Universidad Nacional Autónoma de México • Instituto de Investigaciones Sociales

Covid-19 in Latin America and Mexico: Welfare gaps

Carlos Barba Solano*

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*Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Departamento de Estudios Socio Urbanos, Universidad de Guadalajara. Tema de especialización: política social comparada. orcid: https://orcid.org/0000-0001-5886-8564.

Este artículo se enmarca en un proyecto de investigación sobre brechas estructurales de bienestar y la nueva ruralidad en México, apoyado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

 

Resumen: Este trabajo aborda empíricamente las brechas estructurales del bienestar reveladas por la epidemia de Covid-19 en cuatro países de América Latina: Argentina, Costa Rica, México y Panamá. Para ello, aborda diversos ámbitos: el sanitario, el económico, el del empleo y el de la protección social, particularmente en el ámbito de la afiliación a los sistemas de pensiones, la mayor o menor incidencia de la crisis en el ascenso de la pobreza y la pobreza extrema y la capacidad para responder a ese repunte, la agudización de las desigualdades de género y el surgimiento de brechas que magnifican las desigualdades educativas.

Palabras clave: Covid-19, bienestar, regímenes, brechas, capitalismo.

Abstract: This article empirically addresses structural welfare gaps revealed by the Covid-19 epidemic in four Latin American countries: Argentina, Costa Rica, Mexico, and Panama. To do this, it examines various areas: healthcare, the economy, employment, social protection, particularly in the field of affiliation to pension systems, the greater or lesser incidence of the crisis in the growth of poverty and extreme poverty and the ability of each state to respond to that rise, the worsening of gender inequalities, and the emergence of gaps that magnify educational inequalities.

Keywords: Covid-19, welfare, regimes, gaps, capitalism.

 

En años recientes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha impulsado un enfoque alternativo al del Banco Mundial, que privilegia la renta media de cada país para realizar una evaluación sintética del nivel de desarrollo institucional alcanzado. En lugar de ello, la CEPAL (2016) propone dar cuenta de las distancias que existen en el acceso y la garantía de derechos sociales, entre países con el mismo nivel de ingreso per cápita, como indicadores fundamentales para comparar avances o retrocesos en el bienestar social.1

Este artículo retoma esa perspectiva cepalina para comparar los impactos sociales de la pandemia de Covid-19 en México y otros tres países de América Latina (AL) con rentas medias semejantes,2 pero con tipos de capitalismo y regímenes de bienestar diferentes. El propósito es cuantificar los obstáculos y los cuellos de botella revelados por la incidencia de la pandemia en los ámbitos económico y social.

Una idea que fundamenta este enfoque es que no hay una relación unívoca entre el ingreso per cápita, los niveles de desigualdad, pobreza, acceso a derechos sociales y el desarrollo institucional en el ámbito de la protección social, porque los regímenes de bienestar3 se construyen a lo largo de trayectorias históricas muy complejas y están marcados por diversas constelaciones de actores, imaginarios sociales y coyunturas históricas.

La CEPAL (2016) considera que las brechas estructurales (BE) horizontales4 (entre países) son producto de desigualdades socioeconómicas, socioculturales e históricas, profundamente arraigadas, reproducidas a través de viejos patrones de distribución de la riqueza y de una cultura del privilegio muy extendida. Las brechas de bienestar (BB) se refieren a la distancia que existe entre los ingresos per cápita de un país y su nivel de acceso y garantía de derechos sociales fundamentales.

Las BB se producen entre hombres y mujeres, poblaciones rurales y urbanas, pueblos indígenas y no indígenas, así como entre quienes nacen en un contexto de clase que ofrece oportunidades de acceder a empleos de calidad y condiciones de bienestar económico y social y aquellos que están atrapados en círculos de pobreza y desigualdad. Este concepto permite articular los conceptos de pobreza, desigualdad y desarrollo económico (CEPAL, 2016; Gaudin y Pareyón, 2020).

