Mutual support and urban response to the Covid-19 pandemic

Juan E. Cabrera* y Marcelo A. Pérez-Mercado**

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*Doctor en Urbanismo por la Universidad de Liege, Bélgica. Director del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo, Universidad Privada Boliviana. Temas de especialización: suelo, coproducción de servicios de agua, paratránsito, sistemas de planificación, informalidad urbana. https://orcid.org/0000-0003-1471-7427.

**Arquitecto urbanista maestrante por la Universidad Mayor de San Simón. Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo, Universidad Privada Boliviana. Temas de especialización: coproducción del agua, economía y gestión del suelo urbano. https://orcid.org/0000-0002-8681-9855.

 

Resumen: En Bolivia, el apoyo mutuo a través de redes barriales ha sido una estrategia exitosa —aunque poco visibilizada— de respuesta a la pandemia de Covid-19. Esta experiencia ha movilizado a miles de personas alrededor del mundo y ha logrado salvar una serie de vicisitudes generadas por el virus y por la forma de respuesta de los gobiernos. Este artículo, resultado de un estudio desarrollado en el área metropolitana de Cochabamba durante la primera etapa de la pandemia, presta atención y expone formas notables de gestión de la pandemia y estrategias solidarias desarrolladas por barrios caracterizados por el trabajo mancomunado.

Palabras clave: apoyo mutuo, autogestión urbana, Covid-19, Cochabamba.

Abstract: In Bolivia, mutual support through neighborhood networks has been a successful — albeit little publicized— strategy in response to the Covid-19 pandemic. This experience has mobilized thousands of people around the world and has managed to overcome a series of vicissitudes generated by the virus and by the response of governments. This article, the result of a study conducted in the metropolitan area of Cochabamba during the first stage of the pandemic, focuses on the remarkable forms of pandemic management and solidarity strategies developed in neighborhoods where joint work is common.

Keywords: mutual support, urban self-management, Covid-19, Cochabamba.

 

Bolivia es el país con mayor nivel de organización y movilización social en la región (Ciudadanía, 2014). La debilidad y la ausencia histórica del Estado han implicado la conformación de diferentes organizaciones e instituciones de corte autogestionario para la satisfacción de necesidades comunes y defensa de intereses. En el área metropolitana de Cochabamba existen antecedentes importantes del alto impacto que puede tener la organización social en varios ámbitos, incluyendo el desenlace de conflictos políticos —por ejemplo, el escenario de la Guerra del Agua en el año 2000— y de enfrentamientos que determinaron el curso de las protestas sociales en 2019, culminando en la renuncia de Evo Morales. Esta capacidad y disposición para la organización y movilización jugó un rol importante en la gestión de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 durante 2020, como lo verifica la presente investigación.

En la sociedad boliviana existen numerosos ámbitos e instancias de deliberación y definición de acción colectiva, y la misma es a menudo necesaria para la producción de soluciones a necesidades compartidas, fundamentalmente aquellas de orden material, aunque no en pocas ocasiones también de orden simbólico o político (Chávez, 2013; Linsalata, 2014). En el ámbito urbano, y en la ciudad de Cochabamba en particular, estas lógicas son altamente dinámicas, diversas y a menudo conflictivas (Antequera, 2007; Ramoneda Martí, 2019; Walnycki, 2015); no obstante, esta activación de los principios de la cooperación y la autoorganización para la obtención de fines comunes hace del apoyo mutuo un marco adecuado para el análisis del fenómeno que se documenta. Partiendo de la obra de Piotr Kropotkin publicada por primera vez en 1902, y siendo esta vertiente teórica nutrida por varios autores en lo posterior, entendemos el apoyo mutuo como la comprensión y la práctica de la acción colectiva y solidaria como crucial para la supervivencia de las especies desde la biología, y cuya persistencia en el ser humano influye de forma determinante en la dimensión política-organizativa de las sociedades.

Esta investigación sistematiza y analiza las dinámicas de apoyo mutuo y solidaridad observadas durante el confinamiento de marzo a julio de 2020 en 17 barrios de los municipios de Cochabamba, Sacaba y Quillacollo del área metropolitana de Cochabamba, donde se evidenciaron procesos de producción de respuestas comunes y particulares al confinamiento gestionados por organizaciones barriales. Estos procesos han intervenido en diferentes aspectos, como el control y la prevención del contagio, la atención en salud, la compra o dotación de víveres, o la solidaridad con personas vulnerables.

Tomando en cuenta lo indicado, el artículo se divide en seis partes. La primera propone una revisión teórica alrededor del apoyo mutuo y las lógicas de solidaridad. La segunda reflexiona sobre el contexto boliviano y la forma de gestión de la pandemia, precisando las prácticas de apoyo mutuo. La tercera parte exhibe las características generales de Cochabamba metropolitana y acentúa dos de las principales características de esta urbe: la autoproducción del escenario urbano y la capacidad de las organizaciones sociales de definir casi todas las condiciones de la ciudad. La cuarta parte describe el proceso metodológico seguido por la investigación. La quinta parte muestra los resultados de la investigación a través de la descripción de las características de los barrios y del conjunto de prácticas de autogestión de la pandemia. La conclusión ofrece una reflexión sobre el impacto de estas prácticas en la lucha contra la pandemia y la radical importancia del trabajo colaborativo en la gestión urbana de esta metrópoli.

 

Apuntes alrededor del apoyo mutuo y las lógicas de solidaridad

El apoyo mutuo, tesis fundamental de Kropotkin, opuesta a la interpretación dominante de la tesis darwiniana de la “supervivencia del más apto”, propone que, sin negar aptitudes, el apoyo y la cooperación son los factores fundamentales de la evolución de la humanidad, y no la competencia. Kropotkin estaba convencido de que la solidaridad y la espontaneidad creativa de la gente, más que la individualidad, fueron los factores más importantes para la supervivencia de los grupos humanos. Con sus estudios biológicos, mostró que en la naturaleza opera la cooperación y que las especies con mayor grado de soporte mutuo entre sus miembros tenían más posibilidades de preservar, ya que la lucha por la existencia es una lucha contra circunstancias adversas más que entre individuos de la misma especie.

