Work and Covid-19 in four viticultural areas
Martha Judith Sánchez*, Patricia Tomic**, Ricardo Trumper***, Hugo Santos****, Germán Quaranta*****, María Brignardello****** y Raúl Novello*******
*Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Temas de especialización: migración interna e internacional, género, etnicidad, estudios rurales. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoacán, Ciudad de México.
**Doctora en Sociología de la Educación por la Universidad de Toronto, Canadá. Departamento de Sociología, Universidad de British Columbia Okanagan. Temas de especialización: trabajo migrante, políticas de idioma e inmigrantes latinoamericanos en Canadá, automovilidad y neoliberalismo en Chile. 1147 Research Road, Kelowna, BC, Canadá, VIV-1V7.
***Doctor en Pensamiento Político y Social por la Universidad de York. Departamento de Sociología, Universidad de British Columbia Okanagan, Canadá. Temas de especialización: racismo, deportes, neoliberalismo, automovilidad.
****Doctor en Antropología por la Universidad de California, Santa Bárbara. Departamento de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, Universidad de California, Santa Bárbara. Temas de especialización: estudios rurales, agricultura y trabajo, antropología del deporte, ciudadanía. 450 Whitman St. Apt. 63, Goleta, CA 93117.
*****Doctor por la Universidad de Córdoba, Andalucía, España. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (ceil-Conicet). Temas de especialización: cambio rural, trabajo agrario y movilidad laboral. Saavedra 15 CABA (1082), Argentina.
******Doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador. Temas de especialización: vitivinicultura, pequeña producción, cambio social en la ruralidad. Tucumán 1845, 1040, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
*******Magister en Estudios Sociales Agrarios por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Buenos Aires. Área de Economía Agraria, Instituto Nacional de Tecnología Agraria. Temas de especialización: análisis del cambio tecnológico y estudios sectoriales de competitividad, que incluyen análisis de costos, inversiones y estudios de mercados en vitivinicultura, fruticultura y horticultura. Isidoro Busquet s/n, Junín, Mendoza, Argentina.
Resumen: En marzo de 2020 el mundo se vio enfrentado al Covid-19. Muchos países cerraron sus fronteras y detuvieron la actividad económica, manteniendo solamente las actividades esenciales. Una de ellas, la vitivinicultura, depende de una mano de obra precarizada, racializada, móvil y global. Este artículo analiza el impacto de la pandemia en la vitivinicultura de Canadá, Estados Unidos, Argentina y España; concluye que a pesar de que la pandemia ha hecho visible la esencialidad de esa mano de obra en las zonas estudiadas, ésta continúa siendo precaria, vulnerable y mal pagada.
Palabras clave: Covid-19, vitivinicultura, Canadá, Estados Unidos, Argentina, España.
Abstrac: In March 2020 the world was faced with Covid-19. Many countries closed their borders and economies, with the exception of essential economic activities. One of these essential activities, viticulture, depends on a precarious, racialized, mobile, and global labour force. This article analyzes the impact of the pandemic in the viticultural zones of Canada, the United States, Argentina, and Spain. Although the pandemic has made visible the essential character of this labour force, the article concludes that workers who labor in viticulture continue to be poorly paid and experience precarious and vulnerable lives.
Keywords: Covid-19, vitivinicultura, Canada, United States, Argentina, España.
La inédita situación que se ha vivido a causa de la pandemia del Covid-19 motivó a un grupo de investigadores, quienes veníamos realizando en conjunto diversas actividades académicas relacionadas con la investigación de zonas vitivinícolas en diferentes países (seminarios, estancias de investigación, formación de una red, intercambios), a querer entender cómo la pandemia está afectando a las economías del vino y a los individuos que laboran en ellas. El punto de interés se centró en la reflexión sobre los cambios que se estaban gestando a partir de las medidas que tanto gobiernos como empresarios tomaban frente a la amenaza del virus, del cual tan poco se sabía, pero que se expandía rápidamente cruzando fronteras y causando estragos entre la población mundial.
Partiendo del conocimiento que ya se tenía y de la nueva situación que se enfrentaba, nos preocupó conocer los efectos que tendría el cierre de fronteras tanto entre países como al interior de ellos en un momento en que los movimientos tanto de capitales, insumos, productos y personas son fundamentales para la existencia y preservación de la industria del vino. Muy centralmente, fue de nuestro interés conocer cómo los empresarios iban a acceder a los trabajadores, dadas las condiciones estructurales de este rubro y la globalidad de los mercados de la mano de obra en la industria del vino. En forma importante, se planteó conocer qué significaba la pandemia para aquellos trabajadores precarios que año a año se movilizan en busca de empleo temporal dentro de sus países o desplazándose enormes distancias, cruzando fronteras y enfrentando condiciones hostiles para lograrlo. También se buscó entender cómo se están estructurando las políticas de coyuntura impulsadas por cada uno de los países y regiones que hemos estudiado para hacer frente a las situaciones impuestas por la pandemia. El desafío no era menor, ya que las condiciones para hacer la investigación eran limitadas. Se decidió enfocarse en algunos puntos fundamentales que permitieran de alguna manera comparar y aprender sobre cada una de estas experiencias y en su conjunto.
Este artículo es uno de los productos de este estudio de coyuntura, que se está realizando en una situación inédita de inmovilidad y confinamiento. Esta inmovilidad nos ha llevado también a recurrir a técnicas y fuentes de información que no nos son habituales. Para este texto se realizó la revisión de estudios y artículos publicados en el contexto del Covid-19, pero también, centralmente, una revisión sistemática de noticias publicadas a partir del mes de marzo de 2020 en los principales diarios de los países y zonas vitivinícolas en estudio, así como datos recabados con diversos informantes.
Se abordó el estudio de cuatro zonas vitivinícolas, algunas de ellas con una gran importancia actual en la vitivinicultura mundial; una del nuevo mundo del vino, Mendoza en Argentina, y otra del viejo mundo del vino, la Denominación de Origen Ribera del Duero en España. Otras dos zonas son de más reciente incorporación al mercado vitivinícola mundial. Se estudió la situación del vino en el estado de California con atención a su costa central en Estados Unidos, y las provincias de British Columbia y Ontario en Canadá. Si bien los lugares abordados responden a la trayectoria de investigación de los investigadores participantes, son casos interesantes para vislumbrar situaciones compartidas y contrastantes en el contexto del Covid-19.
La vitivinicultura en tiempos de pandemia se enmarca dentro de mercados de trabajo agrícolas globales y segmentados en los que la flexibilidad y la (in)movilidad de los trabajadores son fundamentales. En el caso de los países del “primer mundo”, una parte esencial de este trabajo es desempeñada por migrantes provenientes de naciones donde los ingresos del trabajo son más bajos; los migrantes acuden y se instalan en dichas regiones en momentos puntuales de necesidad de mano de obra. En países del “tercer mundo”, esos trabajos se cubren con mano de obra local y se complementan con migrantes de países cercanos o de regiones dentro del mismo país
de condiciones más desfavorables.