Elegimos comparar a Argentina, Costa Rica, México y Panamá porque durante la etapa de industrialización vía sustitución de importaciones (ISI) los dos primeros países desarrollaron regímenes de bienestar universalistas, mientras que los dos últimos desarrollaron regímenes de bienestar duales, aunque en años recientes han sufrido numerosas reformas5 (Barba, 2007, 2021).

El otro criterio utilizado se refiere a las nuevas orientaciones del capitalismo en al en el contexto de su articulación con la economía global tras el agotamiento del modelo ISI. En los casos que nos atañen, siguiendo la perspectiva propuesta por Ilán Bizberg (2019), se observa una diversidad de tipos de capitalismo:6 mientras que el de Argentina ha sido conceptualizado como un capitalismo neodesarrollista,7 los de México y Costa Rica son considerados capitalismos industriales por subcontratación,8 y el de Panamá es concebido como una economía que gira en torno a servicios logísticos (relacionados con la operación del canal que cruza ese país) y financieros que operan a escala global (Castro y Rosado, 2022; Bizberg, 2019; Barba, en prensa).

Los referentes conceptuales que hemos presentado cierran con una consideración sobre el impacto de las coyunturas críticas en las trayectorias de los países, considerando que éstas son cruciales para revelar cuáles son las BB que es más urgente atender, porque permiten revisar inercias históricas (path dependence) sacadas a la luz por situaciones críticas como la pandemia de Covid-19 (Barba, 2021).

Para desarrollar este artículo no tomaremos en cuenta las brechas en el ámbito sanitario, porque los datos disponibles se refieren a una coyuntura compleja, fluida y cambiante que tiende a ser el eje de numerosos trabajos. En lugar de ello, nos concentraremos en el resto de los ámbitos señalados: las brechas en la resiliencia económica, en el empleo, la protección social, el ascenso de la pobreza y la pobreza extrema, la capacidad estatal para responder a esos repuntes, la agudización de las desigualdades de género y el surgimiento de brechas que magnifican las desigualdades educativas. El análisis considerará fundamentalmente datos de 2019 a 2020.9

 

Brechas en la resiliencia económica

En este ámbito, como lo muestra la gráfica 1, lo más destacado es una caída estrepitosa del crecimiento en los cuatro países, que afectó más a Argentina, México y Panamá que a Costa Rica. En el primer caso, la variación estimada del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 respecto a 2019 fue de -11.5%, en el segundo de -9.0%, en el tercero de -11.0% y en el cuarto de -4.8%.

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Esta crisis económica ha afectado en menor medida a Costa Rica. La reducción del crecimiento en México fue ligeramente menor que en Argentina y Panamá, pero también manifiesta una brecha importante respecto a Costa Rica. No obstante, no hay que olvidar que la reducción del PIB en México y Argentina ocurrió, en el primer caso, en un contexto caracterizado por un estancamiento económico entre 2000 y 201810 (Valencia, 2020), y en el segundo, por un drástico decrecimiento del PIB entre 2014 y 2018, lo que no sucedía ni en Panamá ni en Costa Rica11 (CEPAL, 2021a). En todos los casos esta tendencia ha tenido consecuencias muy importantes en el ámbito del empleo y también en las tendencias de la pobreza en la región y en los cuatro países analizados.

 

Brechas de empleo

De acuerdo con la CEPAL (2021b), los efectos de la pandemia de Covid-19 en los mercados de trabajo han sido desiguales, lo que depende de las medidas adoptadas para enfrentar la propagación de la pandemia y de otros factores. Se observa un deterioro de los indicadores laborales interanuales entre 2019 y 2020 (segundo trimestre) en varios rubros: las tasas de desocupación, de ocupación y de participación. En primer lugar, la tasa de desocupación,12 que a nivel de AL ha llegado a 2.6 puntos porcentuales, es semejante a la experimentada por Argentina y casi cinco veces menor que la de Costa Rica, donde se incrementó en 12.1 puntos porcentuales, lo que seguramente responde a la severidad de las estrategias de confinamiento adoptadas (gráfica 2).