Hoy, esta posición es compartida por Frans de Waal (2005), Yuval Harari (2011) y otros, quienes afirman que la cooperación es consustancial a la vida mucho más que la competencia, y es precisamente esta práctica a gran escala, unida al lenguaje, el dispositivo que logró relaciones sociales. Los autores cuestionan el hecho de que, siendo la cooperación una estrategia obligatoria de supervivencia para animales gregarios, entre los que se encuentra el ser humano, la misma esté bien establecida desde la biología, pero poco reconocida desde la ciencia social.

El apoyo mutuo a lo largo de la historia ha sido un patrón común de conducta, una práctica que se multiplica y transforma, adaptándose a los paisajes locales. Es, en palabras de Carlos Crespo (2020), “una estrategia de vida frente a las relaciones de dominación en cualquiera de sus formas. La solidaridad designa una cualidad emancipadora de las relaciones sociales que prefigura el mundo en el que se desea vivir”. La cooperación es opuesta al sometimiento al Estado, la Iglesia, el capital o a la servidumbre voluntaria a los mismos. Como apunta Gustav Landauer (en D’Angelo, 2019), el Estado sólo mantiene su dominación sobre sus súbditos a causa de la pasividad de éstos, más que por el uso de la fuerza o la coerción.

Sin embargo, este dispositivo no necesariamente tiene o ha tenido un carácter altruista, sino que ha sido usado en la historia también como factor de dominación, pudiendo ser funcional a intereses o propósitos particulares. Graficando este razonamiento, una de las formas institucionales de la cooperación es la cooperativa, pero no siempre la más feliz. Richard Sennett (2018) defiende esta forma como una alternativa al capitalismo, y señala ejemplos exitosos como la cooperativa John Lewis en Inglaterra. Sin embargo, en oposición, Mike Davis (2014) sugiere que la cooperación y el apoyo mutuo supondrían un avance del capitalismo hasta el corazón de la organización social; similar a las posiciones de Cuadernos de Negación (2018), que afirman que el apoyo mutuo, la cooperación y la autogestión son parte del modo de producción capitalista, aunque con otra fachada.

Al tratar las dinámicas de organización de las relaciones de intercambio social y económico en los grupos humanos, se manejan constantemente tres conceptos que distinguimos: 1) reciprocidad, 2) cooperación y 3) solidaridad.

La reciprocidad es un comportamiento desarrollado por las diferentes sociedades durante miles de años. Consiste en el intercambio entre individuos o comunidades para obtener un beneficio: uno recibe algo del otro (Crespo, 2017; Calvo, 2020). Marshall Sahlins (1972) hace la distinción entre reciprocidad generalizada, equilibrada o negativa, todas con un importante papel en la supervivencia y la evolución de las sociedades. Hacia afuera del grupo, los individuos construirán relaciones de reciprocidad como medio para alcanzar acuerdos con sujetos de mayor poder; por ejemplo, el pacto de reciprocidad entre el Estado boliviano y los ayllus dirigido a reconocer desde el Estado los derechos colectivos de los mismos sobre la tierra, recibiendo en contraparte un tributo (Platt, en Barragán, 2015). La participación del Estado puede calificarse como asimétrica, porque tiene el poder de definir unilateralmente los términos del intercambio (Crespo, 2017).

La cooperación puede ser instrumental y altruista (Sahlins, 1972), pero también una acción política que se da como búsqueda de alternativas al modelo capitalista (De la Cuadra, 2017). Tomando las ideas de Elinor Ostrom (1990), a través de la cooperación se puede prescindir del Estado e instituir la cooperación como método organizativo a la reciprocidad como forma de relacionamiento social.

Por su parte, la solidaridad, como la define la Real Academia Española, es una adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros; es decir, constituye una expresión material o simbólica del apoyo a una causa o interés de algún otro, no del mío. La solidaridad no implica la obligación de reciprocidad (Temple, 2003).

Élisée Reclús (en Homobono, 2009) dice que la ciudad como invento humano es fruto de la solidaridad y a la vez escenario y detonante de nuevas formas de cooperación, cuya evidencia se encuentra en los casos de coproducción de servicios e infraestructuras urbanas. Sin embargo, la cooperación o la solidaridad sólo en pequeños grupos deviene también en formas de exclusión, explotación o clientelismo (Poupeau et al., 2019; Cabrera, 2018).

El apoyo mutuo y los tres conceptos se han manifestado durante la pandemia que aún se vive, y se han desencadenado una serie de prácticas que, más allá de sostener sistemas de respuesta a necesidades colectivas, han revelado, como sugeriría Kropotkin, la esencia de la lucha por la existencia en condiciones de adversidad. Algunos trabajos de investigación que destacan estas prácticas son Viralizar la esperanza en la ciudad. Alternativas, resistencias y autocuidado colectivo frente al Covid-19 y a la crisis socioambiental, de Jorge Regalado, Alice Poma y Tommaso Gravante (2022); El apoyo mutuo en tiempos de crisis. La solidaridad ciudadana durante la pandemia Covid-19, de Oriol Nello, Ismael Blanco y Ricard Gomà (2022); Solidaridades de proximidad. Ayuda mutua y cuidados ante la Covid-19, de José Luis Fernández, Javier Fernández y Nerea Ramírez (2022), entre otros. Estos exponen decenas de acciones colectivas solidarias en diferentes regiones de América Latina y Europa, así como un panorama del impacto de la pandemia en ciudades, junto con la evidencia de las vulnerabilidades sociales a este tipo de fenómenos, en los que la colaboración resulta el mecanismo más efectivo para salvar las vicisitudes de esta pandemia.

 

La pandemia y el apoyo mutuo en Bolivia

Los primeros casos positivos de Covid-19 en Bolivia fueron confirmados el 10 de marzo de 2020. Inmediatamente después, el gobierno nacional declaró emergencia sanitaria y confinamiento desde el 21 de marzo de ese año y determinó restricciones a la circulación de personas, reducción de horas laborales, modalidades virtuales para varias actividades, suspensión de clases en escuelas y universidades, proscripción de reuniones y concentraciones hasta el día 31 del mismo mes, aunque el 14 de abril el gobierno amplió la medida porque el nivel más alto de casos llegaría en ese plazo. El 29 de mayo el confinamiento se amplió una vez más y desde el 11 de mayo la medida fue “dinámica”, es decir, que se permitió el retorno de actividades con condiciones, por ejemplo: jornada laboral de seis horas, desplazamiento por caminata, moto o bicicleta, restricciones a la circulación de menores de edad y adultos mayores una hora por día, atención de mercados de 6:00 a 15:00 horas, límites a la circulación de vehículos por número de placas, etcétera. En junio, el sistema de salud del país colapsó y hospitales públicos y privados llegaron al límite de su capacidad, lo que ocasionó la muerte de centenares de personas, incluso en calles de Cochabamba y Santa Cruz.

