Educated to be indebted: “Social-financial” inclusion in Chile
Alejandro Marambio-Tapia*
*Doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Escuela de Sociología, Universidad Católica del Maule. Temas de especialización: sociología económica, consumo, endeudamiento, clases sociales, sustentabilidad. Avenida San Miguel 3605, Talca, Maule, Chile.
El autor agradece el financiamiento obtenido por Becas Chile y al Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, Proyecto FONDAP 15130009, para realizar la investigación que sustenta este artículo, y al proyecto FONDECYT 11200893.
Resumen: Este artículo argumenta que la expansión del crédito en Chile ha sido manufacturada como una “inclusión social-financiera”, cuya estrategia avanzada es el grupo de acciones y estrategias públicas y privadas etiquetadas como educación financiera, que operan sobre el supuesto de que los ciudadanos-consumidores necesitan ser educados como deudores. Además de proponer la perspectiva del crédito como una práctica social, se ofrece una revisión de los conceptos económicos con los cuales opera la educación financiera, su revisión crítica y el análisis de material empírico sobre las acciones de educación financiera y las prácticas sociales de quienes son destinatarios de dichas acciones.
Palabras clave: endeudamiento, inclusión financiera, educación financiera, crédito, financiarización, ciudadanos-consumidores.
Abstract: This article argues that the expansion of credit in Chile has been fabricated as “social-financial” inclusion, whose most advanced strategy is a set of private and public actions labelled as financial education; these actions assume that citizen-consumers must be educated as debtors. In addition to viewing credit as a social practice, the article critically reviews the economic concepts used by this financial education and analyzes empirical data about financial education activities and the social practices of their recipients.
Keywords: indebtedness, financial inclusion, financial education, credit, financialization, citizens-consumers.
Mi primer acercamiento a este tema fue causado por el deseo de comprender lo que consideraba una disimulada e injusta estructura del capitalismo chileno: el endeudamiento de hogares. Al principio, examiné los grandes trazos de la estructura social del uso del crédito en Chile, y luego intenté un acercamiento desde lo microsocial. Ciertamente, las complejidades de las prácticas de crédito, especialmente en grupos de bajos ingresos —en los cuales he focalizado mi trabajo—, son parte de la metanarrativa del discurso sobre la desigualdad que surgió a partir de la década de los 2010 —con las importantes movilizaciones sociales de 2011 en adelante, hasta llegar a 2019— y que fue reemplazando paulatinamente al de la pobreza, al menos en la agenda pública. Dicha metanarrativa se construyó —luego de décadas de privatizaciones y desregulación de la economía y de una marketización de la sociedad— cuando desde esta misma emergieron demandas por educación superior gratuita, un mejor sistema de salud y, finalmente, un sistema de pensiones más justo. El endeudamiento ha permanecido omnipresente y opaco a la vez, toda vez que es una estructura subyacente a cada una de las demandas por bienestar anteriormente señaladas.
Los hogares han asumido a la deuda como un “mal necesario” y tienen diferenciadas motivaciones, expectativas y prácticas en torno a ella, aunque el telón de fondo común es un Estado y un modelo socioeconómico que no provee ni las seguridades sociales ni los ingresos en el mundo del trabajo para hacer posible una vida medianamente digna y acorde a las expectativas que el mismo Estado y el modelo se orientan a promover. Como argumento en este artículo, la educación financiera, esto es, acciones dirigidas a mejorar el manejo de los ciudadanos respecto a sus finanzas personales, realza el rol del crédito como un paliativo que subsana dichas carencias a través de una inclusión “social-financiera”. Ésta se constituye como una educación para la deuda, en términos prácticos, pero también en términos morales, ya que excluye una perspectiva crítica respecto a la situación estructural que origina la necesidad de la deuda y la gran relevancia que ésta tiene para la apropiación del excedente que realiza la banca y el comercio. Así, se orienta a allanar el camino a contraer deuda de la manera “adecuada” y “saludable”, y a evitar que cada individuo se transforme en un “consumidor fallido”, ya sea porque no ha logrado incluirse social y financieramente, apalancando recursos para su consumo y bienestar, o porque estando ya incluido, ha fallado y ha sido excluido del sistema crediticio.