La segmentación del mercado de trabajo sigue, fundamentalmente, pautas determinadas por la racialización que lo estructura, incidiendo en políticas migratorias y en los derechos de los trabajadores. En particular, las políticas migratorias permiten que los migrantes puedan ser inmovilizados, controlados, explotados y a menudo humillados por los empresarios agrícolas. La pandemia ha agudizado estas características.
Canadá: Ontario y British Columbia
Impacto del Covid-19 en el trabajo
A fines de 2019 comienza la pandemia del novel coronavirus en un mundo neoliberal marcado por profundas diferencias económicas y sociales. La pandemia no sólo ha mostrado con claridad estas diferencias, sino que las ha acelerado. En general, el Covid-19 ha generado una parálisis de las economías y una transformación de la vida cotidiana. Canadá ha sufrido estos embates a partir de marzo de 2020, en un comienzo mal preparado para enfrentarlos. A partir de entonces, los gobiernos canadienses han hecho esfuerzos para controlar la pandemia manteniendo el sistema político, social, económico neoliberal y post-colonial existente. Así, los gobiernos han creado programas económicos para socorrer al capital y mantener a los trabajadores. Imaginaron, por ejemplo, nuevas formas de trabajo a distancia para los sectores más afluentes que comenzaron a laborar en teletrabajo. Sin embargo, el desempleo llegó a 13.7% en mayo de 2020. El gobierno federal no vaciló en recurrir a presupuestos deficitarios, llegando a 343 000 millones de dólares canadienses para enfrentar la crisis, creando programas de emergencia, como el Canada Emergency Response Benefit (cerb), que han asegurado ingresos de alrededor de 2 000 dólares canadienses a muchos trabajadores. Mientras tanto, las actividades “esenciales” han sido cubiertas en su mayoría por grupos racializados, entre ellos, trabajadores agrícolas locales y migrantes, incluyendo los de la vitivinicultura.
Características de la industria vitivinícola
Canadá es un pequeño productor de vino a nivel mundial, cubriendo 0.5% de ese mercado. La mayor parte del vino se produce en las provincias de Ontario y British Columbia (BC). No sólo la producción es pequeña, sino que el país no tiene una tradición de producción o de consumo de vinos de variedades competitivas en el mercado mundial. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un desarrollo de la vitivinicultura nacional de varietales, fundamentalmente para el consumo interno y la industria enoturística, acompañado de una creciente demanda por vinos importados. De allí que la actividad vitivinícola haya adquirido un peso significativo en la economía. En 2018, en BC existían 929 viñedos con un área plantada de 4 130 hectáreas y alrededor de 178 bodegas con denominación de origen, con una venta de 140 mh de vino, cubriendo 18.33% del mercado provincial. La contribución de la industria en BC a la economía fue de 2 800 millones de dólares canadienses y 12 000 trabajos (Edwards, 2019; BC Wine Industry). A su vez, en 2019, Ontario contaba con 175 bodegas con denominación de origen y un área plantada de 6 880 hectáreas, con un rendimiento de 81 000 toneladas de uva de vino. La venta de vino en Ontario alcanzó 768 mh, con 4 400 millones de dólares canadienses y 18 000 empleos (Wine Growers of Ontario).
El Covid-19 ha sido devastador para la industria del vino por la carencia de trabajadores y por las restricciones gubernamentales. Como el vino es una actividad anclada entre la agricultura, el comercio, el turismo, la hostelería y la actividad culinaria, los efectos han sido múltiples. La mayoría de los establecimientos han cerrado sus operaciones de producción, embotellamiento, exportación y turismo, incluyendo salas de degustación, restaurantes, hoteles y Bed and Breakfast (B&B). Además, las ventas de vinos de calidad han disminuido y aumentado las de vinos económicos, en su mayoría importados, mientras que los empresarios han adaptado sus salas de degustación y restaurantes para la venta directa al público. Ante la pandemia, el gobierno federal implantó programas de ayuda para la agricultura, incluyendo la vitivinicultura. Entre otros, ofreció mejores condiciones para créditos, postergación de pagos de préstamos y expansión del seguro AgriInsurance, el que incluye un seguro contra los efectos de la escasez de mano de obra (Wine Growers Canada). También los gobiernos han aportado recursos a los empresarios para mejorar el alojamiento de los trabajadores temporales, así como para su higiene, transporte y seguridad en el trabajo.
Movilidad/inmovilidad
En marzo, el gobierno federal canadiense cerró las fronteras a no residentes. A pesar de la alta tasa de desempleo, tan pronto como se cerraron las fronteras comenzaron las presiones empresariales para permitir la entrada de migrantes a la agricultura (LaFleche, 2020). Los agricultores pequeños y medianos, las grandes corporaciones agro-industriales, los productores de uva y vino, tuvieron claro que, dado el sistema disciplinario que utilizan, los salarios que pagan y la productividad de los migrantes, les sería difícil encontrar trabajadores locales equivalentes. La industria vitivinícola tuvo una activa participación en este lobby. El presidente de la Asociación de Viticultores de Ontario enfatizaba que “los trabajadores son tan importantes para la industria del vino como para otras cosechas [y explicaba que] la temporada de poda de los viñedos ya ha empezado y continuará hacia fines de marzo. Si la poda no se realiza, los brotes se perderán en primavera” (LaFleche, 2020, traducción de los autores). También recordó “los días de ansiedad a mediados de marzo, cuando los viticultores que proveen a la industria del vino supieron repentinamente que sus trabajadores no podían venir” (McGregor, 2020, traducción de los autores). Se vieron obligados a contratar trabajadores locales para suplir a los migrantes temporalmente. En BC, el ceo del BC Wine Institute explicó que los migrantes son fundamentales (Kaisar, 2020). Los empresarios agrícolas invocaron la seguridad alimentaria y la necesidad de producir alimentos, incluyendo vino, para presionar por la demanda de migrantes. En la vitivinicultura hubo que hacer un esfuerzo adicional para definirla como actividad agrícola esencial, aunque en Canadá el vino sea suntuario. Así, la palabra esencial tuvo un lugar central en la presión empresarial para continuar importando mano de obra. A fines de marzo, el gobierno levantó las restricciones de entrada para los trabajadores agrícolas migrantes.
Trabajo, políticas y respuestas
Al comienzo, hubo un cambio de discurso respecto a los trabajadores migrantes. Por décadas, su tratamiento en las regulaciones de inmigración estuvo respaldado por su designación como trabajadores sin calificación, que significa que los trabajadores sólo pueden inmigrar temporalmente, no pueden ser acompañados por sus familias, no tienen los derechos de los trabajadores locales y están atados a un solo empleador. Frente a la pandemia, los empresarios repentinamente alegaron que el trabajo agrícola, incluyendo el de la vitivinicultura, es altamente especializado. Sin embargo, llegando a Canadá los trabajadores encontraron reglas similares al pasado. Incluso sus condiciones de trabajo y vida cotidiana muchas veces han empeorado. Se han agregado el peligro de contagio y restricciones impuestas por el Estado y los empresarios a la movilidad cotidiana. La salud de los migrantes es ahora aún más precaria. Las relaciones de servitud se han mantenido, incrementadas por cuarentenas y medidas inmovilizadoras.