Además de los confinamientos, el gobierno nacional determinó el cierre de fronteras, la suspensión de vuelos, cancelación de eventos deportivos, prohibición de reuniones y actividades culturales. Hasta el momento en que se escribe este artículo, la distancia física de un metro y medio entre personas, el uso de mascarillas, lavado de manos y protocolos de bioseguridad están todavía vigentes.

Sin embargo, los aspectos que también sobresalieron en este escenario fueron el uso de plantas medicinales, la automedicación y principalmente el desarrollo de prácticas de apoyo mutuo. Sobre el uso de plantas y productos naturales, el Ministerio de Salud emitió la Guía de medicina tradicional para el abordaje del Covid-19, que influyó en el uso generalizado de yerbas y tratamientos. Sobre la automedicación, resaltó el uso de Ivermectina y el dióxido de cloro. El primer medicamento fue utilizado libremente bajo la hipótesis de que prevendría el contagio, mientras que el dióxido de cloro supuso un debate por la masiva promoción de su consumo sin respaldo científico, incluso desde el gobierno nacional, que a través de una ley de octubre de 2020 incentivó la comercialización, el suministro y el consumo de este químico para la prevención y el tratamiento del Covid-19. Respecto al apoyo mutuo, principal interés de este artículo, la pandemia y, principalmente, las limitaciones de los Estados para soportar las necesidades de la población durante la crisis incentivaron la cooperación en Bolivia (Roque, 2020) y en una gran cantidad de países.

Las iniciativas y las prácticas de apoyo mutuo que fueron ejecutadas durante la pandemia fueron más de 20 (Roque, 2020). La más importante habría sido Bolivia Solidaria, una plataforma nacional dirigida a lograr conexión entre personas que deseaban ayudar, ofreciendo información sobre lugares de acopio de alimentos y entregas. De estas prácticas distribuidas por ciudades, resalta en La Paz la iniciativa Personas Encerradas pero Solidarias, que organizó 21 puntos de acopio de alimentos y vituallas; también el grupo Tener Hambre no es Delito, que organizó 26 puntos de acopio de alimentos y la correspondiente distribución; asimismo, la olla común de alimentos del grupo anarcofeminista Mujeres Creando, que también ofreció instalaciones desinfectadas para cobijo; y el grupo Mesa Solidaria, cuyo objetivo fue la colecta de alimentos y su distribución. Esta última iniciativa fue extendida a Tarija, Oruro y Potosí. En Tarija sobresalió la Mesa Solidaria mencionada, también las ollas comunes tarijeñas en esa ciudad y en Yacuiba, donde activistas colectaron provisiones y alimentaron a familias con reducida capacidad adquisitiva. En Santa Cruz sobresalió la iniciativa Corazones Solidarios, conformada por 120 mujeres que recaudaron alimentos que habrían hecho llegar a más de 5 000 familias, lo mismo que el barrio Ferbo, cuyos vecinos habrían ofrecido también alimentos en ollas comunes y distribución de dinero proveniente de bonos estatales que algunos recibieron. Destacó la organización vecinal de ollas comunes, cuyos promotores habrían llegado a más de 20 barrios con alimentos y vituallas. En Sucre resaltó la iniciativa de vendedores de repuestos de motos, quienes se organizaron para recolectar víveres y luego repartir en barrios periféricos de esa ciudad. En Oruro se co-
nocieron las mesas solidarias, con el mismo fin que las mencionadas, así como la donación de 275 grandes sacos de hortalizas desde la comunidad campesina Huayña Pasto para municipios rurales y con menores condiciones de acceso a productos agrícolas. En Cochabamba destacó la iniciativa Pañuelos Blancos, cuyos miembros recolectaron alimentos no perecederos para entregarlos en distintos barrios. Finalmente, fueron relevantes también las iniciativas Aiquileños Solidarios y Olla Común Zona Sur, que instalaron mesas para la colecta de alimentos y la entrega a población campesina y vecinos con recursos reducidos (imagen 1).

De acuerdo con Abigail Roque (2020), el trueque, la organización de ollas comunes, las mesas de colecta y la distribución de alimentos fueron las principales formas de solidaridad y apoyo. El trueque adquirió fuerza a través de redes sociales; por ejemplo, la iniciativa Koraso Tuicha, el mercadito digital del trueque, o los espacios de intercambio en comunidades campesinas de Cochabamba y Potosí. Las ollas comunes organizadas fueron desarrolladas según distintos formatos: alimentos preparados y suministrados a domicilio para evitar contagios; en otros casos, entrega de platos de comida a una sola persona por familia, para evitar aglomeraciones.

Por su lado, las principales respuestas del gobierno central, además de las restricciones, fueron la otorgación de bonos económicos a algunos estratos sociales y el congelamiento de pago de créditos, entre otros, mientras que los gobiernos municipales entregaron canastas de alimentos y, en algún caso, artículos de bioseguridad y medicamentos base.

Hasta el fin de julio de 2022, la mayoría de las iniciativas indicadas se redujeron o dejaron de practicarse debido a la eliminación de restricciones desde la mitad de 2021, cuando el inicio de la vacunación determinó una suerte de normalidad en el país. Hasta mayo de 2022, poco más de 50% de la población había accedido a una dosis de vacuna, 45% aproximadamente alcanzó el esquema completo y poco más de 10% de los bolivianos recibieron al menos una dosis más de refuerzo.

Al séptimo mes de 2022 se alcanzaron aproximadamente 1.02 millones de contagios, más de 22 000 muertes y cinco olas de diferente impacto. La tasa de letalidad hasta abril de 2022 fue de 2.43% y la tasa de recuperación de 93.25%.

En el mismo plazo, el departamento de Cochabamba había alcanzado más de 175 000 casos positivos y alrededor de 3 500 decesos; en el área metropolitana se presentaron 150 000 casos positivos y aproximadamente 2 500 muertes (Servicio Departamental de Salud Cochabamba, 2022).