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El caso de México destaca por una tasa de desocupación muy baja, lo que posiblemente es resultado de que muchos trabajadores mexicanos no cuentan con ninguna protección para el desempleo, ni con acciones de emergencia para paliar la crisis, lo que obligó a que muchos trabajadores, especialmente los del sector informal, se vieran obligados a buscar trabajo en un contexto de confinamiento.

La gráfica 3 muestra una reducción de las tasas de ocupación13 de alrededor de 10 puntos porcentuales en el caso de Argentina, de casi 12 puntos porcentuales en Costa Rica y de casi 13 puntos porcentuales en México.14

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En general se observa una enorme salida de la fuerza de trabajo en edad de trabajar, que ha perjudicado más a las mujeres, los trabajadores informales, los jóvenes, las personas con bajos niveles educativos, los afrodescendientes y los migrantes.

La gráfica 4 muestra el impacto de la crisis en el empleo de hombres y mujeres en Argentina, Costa Rica y México, que sistemáticamente fue mayor en el caso de las mujeres. Las brechas fueron más acusadas en los casos de Costa Rica y México: en el primer caso fue de 11.5 puntos porcentuales; en el segundo, de 7.6 puntos porcentuales.15 La población ocupada femenina se redujo 14.1 puntos porcentuales en México, 7 puntos más en Argentina y 13 puntos más en Costa Rica, pero la brecha por sexo fue más acusada en Costa Rica y México, mientras que en Argentina la diferencia fue de sólo un punto porcentual.16

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Esta tendencia está relacionada con el hecho de que las mujeres se insertan en el mercado laboral en condiciones de mayor precariedad e informalidad que los hombres, en un contexto donde la contracción generalizada del empleo ha afectado con mayor intensidad a los trabajadores informales.

El peso de la participación de los trabajadores informales en la reducción del empleo total puede observarse en la gráfica 5, que muestra que en estos países los trabajadores informales fueron los más perjudicados por la crisis.17

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En el caso de Argentina, la participación de los trabajadores informales en la reducción del empleo total en el trimestre abril-junio 2019 frente al mismo trimestre en 2020 llegó a 53%, pero esta situación fue particularmente aguda en Costa Rica y México, donde superó 72%. Otro dato que corrobora el impacto de la crisis en el empleo informal es la reducción de la tasa de ocupación informal entre abril-junio de 2019-2020. En Argentina cayó casi 11 puntos porcentuales; en Costa Rica y México la reducción fue menor: 7.1 y 4.3 puntos porcentuales (gráfica 6).

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La gráfica 7 permite contextualizar el impacto de la pérdida de empleos informales en los cuatro casos analizados. Conviene observar la situación del empleo vulnerable18 en 2018, que era mayor en los casos de México y Panamá que en los de Argentina y Costa Rica. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020: 14, gráfica 15), la tasa de informalidad laboral alcanzó 53% en México en agosto de 2020.

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Por otra parte, no hay homogeneidad tampoco en el impacto de la pandemia en el empleo por grupos de edad en AL, ni en los casos comparados en este informe. De acuerdo con los datos de que disponemos, en Costa Rica los grupos etarios más afectados por la reducción del empleo son los jóvenes y los adultos, mientras que en Argentina el grupo más afectado es la población adulta mayor (gráfica 8).

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En México, de acuerdo con la OIT (2020: 6), mientras la tasa global de desempleo se sitúa en alrededor de 3.4% de la fuerza laboral, la población desocupada joven ocupa 6.96% de la PEA, es decir, más del doble, lo que indica que la situación mexicana se asemeja a la de Costa Rica.

En cambio, la gráfica 9 muestra que hay indicios claros de que el impacto de la pandemia de Covid-19 en el empleo afectó más a las personas con un nivel educativo menor (primaria o secundaria), quienes además suelen tener peores condiciones laborales y menores posibilidades de acceder a un “trabajo decente”.19 Quienes cuentan con educación universitaria o superior no universitaria fueron los menos afectados. Los casos de Argentina y Costa Rica confirman esta tendencia.