Los programas de inmigración temporal son federales, mientras que las políticas de vida y trabajo son responsabilidad de las provincias. Frente a la epidemia, el gobierno de BC ubicó a los trabajadores agrícolas migrantes en hoteles, proporcionándoles alimentación durante la cuarentena inicial, requisito para todo viajero que llegaba a Canadá. En Ontario, tras un lobby empresarial para no seguir la política de BC, el gobierno provincial dejó a voluntad de los empresarios dónde confinar a los trabajadores para la cuarentena inicial. Muchos de ellos siguieron utilizando los alojamientos tipo barraca que han usado por décadas.
En Ontario pronto hubo contagios entre los trabajadores. Durante y tras la cuarentena oficial, muchos empresarios no han cumplido con las recomendaciones de ubicar las camas o literas a dos metros de distancia o de proveer espacios comunes amplios en los albergues. Con la aprobación del médico jefe de salud de la provincia, los empresarios han hecho que los trabajadores contagiados sin síntomas sigan trabajando, contraviniendo lo indicado por las autoridades para la ciudadanía en general. Los contagios en Ontario han sido los segundos más altos de Canadá, la mayor parte en el Gran Toronto y otras áreas urbanas. Sin embargo, fuera de las áreas urbanas aumentaron los brotes de contagio en las empresas agrícolas de la región de Windsor-Essex, una de las zonas de mayor producción agrícola, incluyendo vitivinicultura. Más de 1 000 migrantes han sido contagiados y tres de ellos han muerto. En julio de 2020 hubo 2 144 casos confirmados en Windsor-Essex, equivalentes a 484 por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, también ha habido algunos esfuerzos empresariales para proteger a los trabajadores. Los empresarios de viñas en Niágara, con la mayor cantidad de viñas y bodegas de Ontario, han mantenido medidas de seguridad (McGregor, 2020). La Asociación de Viticultores de Ontario sostiene haber trabajado con encargados de hostelería para alojar a sus trabajadores (Grape Growers of Ontario). Las cifras de contagio para Niágara en julio eran de sólo 173 por cada 100 000 habitantes. En BC, los contagios de los trabajadores en la agricultura y los viñedos han sido menores que en Ontario, en parte importante por acatar medidas gubernamentales frente a la pandemia (cuadro 1).
En general, en BC los resultados de contención de la pandemia han sido relativamente exitosos. Hasta fines de agosto había habido un total de 5 304 casos en la provincia. En la zona agrícola y vitivinícola del valle del Okanagan había habido 53.5 casos por cada 100 000 habitantes. En la otra mayor región vitivinícola de BC, el valle del Fraser, el número de casos alcanzó a 146.9 por cada 100 000 habitantes; muchos de ellos han ocurrido en lugares con aglomeraciones, como cárceles y plantas procesadoras de alimentos (cuadro 1).
Esenciales pero marginales: el discurso de la pandemia
Ha emergido un discurso ambiguo para tratar a los trabajadores como esenciales y altamente calificados, incluso como héroes, pero también como marginales. Como indica una periodista: “El virus ha ilustrado no sólo las pobres condiciones de trabajo y vivienda de los trabajadores migrantes, sino también su papel esencial en el sistema alimentario canadiense” (Kao, 2020; traducción de los autores). Dadas las condiciones estructurales de los programas de empleo temporal para migrantes, la amenaza permanente de pérdida de empleo y, con ello, de deportación es significativa. También la racialización de estos trabajadores precarios permite normalizar las condiciones de alojamiento a que están sometidos. Sólo la racialización permite imaginar como posible el tipo de vivienda y vida estructurado bajo acuerdos migratorios. La vulnerabilidad, por otra parte, ha causado que los empresarios usen la pandemia para justificar inmovilidades en condiciones casi carcelarias. Por ejemplo, un vivero en Okanagan que fue noticia en marzo por un brote de Covid-19 entre sus trabajadores migrantes, arrogándose derechos que no tenía, recientemente deportó a dos trabajadores mexicanos por haber desobedecido los protocolos establecidos por la compañía durante la pandemia. En Ontario, con la excusa del Covid, múltiples empleadores obligan a sus trabajadores a no salir de las dependencias patronales, inmovilizándolos o, a diferencia de la población local, a llevar tarjetas que demuestren que han cumplido cuarentenas.
En suma, la pandemia ha ocasionado trastornos importantes en la agricultura en general y en la viticultura en particular. Frente a estos desafíos, gobiernos y empresarios han respondido intentando mantener y reforzar las condiciones anteriores a la pandemia.
Estados Unidos: la vitivinicultura y el trabajo en California en tiempos del Covid-19
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Vino (OIV), en los últimos años Estados Unidos —California1 en particular— se colocó como cuarto productor vitivinícola a nivel internacional, sólo detrás de los tres grandes: España, Italia y Francia. Ello, en consonancia con la reestructuración productiva de la agroindustria alimentaria californiana, cuyos rasgos más visibles son: expansión de cultivos con altos componentes de capital y valor en el mercado; nuevas formas de gestión y organización del trabajo, y el incremento de trabajo humano directo provisto por gente de otros países (México fundamentalmente). Se trata principalmente de cultivos que no se prestan con facilidad a procesos de mecanización, ya que esto puede afectar las cualidades de los productos y disminuir su valor potencial. En el caso de la viticultura, existe un debate de larga data sobre la conveniencia o no de sustituir mano de obra con maquinaria; sin embargo, consideraciones sobre la calidad han hecho que se limite la mecanización y se opte por extremar cuidados a viñas y uvas con las que se elaboran sus vinos, por lo que hay una creciente dependencia de jornaleros agrícolas.
Como es el caso de otras mercancías globales, el vino es otro ejemplo de cómo la pandemia del Covid-19 ha impactado a toda la cadena producción/consumo, del cultivo de la vid al consumo del vino. El impacto económico fue advertido por analistas especializados (Wine Business.com, 2020) desde los primeros meses de la pandemia, considerando las medidas de contención emitidas. Se ha sugerido que en California el impacto a la industria ocasionado por la caída en las ventas podría alcanzar cerca de 4.5 miles de millones de dólares (mmd) de forma directa (Ibid.). Si se suman los efectos indirectos sobre actividades relacionadas (enoturismo, restaurantes, generación de impuestos y otras), el impacto podría alcanzar los 6 mmd. Si el valor de las ventas de vino californiano ronda los 44 mmd (Wine Institute, 2020), puede apreciarse la magnitud del problema. Hasta la primera mitad del año, las ventas de líquido se han mantenido estables, incluso por encima de las que se lograron durante el mismo periodo del año en 2019. Sin embargo, es en el valor del vino donde se aprecian efectos negativos. Si bien la venta en volumen no ha disminuido de forma importante, los precios si se han visto impactados a la baja (Wine Business.com), afectando a la cadena productiva en su conjunto: volumen, valor, empleos generados, operaciones de exportación, etcétera.