 

Cochabamba, la ciudad autoproducida

Cochabamba, urbe donde se realizó el presente estudio, es la tercera región metropolitana de Bolivia y está compuesta por siete ciudades conurbadas: Cochabamba, Quillacollo, Sacaba, Vinto, Sipe Sipe, Tiquipaya y Colcapirhua (mapa 1). Su población conjunta alcanza aproximadamente 1.2 millones de habitantes (INE, 2020) y su huella urbana es de aproximadamente 23 000 hectáreas al año 2022. El municipio de Cochabamba es la capital del departamento y cobija alrededor de 36 % de la población, mientras que la urbe metropolitana alberga 67% (2020).

Al igual que en ciudades de otros países de la región, el proceso de urbanización en Bolivia ha sido vertiginoso, y los instrumentos urbanísticos vigentes poco hicieron para regular de alguna forma los procesos de ocupación, mucho menos de dotación de servicios e infraestructura, pues se trataba de instrumentos normativos poco compatibles con los escenarios sociourbanos (Prado, 2008). Hoy en día parece existir una clara desconexión entre la intención expresada en las disposiciones del Estado en todos sus niveles, y las prácticas reales que producen ciudad y territorio, de forma que, si en algún momento las lógicas autogestionarias podían explicarse exclusivamente con la ausencia del Estado, hoy en día existen sistemas y redes muy complejos y robustos que determinan el funcionamiento de los componentes urbanos, en cuyo tejido el Estado muy poco ha participado y muy poco puede regular.

De esta forma, en Bolivia priman lógicas y formas de producción del espacio o producción social del hábitat (HIC) a través de las cuales grandes sectores de la población producen respuesta a varias de sus necesidades comunes sin mediación del Estado (Blanc et al., 2022). Gran parte del proceso de urbanización de Cochabamba metropolitana es y ha sido producto de procesos autogestionados de organizaciones territoriales y sectores específicos. Para graficar la importancia de estos procesos, describiremos algunas referencias de autoproducción urbana muy influidas por lógicas de apoyo mutuo y solidaridad, pero también por intereses de pequeños grupos cuyas necesidades de control territorial configuran escenarios fragmentados (Cabrera, 2018). Se exponen aquí los casos del agua y del transporte, sin olvidar que ámbitos como seguridad, saneamiento, infraestructuras de pequeña escala, algunos servicios públicos y sociales, están también autoproducidos en gran medida.

 

La gestión urbana y social del servicio de agua

Entre los servicios urbanos producidos a través de lógicas autogestionarias, el caso del agua en Cochabamba es emblemático. Juan Cabrera (2018) estima que sólo entre 25% y 30% de la población del área metropolitana de Cochabamba accede al servicio a través de algún operador público, lo que implica que la población restante es cubierta por la oferta comercial privada de camiones cisterna o por una diversidad de sistemas organizados alrededor de pozos de agua.

La tipología de estos sistemas es diversa en términos de arreglos institucionales, estructuras de gobernanza y definición de derechos, resultados en la aplicación y sanción de normas, y grados de horizontalidad y legitimidad en sus procesos de planificación y gestión. La naturaleza orgánica de estas organizaciones no implica necesariamente un funcionamiento ideal: en ocasiones las mismas han sido espacios excluyentes o clientelares a partir de alianzas con el poder político.

La magnitud de la infraestructura producida a través de estos sistemas no es una cuestión menor. Carmen Ledo (2013) estimaba que, en 2005, la inversión de los residentes de la zona sur de Cochabamba en sus sistemas a través de aportes en efectivo, compras de material o mano de obra, era valuable en un monto aproximado de 16 millones de dólares.

Ya que estas organizaciones se originan en la ausencia de Estado, han desarrollado varias estrategias de funcionamiento que las convierten en un importante actor territorial cuyo impacto trasciende la simple dotación del servicio. Por un lado, al movilizar un volumen importante de recursos y representar un gran beneficio al posibilitar el acceso al agua, existe una permanente preocupación por asegurar que todo beneficiado haya invertido un esfuerzo equiparable al del resto del grupo y así evitar la aparición de “polizones”. De esta manera, se han desarrollado normas y prácticas consuetudinarias más o menos efectivas de coerción que, más allá del agua, se usan también para movilizar a las bases sociales en defensa de otros intereses, haciendo del agua un factor de poder político (Dwinell, 2014; Linsalata, 2014; Marston, 2014).

Por otro lado, al funcionar bajo sistemas comunitarios o cooperativos, los ingresos por concepto de afiliación o uso del servicio generan excedentes de los que nadie puede apropiarse individualmente ni generar lucro, así que es común que estas organizaciones gestionen con estos recursos algunos servicios sociales para las personas afiliadas, como seguro de salud o seguro mortuorio, o que inviertan en infraestructura pública para el barrio. Así, las organizaciones autogestionarias del agua pueden ser consideradas agentes de desarrollo urbano, aunque debido al carácter físico-espacial de los sistemas, condicionados por las posibilidades técnicas y la disponibilidad del recurso, suelen ser también un agente de fragmentación y segregación al distribuir este desarrollo de forma desigual y dentro de una frontera socioespacial limitada (Cabrera, 2018).

 

El transporte público autogestionado

El servicio de transporte público en Cochabamba metropolitana es también una prestación autogestionada por una cantidad desconocida de pequeñas organizaciones de transportistas que desde 1985 han constituido uno de los sectores laborales más grandes del país; para su funcionamiento han adoptado las formas de sindicatos, cooperativas y asociaciones, entre otras (Cabrera y De Marchi, 2022). Aunque en los últimos dos años han sido afectadas por la pandemia, las organizaciones tienen dos fines: 1) prestar el servicio de transporte dentro y fuera de la urbe y 2) mantener y proteger sus organizaciones, las cuales no sólo garantizan su actividad laboral, sino una serie de prestaciones conexas también autogestionadas.

El servicio de transporte es posible a través de la utilización de cuatro tipos de vehículos automotores: taxitrufis, trufis, coasters y micros, con capacidades de entre seis hasta 40 pasajeros. El servicio se caracteriza también por intentar ocupar y mantener de forma permanente la mayor cantidad de vías de la ciudad y conformar rutas de exclusividad (Cabrera y De Marchi, 2022), porque el usufructo de éstas garantiza sus ingresos económicos.