Con la financiarización de las relaciones económicas, la educación financiera ha pasado a ocupar un espacio en la cartera de proyectos de políticas públicas. Estos proyectos están integrados en marcos psicológicos y económicos, cuyos objetivos apuntan a “corregir” el comportamiento de las personas. Por su parte, los sujetos manejan un repertorio de diversas evaluaciones morales y sociales junto con sus cálculos económicos. Esta vida económica se basa en relaciones concretas y obligaciones morales que coexisten con el cálculo y las racionalidades del mercado que presentan una relación problemática con las prescripciones del saber endeudarse que caracterizan a la educación financiera.
A mediados de la década de los años setenta, tras el golpe militar, una dictadura cívico-militar ejecuta en Chile un ajuste estructural de carácter revolucionario (Moulian, 1997), que reemplazaría una matriz desarrollista-estatal por una de corte neoliberal (Garretón et al., 2003). ¿Cuáles fueron las principales características económicas y socioculturales de este nuevo modelo? El rol del Estado, subsidiario y focalizado en los pobres; la movilidad social, un proyecto individual antes que colectivo; nuevas formas de inserción laboral y nuevos valores: educación financiera, focalización, libertad económica como libertad de elegir, estabilidad política, autonomía distributiva de la riqueza o trickle-down, desregulación en casi todos los ámbitos económicos y sociales, desmovilización y desorganización, y una creciente instrumentalización de las relaciones de todo orden. A su vez, la meritocracia, la competencia perfecta y la impersonalidad de las decisiones se hicieron parte del discurso habitual de las élites. Con este telón de fondo, la sociedad chilena vio crecer sus posibilidades de acceso al consumo y al bienestar material.1 Esto se produjo no tanto por la creación de una red de protección social y alza de los salarios, sino por la expansión del acceso al crédito hacia los sectores medios y populares, principalmente a través de las grandes cadenas de venta al detalle, como supermercados y tiendas por departamento. El endeudamiento masivo es corolario de lo anterior. De acuerdo con indicadores de elaboración propia con datos de la Encuesta Financiera de Hogares de Chile 2017, la cifra de hogares endeudados es de 53.7%, para la submuestra de quienes no tienen tarjeta de tiendas comerciales, mientras que para la submuestra de quienes sí la tienen es de 87.5%. Este último acápite del modelo se ha “exportado” al resto de América Latina, con resultados diversos (Fernández y Galleguillos, 2015; Guerrero-Martínez, 2012).
En el mismo orden, Chile ha sido reconocido por las autoridades económicas globales como pionero en la inclusión financiera de grupos de menores ingresos, desde hace décadas (ver, por ejemplo, El Mercurio, 2019a, 2019b). A fines de la década de los años setenta y durante la década de los años ochenta, la bancarización —es decir, la mayor penetración de los servicios bancarios— estaba dirigida a las clases medias altas y altas, y dirigida por los bancos. Desde la década de los años noventa, la inclusión financiera fue un proceso liderado por las grandes tiendas de la sociedad de consumo: supermercados, tiendas por departamentos, tiendas de mejoramiento del hogar. La posición dominante de este llamado “retail financiero” en la provisión de servicios financieros domésticos y personales, como tarjetas de crédito, préstamos al consumidor, adelantos en efectivo, préstamos para automóviles, financiación de vacaciones y bodas, seguros de todo tipo, entre otros, terminó por consolidar la popularización del crédito. Este proceso incluyó la creciente relevancia de los grandes minoristas en la provisión de puestos de trabajo y su importancia en la oferta de todo tipo de artículos para el consumo (Fundación Sol, 2016). En un rango más amplio, la sociedad chilena experimentó la financiarización de la educación, la vivienda, la atención médica y las pensiones al mismo tiempo que despegaba la expansión del crédito, primero dirigida a la clase media y luego a las clases bajas (Marambio-Tapia, 2020).