Impacto del Covid-19 en la vitivinicultura californiana
La propagación de la pandemia en California parece seguir la pauta observada en otras latitudes, esto es, de las ciudades hacia el ámbito rural. Si bien la velocidad de transmisión epidémica ha disminuido en las concentraciones urbanas, esta se ha incrementado en las rurales. De hecho, el Valle Central, la región agrícola más importante del estado, muestra una rápida expansión epidémica. Región de contrastes, en la que una próspera agroindustria coexiste lado a lado con un gran conglomerado de trabajadores agrícolas que la hacen posible y que subsisten en medio de una persistente pobreza y una precariedad laboral sistémica, a lo que debe añadirse la fragilidad de su estatus migratorio, pues cerca de la mitad carecen de autorización legal para trabajar en el país.
Recientemente, el gobernador del estado, Gavin Newsom, reconoció la gravedad de la situación en el Valle Central (Cowan, 2020), pues se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la pandemia en California, con tasas de contagio hasta del doble de las prevalecientes en otras regiones. Así, mientras las tasas de positividad estatales en el mes de julio oscilaban alrededor del 7.5%, en el Valle Central estas fluctuaban del 10.7% al 17.7%.
La pandemia en California ha afectado a la población latina en un porcentaje mayor a su proporción en la composición demográfica del estado, esto es, mientras los latinos representan 39.4% de la demografía estatal, su índice de contagios asciende a 58% y el de mortalidad asciende a 47% de las defunciones causadas por Covid-19. Asimismo, el empleo agrícola se ha mostrado desproporcionadamente afectado por la presencia de contagios. Es por esto que los condados en los que se asienta la gran agroindustria se están convirtiendo en el foco de la expansión pandémica.
Aunque pareciera que otras regiones de California encaran un panorama menos dramático, un acercamiento a los datos revela una circunstancia menos optimista. Es el caso del condado de Monterey, ubicado en la costa central y uno de los cinco condados de mayor peso por la magnitud de sus agriculturas (el único fuera de los límites del Valle Central). Un análisis reciente (Villarejo, 2020) señala que en ese condado la prevalencia de casos de Covid-19 entre trabajadores no-agrícolas era de 471 por cada 100 000 trabajadores, mientras que entre trabajadores agrícolas era de 1 569 casos por cada 100 000 trabajadores, es decir, más del triple. Si se observa el cuadro 2, se advierte que en este grupo de condados las proporciones de casos de Covid-19 por cada 100 000 habitantes duplican el promedio estatal, e incluso uno de los condados, Kern, lo triplica.
Varios factores contribuyen a explicar la magnitud de los contagios, como las condiciones de hacinamiento en las viviendas de los jornaleros, aglomeración en los medios de transporte casa-trabajo-casa, y los contagios en los campos de cultivo. El Valle Central no es el único afectado. Ejemplos de esto son los condados de Monterey y Santa Bárbara. Ubicados en la costa central californiana y con un turismo muy activo, albergan a residentes de altos ingresos junto a un gran número de trabajadores agrícolas con sus familias, estos últimos afincados en los valles costeros, donde aportan la fuerza de trabajo a la próspera agroindustria que ahí se desarrolla. Pequeñas ciudades como Salinas, en el condado de Monterey, y Santa María, en el de Santa Bárbara, concentran a una numerosa población, mayormente de origen latino, dedicada principalmente al trabajo agrícola.
Esta circunstancia de proximidad geográfica ha creado una especie de relación de carácter simbiótico entre empleadores y empleados. Por un lado, los vitivinicultores requieren de abundante mano de obra durante periodos cortos del año; por el otro lado, el grueso de los trabajadores que se ocupan en los viñedos lo hacen como forma de emplearse mientras no tienen trabajo en los otros cultivos activos en los valles circundantes, donde se ocupan en diferentes cultivos de frutas y vegetales que ahí se producen a lo largo del año. Así, los viticultores tienen acceso a una fuerza de trabajo sólo cuando la necesitan. Para los trabajadores, el empleo temporal en los viñedos ofrece la posibilidad de complementar sus calendarios laborales y así incrementar sus ingresos anuales.
Monterey y Santa Bárbara son parte de los nuevos desarrollos vitivinícolas californianos y se han colocado como productores importantes por derecho propio. Sus climas mediterráneos y bellos paisajes favorables a la producción de vinos de calidad han dado lugar a un dinámico enoturismo. Monterey atrae a la población de la zona de la Bahía de San Francisco, incluyendo Silicon Valley y sus consumidores con abultadas carteras. Santa Bárbara ha seguido un camino similar, tomando ventaja de la cercanía de la zona metropolitana de Los Ángeles. En estos condados la pandemia no sólo afecta al conjunto de trabajadores del campo, sino a la actividad agrícola en su conjunto, y muy probablemente entorpecerá la contratación de trabajadores durante las cosechas; asimismo, e independientemente de esto, aún está por verse que se apliquen realmente las medidas de protección sanitaria en los viñedos.
A pesar de que en los datos agregados estos dos condados aparecen con tasas relativamente bajas de contagio, es en el seno de sus zonas agrícolas donde los efectos dispares de la pandemia se tornan visibles.
Como puede apreciarse en el cuadro 3, las ciudades de Salinas y Santa María —centros neurológicos de valles agrícolas de gran importancia—, albergue de miles de trabajadores del campo de origen latino, concentran entre 36% y 45% de la pandemia de sus respectivos condados, una proporción notoriamente mayor que cualquier otra de sus respectivas localidades.
Respuestas a la crisis pandémica
Tanto el gobierno federal como el de California lanzaron iniciativas para enfrentar la pandemia. Por un lado, una severa restricción de la movilidad social (paro de escuelas y actividades en la vía pública), la definición de un listado de actividades designadas como esenciales y por tanto, exentas de dichas medidas (salud, agricultura, comunicación, vigilancia, etcétera), y otras más. Por otro lado, la clasificación de la agricultura como actividad esencial incluyó la suspensión de acciones de los agentes de migración en zonas de alta presencia de personas indocumentadas. En California esto significó suspender la amenaza de detención y/o deportación a los cerca de 500 000 trabajadores agrícolas. No medió procedimiento formal para esto, sólo la directiva verbal del presidente. Bastaba con que un trabajador portara una nota de su contratante indicando que era trabajador agrícola en actividades esenciales. La medida constituye un alivio para miles de jornaleros agrícolas y ofrece cierta seguridad de estancia en el país; sin embargo, la instrucción presidencial no establece garantías ni criterios claros y deja en manos de los agentes migratorios un amplio margen de decisión en situaciones concretas. Por el momento, ser jornalero indocumentado no ha sido obstáculo para ser reconocido como esencial y, por lo tanto, tener cierta legitimidad jurídica de hecho y no ser expulsado o procesado mientras la emergencia sanitaria continúe.