Las organizaciones están compuestas por choferes asalariados, choferes/propietarios, empresarios y dirigentes que se encargan de la negociación política y administran fondos sectoriales. Algunas organizaciones han evolucionado y conforman empresas privadas medianas que brindan otros tipos de servicios de transporte, como carga o mudanza.

Al igual que el servicio de agua, formar parte de estas organizaciones autogestionadas implica un pago que alcanza hasta 15 000 dólares estadounidenses, según la línea, la ruta y la ubicación de esta, en conocimiento de que el emplazamiento permite mayor o menor flujo de pasajeros (Alemán, 2009; Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2019). Desde una perspectiva operativa, los afiliados se agrupan según tres elementos principales: rutas de servicio, propiedad de los vehículos y tarifas (2019). Las rutas son las vías consideradas propiedad común de cada organización y su ocupación es resultado de la disputa con otras organizaciones y también negociaciones con gobiernos municipales, que ceden derechos de explotación. La tarifa de pasaje que paga el usuario es determinada por el gobierno a través de negociaciones con los transportistas. La sinergia entre estos tres elementos permite que las organizaciones se amplíen o reduzcan, generen más o menos beneficios para sus socios, conformen suborganizaciones o macroorganizaciones municipales, departamentales y nacionales. En Cochabamba están agregadas en la Federación de Autotransporte Departamental y la Federación de Transporte Libre. Son macroorganizaciones en disputa por rutas e ingreso a los centros de las ciudades de la metrópoli.

De los aspectos mencionados, uno de los más importantes es el beneficio que supone formar parte de las organizaciones de transporte. En función del tipo de organización, tamaño y antigüedad de los operadores, para los afiliados la asociación implica acceso a prestaciones como seguro social, seguro de accidentes, seguro de sepelios, apoyo financiero, acceso a servicios e infraestructuras específicas de las organizaciones, como servicios educativos para dependientes, infraestructura para deporte o cultura, entre otros, todo, gestionado por los operadores de transporte. Estas prestaciones y la posibilidad de mantener la actividad como fuente laboral sin dependencia estatal, y más aún, con la capacidad de definir su oferta casi de forma irrestricta, dejan ver el peso y el impacto de este servicio autoproducido.

Así, este servicio autogestionado está conformado por aproximadamente 43 000 vehículos (INE, 2020), es una significativa fuerza económica y política, corresponde al 16% del Producto Interno Bruto (PIB) departamental (Dapro, 2020) y tiene representantes en todos los niveles de gobierno.

Estos datos dejan ver la importancia estructural de la autogestión en Cochabamba. No se trata sólo de aspectos concretos y pequeños, sino de infraestructuras y servicios a gran escala, producidos por pequeños operadores que definen las condiciones de la ciudad.

 

La investigación

En consonancia con el contexto referido, el objetivo de la investigación, base de este artículo, fue la exposición y caracterización de las lógicas de solidaridad, apoyo mutuo y gestión urbana en una serie de barrios en Cochabamba metropolitana durante la etapa crítica de la pandemia de Covid-19.

En conocimiento de la capacidad de la población organizada para responder a sus necesidades, la pesquisa buscó indagar cómo los barrios cochabambinos activaron sus capacidades de gestión social y urbana para lograr respuesta a la crisis causada por la pandemia y a las restricciones que el Estado dispuso.

Para este fin, la investigación se desarrolló en dos etapas: durante la primera, en julio de 2020, un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón recolectó información general y específica sobre 17 barrios; en la segunda etapa, en septiembre de 2021, estudiantes de la Universidad Privada Boliviana precisaron información sobre los mismos barrios y lograron mayores detalles. En la primera etapa, el trabajo fue desarrollado en un escenario de enclaustramiento, a través de plataformas virtuales y con recorridos reducidos. En la segunda etapa, y gracias a la caída en el número de contagios y al levantamiento de restricciones, los estudiantes, junto con los investigadores, pudieron visitar los barrios para la recolección de información precisa. El estudio se centró en los meses de marzo a julio de 2022.

De forma específica, las actividades que permitieron la consecución de fines fueron:

• Elección de barrios: en la primera etapa se elaboró un mapa que exponía la ubicación de los barrios de residencia de los estudiantes. Sobre este documento, se eligieron 17 barrios previendo su ubicación en el centro y la periferia de los municipios (mapa 1).
• Colecta de información: para lograr el objetivo previsto, se diseñó un formulario de recolección de datos con preguntas y aspectos específicos relacionados con las condiciones de los barrios y la evolución cronológica de las actividades de apoyo mutuo como respuesta al Covid 19 y a las necesidades de los vecinos. Por la restricción de desplazamientos, se usó como fuente principal los grupos de Whats-App de los barrios, junto con entrevistas con dirigentes y vecinos a través de plataformas de comunicación remota y/o llamadas telefónicas. La recopilación de información se completó con recorridos de barrios, previendo el menor contacto posible con terceras personas. La novedad metodológica fue el análisis de conversaciones de vecinos en grupos de la red social indicada. Las conversaciones, una vez descargadas y organizadas según fechas, permitieron la construcción de líneas de tiempo de actividades, preocupaciones, intereses y otras referencias relacionadas con el objeto de estudio. La segunda etapa, desarrollada un año después, implicó el diseño de un formulario dirigido a recolectar datos acerca de actividades de gestión de los barrios y las acciones urbanas específicas de respuesta a la pandemia.
• Sistematización y análisis de información: la información colectada en ambas etapas fue trasladada a tablas y cuadros diseñados para su fácil sistematización y clasificación. Los resultados fueron cuidadosamente organizados de acuerdo con sus dimensiones y también de forma cronológica entre marzo y julio de 2020. La sistematización se realizó a través del uso de herramientas como hojas de cálculo, sistemas de información geográfica y cotejo de resultados.
• Redacción de documentos de investigación y difusión: como resultado de las actividades indicadas, se desarrollaron artículos y presentaciones en diferentes escenarios. Una revisión especial y la actualización de algunos datos ha permitido la redacción de este artículo.

Tomando en cuenta lo expuesto, se presentan a continuación los resultados de la investigación.

 

La gestión urbana de Covid 19 y el apoyo mutuo

Este acápite expone los resultados de la investigación según el objetivo principal. La primera parte describe las condiciones urbanísticas de los barrios estudiados y, luego, las formas de respuesta a la pandemia a través de las lógicas de solidaridad y apoyo mutuo.