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Brechas en la protección social: la afiliación a los sistemas de pensiones

El fuerte impacto de la pandemia de Covid-19 en el empleo ha tenido también repercusiones negativas en los sistemas de pensiones, que se manifiestan en importantes reducciones en el número de cotizantes entre 2019 y 2020, como se muestra en el cuadro 1.

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Como podemos apreciar, las reducciones en la afiliación a los sistemas de pensiones han sido de distintas envergaduras entre los países analizados, tanto en números absolutos como en números relativos. La gráfica 10 compara la diferencia interanual 2019-2020 entre Argentina, Costa Rica y México en números absolutos. La diferencia interanual de personas cotizantes en números absolutos entre el trimestre abril-junio de 2019 y el mismo trimestre en 2020 corresponde en buena medida al tamaño de la población en estos tres países.

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Sin embargo, en términos relativos las brechas son mayores en los casos de Costa Rica y México respecto a Argentina. En los dos primeros casos, la diferencia interanual de las personas cotizantes entre el trimestre abril-junio de 2019 y el mismo trimestre en 2020 fue de -4.0 y -4.3 puntos porcentuales respectivamente, mientras que en Argentina esa diferencia fue de sólo -2.8 puntos porcentuales (gráfica 11).

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El impacto de estas reducciones debe correlacionarse con las trayectorias de afiliación o cotización de los ocupados totales, por sexo, urbanos y rurales y asalariados y no asalariados, a los sistemas de pensiones, temática que abordaremos más adelante.

 

Brechas en la capacidad fiscal

Al analizar la información presentada en el cuadro 2, se advierte que, en términos acumulados hasta abril de 2021, todos los países, con la excepción de Panamá (-21.6), se encuentran en escenarios positivos en términos de la recaudación respecto al escenario base de 2019. Costa Rica alcanzó un máximo de +14.7%; Argentina y México, avances más modestos: 3.3% y 2.7% respectivamente.

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Sin embargo, como puede apreciarse en la gráfica 12, si el parámetro es la comparación 2021/2020, México presenta hasta abril una caída en la recaudación respecto a 2020, Argentina y Costa Rica muestran una recuperación mucho mayor (15.3% y 18.2% respectivamente) y Panamá una recuperación modesta (2.1%). Esto sin duda marca escenarios de gasto diferenciales para los cuatro países, con una mayor capacidad de acción en el caso de Argentina y Costa Rica, que como veremos se refleja en mayores niveles de gasto social (como porcentaje del PIB) para financiar transferencias monetarias de emergencia.

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Brechas en el gasto social y las medidas implementadas para enfrentar la pandemia

Para enfrentar la crisis económica y social generada por el Covid-19, algunos países de la región utilizaron transferencias monetarias ya establecidas o crearon nuevas de emergencia en el periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2020. Así ocurrió en el caso de los cuatro países analizados en este informe.

Sin embargo, los montos promedio de las transferencias monetarias, medidos en múltiplos de la línea de pobreza o de la línea de pobreza extrema de cada país, varían considerablemente. En ninguno de los cuatro países el monto promedio mensual de las transferencias monetarias no contributivas fue igual al valor de la línea de pobreza. Sólo Panamá se acercó a ella, seguido por Costa Rica y México y en último lugar por Argentina (gráfica 13).

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La gráfica 14 muestra que el impacto de estas transferencias fue mayor cuando se les mide en términos de la línea de pobreza extrema. En ese caso Panamá superó dicha línea, Costa Rica prácticamente la igualó, mientras México alcanzó 75% de la misma y Argentina sólo 0.46%.

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El cuadro 3 presenta las medidas de protección social implementadas por los cuatro países comparados en este informe hasta principios de noviembre de 2020 para hacer frente a la emergencia generada por la pandemia, cuyo objetivo era mitigar la pobreza, la pobreza extrema y la vulnerabilidad social.