Cuando la pandemia comenzaba a dar señales de la severidad con que se estaba extendiendo por el país, el congreso promulgó la ley Cares Act. La medida de mayor alcance como respuesta a la pandemia hasta la fecha, determinó la entrega de 1 200 dólares a todos los ciudadanos y residentes, el incremento temporal del estipendio por desempleo, un fondo para préstamos blandos a pequeñas empresas y una muy generosa exención de impuestos a quienes tuvieran ingresos por un millón de dólares o más. Esta ley avivó una gran controversia por su carácter regresivo. Se ha argumentado que beneficia desproporcionadamente a los millonarios y a las grandes corporaciones. Otra medida determinó que los empleadores otorgaran hasta
14 días con salario al trabajador que se viera afectado por el Covid-19 (Peltz, 2020). Por su parte, el gobierno estatal formuló iniciativas más inclusivas, ampliando el espectro de empleadores sujetos a la medida. Se otorgó apoyo a personas contagiadas en el trabajo, costeando la estancia en hoteles, alimentación y cuidados médicos, con el fin de que puedan mantenerse aislados hasta por 14 días. Estas iniciativas se otorgan sin atender al estatus migratorio del solicitante. En términos generales, el gobierno californiano ha desarrollado iniciativas de alcance mayor y coberturas más amplias que las puestas en marcha por el gobierno federal.
Argentina y la provincia de Mendoza
En Argentina, el 20 de marzo de 2020 el gobierno nacional determinó, a partir del Decreto 297/2020, el Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo (ASPO) de la población frente a la declaración de la pandemia de Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Se inició un periodo de cuarentena total, con bloqueo de carreteras interprovinciales y un fuerte control de la movilidad de los ciudadanos. Esta situación comenzó a sólo un mes de haberse iniciado la cosecha de la uva en los espacios vitivinícolas argentinos.
En ese contexto, el cultivo de vid y la producción de vinos, en tanto actividades agroalimentarias, fueron incluidas en las actividades consideradas esenciales y exceptuadas de las restricciones establecidas; así, continuaron desarrollándose, permitiendo la movilidad de los trabajadores involucrados en estos procesos productivos. En el caso de los trabajadores de cosecha, dado que en gran proporción se encuentran contratados al margen de la legislación laboral vigente, la movilidad se dio de hecho, ya que por su condición irregular no podían solicitar formalmente el permiso para movilizarse. En este sentido, la clasificación de trabajador esencial que reciben los cosecheros no se corresponde con la informalidad preponderante en la actividad, que dificulta la implantación de las medidas de protección para los trabajadores.
Características de la industria y políticas para los empresarios
Mendoza es una provincia de la región de Cuyo en Argentina y constituye el corazón de la zona vitivinícola del país. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV, 2020), representa 70.4% de la superficie de vid implantada (151 490 hectáreas), 68% de las uvas cosechadas (17 108 180 quintales) y 70.8% de los vinos y mostos elaborados (13 132 909 hectólitros) a nivel nacional. En los últimos 30 años, la vitivinicultura provincial ha atravesado un proceso de reestructuración que desplaza la actividad de un modelo productivista hacia otro orientado a criterios de calidad. Las relaciones entre viticultores y bodegueros presentan diferentes modalidades y niveles de articulación en función del segmento de calidad del vino en cuestión (Quaranta y Brignardello, 2019).
El número de productores es de 11 218. El rubro presenta una estructura caracterizada por bajas escalas de producción, con viñedos antiguos2 que promedian las 10 hectáreas.3 De estos viñedos, un alto porcentaje de la superficie se encuentra conducido en parrales (44%), con una organización social del trabajo tradicional: el productor es dueño de la tierra, contrata de forma directa mano de obra permanente y recurre a intermediarios para la contratación de temporarios, inclusive para tareas de mayor calificación como el injerto (Sánchez y Brignardello: 2019).
Una situación “positiva” que afectó a la industria vitivinícola argentina durante los meses de pandemia es el incremento en el consumo de vinos, tanto en el mercado interno como en el externo. Sin embargo, este impulso de consumo se da en un contexto de caída generalizada de la actividad económica en el país. Esto conduce a que en el mercado interno ese aumento de consumo venga de la mano de un menor gasto per cápita en vino, dado que los consumidores compran vinos de menor precio por litro.4
En las ventas destinadas al mercado externo ocurre algo similar: el aumento de las exportaciones se produce de la mano del vino a granel, cuyos precios son menores que los del vino fraccionado.
Las políticas públicas de nivel nacional de apoyo a las empresas (como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción,5 ATP) no se aplicaron al sector vitivinícola por considerarse, como se ha mencionado, una actividad esencial exceptuada de las restricciones generales. Sin embargo, a nivel provincial se estableció recientemente el Programa Mendoza Activa para promover la inversión tanto en el sector agroindustrial como en la actividad vitivinícola. Este programa —que subsidia la compra de maquinaria, equipos de riego y malla antigranizo— puede favorecer la mecanización de la cosecha y, consecuentemente, reducir la demanda de mano de obra. De forma paralela se aprobó la Ley de Banco de Vinos para estabilizar los ciclos de precios del mercado de vino de traslado6 y lograr una distribución más equitativa entre los eslabones de la cadena productiva. Esta medida se aplica en el contexto de una cosecha en la que los pequeños y medianos productores vitícolas recibieron precios sumamente bajos por su producción.
Impacto del Covid-19 referido al trabajo
A nivel sanitario, el estatus de transmisión comunitaria del Covid-19 en Mendoza se dictamina el 24 de julio. Hasta el jueves 27 de agosto de 2020, la provincia, con una población de 1 886 000 habitantes, lleva 6 260 casos confirmados, 1 716 recuperados (27.41%) y 115 fallecidos (1.84%). Si consideramos los contagios según grupo etario, en la franja etaria entre los 15 y los 59 años encontramos la mayor cantidad de contagios y, correlativamente, el mayor porcentaje de recuperación (78.5%). La provincia presenta una mortalidad de 60.7 personas fallecidas por millón de habitantes y una letalidad de 1.84% por total de confirmados por Covid-19. Independientemente de la cantidad de contagios existentes, la vitivinicultura sufrió el impacto de las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia, como los protocolos aplicados para el desarrollo de esta actividad.
