el contexto reciente. Para hacerlo, en primer lugar, propongo un breve recorrido por los diferentes dilemas asociados al problema de la responsabilidad desde los años ochenta a la actualidad. Luego, presento las coordenadas teórico-metodológicas que delimitan al problema como un asunto público. Y finalmente analizo las producciones de memoria de Héctor Leis (2013), Daniel Pereyra (2014) y Miriam Lewin (2014), con la intención de plantear tres formas distintas de comprender el problema de la responsabilidad.
Un recorrido por los dilemas asociados al problema
de la responsabilidad
Los años ochenta: canon interpretativo y estrategia democrática
Inicialmente resulta relevante ubicarse en los procesos de exilio durante fines de los años setenta. Los/las militantes argentinos/as expulsados/as contribuyeron a que afloraran las discusiones referidas, principalmente, a la derrota política sufrida en el amplio campo de la izquierda. Como lo han estudiado diversos autores y autoras (Jensen y Yankelevich, 2007; Lastra, 2016; Gago, 2012), el tema se manifestó en diferentes producciones y proyectos editoriales, como Controversia o el clásico trabajo de Envar El Kadri y Jorge Rulli (1984), por citar dos ejemplos ilustrativos.
Durante los años ochenta, el problema de la responsabilidad estuvo atravesado por las transformaciones políticas e intelectuales de la recuperación democrática en Argentina y la consolidación de una “estrategia democrática” que coadyuvó a delimitar un “canon interpretativo” expresado en el informe del Nunca Más y en el juicio a las Juntas (Franco, 2015; Crenzel, 2008; Oberti y Pittaluga, 2006). En ese marco, aparecieron los trabajos autocríticos de Pablo Giussani (1984), Carlos Brocato (1985) y Óscar Terán (1991), entre otros, que hicieron un fuerte énfasis en el asunto de la responsabilidad. Estos trabajos, en general, se acercaron al problema desde un punto de partida político-moral, atravesado por una férrea condena a la experiencia militante y a la “cultura política de la violencia”, razones que identificaban para explicar la derrota y el advenimiento del terrorismo de Estado.3 Asimismo, señalaban una especial preocupación por dos dilemas articulados: por un lado, el dilema entre política y violencia y la militarización de las organizaciones revolucionarias durante los setenta; por el otro, el asunto concreto de la violencia revolucionaria contra adversarios políticos y militantes propios (Hilb y Lutzky, 1984; Ollier, 1986).
Mediados de los años noventa: impunidad y memorias militantes
Este paradigma se mantuvo relativamente hegemónico hasta mediados de los años noventa. La creciente resistencia al orden neoliberal en el marco de una profunda desilusión sobre la democracia formal permitió que comenzaran a recuperarse las historias de quienes efectivamente asumieron el compromiso de construir otros proyectos políticos con horizontes reales de igualdad (Pittaluga, 2007). En ese marco, surgió la agrupación H.I.J.O.S. en 1995, que logró articular las demandas vinculadas a los derechos humanos con otras demandas políticas de actores movilizados de la época. Por otro lado, las confesiones de un conjunto de perpetradores sobre el plan de exterminio desplegado durante la dictadura también contribuyeron a que el problema de la responsabilidad tomara otro carácter en la discusión pública.4
En este contexto, las voces de militantes y sobrevivientes de los años setenta irrumpieron con fuerza en la escena pública. Compilaciones como La Voluntad (Anguita y Caparrós, 1998), Pájaros sin luz (Ciollaro, 1998) y Mujeres guerrilleras (Diana, 1996), numerosos trabajos de memoria (Rodeiro, 1996; Perdía, 1997, entre otros), periodísticos y producciones culturales e intelectuales (Verbitsky, 1995; Bonasso, 1997), se orientaron a recuperar esas “memorias militantes” desde una perspectiva que buscaban reinstalar los valores e ideales de los años setenta. Y, al hacerlo, el problema de la responsabilidad se expresó en la forma de las clásicas escrituras autocríticas pero, principalmente, de los balances político-militantes. Estos últimos se fundamentaban en una ponderación de lecturas y decisiones políticas desarrolladas en los años de militancia, en un doble sentido: según aciertos y errores y según a quién se los atribuía. En este sentido, el clásico dilema de la derrota política era un punto de partida relevante pero, en este caso, atravesado fuertemente por la memoria de todo lo que había implicado haber participado en aquel proyecto de vida. El “por qué perdimos” o, como ha sugerido Hernán Confino (2022), la “hermenéutica de la derrota” se tradujo en el factor explicativo historiográfico y memorial del desenlace de las organizaciones político-militares.