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De acuerdo con la CEPAL (2021a), los cuatro países recurrieron a las transferencias monetarias como el mecanismo fundamental para hacer frente a la crisis, acompañado por la oferta de servicios básicos, particularmente de salud. México y Costa Rica realizaron entregas anticipadas de los montos correspondientes a programas de transferencias monetarias ya existentes. Argentina y México aumentaron la cobertura de dichos programas. Sólo Argentina aumentó su monto, pero con la excepción de México, los otros tres países crearon programas nuevos para actuar contra los efectos de la crisis. De igual forma, con la excepción de México, los demás países recurrieron a la entrega de alimentos, medicamentos y productos de higiene. El siguiente cuadro presenta las medidas implementadas por los cuatro países, la cobertura aproximada de las mismas, los montos mensuales distribuidos por cada una de ellas, y estima el gasto erogado como promedio del PIB para financiarlas. Finalmente, presenta la frecuencia de las entregas de apoyos financieros.

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El repertorio de acciones implementadas por estos cuatro países es muy amplio. Argentina desarrolló acciones de emergencia empleando programas ya existentes, empleando bonos de emergencia y logrando la mayor cobertura registrada en los cuatro países. Costa Rica recurrió a una estrategia compleja que incluyó subsidios temporales o de emergencia, bonos y adelanto de pensiones para apoyar a 688 010 personas. México recurrió a dos estrategias: adelantar las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad e incrementar la cobertura de dos programas adicionales; en este caso la cobertura fue de un poco más de 9 millones de personas, pero esa cifra fue casi 4 millones menor que en la cobertura lograda por la estrategia de Argentina, un país con menores dimensiones y menores niveles de pobreza. Finalmente, Panamá optó por crear un nuevo programa dirigido a otorgar una transferencia a más de 853 000 hogares durante el tiempo que dure la contingencia. Los montos de los programas argentinos fueron, junto con los del Plan Panamá Solidario, los más bajos, mientras que los más generosos fueron los montos transferidos por los programas mexicanos y costarricenses. Sin embargo, las entregas fueron más limitadas en los casos de Argentina (una vez) y México (dos veces) que en Costa Rica (tres meses) y Panamá (entregas mensuales sin un límite establecido).

A pesar de ello, el esfuerzo fiscal implicado por estas acciones fue desigual. La gráfica 15 indica que el gasto social realizado por Argentina, dedicado a financiar las transferencias monetarias de emergencia, como porcentaje del PIB, fue 5.3 veces mayor que el de México. El de Costa Rica fue 3 veces mayor y el de Panamá 2.8 veces mayor que el de México. Sin duda esto influyó de manera determinante en la capacidad desigual de los cuatro países para atenuar el efecto de la crisis en el crecimiento de la pobreza.

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De manera necesaria, estas estrategias y estos esfuerzos fiscales deben correlacionarse con el comportamiento de la pobreza durante la pandemia.

 

Brechas en el repunte de la pobreza y la pobreza extrema

De acuerdo con la CEPAL (2021), la pobreza y la pobreza extrema repuntaron de manera notable en el contexto de la pandemia de Covid-19. Entre 2014 y 2019, la tasa de pobreza total se redujo en Costa Rica, México y Panamá, pero en Argentina creció. Sin embargo, en 2019 el mayor nivel de pobreza correspondía aún a México y sus brechas en este rubro frente a Argentina, Costa Rica y Panamá fluctuaban en puntos porcentuales entre 14.3 en el caso de Argentina, 25 en el de Costa Rica y casi 27 en el de Panamá (gráfica 16).

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En 2020, la tasa de pobreza llegó en México a 50.6%, en Argentina a 38.8% y en Costa Rica y Panamá a alrededor de 21%. Esto implicó aumentos severos en Argentina y México, 11.6 y 9.1 puntos porcentuales respectivamente, mientras que en Costa Rica el incremento fue de 4.5 puntos y en Panamá de 6.6 puntos.