Trabajo, políticas y respuestas
La actividad vitivinícola en Mendoza genera al año 75 200 puestos de trabajo directos y 195 000 indirectos (OVA, 2018). La cosecha de uva en la provincia7 es la tarea que mayor cantidad de mano de obra demanda y se realiza en gran proporción de forma manual (73%). Estos puestos de trabajo involucran 2 425 000 jornales contratados, que se estima son cubiertos por entre 15 000 y 20 000 cosechadores, de los cuales aproximadamente 20% corresponde a mano de obra migrante temporaria proveniente principalmente de provincias del norte del país.
El proceso de mecanización de la cosecha de vid no se generaliza de forma inmediata, ya que muchas fincas presentan limitaciones para mecanizar esta operación, por la edad de los cultivos, la estructura de conducción bajo parral, las escalas de producción pequeñas y los problemas de diseños de fincas con callejones que no permiten girar la maquinaria (Novello, Battistella y Barcia, 2017).
Frente a la pandemia, el gobierno nacional estableció un protocolo de trabajo para tareas de campo y de cosecha. Este protocolo establece medidas generales como garantizar condiciones sanitarias que permitan el lavado de manos y la disposición de insumos sanitizantes, el distanciamiento social y el traslado de los trabajadores bajo condiciones seguras en transportes habilitados y un limitado número de pasajeros. En caso de que los trabajadores migrantes se alojen en los establecimientos vitivinícolas, se establecen condiciones sanitarias adecuadas y un número de trabajadores máximo según los metros cuadrados disponibles.
En el momento de la declaración del ASPO, se encontraba en plena ejecución la cosecha de la uva, lo que afectó la forma de organizarla y el trabajo de los cosecheros (Hidalgo, 2020). La implantación del protocolo señalado generó conflictos laborales entre la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) y las entidades empresariales. Los empresarios reclamaron su normal desenvolvimiento, mientras que el sindicato demandó el cumplimiento de las disposiciones establecidas. En este escenario se abre un espacio de negociación para la aplicación del protocolo que, según se manifiesta localmente, es de escaso cumplimiento en la práctica.
Junto a esta medida, el gobierno nacional ha implantado una serie de políticas socioeconómicas para aligerar el impacto del aislamiento. Dado que una parte importante de los trabajadores no están registrados en la seguridad social, sus hogares fueron alcanzados por las medidas destinadas a proteger a las familias de los trabajadores informales. Las familias cubiertas por la Asignación Universal por Hijo (AUH)8 pueden percibir un ingreso adicional correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia (IEFE). En tanto, los trabajadores informales cuyas familias no están cubiertas por la AUH pueden acceder a estos ingresos previa inscripción en un registro. A su vez, las familias perceptoras de AUH con mujeres embarazadas o niños de hasta seis años que perciben la Libreta Alimentaria son alcanzadas por partidas adicionales que refuerzan los montos originalmente otorgados. Además, el gobierno actualizó la suma de dinero otorgada a través del Programa Intercosecha, ayudas monetarias dadas en momentos de desempleo a los trabajadores migrantes temporarios procedentes del norte del país contratados de forma registrada.
A pesar del amplio abanico de ayudas, las mismas no presentan una regularidad mensual, a la par que los montos de dinero asignados a las distintas ayudas en ningún caso se acercan a una suma equivalente a la del Salario Mínimo Vital y Móvil (que de hecho se encuentra por debajo de la línea de pobreza).
Movilidad, políticas y respuestas
La declaración del ASPO generó dificultades generalizadas para la movilidad de las personas involucradas en la vitivinicultura. Esto afectó a enólogos que trabajan en diversas regiones vitivinícolas, a las áreas de turismo, que cesaron o disminuyeron sus actividades, y a los productores de uva, que tuvieron que cosechar con menos trabajadores y con restricciones de movilidad, lo que afectó los tiempos y los ritmos de la cosecha.
En abril, el retorno de cientos de trabajadores migrantes no fue sencillo, ya que quedaron desvinculados de las fincas donde cosecharon, durmiendo en la calle o en las terminales de colectivos, esperando poder regresar (Guadagno, 2020). En ese escenario, la presión de organizaciones sociales agilizó la intervención de los gobiernos provinciales de Mendoza, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, y del gobierno nacional. Esta situación se sostuvo hasta mediados de mayo, dadas las prohibiciones existentes y la falta de coordinación entre jurisdicciones locales y las provincias de origen de los trabajadores (Ruffa, 2020).
Las restricciones a la movilidad son un desafío para la ejecución de las tareas de raleo y cosecha, que demandan mayor cantidad de trabajadores y una alta movilidad en el interior de la provincia (intrajurisdiccional) y entre provincias (interjurisdiccional). Hasta el momento la movilidad no se encuentra restringida dentro de la provincia, lo que facilita la circulación laboral de la mano de obra en el interior y entre las diferentes zonas de producción vitivinícolas mendocinas. Por otro lado, la movilidad interjurisdiccional está estrictamente controlada por las autoridades de los gobiernos provinciales, lo cual dificultará la llegada de los cosecheros que suelen arribar año tras año desde el noroeste del país.
El transporte cotidiano de los trabajadores entre las zonas de residencia y de trabajo presenta desafíos para realizarse de acuerdo con los protocolos establecidos, debido a que predominan transportes excedidos de pasajeros que imposibilitan el distanciamiento social recomendado.
Recientemente, en el marco del Consejo Federal del Trabajo9 se estableció un protocolo de movilidad para los trabajadores migrantes estacionales. Sus puntos centrales establecen una serie de disposiciones para garantizar el traslado seguro de los trabajadores, que deberá realizarse a través de empresas de transporte con habilitación de la autoridad nacional. Además, las provincias de origen están obligadas a comunicar el listado de los trabajadores trasladados y el itinerario, incluyendo provincias de tránsito, paradas y destino final. Por su parte, las provincias de tránsito deberán facilitar y brindar las condiciones para un traslado seguro. En tanto, cada trabajador deberá contar con el Certificado de Circulación Covid-19, emitido por las autoridades de gobierno. Las provincias se comprometen a establecer un ámbito de comunicación para resolver las dificultades que se presenten en la movilidad interjurisdiccional de los trabajadores. Seguramente estas medidas dificultarán la circulación laboral de los migrantes temporarios y su llegada a la provincia, lo que promoverá su reemplazo por mano de obra local y/o el avance de la mecanización de la cosecha.
España: la Denominación de Origen Ribera del Duero en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
De trabajadores esenciales a vectores de transmisión del virus
En España, el trigo, el aceite de oliva y el vino son parte importante de la alimentación y la cultura. Al instituirse el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, que estipuló el confinamiento de los ciudadanos, los trabajadores agrícolas, incluidos los de los viñedos, fueron declarados esenciales para evitar el desabasto de los mercados y el incremento de los precios, así como asegurar el abasto a los mercados de la Unión Europea. Los bodegueros y viticultores también proclamaron la esencialidad de
sus trabajadores, señalando lo central de sus habilidades y conocimientos para las labores en los viñedos. Sin embargo, irónicamente, ante el rebrote de la pandemia en el mes de agosto, estos trabajadores han sido percibidos como los vectores de transmisión del virus, dada su necesidad de desplazamiento en busca de ocupación y las condiciones inhumanas en que viven algunos de ellos.