Los primeros años 2000: políticas de la memoria y lucha armada
A partir de 2003, se inició un periodo que se caracterizó por un rol activo del Estado en las disputas por los sentidos de memoria, verdad y justicia a través del impulso de diversas políticas de la memoria, entre ellas, la reapertura de juicios por crímenes de lesa humanidad. A la vez, fue un periodo en el que se produjo una creciente profesionalización del campo de la historia reciente que llevó a ampliar el universo temático y los abordajes sobre la militancia revolucionaria (Franco y Lvovich, 2017). En este marco, el asunto de la responsabilidad se reactualizó, en primer lugar, a la luz del trabajo de Pilar Calveiro (2005), que trajo una renovada crítica al histórico dilema de violencia y/o política y una mirada más compleja sobre la “teoría de la creciente militarización” de las organizaciones político-militares. Los recientes trabajos de Mora González Canosa (2021), Laura Lenci (2021) y Hernán Confino (2022) han revisado al texto de Calveiro y han sugerido que este dilema no podía ser pensado en términos binarios, así como tampoco el “proceso de militarización” debía ser comprendido como un desvío en el desarrollo de las organizaciones, sino como parte de un proceso más amplio y complejo, con las tensiones propias de la dinámica política y de la estrategia encarada por las organizaciones.
En segundo lugar, se vio impulsado por la aparición del debate No matar, una controversia, ya largamente estudiada, que fue central para inscribir el problema en la agenda político-intelectual de esos años. Allí aparecieron diferentes puntos de entrada al problema, algunos con una larga historia: el uso de la violencia revolucionaria, las implicaciones de haber asumido un proyecto revolucionario, las marcas del dolor personal, las discusiones en torno a la lucha armada y la revolución, e incluso el asunto de la reconciliación. Hugo Vezzetti (2009) y Graciana Vázquez Villanueva (2017) han analizado algunos de estos dilemas, y Florencia Levín (2007), por su parte, también se refirió al debate, pero se orientó a pensar la responsabilidad desde una perspectiva teórico-historiográfica.
En tercer lugar, el problema también se articuló con un conjunto de trabajos que pusieron el foco en las polémicas desarrolladas al interior de las organizaciones político-militares en torno al carácter que debía tomar la lucha armada (como el trabajo de Flaskamp, 2002, entre otros). Estas discusiones han sido centrales para actualizar los estudios sobre el problema de la política y el sujeto revolucionario de aquellos años (Rot, 2000; Pozzi, 2006; Mangiantini, 2014).
2006 en adelante: el horizonte ampliado de disputas
A partir de 2006, comenzaron a vislumbrarse signos de una nueva escena en las disputas por la memoria, la verdad y las justicia. Varios autores y autoras (Bertoia, 2016; Feierstein, 2018) analizaron estas transformaciones y algunos/as (Saferstein y Goldentul, 2019; Messina y Besse, 2022) ubicaron en 2008 el punto de quiebre, a partir del “conflicto con el campo”.5 El cambio de gobierno en 2015 fue determinante en este proceso de disputas. La asunción de Mauricio Macri como presidente actuó como un dinamizador de numerosos planteamientos condenatorios sobre el accionar de la militancia revolucionaria que se presentaban bajo los históricos sentidos del negacionismo y de la reconciliación, pero también bajo la forma emergente del diálogo (Saferstein y Goldentul, 2019; Salvi, 2023).6 En consecuencia, se consolidó un proyecto político-intelectual orientado a cuestionar la integralidad de la histórica consigna de memoria, verdad y justicia.7 En esta clave, pueden leerse diversas publicaciones memoriales (Fernández Meijide y Leis, 2015; Gabetta y Richter, 2018).
La masiva marcha contra el intento de aplicación del beneficio del “2x1” a condenados por crímenes de lesa humanidad en 2017, puso en evidencia que este nuevo periodo se constituyó como un horizonte ampliado de las disputas memoriales.8 En ese sentido, se publicaron trabajos que enfrentaron abiertamente a los discursos dialógicos, reconciliatorios y negacionistas, entre ellos, Roberto Perdía (2017), Eduardo Gurucharri et al. (2020), Luis Fuks (2021). Varios de ellos pusieron de relieve otro dilema relevante: los procesos de disidencias políticas durante los años setenta (Rodeiro, 2006; Pereyra, 2014; Duzdevich, Raffoul y Beltramini, 2015). También los estudios académicos de Javier Salcedo (2011) y Daniela Slipak (2023) recuperaron este asunto. En efecto, las memorias de las disidencias políticas le otorgaron al problema una deriva particular.
Otro de los aspectos que atravesó al problema de la responsabilidad fue el asunto de la supervivencia o los dilemas de la aparición con vida, sobre todo en producciones de mujeres militantes que habían sufrido la violencia concentracionaria durante los setenta, un asunto que admitía cada vez mayor relevancia en un contexto atravesado por la creciente presencia pública del movimiento de mujeres y feminismos. En ese marco, los trabajos de Pilar Calveiro (1998), Susana Ramus (2000) y Munú Actis et al. (2001) admitieron una nueva relectura y evidenciaron el proceso de transformación de los marcos de escucha sobre los crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención contra las mujeres. Los estudios de Claudia Bacci et al. (2012), Barbara Sutton (2018) y Victoria Álvarez (2019) han sido fundamentales para comprender este proceso social. La compilación testimonial Putas y guerrilleras (Wornat y Lewin, 2014), como desarrollaré, es un claro ejemplo de ello.