Perú, Colombia y Ecuador, por el contrario, están ejecutando programas de educación financiera, antes de que se produzca la plena inclusión financiera de los ciudadanos, especialmente en zonas rurales (García et al., 2013; Roa García y Mejía, 2018). Brasil muestra una creciente penetración de los servicios financieros liderados tanto por el Estado como por el mercado (Müller, 2017), y los hogares argentinos han pasado las últimas décadas tratando de recuperar su confianza en las instituciones bancarias después del colapso en 2002, dando pie a la creación de circuitos financieros extra-bancarios en las zonas populares urbanas (Wilkis, 2014; Luzzi, 2008). La educación financiera también se considera un paso más hacia la despolitización y la individualización de los ciudadanos-consumidores (Marron, 2014; Soederberg, 2012) y, por supuesto, “enseñar” a endeudarse, como intento ilustrar en este artículo.
Mi argumento es que, en el contexto del particular modelo neoliberal avanzado de la sociedad chilena, con un gran componente de capitalismo financiarizado y una estructura tremendamente desigual, la expansión del crédito ha sido manufacturada como una inclusión social-financiera, cuya estrategia más avanzada y orientada a lo subjetivo son las acciones y estrategias de educación financiera implantadas por el Estado y el mercado. Ya sea en alianza público-privada o de manera particular, se distribuyen y circulan estrategias que, principalmente, operan sobre el supuesto de que los ciudadanos-consumidores necesitan ser educados como deudores. El requisito de responsabilidad en la sociedad neoliberal lleva a las personas a tratar las prácticas presupuestarias domésticas como una tarea disciplinada, bien organizada y exigente, digna de ser entrenada. Si los hogares deben lidiar con problemas financieros de orden cotidiano, sería debido a su falta de educación o a su displicencia frente al funcionamiento de la economía, no a la estructura económica en sí misma. De esta forma, la educación financiera enmascara las estructuras desiguales de la economía, donde las grandes tiendas —que priorizan la venta de créditos por sobre la venta de bienes, ya que es más rentable— tienen la capacidad de expropiar financieramente a los ciudadanos, debido a su posición dominante en el mercado del crédito. El acceso al crédito figura como una elección racional cuyos efectos descansan en las responsabilidades autónomas de cada individuo, pero que en realidad tiene poco de elección puesto que los individuos —por las mismas estructuras desiguales— tienen poco margen de acción para desarrollar sus proyectos de vida fuera del crédito. Ser objeto de crédito es también una prueba de solvencia en un sentido social más amplio.
Este artículo busca señalar el despliegue de las acciones de educación financiera, describiéndolas y problematizándolas, junto con ofrecer cómo los destinatarios de dichas acciones procesan dichas acciones, generalmente en contradicción con los marcos de la educación financiera. Para ello, me baso en una investigación que incluyó: 1) un análisis con datos agregados de la deuda de hogares usando la Encuesta Financiera de Hogares de Chile 2017; 2) entrevistas con encargados de los programas de educación financiera de agencias estatales y privadas, y 3) entrevistas en profundidad con jefes y jefas de hogar sobre su vida económica, sus significados y la subjetividad producida en torno a ello. Este artículo se focaliza fundamentalmente en 2) y 3).
La estructura del artículo es la siguiente: después de esta introducción, reseño los principales parámetros de la educación financiera y sus marcos interpretativos para el uso del crédito y la difusión del endeudamiento para contextualizar y sustentar mi argumento en torno a las discusiones del rol de la educación financiera como un dispositivo de gobierno de las conductas. Posteriormente, doy cuenta del origen y el procesamiento de los datos que dan forma a este artículo. En la sección de resultados presento: 1) un relato respecto a las principales actividades concretas de educación financiera y los supuestos teóricos y prácticos que las sustentan; 2) la colisión de racionalidades entre la educación financiera y los hogares, a través de los dispositivos de deuda, y 3) la perspectiva de la inclusión y la educación financiera como una política pública que busca la inclusión social y los problemas que esto acarrea. Finalmente, presento una conclusión que sintetiza las ideas presentadas, reconoce oportunidades de crecimiento y se ocupa de otras reflexiones posteriores.