Características de la industria y políticas de apoyo al sector
España cuenta con la mayor superficie de viñedos del mundo, con 975 270 hectáreas que representan el 13% de la superficie plantada, y ocupa el tercer lugar como productor de vino mundial, con un volumen de 39 670 ml. Exporta un total de 22 626 ml; es el principal país exportador de vino por volumen y el tercero por valor (2 700 millones de euros) a nivel global (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, 2017; Federación Española del Vino). Cuenta con 138 figuras de calidad del vino, figura que respalda el origen y la calidad del mismo. La Denominación de Origen Ribera del Duero (DORD), asentada en las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (CACYL), es una de las de mayor prestigio; se le considera, junto con Rioja y Cava, como denominación de origen especializada en el mundo de la innovación; abastece mercados de gran tamaño, centra la competencia en la calidad más que en el precio, y sus vinos tienen un importante reconocimiento (Esteban, 2017).
A raíz de la pandemia, la industria vitivinícola ha sido fuertemente afectada por el cierre de actividades, con una importante caída en las ventas de vino en todos los canales, excepto un débil incremento en las ventas online y un 36% de aumento en el consumo de los hogares españoles. Con pérdidas considerables, ese sector ha sufrido una de las peores crisis de toda su historia.10 Para afrontar esa situación, el gobierno aprobó un paquete de medidas extraordinarias con un valor de 90.5 millones de euros.11 Sin embargo, los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, las denominaciones de origen y las cooperativas vitivinícolas de la CACYL consideran que esas medidas son insuficientes para apoyar a un sector estratégico de la economía que aporta el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) (Federación Española del Vino).
Impacto del Covid-19 en la CACYL
La CACYL tiene un total de 23 720 casos confirmados de Covid-19, 2 808 decesos y una incidencia acumulada de 126.19 casos diagnosticados por cada 100 000 habitantes al 18 de agosto de 2020, lo que la convierte en la tercera comunidad española con mayor número de casos (Gobierno de España-Ministerio de Sanidad-Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, 2020). Las provincias donde se asienta la DORD en la CACYL enfrentan un escenario complejo ante el rebrote de la pandemia y la cercanía de la vendimia. La ciudad de Aranda del Duero tiene en la fecha antes mencionada un brote activo de coronavirus. Es una ciudad emblemática de la provincia de Burgos, provincia que cuenta con la mayor cantidad de hectáreas de viñedos y lugar tradicional de llegada de vendimiadores en busca de trabajo. Aranda de Duero tuvo un nuevo confinamiento del 7 hasta el 21 de agosto, debido a un elevado índice de prevalencia y a una situación de transmisión comunitaria no controlada (Junta de Castilla y León, 2020). Asimismo, existe preocupación por los brotes activos en municipios rurales y en algunos barrios en zonas urbanas de Castilla y León que ya han sido confinados; tal es el caso del barrio de las Delicias, en la ciudad de Valladolid, barrio degradado con condiciones de hacinamiento y habitado casi en su totalidad por migrantes rumanos, búlgaros y principalmente marroquíes, que de manera permanente o temporal participan en las vendimias.
Trabajo, políticas y respuestas
La DORD cuenta con una superficie de 23 353 hectáreas, 301 bodegas y 7 894 viticultores (2019). El 69.89% de los viñedos son en espaldera y se plantaron a partir de la década de los años noventa, coexistiendo con viñedos en vaso de gran antigüedad. Desde la obtención de la denominación de origen en 1982, se han incorporado una serie de actividades en los viñedos para obtener una uva de calidad; la mayoría se realizan a lo largo del año con muy pocos trabajadores, y se requieren un número elevado de ellos para la poda en verde y la vendimia. La vendimia es predominantemente manual, con una duración promedio de 45 días en la última década; alrededor de 25.25 % de la uva entregada en bodegas se recoge mecánicamente.
Dada las características del empleo rural —precario, temporal, realizado en condiciones penosas y sin un reconocimiento o valoración social—, son los trabajadores inmigrantes y migrantes los que cubren esas labores; constituyen un factor central en la estructura agrícola, similar a lo que sucede en gran parte de la agricultura del sur de Europa (Avallone, 2014).
En los inicios de la pandemia, dada la proximidad de la poda en verde y ante el cierre de fronteras y la limitada movilidad interprovincial, la preocupación principal de los productores y viticultores en la Ribera del Duero fue la falta de mano de obra, preocupación compartida en otras regiones de España12 por la proximidad de las cosechas. Para tratar de resolver esa situación, el gobierno emitió una serie de medidas que contemplaban la flexibilización e incentivación en la contratación de inmigrantes y desempleados para las labores agrícolas, y la prórroga de los permisos de residencia para los temporeros en España. A los jóvenes extranjeros de 18 a 21 años se les facilitó un permiso para incorporarse a las labores del campo, y para aquellos que se incorporaron a esas labores se emitió posteriormente una autorización de trabajo y residencia de dos años de duración, renovable por otros dos años.
Con la llegada de trabajadores migrantes desde finales del mes de mayo ha habido un cambio en el discurso anterior: esos trabajadores esenciales ahora son considerados como potenciales transmisores del virus, por su movilidad y precarias condiciones de vida. Al registrarse nuevos contagios en las regiones donde existen asentamientos de trabajadores agrícolas, y adonde estaban llegando los migrantes, se generaron situaciones de gran conflictividad social. La xenofobia y el racismo se evidenciaron, ya que si bien el incremento de los contagios tuvo varias razones, como reuniones familiares y de jóvenes, así como el arribo de turistas, se percibió la llegada de los trabajadores que siguen las cosechas en diferentes regiones de España como la razón principal de los nuevos contagios (véase el reportaje de Sánchez, 2020). Para controlar dichos contagios, se impusieron restricciones a la movilidad y se violentaron derechos de estos trabajadores, al igual que sucede con los trabajadores migrantes en Canadá.
Ante la proximidad de la vendimia, en Ribera del Duero se ha elaborado una guía de actuación y una serie de medidas para la prevención del coronavirus, así como protocolos que deben seguirse ante la aparición de casos. Esta guía contiene medidas para la realización del trabajo en el campo, el traslado de los trabajadores, el alojamiento, las acciones por seguir en caso de contagios y los espacios que habilitar para la separación de los trabajadores contagiados (BOCYL, 2020). Para la preparación de esta guía no se consultó a los diferentes actores involucrados, quienes manifiestan que es el gobierno de la Comunidad Autónoma el que debe proporcionar ayudas económicas para poder cumplir con las medidas estipuladas, además de que se deberían implantar otras medidas, como realizar pruebas PCR a los jornaleros que arriben a la zona.