En resumen, el problema de la responsabilidad ha sido un asunto aludido de diversas maneras durante la posdictadura argentina, en contraposición a ciertos supuestos extendidos que lo asociaban a un tema “tabú” para los/las protagonistas de aquella época. Por el contrario, ha sido un tema recurrente y abordado desde distintos dilemas que pueden ser resumidos en: a) el dilema entre política y/o violencia y la crítica al proceso de militarización de las organizaciones revolucionarias; b) el dilema de la derrota política del campo de la izquierda; c) las consecuencias del ejercicio de la violencia revolucionaria; d) las implicaciones específicas del debate No matar; e) las polémicas sobre la lucha armada y las disidencias políticas de los años setenta; f) desde los dilemas de la supervivencia.
El problema como un asunto público. Coordenadas teóricas
y metodológicas
Analizar el problema de la responsabilidad no es una tarea autoevidente. Ya desde el mismo trabajo de nombrar la experiencia político-militante de los años setenta se cifra el asunto de la responsabilidad. Nominaciones como guerrilla, organizaciones armadas, político-militares, fuerzas insurreccionales, terrorismo guerrillero, se han presentado, en muchas ocasiones, de manera intercambiable y han llevado a que la comprensión de aquella experiencia se volviera opaca o se redujera a su forma organizacional mayoritaria, a una definición de la estrategia revolucionaria o a una nominación atravesada previamente por un juicio político-moral. Aquí me refiero a la militancia revolucionaria en tanto proceso político, social y cultural inscripto en las coordenadas de la “nueva izquierda” (Tortti, 1998), atravesado por alguna forma de la “praxis armada” (Rot, 2000) y delimitado temporalmente por el contexto de creciente “activación política” de los años sesenta y setenta tanto a nivel nacional como regional (González Canosa y Chama, 2021).
Desde esta perspectiva, parto de la siguiente afirmación: sin desconocer las discusiones desarrolladas al interior de las organizaciones políticas en los años sesenta y setenta, considero que el problema de la responsabilidad se ha constituido como un asunto público de relevancia social, política e intelectual durante la posdictadura. En ese sentido, por un lado, se trata de un punto de entrada significativo para comprender el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina y, por el otro, de una forma de interrogar las experiencias políticas del pasado desde una posición que también consigna una responsabilidad política desde y por las condiciones del presente. Es, en otras palabras, un problema que visibiliza la convergencia entre el campo académico e intelectual y el campo de la política de una manera relevante para los tiempos actuales.
En tanto asunto público, en primer lugar, el problema se ha conformado como una demanda social inscripta en este proceso que ha convocado diversas respuestas por parte de actores sociales, políticos e intelectuales. En efecto, pronunciar públicamente alguna referencia a la militancia revolucionaria o asumir en primera persona la participación política durante aquellos años ha generado múltiples interpelaciones cuyas respuestas han requerido de mediaciones, reflexiones y también justificaciones sobre el accionar.
En segundo lugar, el problema se ha convertido en uno de los debates político-intelectuales más importantes de la cultura política contemporánea argentina, puesto que allí se han condensado posicionamientos diversos en torno a la política, la violencia y la democracia. Estos debates se han configurado a partir de una comunidad política-intelectual conformada por participantes que han compartido trayectorias, vínculos afectivos y espacios políticos y, como tal, ha dado lugar a un determinado registro del “discurso polémico” (Angenot, 1982). Además, sus intervenciones han circulado por diversos soportes materiales que permiten considerarlas como “vectores de memoria” (Rousso, 2007). Y al haberse desarrollado tanto de manera sincrónica como diacrónica durante la posdictadura, también pueden ser pensados como textualidades abiertas producidas y retomadas en tiempos distintos.
En tercer lugar, el problema ha sido asumido por los/las protagonistas como un fundamento de sus “trabajos de la memoria” (Jelin, 2002); fundamento que, entre otras cuestiones, contiene un nudo ineludible que entrecruza las dimensiones de la ética, la moral y la política, tal como lo ha comprendido Héctor Schmucler (2000a, 2000b). Precisamente, quienes fueron militantes de aquella experiencia han tenido una marca ineludible al hablar y escribir sobre su participación; una marca que, a veces, se tradujo en una carga y, otras veces, en el signo de una epopeya. En definitiva, hablar de ello ha sido (y todavía lo es) hablar de la responsabilidad en tiempo presente.
En este artículo, me focalizo en una serie de producciones de memoria realizadas por militantes de aquellos años. Para ello, resulta fundamental considerar la doble inscripción político-intelectual de estas voces (Pittaluga, 2007), esto es, la doble condición de haber sido militantes y la de intervenir como autor/a del campo intelectual. A partir de ella, es necesario atender al problema desde un abordaje que tome en cuenta los dilemas mencionados pero que a la vez los trascienda. Para ello, resulta pertinente considerar a los diferentes sujetos, objetos, interlocutores y formas de la responsabilidad. Cabe preguntarse entonces: ¿Qué formas ha asumido la responsabilidad respecto al accionar político-militante del pasado en estas producciones? ¿Quiénes, ante quiénes y de qué se hacen responsables? Se trata de un abordaje que permite comprender no sólo el objeto del cual se hacen cargo (el qué de la responsabilidad), sino también el modo de asumir el lugar de enunciación (quién), a sus interlocutores (ante quién) y a sus formas de hacerse cargo (cómo).