 

Caracterización de los barrios

En la Cochabamba metropolitana no existe una base de datos de la cantidad de barrios en esta jurisdicción. Una parte importante de los vecindarios reconocidos por los gobiernos municipales, denominados Organizaciones Territoriales de Base (OTB), están articulados en Federaciones de Juntas Vecinales (Fejuve) municipales, las cuales tampoco pueden dar un número aproximado de barrios, porque sólo incluyen a vecindades reconocidas que deseen su inclusión. La dinámica urbanizadora y de expansión supone que nuevos barrios se crean cada día.

Tomando en cuenta esa referencia, la muestra de 17 barrios no representa al total de los vecindarios de la metrópoli, pero cobija aproximadamente a 38 256 habitantes, equivalentes al 3.18% de la población, y sus jurisdicciones alcanzan 374 hectáreas en total, es decir, 1.8% de la superficie metropolitana.

Los barrios se encuentran en los municipios de Cochabamba, Sacaba y Colcapirhua. Poseen poblaciones que varían de 600 habitantes en Santa Rosa, Villa Guadalupe o Villa Barrientos, hasta 12 000 habitantes en Villa Moscú. El resto de barrios posee poblaciones de alrededor de 3 000 habitantes. El cuadro 1 expone esa y otras características.

Según el cuadro, todos los barrios estudiados son OTB, razón por la cual acceden a recursos del erario público distribuidos a través de programas operativos anuales. Sin embargo, sólo seis de los 17 barrios acceden a servicios de agua a través de operador público; de los 11 restantes, cuatro dependen de camiones cisterna y el resto depende de pozos propios alrededor de operadores vecinales de agua. Todos los barrios cuentan con energía eléctrica, mientras que sólo siete cuentan con sistemas de saneamiento. El resto acude a cámaras sépticas o pozos ciegos y otros.

Respecto a los equipamientos, tres barrios no cuentan con ningún establecimiento de servicio colectivo y la mayoría accede a campos deportivos de diferente envergadura, financiados con recursos del sector público, al igual que mercados, centros de salud o establecimientos educativos. Las plazas o parques barriales, sedes e infraestructura de espacio público, son normalmente resultados de procesos autogestionados.

En cuanto a problemas más allá de la pandemia, resaltan la ausencia de servicios básicos, falta de áreas verdes, congestionamiento vehicular, malas condiciones del transporte público, espacios públicos deficientes y ausencia de seguridad principalmente en la periferia. Los problemas relacionados con los servicios básicos no son relevantes, dada la capacidad para salvar estos servicios a través de lógicas autogestionarias que se ha expuesto.

 

La respuesta autogestionada al Covid-19

Las restricciones causadas por la pandemia de Covid-19 modificaron temporalmente los patrones de uso y ocupación del espacio, así como el comportamiento social, relacionados con maneras de sociabilidad y de organización. Las más destacadas de la sociabilidad fueron la generación o el reforzamiento de dispositivos de apoyo mutuo en barrios de pequeña y mediana escala.

A continuación, se describe la situación de los 17 barrios durante el confinamiento, así como se revisan las acciones de respuesta social y apoyo mutuo.

Según los estudios realizados y su enfoque cronológico, en la primera etapa de la pandemia, los problemas principales eran los servicios básicos y la sostenibilidad económicas. Estos se desenvolvieron de la siguiente manera:

• En marzo, luego de la declaratoria de confinamiento general, la preocupación de la población de los barrios fue el abastecimiento de alimentos y agua, más que los contagios de Covid-19, dado su reducido nivel.
• En abril, las necesidades de conexiones a Internet y servicios de salud se hicieron más evidentes, pero la preocupación principal de las familias fue la imposibilidad de realizar actividades económicas.
• En mayo, los casos de Covid-19 aumentaron, se saturaron los centros de salud y la población exigió mayores medidas de seguridad. Esto supuso la necesidad de más agua, situación que puso en conflicto a una serie de organizaciones vecinales y al Estado. Comenzaron actividades económicas en el interior de los barrios.
• En junio, los casos de Covid-19 llegaron al cenit y junto con la basura fueron la preocupación principal de vecinos, lo que se sumó a las reducidas conexiones de Internet que impedían muchas actividades. Algunas empresas privadas y organizaciones no gubernamentales entregaron alimentos, artículos de bioseguridad, materiales para fumigado y otros.
• En julio se mantuvo la necesidad de servicios de Internet y agua, así como hubo preocupación por los casos de Covid-19 y los consiguientes fallecimientos. Las opciones de medicina tradicional o uso de dióxido de cloro fueron constantes. Se consolidaron iniciativas económicas en los barrios.

Como se ve, sobresalen los problemas relacionados con el servicio básico de agua y la necesidad de actividades económicas de sostenibilidad. El problema del agua fue resultado de la mayor demanda relacionada con el lavado frecuente de manos y el “Quédate en casa”, que afectó principalmente a barrios que dependen de camiones cisterna. El barril de agua aumentó de precio y la frecuencia del servicio se redujo. Los barrios atendidos por el operador público Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), ubicados en áreas centrales y más consolidadas, aumentaron su consumo, situación que devino en fallas técnicas del operador y mayores costos. Los barrios con operadores locales a través de pozos en algunos casos debieron reducir sus horas de servicio por la demanda, mientras que en otros casos se redujeron los costos de la prestación, en solidaridad con la precaria situación socioeconómica. Junto con el agua, los servicios de Internet fueron de demanda constante y no lograron mejorar su situación en el plazo del estudio, mientras que un problema importante fue el cierre del relleno sanitario como medida de presión de barrios contiguos al botadero contra autoridades municipales. Esta medida impactó más a los barrios centrales del municipio capital, por la acumulación de desechos en las esquinas de las calles.

En cuanto a la crisis económica, la reducción del ingreso para las familias fue un hecho casi generalizado. Tomando en cuenta que el nivel de población autoempleada en Bolivia alcanza 84.9% (OIT, 2020), la pandemia y el confinamiento impidieron el desarrollo de actividades laborales. Una encuesta del Centro de Investigaciones de Arquitectura y Urbanismo (CIAU, 2020), realizada al finalizar la primera ola, confirmó que la población autoempleada fue la más afectada por el confinamiento y que 34% se vio obligada a desarrollar estrategias económicas vinculadas con las prácticas de apoyo mutuo, como veremos más adelante.

