Marc Fleurbaey, Oliver Bouin, Marie-Laure Salles-Djelic, Ravi Kanbur, Helga Nowonty y Elisa Reis (2020). Manifiesto para el progreso social. Ideas para una sociedad mejor. México: Grano de Sal, 232 pp.
Reseñado por:
Leticia Merino Pérez
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
El mensaje central de este Manifiesto para el progreso social es de esperanza: es posible impulsar el progreso social en el siglo XXI, alcanzar una sociedad en la que cada ser humano tenga derecho a una vida digna, a participar en la vida social en condiciones de igualdad y a controlar las dimensiones importantes de su vida. No vivimos el “fin de la historia”, como Francis Fukuyama promulgó al fin de la guerra fría, la historia continúa y es imperativo explorar nuevas instituciones que garanticen simultáneamente la equidad, la libertad y la sostenibilidad ambiental, propósitos presentes en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sin embargo resultan vagos respecto a los cambios institucionales necesarios.
El Manifiesto reconoce que nos encontramos en la encrucijada de importantes avances y terribles abismos, avances innegables en la reducción de la mortalidad materna e infantil, en el incremento de la esperanza de vida, la descolonización, el incremento de la conectividad y el impresionante éxito de China en la superación de la pobreza, que se dan a la par de una creciente desigualdad y una enorme destrucción ambiental; de la pobreza persistente en muchos países, incluyendo algunos con fuerte crecimiento poblacional. Estas condiciones y la incapacidad de gobiernos de derecha e izquierda para superarlas se encuentran en la raíz de fenómenos de involución política como el Brexit y las elecciones de Bolsonaro, Modi y Trump. A ello cabe añadir la proliferación de los conflictos nacionales y el terrorismo, la xenofobia hacia los inmigrantes y el resurgimiento del fascismo en distintos países, incluido Estados Unidos.
Al deterioro social y político se suman pérdidas constantes de bosques y selvas, crecientes presiones sobre el agua, contaminación de la atmósfera, el aire, el agua y los suelos, y un peligroso calentamiento global, procesos todos cercanos a rebasar umbrales sin retorno. Los impactos de este deterioro se distribuyen también de forma desigual, y exacerbarán las migraciones ambientales en el futuro cercano. Adicionalmente, las sinergias de la destrucción de la cohesión social, el medio ambiente, la paz y la democracia, generan grandes retos sistémicos para el progreso social y la sustentabilidad del Sistema Tierra.
En la raíz de los retos se encuentran la globalización y el cambio tecnológico, que durante las últimas décadas han actuado en favor de las corporaciones transnacionales y el capital financiero, generando pérdida de empleos e incremento de las brechas digital y de educación. No obstante, para el Manifiesto estas no son tendencias inevitables, además de que la globalización y el cambio tecnológico pueden y deben ser gobernados, a partir de nuevas reglas progresistas nacionales y globales.
Aun en el medio de la crisis, signos positivos para el progreso social han surgido en el campo de la cultura: la igualdad se ha convertido en un importante valor, se concede cada vez más la importancia de los derechos, la diversidad y la alteridad. También se presentan cambios en la percepción de la naturaleza, y se abandona paulatinamente la idea de que a partir del progreso tecnológico se le puede controlar y que esto es el curso normal de la historia.
En este contexto, los cambios que en los próximos 30 años requiere el mundo deben ser radicales y darse simultáneamente en los frentes de la equidad, la libertad y la sustentabilidad ambiental. No hacerlo y contentarse con las opciones político-económico actuales, de apartheid global, fin de la historia y Estados autoritarios, llevará a resultados fallidos y trágicos.
Más allá del diagnóstico, el Manifiesto propone rutas para el cambio que exigen reformas profundas de las instituciones existentes y la creación de nuevas instituciones, con nuevos horizontes temporales, promoviendo círculos extensivos de respeto y dignidad, teniendo como eje el impulso de la igualdad de poder y estatus. En este cambio, las viejas oposiciones ideológicas capitalismo vs. socialismo, Estado vs. mercado, resultan obsoletas. El Manifiesto busca, en cambio, explorar alternativas de reforma de los mercados, las empresas y el Estado de bienestar. Propone reformar el capitalismo contemporáneo, caracterizado por la prevalencia de la gran sociedad anónima como actor dominante en las cadenas de valor multinacionales, la responsabilidad limitada de las empresas, el gobierno de las empresas por élites gerenciales que las orientan a maximizar los beneficios de corto plazo de los inversionistas y de ellos mismos, la expansiva mercantilización de la sociedad y el crecimiento financiero como agente dominante.