Siguiendo este abordaje, considero que estas producciones responden a tres formas predominantes: la responsabilidad como una falta político-moral, la responsabilidad como un balance político-militante y la responsabilidad reflexiva. He conceptualizado estas formas en otros trabajos (Saporosi, 2021, 2024), de modo que aquí haré una breve mención a sus coordenadas teóricas.
En cuanto a la primera, retomo los planteamientos de Paul Ricoeur (1997), quien sugiere que la idea clásica de la responsabilidad debe rastrearse en el cruce que liga el concepto jurídico del término con el sentido moral de la imputación y, como tal, quien se hace cargo de sus acciones interpreta que existe una “obligación” o una “exigencia” a responder por ciertas “acciones reprobables” realizadas en el pasado. Esta concepción configura un sujeto que se preanuncia en falta y debe responder, a como dé lugar, en el marco de una exhortación pública. En ese sentido, el modelo clásico de la “responsabilidad-obligación” se articula con una tríada propia de la filosofía moral: “responsabilidad-imputación-retribución”. También se articula con el universo de lo político en la medida que opera como una forma de intervenir en el proceso de memoria, verdad y justicia.
En cuanto a la segunda, el balance político-militante puede ser leído siguiendo otro planteamiento de Ricoeur, el de la “rendición de cuentas”, una expresión que, según el autor, mantiene un sustrato moral, pero prioriza una mayor atribución del sujeto en la acción por responder ante la demanda de responsabilidad. En este punto, tal como señala Manuel Cruz (2015), este sujeto que se hace cargo de su pasado prioriza una “toma de posición” frente a lo actuado e incorpora los posicionamientos subjetivos y políticos al acto de responder. Es decir, no asume la demanda a cualquier precio. En términos generales, el balance político, como ya mencioné, se fundamenta en una ponderación de aciertos y errores y en una mediación según a quién se los atribuya: una responsabilidad mediada y ponderada.
En cuanto a la tercera, la responsabilidad toma una dimensión reflexiva, tal como lo entiende Judith Butler (2005), en la medida en que les otorga un lugar fundamental a las marcas del pasado y a la tarea ética de resituarlas en el presente como objeto de reflexión. Así, la responsabilidad se asume como una forma de “dar cuenta de sí mismo”. En este punto, Butler advierte de los peligros epistemológicos y políticos de pensar una demanda asumida “sin condicionamientos” y, en cambio, sugiere comprenderla como una escena compartida de interpelación que atiende a los marcos de inteligibilidad social y a las diferentes formas de negociación entre los sujetos y sus interlocutores.
El trabajo de Héctor Leis y la responsabilidad
como una falta político-moral
En 2013, Héctor Leis publicó Un testamento de los años 70. Terrorismo, política y verdad en la Argentina.9 Un año más tarde, se estrenó el documental El diálogo, que ponía en escena una extensa conversación entre Graciela Fernández Meijide y Héctor Leis, y, posteriormente, se publicó el libro con el mismo nombre.
Un testamento de los años 70 se inscribe en la larga lista de escrituras autocríticas sobre la experiencia militante de los años setenta. Como señalé, se trata de un registro de memoria basado en una férrea condena a aquella participación política y que toma el asunto de la responsabilidad como una falta político-moral, un enfoque que se ha ido construyendo desde los inicios de la posdictadura y que ha perdurado, con sus cambios y sus actualizaciones, hasta el presente.
Ya desde el inicio del trabajo, el sujeto que asume la responsabilidad toma la primera persona del singular, de dos maneras. Por un lado, bajo la clásica figura del testigo; se asume como un protagonista que “estuvo allí” en los acontecimientos que narra y que, por tanto, pronuncia y confiesa una verdad. Por otro lado, también se preanuncia como un sujeto “en falta” que se hace cargo de “actos reprobables” cometidos en el pasado y que debe responder sin concesiones: “Al igual que mis compañeros, yo era un terrorista de alma bella” (Leis, 2013: 33), afirma.
En su relato, admite que la motivación militante de su generación fue noble, “nuestra intención no era hacer el mal” (Leis, 2013: 36); sin embargo, el énfasis de su memoria está en el explícito señalamiento de haber sido “cegados” y “convertidos” en “hombres malos”, por acción y consecuencia del ejercicio racionalizado de la violencia, de la “astucia de la razón” desplegada por la organización Montoneros, que se orientó a “matar a todos los que se le cruzaron por delante de su voluntad política” (2013: 35), una organización que, en sus palabras, tradujo en “acciones terroristas” la consecución de ideales políticos.