La educación financiera como racionalidad orientada al gobierno de los otros
Para sustentar mi argumento, introduciré los conceptos relacionados con la educación financiera y un breve debate sobre las racionalidades que circulan dentro y fuera de la teoría económica convencional para la comprensión de la vida económica de los hogares, con foco en el crédito. Posteriormente, propongo problematizar el concepto de financiarización para poder abordar empíricamente las discrepancias que se producen entre la embestida puramente racional y abstracta de la educación financiera y las racionalidades económicas, pero también morales y sociales de los hogares, que, por cierto, son capaces de agenciar sus prácticas financieras desde sus propios contextos.
Para los efectos de este artículo, considero a la educación financiera como acciones institucionales focalizadas en el desarrollo de alguno de los siguientes contenidos y/o competencias: manejo presupuestario doméstico, autogestión monetaria, uso de instrumentos financieros y endeudamiento, y que se ejecutan en el marco de programas e intervenciones público-privadas, dirigidas a sujetos como clientes bancarios, receptores de transferencias monetarias, participantes de actividades de capacitación en gestión financiera doméstica —como profesores y estudiantes— y consumidores en general.
Hay dos formas de entender el crédito desde el marco de la corriente económica hegemónica. Primero, suaviza los ciclos de consumo —es decir, para que los consumidores obtengan algo ahora en lugar de esperar el mañana—, y segundo, es una herramienta para manejar las perturbaciones que puede producir una disminución permanente o temporal de los ingresos. Circulan en la banca definiciones convencionales sobre el endeudamiento y el sobreendeudamiento, que usualmente se materializan en dispositivos como la calificación crediticia (credit scoring).2 En este marco, las decisiones del sujeto financiero sobre cómo y cuándo usar el crédito se elaboran en un análisis de costo-beneficio, teniendo en cuenta precios, tasas de interés y costos de oportunidad, como ahorrar en lugar de endeudarse (Butelmann y Gallego, 2000; Aparici y Yáñez, 2004; De Gregorio, 2007; Mankiw, 2002).
Por su parte, los individuos agencian el uso del crédito desde una perspectiva menos estandarizada que la de la teoría económica. Ciertamente, las personas usan el crédito para enfrentar emergencias individuales o familiares, en particular en un contexto donde el Estado se ha retirado casi por completo de la provisión de seguridad social, como en el caso chileno. Sin embargo, no sólo se trata de que una práctica económica requiera de un contexto situado, sino que tiene además un fundamento en lo social que no puede soslayarse. El crédito es usado por las personas cuando quieren lograr cosas, como hacer una mejora en sus viviendas ahora en lugar de dos años después (Marambio-Tapia, 2017; González-López, 2015), o para cimentar relaciones familiares. Su mismo uso está marcado por consideraciones sociales y comunitarias a nivel microsocial.
A nivel macrosocial, el crédito puede ser visto como un dispositivo estratificado y estratificante, en tanto que la estructura de oportunidades del crédito no está distribuida de manera equitativa en todos los grupos sociales, produce y reproduce desigualdades y es un dispositivo que orienta la lectura de ciertas distinciones sociales a través de prácticas económicas, como el consumo para las clases medias en el contexto chileno (Stillerman, 2010). Acceso al crédito hay, pero no es igual para todos. La libertad de elección, fetiche neoliberal, colisiona una y otra vez con la estructura desigual de la sociedad chilena. Esto implica que no todos los grupos pueden maniobrar respecto a qué tipo de crédito pueden obtener y en qué condiciones. Más bien son los menos quienes pueden al menos intentar hacer uso de las promesas de elegir y comparan las opciones que el mercado tiene para ellos, estructural y estratificadamente, a la hora de solicitar un crédito o usar un instrumento financiero que implique generar deuda. En estricto rigor, para la gran mayoría no existe la elección racional de créditos que pregona la educación financiera, debido a la posición dominante de las grandes tiendas que ofrecen crédito —menos reguladas que la banca convencional—; estos oferentes son la única forma que tienen de acceder al crédito, y a su vez, el crédito es la única forma de acceder a ciertos niveles de bienestar. Por otra parte, el marco de la educación financiera tampoco considera el papel de los prestamistas institucionales, el conocimiento económico de los hogares ni la vida económica real de estos. En la educación financiera, los prestamistas institucionales están lejos de ser evaluados —a veces, ni siquiera nombrados— por su papel acreditado judicialmente en escándalos financieros o asuntos de monopolio.3
Planteo que la educación financiera indica un set de prescripciones respecto a cómo endeudarse y que formarían parte de una estrategia avanzada del neoliberalismo. Dichas estrategias pueden analizarse desde una perspectiva estructural, como parte de un capitalismo que intenta convencer “amablemente”, trazada ya desde Luc Boltanski y Eve Chiapello (2005), pero también como parte de los esfuerzos por gobernar y controlar a los individuos desde sí mismos (Foucault, 2005, pero principalmente, Lazzarato, 2012). Donncha Marron (2014) llama al virtualismo lo que para Foucault sería la “conducción de la conducta”. El virtualismo es el poder de la economía para dar forma y sacar adelante las capacidades financieras; por ejemplo, cómo el consumidor real se ajusta al modelo abstracto de la economía neoliberal, gracias a los programas de educación financiera.