En 2020, sin considerar el efecto de las transferencias monetarias de emergencia, la brecha de pobreza de México en relación con Argentina, medida en puntos porcentuales, se redujo (a 11.8 puntos), pero aumentó frente a Costa Rica (a 29.6 puntos) y en relación con Panamá (a 29. 4 puntos).

La gráfica 17 muestra que en Argentina, Costa Rica y Panamá las transferencias de ingreso realizadas por sus respectivos gobiernos lograron atenuar estos incrementos; no fue el caso de México, donde este tipo de transferencias no tuvo ningún impacto. Las transferencias lograron reducciones de la tasa de pobreza de 3.6 puntos porcentuales en Panamá, 2.0 puntos en Costa Rica y 1.8 puntos en Argentina.

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De igual forma, entre 2014 y 2019, en Costa Rica, México y Panamá la pobreza extrema se redujo, mientras que en Argentina creció (CEPAL, 2021a). A pesar de ello, hacia 2019 el país con la mayor tasa de pobreza extrema era aún México (10.6%), seguido por Panamá (6.6%), Argentina (4.2%) y Costa Rica (3.4%). En 2019 la brecha de pobreza extrema entre México y Argentina era de 6.4 puntos porcentuales, 7.2 puntos respecto a Costa Rica y 4.0 puntos frente a Panamá. En 2020 la pobreza extrema, sin considerar transferencias, escaló 3.9 puntos porcentuales en Argentina, 7.8 puntos en México, 4.3 en Panamá y 2.1 en Costa Rica. En México alcanzó 18.4%, en Panamá casi 11%, en Argentina, 8.1%, y en Costa Rica, 5.5%. La brecha de pobreza extrema entre México y Argentina aumentó a 10.3 puntos porcentuales, se incrementó a 12.9 puntos respecto a Costa Rica y a 7.5 frente a Panamá (gráfica 18).

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Las transferencias de emergencia sí rindieron frutos en la reducción de la pobreza extrema en Panamá (-4.5 puntos porcentuales),20 en Costa Rica (-1.1 puntos) y en Argentina (-2.7 puntos). Nuevamente ese no fue el caso de México, donde estos programas sólo lograron una reducción mínima del ascenso de la pobreza extrema (-0.1 puntos porcentuales). En México, después de las transferencias, prácticamente no hubo variación en el rango de pobreza extrema (18.3%), en Argentina se redujo a 5.4%, en Costa Rica a 4.4% y en Panamá a 6.4%.

La gráfica 19 muestra que la utilización de los programas de transferencias para atenuar el repunte de la pobreza extrema fijó la brecha de México frente a Argentina en 12.9 puntos porcentuales (6.5 más que en 2019), en 13.9 respecto a Costa Rica (6.7 más que en 2019) y en 11.9 respecto a Panamá (7.9 más que en 2019).

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La vulnerabilidad de los grupos de ingresos medios y la movilidad social descendente durante la pandemia en América Latina

En 2019, en al 76% de la población21 pertenecía a estratos de ingresos bajos o medios-bajos22 y sus ingresos no les permitían realizar ahorros suficientes para enfrentar una crisis como la que desató la pandemia de Covid-19. La vulnerabilidad de estos segmentos de la población es producto del tipo de inserción laboral de sus integrantes en edad de trabajar, que se traduce en un bajo nivel de acceso a los sistemas de protección social (CEPAL, 2021b: 64-65). Entre 2002 y 2017 se produjo un proceso de movilidad económica ascendente, relacionado con mejoras en las condiciones laborales y no con la expansión de los sistemas de protección social o los programas sociales, que en general se concentraban en la reducción de la pobreza, pero esto se frenó en 2019 y se revirtió en 2020, cuando se produjo un retroceso de aproximadamente 12 años en la evolución de estos estratos (gráfica 20).