Con estas cualidades, Leis construye un objeto de la responsabilidad que se asienta en una asociación lineal entre “guerrilla” y “terrorismo”. A partir de una serie de escenas, su voz pone de relieve cómo asume explícitamente el pasaje de un señalamiento político —los “errores gravísimos en el pasado”— a una condena político-moral, expresada en el reconocimiento de esa “condición terrorista” de la organización. En línea con los clásicos trabajos autocríticos, Leis acusa directamente al liderazgo de la organización por el despliegue de una “política terrorista” y la elaboración de “programas de asesinatos”, no sólo hacia el exterior sino hacia el interior de Montoneros. En este punto, el objeto de la responsabilidad ya no es el de haber reproducido la “cultura política de la violencia” (como era el caso de las autocríticas de los años ochenta), sino por haber impulsado acciones que produjeron, consciente y premeditadamente, muertes de militantes propios y de adversarios políticos (en sintonía con el llamamiento de Óscar del Barco en el debate No matar). En ese marco, menciona fusilamientos y ejecuciones de compañeros por “transgresiones mínimas” y la “crueldad” de la Contraofensiva Estratégica durante 1979 y 1981.
Frente ello, siente la urgencia de confesar su contribución al “sufrimiento argentino”:
Pido perdón a las víctimas de los hechos en los que mi participación fue directa, como en José León Suárez hace casi cuarenta años.10
Pido también perdón a los inocentes y las generaciones posteriores a la mía, que aun sin ser responsables por los acontecimientos de la reciente historia argentina continúan siendo castigadas con la ignorancia de su verdadero sentido, y se ven impedidas así de parar el yira-yira del karma nacional (Leis, 2013: 96).
Un “pido perdón” que se orienta ante “las víctimas, a los inocentes y las generaciones posteriores”. Ese ante quién pretende abarcar a un conjunto amplio e indiferenciado de actores sociales afectados por la violencia y a los que se les debe no sólo el “esclarecimiento de la verdad”, sino también la “confesión del perdón”. Ya en su intervención de 2006, en el debate No matar, Leis había propuesto el planteamiento de “verdad, justicia y reconciliación” en respuesta a la carta de Del Barco. Por tal motivo, se convirtió en una voz disonante entre quienes participaban de la controversia. Pero, en 2013, su voz recupera y especifica la forma de asumir aquel planteamiento: un “testamento” sostenido en un “pedido de perdón” que interpreta esa demanda como una exigencia ineludible, una “responsabilidad moral” frente a “todos los argentinos” por la “herencia” del ejercicio de la violencia durante aquellos años (Leis, 2013: 99).
Como todo testamento, su intención última es cerrar una discusión. Esa es la respuesta de Leis a la exigencia de verdad sobre la responsabilidad de la militancia revolucionaria. Y, en este punto, tanto la falta —por ese actuar reprobable en el pasado— como la propia imputación y retribución —que implican la confesión pública y el pedido de perdón— traducen esa intención última en la disputa, no sólo por la memoria y la verdad, sino también por la justicia: su voz propone una justicia “reparadora o reconciliadora”, que aspire a la “cura de los resentimientos mutuos entre culpables y víctimas de una historia común” (Leis, 2013: 91).
En el marco del desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, Leis busca cuestionar el modelo jurídico con el que se reinició esta etapa de juicios a partir de 2006 y augurar otros mecanismos jurídicos para el caso argentino, como el modelo sudafricano, por ejemplo. Es una preocupación que comparte también con Claudia Hilb (2014), para quien el modelo sudafricano pudo haber provisto una enseñanza a juristas y políticos argentinos a fin de rebatir los silencios perpetuos de los acusados y condenados11. Desde este planteamiento, ciertos fundamentos de la justicia retributiva no deben ser eliminados, pero su horizonte de lo deseable sugiere un paso más allá, hacia una “justicia reconciliatoria” que permita “fundar una comunidad después del crimen”, como dirán Hilb y Leis. En otras palabras, dar vuelta a la página para cerrar la discusión.
El trabajo de Daniel Pereyra y la responsabilidad
como balance político-militante
Memorias de un militante internacionalista (2014), de Daniel Pereyra, pertenece al mismo contexto memorial que el de Leis. Particularmente, el trabajo se inscribe en la larga historia de balances político-militantes publicados en la posdictadura argentina y, también, puede ser leído como parte de las memorias de las disidencias políticas, un asunto relevante para el problema de la responsabilidad en el periodo actual.
A lo largo del trabajo, Pereyra construye una voz que rememora la gestación, el crecimiento y la expansión del trotskismo en Argentina a partir de la década de los años cuarenta del siglo XX. En ese sentido, el sujeto que asume la responsabilidad parte de una detallada narración de su trayectoria político-militante que se configura a partir de un profundo rescate de la “integridad revolucionaria”.12 Es la voz de un militante profesional e internacionalista. Esa cualidad se expresa en la utilización del léxico militante, un gesto que, en su caso, no se presenta ni forzado ni nostálgico, sino como un intento de afirmar un posicionamiento coherente entre el pasado y el presente.
En segundo lugar, en tanto balance, su voz se organiza a partir de un conjunto de señalamientos ponderados como aciertos, errores y malas lecturas políticas que, a su vez, se atribuyen a diferentes actores de las conducciones de las organizaciones en las que participó. En ese sentido, reconoce con especial énfasis las polémicas con Nahuel Moreno (GOM, POR y PRT), Hugo Blanco (POR peruano) y Mario Santucho (PRT-ERP) durante los años sesenta y setenta, lo que constituye también un reconocimiento a esos militantes como artífices en la construcción de esa histórica corriente política. Tal reconocimiento es, en efecto, una mediación en el que su yo responsable no se desentiende de su participación militante, pero tampoco niega sus diferencias ni sus rupturas con las conducciones. En este punto, su asunción de responsabilidad se torna explícita y en primera persona. Afirma: “En la mayor parte de los casos, yo compartí la política general de la organización de cuya dirección formaba parte”; “también manifesté mi oposición a esos métodos, pero sin dar carácter general a mi oposición” (Pereyra, 2014: 88); en otras palabras, una responsabilidad ponderada y mediada.