Esto se deposita junto a la narrativa micro del “mal necesario” que se ha construido en torno a la deuda en los hogares y que emerge de la comprensión individual de cómo funciona la economía en un contexto donde lo cotidiano se financiariza (Martin, 2002; Pellandini-Simányi, Hammer y Vargha, 2015). La propuesta de la educación financiera sobre el crédito, entonces, se constituye como una educación para la deuda, en términos operativos y morales, puesto que excluye una perspectiva crítica que identifique las causas estructurales de la deuda (por ejemplo, la importancia que tiene para el crecimiento económico de la banca y el comercio). Más bien, la educación financiera se orienta a allanar el camino para un endeudamiento “adecuado” y “saludable”, y evitar que cada individuo se transforme en un “consumidor/a fallido/a”, esto es, un consumidor que no ha logrado apalancar recursos para su consumo y bienestar, a través de la deuda, o que falla individualmente al no pagar sus deudas, quedando excluido/a del sistema crediticio.
Me interesa problematizar el choque de racionalidades y normatividades que se produce entre los marcos de la educación financiera, principalmente el supuesto de la elección racional. Los individuos y los hogares endeudados son agentes que actúan de acuerdo con condiciones históricas particulares —y no con situaciones abstractas universales—, como lo anunciara Pierre Bourdieu (2003) y, desde el principio, Karl Polanyi (1989). Debido a las estructuras socioeconómicas desiguales, su capacidad de elección es muy limitada, y en el caso del crédito, es más bien un “mal necesario”: difícilmente pueden escoger no usar crédito, y para la mayoría de los hogares de ingresos bajos, es muy difícil que puedan escoger un oferente en particular de crédito y deben quedar a merced de las más altas tasas de interés, al ser catalogados como “sujetos riesgosos”. Su racionalidad es cuestionable, o por lo menos convive con consideraciones morales, sociales e incluso con maneras alternativas de realizar los cálculos económicos.
En particular, las empresas del retail financiero dominan ampliamente este campo a través de la acumulación del excedente financiero y por la asimétrica porción de mercado que manejan en comparación con los individuos endeudados, en particular aquellos que no tienen un acceso claro a la banca convencional. El contexto histórico de este desequilibrio entre grandes tiendas e individuos endeudados, que la educación financiera tiende a enmascarar y, a la larga, a profundizar, es el de la financiarización, en tanto proceso empírico que implica la creciente dependencia de los hogares de los dispositivos financieros para consumir y ejecutar otras actividades cotidianas. En particular, la financiarización de la vida cotidiana (Martin, 2002) sobredimensiona al individuo como unidad económica y en la promulgación de subjetividades, por lo que tiende a ignorar o minimizar los diferentes apegos que los individuos tienen con sus familias. Dichos enfoques adoptan un ángulo particular sobre la idea de la “domesticación” de las finanzas y la aparición de “sujetos de inversión”, “sujetos de prestatarios” o “ciudadanos económicos”. Si bien ofrecen una descripción de la forma en que los dispositivos financieros han penetrado en la esfera doméstica, tienen una capacidad limitada para abordar la naturaleza cambiante de las prácticas, el pragmatismo de los hogares cuando se enfrentan a situaciones económicas, y el uso de las finanzas en el contexto de estrategias de medios de vida. En cambio, descansan más en la idea de un proceso bidireccional entre las finanzas y los hogares, es decir, algunas lógicas financieras penetran en algunos hogares, pero los dispositivos financieros también se adaptan a las prácticas situadas de los hogares (Pellandini-Simányi, Hammer y Vargha, 2015).