En esos protocolos la preocupación principal es evitar los contagios. La vendimia está próxima a iniciarse y habrá que observar su desarrollo y las eventuales negociaciones entre los diferentes actores y el gobierno para poder cumplir con las medidas estipuladas.
Movilidad, políticas y respuestas
¿Quiénes son los trabajadores migrantes en Ribera del Duero? En su casi totalidad, los trabajadores en los viñedos son inmigrantes y migrantes. Los inmigrantes, principalmente rumanos, búlgaros y marroquíes, comparten condiciones de vulnerabilidad con el resto de los trabajadores nombrados como esenciales en España, pero se diferencian de ellos por percibir menores montos de ingresos, lo que conlleva condiciones de vida en barrios degradados y en situaciones de hacinamiento, como en el barrio de las Delicias en Valladolid, mencionado anteriormente.
Los migrantes arriban temporalmente en los periodos pico de empleo y existen dos tipos de situaciones. Los que llegan con un trabajo acordado con viticultores, bodegueros o encargados de empresas de trabajo temporal, provenientes principalmente de Rumanía, Bulgaria y Marruecos. En el contexto de la pandemia, estos trabajadores tienen mayor vulnerabilidad que los inmigrantes por sus desplazamientos desde sus países de origen a Ribera del Duero, y están expuestos a posibles cierres de fronteras nacionales e interprovinciales, y a condiciones de alojamiento y transporte más inadecuadas que los trabajadores agrícolas inmigrantes. Por otro lado están los trabajadores, también temporales, originarios de Marruecos y de otros países africanos. Estos trabajadores, altamente móviles y racializados, transitan entre distintas zonas agrícolas de la geografía española, con vidas aun más precarias y vulnerables que los descritos anteriormente. Ellos son, notoriamente, los más expuestos en el contexto de la pandemia. Con o sin documentos que acrediten la regularidad de su estancia y de su trabajo en España, estos trabajadores constituyen una mano de obra de reserva que acude a la zona en busca de ingresos y sin certeza de obtenerlos. Transitan en grupos de conocidos en vehículos propios, se trasladan en autobuses de provincia en provincia, o son movilizados entre diferentes zonas agrícolas por empresas de trabajo temporal. Estos trabajadores, con condiciones de vida y trabajo infrahumanas, son los que los medios han visibilizado en el contexto de la pandemia (véase el reportaje de Pérez, 2020) y han propiciado la movilización de colectivos a favor de la regularización de los migrantes.
Los trabajadores en situación irregular no están contemplados en las medidas económicas de protección social emitidas por el gobierno de España para enfrentar la pandemia. Apoyados por diversas organizaciones de base y colectivos, los trabajadores irregulares han solicitado ser incluidos en las medidas de protección, sin que eso se haya logrado. Ante la situación de desprotección y vulnerabilidad que presentan estos migrantes, distintos sectores de la sociedad han solicitado al gobierno que se implante un proceso de regularización extraordinario para toda la población inmigrante, calculada en alrededor de 600 000 personas, mediante la campaña “#Regularización ya”. Esa iniciativa, a pesar de haber tenido un amplio apoyo de diferentes colectivos y entidades, no ha prosperado, y el gobierno argumenta que no es necesaria en España, como en Italia y Portugal, ya que se ha solucionado el problema de la mano de obra y que hay que respetar los acuerdos de la Unión Europea en materia de migración (Vargas, 2020).
Comentarios finales
En las páginas anteriores hemos analizado los efectos de la pandemia en cuatro zonas vitivinícolas de características diversas. En algunas de esas zonas el vino forma parte central de su cultura y su historia; en otras, es una actividad más reciente, pero de creciente importancia. Independientemente de la historicidad o no de la actividad, en la actualidad todas las zonas vitivinícolas participan en un mercado globalizado del vino. También el mercado de trabajo en esta industria, como en la agricultura en general, es globalizado. La pandemia ha develado la desigualdad existente en ese mercado de trabajo agrícola, que está basado en la necesidad estructural de una mano de obra, en parte racializada, que enfrenta serios desafíos, no pocas veces insuperables, para su organización y defensa gremial; una mano de obra carente de derechos y sujeta a condiciones de vulnerabilidad y precarización impensables en una industria que genera altos márgenes de ganancia. En todas las zonas vitivinícolas estudiadas, la composición de la mano de obra no sólo es temporal, como en otras actividades agrícolas, sino que es en gran medida migrante. En Mendoza, 20% de los trabajadores son migrantes, en gran medida nacionales, que acuden principalmente del norte del país. En las zonas del hemisferio norte que estudiamos, los trabajadores son de familias de inmigrantes o migrantes temporales, muchas veces carentes de papeles, pertenecientes a los sectores más vulnerables de las sociedades estudiadas. Sin embargo, en el marco de la emergencia sanitaria y la paralización de amplios sectores de la economía, en cada zona estudiada los trabajadores agrícolas fueron reclasificados como “esenciales” y su trabajo considerado por primera vez como fundamental, “especializado” y necesario, y por ello incluido en los servicios esenciales que deberían seguir funcionando.
Los países estudiados, y sus estados y provincias, de acuerdo con sus orientaciones políticas, situación y recursos, generaron políticas a diferentes niveles, en particular, para mantener las actividades esenciales. No obstante, los apoyos o programas de protección para esos trabajadores, considerados ahora como esenciales, han sido escasos y totalmente insuficientes. Si bien la pandemia se inició en las zonas con mayores recursos y en las grandes urbes, pronto se fue decantando e impactando fuertemente en zonas más desfavorecidas; la desigualdad en términos de contagios y defunciones es notable en aquellas zonas donde están concentrados los trabajadores agrícolas. Los trabajadores en los viñedos, como gran parte de los trabajadores agrícolas, no sólo están expuestos en sus lugares de labor, sino también en sus condiciones de vida cotidiana, pues la precarización y el hacinamiento caracterizan el traslado diario a las faenas del campo, las viviendas, la alimentación y los momentos de descanso. La pandemia no sólo ha agudizado las condiciones de precariedad de esta fuerza de trabajo, sino que ha develado las graves violaciones a las que está sujeta.
En general, no hay evidencia que esta situación de crisis global haya movilizado un replanteamiento sobre la industria del vino en general, o sobre las condiciones de los trabajadores en la viticultura o la agro-industria. No existe evidencia de que esta situación vaya a resultar en el reconocimiento al aporte y la esencialidad del trabajo agrícola, a la necesidad de protección de los derechos básicos de estos trabajadores, a considerar remuneraciones proporcionales al aporte entregado, a nuevas leyes migratorias; en suma, a justicia social. No se vislumbra un escenario político-social diferente al que existía antes de la pandemia. A pesar que de una manera u otra todos los actores involucrados en esta agroindustria, así como los países donde se encuentran, han sido fuertemente impactados, las políticas y las estrategias empresariales para manejar esta situación están dirigidas a mantener y continuar con una actividad lo más cercana posible a como era antes de esta crisis.
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