Los interlocutores del trabajo aparecen aludidos de diversas maneras: como “los desaparecidos, los que luchan contra la explotación y la opresión” (Pereyra, 2014: 7), “los caídos”, “los jóvenes de la izquierda argentina”, “los militantes trotskistas” o “los camaradas torturados” (2014: 388). También alude a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) como una agrupación fundamental para el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina. La menciona como una asociación que “con su insobornable actividad […] contribuyó a mantener viva la memoria de los 30 000 desaparecidos” (2014: 379), una crítica explícita a los organismos de derechos humanos mayoritarios que tuvieron un acercamiento más marcado al gobierno kirchnerista.13 En este punto, su voz ha contribuido a revisar ciertas posturas que reducían a un discurso único los posicionamientos de los organismos.
La tarea de reconstruir el objeto de la responsabilidad debe encuadrarse dentro de los debates en torno al peronismo y a la lucha armada que se dieron en el interior del trotskismo en aquellos años y que, en muchas ocasiones, fueron los artífices de las disidencias y rupturas organizacionales.
En primer lugar, en el marco de su temprana militancia en el GOM y el POR, Pereyra señala explícitamente la “errónea caracterización” que sostenía el “carácter burgués” del peronismo e ignoraba la masiva adhesión del movimiento trabajador (Pereyra, 2014: 86). También reconoce la “mala lectura” que hicieron estas agrupaciones respecto de la revolución cubana. Efectivamente, tal como lo recuerda Pereyra, la adopción de la lucha armada en el trotskismo argentino no fue un mero reflejo de la experiencia cubana, sino que fue el resultado de un arduo proceso de discusión.14
En segundo lugar, la construcción de ese objeto también se nutre del balance de su experiencia en Perú. Pereyra valora positivamente la política internacionalista del partido y señala como un acierto el proceso de construcción política de base y en el territorio rural, por medio de sindicatos y del campesinado peruano. Pero también menciona los errores y malas lecturas desarrolladas, como la “falta de lineamientos precisos”, la “ausencia de participación y seguimiento” por parte de la estructura partidaria en Argentina, la “falta de ayuda económica y legal” durante las detenciones, los “ataques, acusaciones y difamaciones políticas y personales” (Pereyra, 2014: 186) por parte de Moreno, entre otros.
En tercer lugar, alude a su experiencia en el PRT-ERP. Pereyra evoca la disidencia que él y un sector del partido asumieron respecto de la hegemonía de la tendencia de Santucho luego del V Congreso del Partido en 1970, un posicionamiento que, entre otros aspectos, imponía la construcción de un ejército revolucionario para desarrollar la “guerra popular prolongada” en el país. En el marco de esa disidencia, Pereyra ubica el surgimiento del Grupo Obrero Revolucionario (GOR), que funcionó entre 1971 y 1979 y que, desde sus inicios, consideró que la lucha armada no estaba asociada a la “teoría del foco” ni a la “guerra popular prolongada”, sino que se basaba en dos fundamentos: la promoción de la “autodefensa” del movimiento obrero y la “actividad independiente de la vanguardia”. Una concepción que no proponía confrontarse con el aparato represivo del Estado sino apuntar a la acumulación de fuerzas en el contexto real de la lucha de clases, con el fin de garantizar la actividad política concreta.15 En suma, Pereyra valora esta redefinición y sugiere que constituyó un salto significativo en las discusiones teórico-políticas de la militancia revolucionaria, en la medida en que le otorgaron a la lucha armada una forma “adecuada” de inserción en los frentes de masas.
En cuanto a la forma de asumir la responsabilidad, el trabajo de Pereyra incorpora una novedad a los clásicos balances. Ya no sólo se organiza a partir del señalamiento de aciertos y errores respecto del pasado, sino que también propone la construcción de una respuesta político-militante orientada hacia el presente y que se asume como un ejercicio de pedagogía militante, un “manual político-militante” (Lissandrello, 2014: 23). En este sentido, tiene la intención de convertirse en un insumo para las discusiones contemporáneas dentro del campo de la izquierda y el trotskismo en particular. El capítulo VI lo ilustra con precisión: “Qué se debe entender por nuevas formas de hacer política” (Pereyra, 2014: 362), se pregunta el autor, y se dedica a desarrollar toda una serie de proposiciones orientadas a lo que debe hacerse para reactualizar el camino de la organización revolucionaria y construir un “programa” que sea capaz de integrar a los movimientos sociales del siglo XXI. En este punto, el trabajo se ve atravesado por el cruce entre las dimensiones de lo político y de lo moral, tal como señalaban Schmucler y Ricoeur, pero en su caso, a diferencia del primer enfoque, ese cruce está fundamentado en el histórico posicionamiento político del trotskismo, en sus discusiones y debates y en sus modos de comprender la praxis revolucionaria.