Otros problemas en esta etapa fueron el alto grado de incumplimiento del confinamiento y, en algunos casos, la negación de la existencia del virus, pues se afirmaba que la situación era invención “de la derecha” que ese momento gobernaba el país. Por ejemplo, en el barrio Canal Pata de Sacaba la población declaró “la no existencia de la enfermedad” y optó por la promoción de esta noción en otros barrios. Recuérdese que en octubre de 2019, un conflicto político postelectoral nacional determinó la imposición de un gobierno de transición con una línea diferente al gobierno de Evo Morales, hecho que devino en un problema de gobernabilidad importante.

Más allá de ese hecho, es importante indicar que el reducido apoyo de los gobiernos municipales fue más notorio en los barrios centrales, mientras que los barrios periféricos recibieron algún apoyo del gobierno central principalmente.

 

Las prácticas de apoyo mutuo

Ante la reducida capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población, así como la evidencia de las amplias capacidades de los barrios para la autogestión, el apoyo mutuo y la colaboración entre vecinos fueron la principal estrategia para enfrentar la pandemia de Covid-19. El cuadro 2 expone, según el mes, las principales prácticas identificadas por la investigación; posteriormente se describen en forma cronológica.

• En marzo, la población de los barrios se organizó para el abastecimiento conjunto e individual de alimentos, agua y artículos de bioseguridad. Para este fin, algunos dirigentes y vecinos gestionaron la constitución de mercados móviles y/o contactaron con productores del área rural para acceder directamente a productos agrícolas. De igual forma, aunque con poco éxito por el difícil acceso, algunas dirigencias intentaron la compra masiva de artículos de bioseguridad. Resalta también en este mes la colecta de alimentos para ancianos del barrio San Pedro, ante el desabastecimiento. Sobresale también el barrio Villa Barrientos, que reorganizó su espacio urbano en sectores de circulación alrededor de las tiendas vecinales. Es decir, cada tienda podía vender sólo a habitantes a dos cuadras a la redonda, de forma que se redujeran los contactos físicos.
• En abril, ante la consolidación del confinamiento rígido y la modalidad de clases educativas virtuales, se corroboró que los vecinos se organizaron para compartir pago y servicios de Internet, dada la altísima demanda de nuevas conexiones y la lentitud de respuesta. También se comprobaron acciones dirigidas de donación de ropa, mascarillas, insumos de limpieza y desinfección. Algunos vecinos con mayor capacidad económica pusieron insumos a disposición pública. Las organizaciones, en coordinación con vecinos específicos, generaron espacios de venta de productos diferenciados en sus jurisdicciones.
• Respecto a las prácticas concretas en barrios, este mes fue relevante la conformación de brigadas juveniles para el abastecimiento de víveres a adultos mayores en el barrio Villa Montenegro, así como la oferta de vituallas a través de grupos de WhatsApp especialmente creados para este fin. Sobresale el barrio Canal Pata, cuya organización vecinal logró un vínculo directo con productores agrícolas para asegurar su abastecimiento. En el barrio Minero San Juan, la organización no gubernamental Proyecto Horizonte repartió víveres, mientras que grupos de vecinos se organizaron para ayudar a ancianos con la dotación de alimentos. En el barrio Colcapirhua Sud se cerraron sus calles para evitar recorridos y el ingreso de personas extrañas. En el barrio San Pedro, una vecina fue desalojada por deudas de alquiler y muchos vecinos reaccionaron cobijándola.
• En mayo se hizo clara la crisis económica, razón por la cual se organizaron ollas comunes, distribución de alimentos y centros de acopio vecinales. Se redujeron los costos de algunos servicios vecinales; por ejemplo, en Colcapirhua Sud se redujo la cuota mensual del servicio de agua, se eliminaron las multas y otros pagos. Resaltó la ayuda organizada a animales en algunos barrios, los cuales habían sido abandonados. Destacó la organización de grupos de reparto de alimentos a familias con miembros discapacitados en el barrio Minero San Juan. En el barrio Canal Pata, la organización dirigencial logró acceder a frutas de la zona amazónica y la misma fue repartida a vecinos, con énfasis en ancianos. En el barrio Colcapirhua Sud se organizaron brigadas juveniles de delivery internas, bajo la consigna “Todos nos ayudamos”. En el barrio Santa Rosa Catavi se realizó un censo general con el objetivo de conocer el estado de la situación y lograr apoyo sin distinción. En el barrio San Pedro sobresalieron las acciones colectivas en favor de los animales de la jurisdicción.
• En junio fue clara la saturación de los centros de salud con casos de Covid-19, por lo cual muchos barrios decidieron crear sus propios centros de aislamiento a través de la adecuación de sus sedes vecinales. Para este fin, los jóvenes se organizaron para el cuidado y el seguimiento de los aislados. Destaca el barrio Canal Pata, cuyo centro de aislamiento fue asistido con la dotación de medicinas, remedios caseros, cuidados y otras acciones. Resalta también en este barrio la instalación de antenas Wi-Fi para servicio de Internet colectivo. El alza de casos indicado implicó, en barrios como Villa Pagador, la clausura de campos deportivos (muchos jóvenes continuaban usándolos), así como la fumigación de calles y espacios públicos, entre otros. En el barrio Minero San Juan sobresalió la promoción de huertos urbanos para garantizar el acceso a productos básicos. En Villa Barrientos se organizaron comisiones para la búsqueda y compra de medicamentos, dada la escasez. Aunque sin éxito, en el barrio Colcapirhua Sud se organizó una comisión y se aportaron recursos para comprar tres respiradores artificiales que serían utilizados por los vecinos; sin embargo, no se logró el cometido, dada la escasez de estos equipos. En el barrio San Pedro se logró contratar servicios de médicos que diagnosticaran a todos los vecinos. Respecto a actividades económicas, sobresalieron los servicios de delivery vecinales, que constituyeron pequeñas empresas que en numerosos casos se extendieron más allá de las jurisdicciones y resultaron una opción para conseguir ingresos económicos.
• En julio continuaron las actividades anteriores, pero resaltaron diversas acciones de control de restricciones, oraciones comunitarias y organización de dispositivos de cuidados de salud y grupos de seguridad con diferentes mecanismos, dado el aumento de la delincuencia. En otros temas, sobresalieron el barrio Minero San Juan, que logró apoyo educativo para niños y niñas a través de una organización no gubernamental. En el barrio Colcapirhua Sud se estableció una comisión médica para ayudar a posibles casos. En el barrio Villa Pagador se organizaron listas de donadores de plasma hiperinmune para los vecinos y se organizaron brigadas móviles de salud comunitaria dirigidas a capacitar a los vecinos en asistencia médica (imagen 2).