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Alrededor de 15% de las personas ascendieron hacia estratos de ingreso inmediatamente superiores entre 2002 y 2017. En 2002, los estratos de ingresos bajos comprendían a 70.9% de la población y para 2017 sólo a 55.7%. En sentido opuesto, en 2002 los estratos de ingreso medio incluían a 27.1% de la población y en 2017 a 41.1%. A partir de este último año la movilidad ascendente se interrumpió y en 2020 60.3% de la población volvió a formar parte del estrato de ingresos bajos, lo que implicó una movilidad descendente que afectó a 4.7 puntos porcentuales de la población de AL. Esta tendencia implicó un crecimiento de la población de al con bajos ingresos de 32 millones de personas, que incluía 8 millones de personas más en situación de pobreza extrema y 14 millones en situación de pobreza. También supone una movilidad descendente de 24 millones de personas que formaban parte de los estratos de ingreso medio (gráficas 21 y 22).

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La agudización de las desigualdades de género y el surgimiento de brechas que magnifican las desigualdades educativas

En AL, el modelo actual de organización social del cuidado descansa en el trabajo no remunerado de las mujeres, sin apoyos suficientes por parte del Estado ni mecanismos de mercado al alcance del bolsillo de la mayoría de la población. Ya antes de la pandemia, en esta región las mujeres dedicaban el triple de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres, y en los hogares más pobres era mayor la sobrecarga de trabajos de cuidados para las mujeres, lo que impedía su inserción plena en el mercado de trabajo (CEPAL, 2021a).

Entre 2008 y 2018, el tiempo invertido en tareas domésticas y trabajo de cuidado no remunerado por mujeres mexicanas de 15 años o más era el más intenso de los cuatro países, con 28.1% de las 24 horas del día, frente a 23.4% de las mujeres argentinas, 21.3% de las costarricenses y 17.1% de las panameñas (PNUD, 2019: 376-377, Brecha entre los géneros a lo largo del ciclo vital, Cuadro de indicadores 2). Al mismo tiempo, entre 2014 y 2017, mientras en Costa Rica la carga de cuidados de las mujeres de 15 años y más afectaba fundamentalmente a aquellas situadas en los tres primeros deciles en hogares con menores de 5 y 12 años, en México esa carga se distribuía de manera bastante simétrica entre los hogares ubicados en los cinco quintiles de ingreso (CEPAL, 2021b: 207, gráfica V.5, p.).

De acuerdo con la CEPAL (2021b: 200) en América Latina en 2019 alrededor de 60% de las mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años declara no participar en el mercado laboral para atender responsabilidades familiares, mientras que en los hogares donde no hay niños ni niñas de esas edades sólo 18% está fuera del mercado laboral.

La estratificación socioeconómica y la falta de servicios públicos de calidad provocan que esta situación impacte en mayor medida a los hogares con menores ingresos, porque tampoco pueden adquirir esos servicios en el mercado. Por esa razón, a escala regional, en 2019 una de cada tres mujeres entre 20 y 59 años se encuentra fuera del mercado laboral en el primer quintil de ingresos, mientras en los hogares del quinto quintil esto sólo afecta a 5.0% de las mujeres. Además, las mujeres del primer quintil dedican alrededor de 39% más de horas semanales al trabajo de cuidado no remunerado que las mujeres pertenecientes al quintil de mayores ingresos (CEPAL, 2021b: 200-203).

En un contexto como este, la pandemia de Covid-19 ha afectado severamente la provisión de servicios de cuidado y los ingresos de los hogares más pobres, y ha obligado a improvisar nuevos arreglos de cuidado. Los niños y las niñas que no asisten a los centros educativos por la política de confinamiento han tenido que correr riesgos mayores al acompañar a sus padres a sus lugares de trabajo; las abuelas también han tenido que asumir más riesgos porque en muchos casos se han hecho cargo de las labores de cuidado para que las madres puedan trabajar (CEPAL, 2021b: 202).