Lewin y la responsabilidad reflexiva
El testimonio de Miriam Lewin en Putas y guerrilleras (2014) también se enmarca en este contexto y, sobre todo, se encuentra explícitamente atravesado por el proceso social que permitió el desplazamiento de los marcos sociales de escucha respecto de la violencia sexual contra las mujeres y como una forma específica de violencia dentro de los centros clandestinos de detención.16 Respecto al problema de la responsabilidad, el trabajo se inscribe en la senda abierta por las producciones de mujeres militantes de los años noventa que plantearon el problema desde un abordaje diferente a las escrituras autocríticas y balances político-militantes. En esas producciones, el énfasis estaba en reconocer las marcas que aquella experiencia militante había dejado en sus vidas: marcas de género, marcas de la violencia, marcas de la supervivencia.
En Putas y guerrilleras, la voz de Lewin se desarrolla en uno de los prólogos del libro y en el último capítulo llamado “Virrey Cevallos: la casa de la cia”.17 El registro de sobreviviente de dos centros clandestinos de detención es el predominante del testimonio y es asumido desde una pregunta recurrente que, en su caso, operó como la marca de la reaparición: “¿Y vos, por qué te salvaste?” (Lewin, 2014: 14).
Había quienes me hacían la pregunta casi con vergüenza, con pudor, como presintiendo que me ponían en una situación incómoda. Otras la formulaban con un gesto duro, rencoroso. Yo no me sentía amenazada, porque con sinceridad, no conocía la respuesta.
Yo reaparecí con vida, sí. Contra todos los pronósticos.
Y aun cuando se diera, cuando las fuerzas del terrorismo de Estado lo liberaran, le perdonaran la vida, el desaparecido no volvía tal como lo habían arrebatado. No era el mismo. Después del paso por lo desconocido, de una temporada en el infierno, ya no se trataba de la misma persona. Algo había cambiado dentro de él o ella, y no consistía solamente en sus heridas visibles o invisibles, sino en un halo ominoso. Estaba contaminado […] (Lewin, 2014: 15).
Lewin asume la voz de una sobreviviente mujer que sufrió la violencia concentracionaria y que luego reapareció con vida, “contra todos los pronósticos”. Efectivamente, la salida del centro clandestino de detención, como recuerda Lewin, no fue un mero cambio de situación, sino una reaparición progresiva, estrictamente vigilada, bajo constante amenaza y ante la atenta mirada de los perpetradores que, en muchas ocasiones, implicó continuidades con la situación del cautiverio. En otras palabras, la aparición con vida no es una figura abstracta, es un sujeto social marcado que retorna a la vida concreta, real, cotidiana.
En el trabajo, Lewin intenta explorar los fundamentos de esa pregunta que se anudó a su subjetividad y atravesó todos sus vínculos sociales. Encuentra que esa reaparición pública trajo consigo un “halo ominoso”, una suerte de “inscripción contaminante”, que se cargaba en el cuerpo al presentarse en los distintos ámbitos familiares y sociales. Identifica ese “sentimiento de indignidad” y de “culpa” como una “neblina monstruosa” (Lewin, 2014: 15) que, en su testimonio, ha podido reconocer como objeto de la responsabilidad.
Lewin encuentra esos fundamentos en dos asuntos centrales. Por un lado, en la culpa de “haber trabajado” para la Marina dentro del llamado “proceso de recuperación”,18 un asunto recurrente en los testimonios de sobrevivientes en general. Tal como lo narra en Ese infierno y en Putas y guerrilleras, Lewin fue obligada a desarrollar trabajos de edición y traducción para la Marina que, al momento de enunciarlo, reconoce como parte de la violencia represiva en el campo. Por el otro, identifica un “sentimiento de indignidad” específico en las mujeres sobrevivientes: el doble estigma o la sospecha social de que la sobrevida fue “obtenida” como consecuencia de haber sido “delatoras” y “prostitutas”.