La propuesta de reforma de la empresa incluye el reemplazo de las relaciones capitalistas por asociaciones en las que los trabajadores tengan voz y voto en la gobernanza empresarial, junto con los accionistas, proveedores, clientes y comunidades locales, empresas donde la mano de obra contrate capital, no a la inversa; acabar con el principio de la responsabilidad limitada; transformar los propósitos de las empresas, incluyendo en ellos el bien común y estimular ecologías ricas en proyectos económicos alternativos.
El Manifiesto reconoce que la enorme concentración de riqueza y de poder generada a partir de la transnacionalización de las empresas representa tremendas amenazas para la democracia. Las grandes empresas transnacionales que se encuentran entre las 100 mayores economías del mundo no pagan impuestos, generan fuerte competencia entre países para atraer inversiones, a partir de condiciones de dumping fiscal, laboral y ambiental, de enormes costos para los países. Por otra parte, la política ha sido en gran medida capturada por el dominio oligárquico, presionando al Estado de bienestar, a partir de una ola conservadora en auge desde la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), para la que el Estado y no los mercados son el problema. Los gobiernos de esta orientación promueven recortes del gasto social e incremento de los gastos de defensa, reducen los impuestos corporativos e incrementan los impuestos al trabajo en condiciones de desempleo estructural, incremento de la automatización, envejecimiento de la población, crecimiento de pandemias y resistencia a antibióticos, que exigen inversiones públicas consistentes en educación, recalificación constante y salud pública.
La experiencia de los países escandinavos, que partieron de bajos niveles económicos a la mitad del siglo XX y que han invertido durante décadas en servicios públicos de calidad y en igualdad de género, con mezclas de manejo de mercado y cooperativo, muestra que la igualdad es una buena estrategia de desarrollo y exhibe la falsedad de la hipótesis de que el desarrollo requiere una fase de crecimiento de la desigualdad, antes de alcanzar una fase de redistribución. En contraste, la trayectoria de desigualdad
de muchos países, como México, los ha hecho ineficientes e incapaces de aprovechar el potencial de su población.
Así, una agenda de cambio que busque revertir la captura del Estado por las élites y promover el progreso social incluye: 1) transparencia y el control del financiamiento de las campañas políticas y el cabildeo, estableciendo límites claros a la influencia política de las corporaciones; 2) imponer responsabilidad fiscal, recurriendo a la cooperación internacional y a la lucha contra los paraísos fiscales; 3) impulsar la democratización interna de las empresas; 4) promover medidas regulatorias antimonopolio, regulación financiera a nivel transnacional, y favorecer una ecología del emprendimiento en ramas y sectores controlados por grandes oligopolios, como la generación de energía.
En otras palabras, se requiere un nuevo Estado de bienestar, donde el gobierno mantenga su papel de proveedor de bienes y servicios públicos y de seguridad social, pero con el nuevo papel de garante y supervisor de la democracia económica. Un Estado emancipador que dé a la gente nuevos derechos y capacidades, un Estado viable y necesario en el siglo XXI.
El Manifiesto reconoce que la democracia es hoy una institución bajo asedio, que no es viable sin salvaguardas; un bien público, cuyo surgimiento y supervivencia distan de ser espontáneos. Por otra parte, la funcionalidad de la política depende de la salud del contexto social, de la ausencia de carencias graves que hacen a las poblaciones vulnerables al extremismo, sin desigualdad extrema que hace más fácil y ventajosa la captura del sistema político por parte de las élites.
En conclusión, los obstáculos para el cambio son enormes: intereses privados que impulsan el discurso de ausencia de alternativas, cultura dominante que favorece el cortoplacismo, muchedumbres hipnotizadas por demagogos, imposibilidad de cooperar, sistemas de educación que perpetúan los supuestos y las estructuras mentales pasadas, estupidez y prejuicios.
El Manifiesto propone que la participación y la movilización sociales, con base en nuevas visiones y estrategias, son fundamentales para superar las condiciones de crisis, asumiendo que quienes tienen el poder no tienen interés ni capacidad para cambiar la sociedad y que hoy es urgente fomentar el desarrollo de ideas de oposición, descalificadas y en gran medida suspendidas desde la caída del Muro de Berlín.