Bajo la forma de entregar información y fomentar el desarrollo de competencias, la educación financiera construye un sujeto económico abstracto, pero responsable individualmente de su devenir financiero, quien opera en un supuesto mercado donde puede escoger entre diversos oferentes de crédito —con quienes se relaciona de manera simétrica—, y con su operar se permite estar incluido socialmente y participar de los beneficios de la sociedad de consumo.
Este sentido de la educación financiera oscurece la estructura desigual, no sólo del mercado del crédito, sino de la sociedad chilena en un sentido amplio. Las precariedades laborales, sociales y salariales se combinan con la normativización de ciertas necesidades que se legitiman como la vida digna a la que es posible aspirar en una sociedad de consumo. Finalmente, es la necesidad de integración material y simbólica la que “no deja otra opción” que recurrir al endeudamiento (“mal necesario”, dirán los usuarios entrevistados) y la educación financiera colabora en señalar que es un camino válido, pero que si no funciona es responsabilidad de quienes supuestamente lo “eligieron”.
Métodos
Este artículo se enmarca en una investigación que trianguló métodos de talantes diversos para abordar el fenómeno del endeudamiento desde una perspectiva macro y microsocial. Incluyó un análisis de datos agregados de la deuda de hogares, usando bases de datos representativas de la población urbana de Chile —la Encuesta Financiera de Hogares, versiones 2011, 2014 y 2017— que produjeron caracterizaciones, tipologías y regresiones, usando el programa spss.
Adicionalmente, se realizaron y analizaron entrevistas en profundidad con usuarios de instrumentos financieros de los cinco deciles más pobres de la población, y usuarios de los programas de educación financiera del mismo perfil. Para abordar los tópicos de la educación financiera con más profundidad, la estrategia metodológica implicó, primero, siete entrevistas con informantes clave de los programas de Educación Financiera, cubriendo todas las agencias gubernamentales involucradas, más dos bancos y una organización no gubernamental. El segundo método fue observar y participar en los talleres de Educación Financiera ofrecidos por estas agencias. Me inscribí en dos cursos en línea ofrecidos por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Universidad de Chile, y participé en otras actividades in situ de Sernac y de la agencia reguladora de bancos, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). La participación en estos cursos involucró la revisión de contenidos digitales, audiovisuales y manuales. A partir de los datos recopilados, se realizó un análisis de contenido cualitativo de los supuestos teóricos, información instruccional y formación de competencias a la que apunta la educación financiera en Chile.
Uno de mis objetivos fue explorar las discrepancias entre los significados económicos, los aspectos prácticos y las prioridades de los programas de educación financiera y de los hogares. En este contexto, me focalicé en el subgrupo de mi muestra de entrevistados y su presencia en uno de los cursos de educación financiera, como parte de su participación en el programa gubernamental que realiza transferencias monetarias y acciones de capacitación para el micro-emprendimiento, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis). De manera complementaria a los encuentros para los cursos, entrevistas y observaciones, analicé material educativo y de divulgación de los organismos involucrados. A través de un análisis de contenido pude sistematizar los supuestos y contenidos sobre la racionalidad económica realizados por estos cursos financieros, extraídos de los marcos económicos convencionales, y que son en su mayoría los mismos supuestos utilizados por todas las agencias gubernamentales, y ciertamente los mismos empleados por los bancos.
Respecto a mi propia presencia en los talleres, la observación implica diferentes niveles de participación. Una discusión sobre la dicotomía participante/no participante enfatiza varios niveles de compromiso del investigador: observador completo, observador como participante, participante como observador y participante completo (Atkinson y Hammersley, 1994). Mi inscripción en el curso de capacitación financiera es más cercana a la del participante, porque en realidad completé las actividades de los talleres y los participantes estaban al tanto de mi presencia como investigador. En los cursos en línea, sólo accedí y participé en los contenidos sin mayor interacción, ya que esto último no estaba permitido en la plataforma. Esta participación me permitió acceder a los significados del endeudamiento y el uso del crédito en términos prácticos, es decir, como un problema social que debe ser curado a través de la terapia o como algo inevitable de la vida económica moderna, pero también una responsabilidad individual.