Como han planteado Victoria Álvarez (2019) y Claudia Bacci et al. (2012), la violencia sexual constituyó una tecnología específica de la represión clandestina en el campo contra las mujeres militantes y expresó un intento de dominio total sobre sus cuerpos. Sin embargo, como señala Lewin, la percepción que se tenía de las mujeres militantes, prisioneras y sobrevivientes, no era la de “víctimas”, sino la de “dueñas de un libre albedrío” que hubieran podido elegir su destino allí dentro (Lewin, 2014: 17). Efectivamente, en las mujeres militantes se superponían los roles, las expectativas y las prácticas arraigadas de una sociedad patriarcal (aquellos vinculados al ámbito doméstico y del cuidado) con los roles, las expectativas y las prácticas del ideal de la “buen soldado” revolucionaria.19 El doble estigma, efectivamente, expresaba el quiebre de esos dos mandatos que la militancia —y la sociedad en general— les asignaba a las mujeres. En ese punto, la violencia sexual se expresó a través de una marca de género visible capaz de ser leída por los represores, pero también por los prisioneros/as que habían caído en cautiverio y por los militantes que no había sido secuestrados y se encontraban en pleno proceso de resistencia.20
El sentimiento de vergüenza, tal como refería Lewin, fue parte de ese proceso. En otras palabras, la vergüenza fue la marca afectiva de la experiencia concentracionaria que atravesaba todo lo que ella era, su condición de mujer y de militante política. Sobre esa marca se erigía la expresión de los represores, “puta y guerrillera”. Y, como tal, constituía parte de la tecnología concentracionaria que promovía la responsabilización de la víctima respecto de su cautiverio. En suma, los dispositivos de tortura, además de múltiples, fueron también poderosos dispositivos que operaron sobre los afectos y sobre la relación con el propio cuerpo.21
Para finalizar, la forma del hacerse cargo puede pensarse como una responsabilidad reflexiva en la medida en que reconoce y reelabora las marcas físicas, afectivas y sociales que el terrorismo de Estado dejó en el cuerpo y en la subjetividad, a la vez que interpela los mandatos e ideales políticos de la militancia revolucionaria. Lewin reconoce que la necesidad de hacerse cargo del accionar político-militante es inescindible de esas marcas constitutivas de su biografía. Es, como ya he señalado, una forma de “dar cuenta de sí mismo” (Butler, 2005) que asume, enfrenta y expone las implicaciones presentes de esas marcas y que no sólo compromete una palabra pública, sino que también da cuenta de la materialidad del cuerpo para asumir la responsabilidad. Asumirlas es exponerlas y enfrentarlas, es contribuir a la tarea de quitarse “la culpa de encima” (Lewin, 2014: 15) y transformar la vergüenza en una interpelación hacia los/las otros/otras que presenciaron sus regresos. Es decir, ese acto implica un llamado para que los/las otros/otras también se hagan cargo de las formas de recibir y escuchar su voz. La “condición retórica de la responsabilidad”, como sugería Butler (2005: 73), se presenta entonces como una práctica de ida y vuelta, que también incorpora a quien la recibe y escucha, pero no a como dé lugar, sino en una escena conjunta de interpelación.22
Consideraciones finales
El problema de la responsabilidad respecto del accionar de la militancia revolucionaria en Argentina puede ser pensado como un punto de entrada relevante para comprender las disputas en el proceso de memoria, verdad y justicia en el país. Como intenté demostrar, el problema ha sido recurrentemente aludido e interpretado desde diversos dilemas en el campo de la historia reciente. En el presente trabajo, he argumentado que el problema, además, puede ser comprendido como un asunto público de la posdictadura en la medida en que, en primer lugar, se corresponde con una demanda social orientada a reconocer las implicaciones de aquel accionar en el presente; en segundo lugar, con un debate político-intelectual de largo aliento y, por último, con un fundamento específico de la producción memorial. Esta perspectiva, además, ha permitido comprender cómo el hecho de interrogar las experiencias del pasado también contribuye a comprender ciertos posicionamientos políticos en el presente.
Propuse un abordaje integral para analizar cómo se asumió este problema en una serie de producciones de memoria recientes y, al hacerlo, se plantearon tres formas de la responsabilidad que permitían indagar en las respuestas de sus autores/autoras para intervenir en el periodo actual del proceso de memoria, verdad y justicia.
La responsabilidad como una falta político-moral, expresada en el trabajo de Leis, comprendía a la demanda como una “exigencia” que se asumía según los parámetros que imponía esa misma demanda. El sujeto —en falta— se hacía cargo de un “obrar reprobable” —una imputación— y, a través de un pedido de perdón, proponía su “retribución” a la sociedad argentina. Su trabajo, además, podía articularse con los aportes de Claudia Hilb para cuestionar el modelo jurídico implementado en los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina a partir de 2006. Además de la memoria y la verdad, la justicia también era objeto de una creciente disputa.
La responsabilidad como balance político-militante, expresado en el trabajo de Pereyra, asumía la demanda como una respuesta político-militante que le permitía incorporar su posicionamiento político sostenido en su trayectoria dentro del trotskismo. El sujeto reconocía los aciertos y errores políticos del pasado, pero además proponía un ejercicio de pedagogía militante que presentaba un conjunto de repertorios para una nueva acción política anticapitalista en el presente.
La responsabilidad reflexiva, expresada en el trabajo de Lewin, proponía un objeto de la responsabilidad diferente a los históricos dilemas: reconocer las marcas que aquella experiencia dejó en su subjetividad y en su cuerpo. En particular, atendía al doble estigma que implicó la reaparición con vida de una mujer militante y sobreviviente de dos centros clandestinos de detención. Un asunto que ponía en evidencia un conjunto de mandatos patriarcales arraigados en todos los ámbitos sociales y políticos de la época. La voz de Lewin asumía ese objeto para exponerlo y enfrentarlo en el presente.
En definitiva, se puede decir que el problema de la responsabilidad, en tanto asunto público, reactualizó sus sentidos y sus disputas en un contexto marcado por la creciente incidencia de los discursos dialoguistas, reconciliatorios y condenatorios sobre la militancia revolucionaria de los últimos años.
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