Finalmente, un análisis diferenciado entre barrios centrales y de periferia dejó ver que en los centros las organizaciones vecinales tuvieron como principales actividades la contribución de alimentos, la organización de comisiones para la identificación de familias necesitadas, para conseguir alimentos, para gestionar los mercados móviles y para controlar que la basura se quedara en casa. La oferta de productos fue organizada en esquinas, pequeños gimnasios y tiendas. En algunos casos se definieron acuerdos de compra exclusiva en algunas tiendas de barrio, asegurando la sostenibilidad de la oferta.

En los barrios de periferia resaltaron las medidas para limitar la propagación del Covid-19 y la organización de comisiones para la prevención e identificación de donantes de plasma hiperinmune, así como la constitución de centros de aislamiento, la conformación de comisiones para la recepción de la canasta familiar y para la alerta por temas de seguridad. Respecto a la oferta de productos dirigidos a la sostenibilidad económica, resaltaron la venta de alimentos y las iniciativas juveniles de entrega de productos o delivery, que hasta la fecha se han mantenido y consolidado.

 

Conclusiones

Se ha observado una similitud en los problemas experimentados en cada barrio (debido al carácter global-nacional de las condicionantes de la pandemia): primero la generación de recursos, luego los servicios (agua, Internet, posteriormente basura) y manejo de la pandemia (salud preventiva y curativa, que a la vez presionó el sistema de agua). El clima político vivido en Bolivia en ese entonces, compuesto de una muy baja legitimidad del gobierno nacional y la movilización circunstancial de intereses muy localizados, como los descritos en los barrios contiguos al relleno sanitario de la ciudad capital, acrecentó la crisis. Todo ello es evidencia de la presencia y la actuación muy limitadas del Estado boliviano, tanto de su presencia histórica como de su capacidad coyuntural. Incluso se hizo evidente la desconfianza en los mecanismos asociados con la gestión pública, pues se cuestionó a algunas dirigencias vecinales consideradas como parte de la institucionalidad oficial.

Un posible detonante de la acción barrial fue el impacto del confinamiento en un universo laboral informal y precario, pues el mismo obligó a mucha gente a buscar oportunidades alternas de ingresos restringidas al barrio o zona (delivery, traslado, venta o servicios). Las diferencias en el nivel y la necesidad de involucramiento directo entre centro y periferia son evidentes: mientras los primeros tienen en algunos casos la posibilidad de contratar un determinado servicio (por ejemplo, fumigación), los otros lo hacen por cuenta propia o con apoyo de organizaciones no gubernamentales, acaso por una mayor tradición organizativa o a causa de la mayor desatención del Estado.

Las prácticas de apoyo mutuo no se activaron de forma inmediata, aunque hubo un importante despliegue de formas de cooperación y solidaridad en su proceso; por ejemplo: esfuerzos conjuntos para aprovisionarse de víveres, o acceder a servicios médicos o Internet, por un lado, y por otro la dotación de alimentos a quienes se hallaron en mayor vulnerabilidad como resultado del confinamiento. Esto revela que las acciones no siempre estuvieron dirigidas a la satisfacción de necesidades propias a través de la asociatividad, sino que se practicó la solidaridad sin expectativa de recompensa. La movilización de grupos de jóvenes merece atención, pues denota la conciencia de una condición individual que posibilita la acción (la juventud conlleva energía y vigor) frente a la desprotección de un otro (ancianos o personas con discapacidad). También sobresale la capacidad de desplegar acciones colectivas para responder a necesidades que surgieron de forma posterior a un primer momento de organización, pues corrobora la noción de que el capital social se incrementa en tanto más es usado (Prieto y Fabelo, 2009; Stone, 2001).

Sobresalen iniciativas que revelan una comprensión específica de ciertos temas, como la asignación de tiendas de barrio para el abastecimiento a determinadas personas en función de su lugar de residencia, lo que constituye una estrategia de prevención muy coherente con el conocimiento sobre las formas de transmisión del virus combinada con un fuerte sentido de gobierno territorial y toma de decisiones sobre el uso del espacio. Estas lógicas de “gobierno del espacio” están presentes también en la apropiación del espacio público o infraestructura barrial para fines colectivos, a través de ollas comunes, lugares de acopio y venta de víveres y donaciones o centros de aislamiento; asimismo, se evidencian en prácticas de exclusión, como la prohibición de circulación a personas ajenas al vecindario o del uso de campos deportivos.

La dimensión espacial también se expresa en otra escala, y es que la naturaleza de las acciones colectivas ha sido influida por la ubicación del barrio, que a su vez es un indicador de presencia de la regulación estatal: en los barrios centrales la mayor relación con el gobierno municipal y el control policial sobre la circulación y la presencia en el espacio público permitieron concentrar los esfuerzos en algunas necesidades, mientras que en la periferia ha sido necesario el esfuerzo comunitario para el control del espacio público, y así tratar de reducir comportamientos de contagio o reducir la inseguridad, sin negar que el gobierno nacional se acercó más a estas zonas.

El carácter autogestionario de los servicios posibilitó la toma de medidas solidarias de forma orgánica y autónoma, pues la decisión sobre las tarifas del agua, por ejemplo, dependió únicamente de los mismos vecinos con derecho a voto en la institucionalidad de los servicios, no del Estado.

Lo documentado en el presente trabajo de ninguna manera romantiza la autogestión y las lógicas de apoyo mutuo, pero sí evidencia la debilidad o el poco interés del Estado en cumplir con sus fines. En cuando a las lógicas comunitarias, se pone de manifiesto su presencia y la manera en que son estimuladas ante situaciones de crisis, lo que implica la activación también de sus atributos positivos (por ejemplo, solidaridad y conciencia de grupo) y negativos (por ejemplo, fragmentación socioespacial y clientelismo). Esto no indica una validación o un rechazo de la organización social de base, sino que muestra su carácter dinámico y su potencia, lo que se deriva de una tradición organizativa fuerte dada por la ausencia del Estado no como regulador, sino como un actor casi desconectado de los procesos de producción y ocupación del espacio y de lo común.

 

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