Todo indica que las medidas de confinamiento y distanciamiento físico han incrementado drásticamente la carga de cuidados, porque en los hogares se han concentrado nuevos requerimientos educacionales y de esparcimiento, han aumentado las necesidades de atención a la salud de personas enfermas y de mantener trabajos remunerados en un contexto de crecimiento del desempleo. En su mayoría, los requerimientos educativos y de cuidado han recaído en las mujeres y en mayor medida en los hogares más pobres; esto ha acentuado las desigualdades entre hombres y mujeres, reproduciendo las desigualdades existentes y creando otras nuevas (CEPAL, 2021b: 206-207).

Educación y brechas digitales

En AL, la pandemia llevó a numerosos gobiernos a realizar educación a distancia en todos los niveles educativos, lo que obligó a las familias a contar con conexión a Internet y con dispositivos para que los hijos y las hijas pudieran participar en las labores educativas. Sin embargo, esos recursos se reparten de manera muy desigual. En AL, sólo dos tercios de los hogares tienen conexión a Internet. En las zonas urbanas, 46% de los hogares donde hay niños y niñas de 5 a 12 años carecen de acceso a Internet. La gráfica 23 muestra los porcentajes de ese tipo de hogares sin acceso a Internet en Argentina, Costa Rica y México, por quintiles de ingreso.

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Como puede apreciarse, existen brechas horizontales entre los tres países que son particularmente agudas en el caso de México, donde las carencias de acceso son muy elevadas, no sólo para el primer quintil, sino para los tres primeros, y donde las carencias del quintil IV son equivalentes a las del primer quintil de los otros dos países.

 

Conclusiones

El análisis de las brechas horizontales entre los cuatro países considerados en este artículo muestra que la crisis multidimensional generada por la pandemia de Covid-19 ha desnudado brechas estructurales de larga data en diversos ámbitos: el crecimiento económico, el empleo, el ingreso, la pobreza y la pobreza extrema, así como la protección social, agudizadas por la crisis ya mencionada.

También ha develado brechas de carácter emergente, brechas en las estrategias para reducir el repunte de la pobreza y la pobreza extrema en contextos de crisis económica, brechas en los recursos fiscales utilizados con ese fin, vulnerabilidades de grupos particulares, la movilidad social descendente de sectores de ingresos medios, brechas en la integración digital de los hogares y la agudización de el régimen desigual de cuidado.

Se han revelado brechas negativas de México frente a Argentina, Costa Rica y Panamá en muchos ámbitos. Cuatro muy importantes corresponden a la incapacidad de nuestra economía para lograr un crecimiento sostenido, a la debilidad de la política social para hacer frente a situaciones críticas, a la insuficiente captación fiscal que repercute en un bajo gasto social, y a las caracteristicas del empleo mexicano, lastrado no sólo por los mayores niveles de informalidad que en los otros tres países considerados en este trabajo, sino por una gran precariedad laboral.

En el caso de las mujeres, el análisis ha mostrado la tendencia muy acusada a la reproducción del modelo de organización familiarista y patriarcal del cuidado, que descansa en el trabajo femenino no remunerado dentro de los hogares. Esto es particularmente agudo en el caso de México, donde en el mayor tiempo invertido por las mujeres mexicanas en tareas domésticas y de cuidado, respecto a las mujeres de los otros tres países, se articula con desigualdades laborales que no son contrarrestadas adecuadamente por ninguna política o institución pública.

Se han expuesto nuevas brechas, derivadas de la situación de confinamiento, el teletrabajo y la educación a distancia, así como de la falta de acceso a Internet y la carencia de recursos tecnológicos de la mayoría de la población, particularmente de los quintiles de menores ingresos, lo que hace aflorar una profunda brecha digital, que es social y seguramente territorial.

Todo esto muestra que es necesario cambiar el paradigma general de la política social mexicana, de un enfoque que gira alrededor de las transferencias monetarias, a un enfoque de derechos con una perspectiva universalista. Ese cambio no podrá implementarse sin situar como un tema central de la agenda pública, de la cuestión social, la construcción de un verdadero Estado de Bienestar, capaz de generar gradualmente una ciudadanía social más homogénea y no sólo de implementar mecanismos de inclusión social para los más pobres.

 

Bibliografía

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