Educación para el endeudamiento: la inclusión social-financiera como estrategia avanzada del neoliberalismo maduro
En esta sección, sobre la base de información recopilada en entrevistas con informantes claves, observación de actividades y análisis de contenido documental, abordaré brevemente las actividades concretas y los supuestos teórico-prácticos de la educación financiera, focalizándome en uno de sus puntos problemáticos y cruciales para este artículo: el crédito y la prescripción del endeudamiento. Posteriormente, analizaré dichos significados, materialidades y competencias por adquirir, a la luz de sus implicaciones prácticas de la financiarización de la vida cotidiana para los hogares y la idea subyacente de inclusión “social-financiera”. De esta forma, apunto a sostener el carácter instrumental que tiene la educación financiera para el fomento, la difusión y la reproducción del mercado del crédito como un espacio de competencia perfecta y de posiciones simétricas entre oferentes y demandantes.
Operatorias y supuestos de la educación financiera
A pesar de parecer similares a primera vista, los talleres de educación financiera tienen matices y diferencias. La agencia reguladora de bancos de Chile, la SBIF, se enfoca en dar charlas a los trabajadores sobre la forma correcta de usar instrumentos bancarios convencionales; por la normativa vigente a la hora escribir estas líneas, su alcance legal excluye a supermercados y tiendas por departamento, los mayores oferentes del crédito para sectores medios y bajos (entrevista con informante clave SBIF). Un tanto distinta es la preocupación del Banco Central, ente encargado de la política monetaria en Chile, que busca principalmente que las personas aprendan la relevancia de mantener bajas las tasas de inflación. No obstante, también prescribe recomendaciones para un manejo económico personal pleno de participación en los mercados financieros. Adicionalmente, lidera actividades de difusión y alianzas corporativas con el tercer sector y empresas privadas. Tanto la SBIF como el Banco Central se centran implícitamente en los segmentos socioeconómicos medios altos de la sociedad, o la “clase media real”, aquellos grupos que pueden decidir efectivamente sobre sus pensiones, que pueden escoger su atención médica privada, y manejar algunos fondos de inversión, seguros, cuya inclusión financiera o bancarización es a través de la banca en lugar de a través de grandes almacenes o supermercados. En definitiva, aquellos grupos sociales que tienen un peso mayor en el campo económico y que, a pesar de la asimetría inherente al campo entre oferentes y usuario de crédito, tienen una mayor posibilidad de ejercer su derecho a “elegir racionalmente”.
El Sernac, agencia de protección al consumidor, se enfoca a nivel escolar, brindando a maestros y estudiantes material y cursos para abordar la vida económica. La sección financiera de protección al consumidor se enfoca en fomentar el vitrinear (cotizar distintas ofertas, en jerga comercial), para así acceder a las mejores ofertas en cuanto a consumo y crédito: “Consultar en varias instituciones (al menos tres), mediante la solicitud de cotización acerca de las condiciones y características del producto” (Sernac, 2018).
El Fosis, agencia que proporciona fondos para pequeños emprendimientos de familias pobres y vulnerables, también organiza una serie de talleres de educación financiera, obligatorios para aquellos que desean obtener sus fondos. “A través de talleres grupales trabajaremos contigo la planificación financiera, el ahorro y las prácticas de endeudamiento responsable” (Fosis, 2018).
Ahorrar está presente en los contenidos de la educación financiera. Implica ser responsable con los hábitos de consumo y tener instrumentos formales de ahorro, como una cuenta de ahorro y una cuenta de pensión adicional a la obligatoria. Esto último se alinea con la recomendación de las propias administradoras de fondos de pensión. Por otro lado, los ahorros informales son criticados como una práctica riesgosa: se pueden simplemente gastar o ser robados; por lo tanto, se alienta a las personas a abrir una cuenta de ahorros formal con un banco (entrevista con informante de Banco Central). Hasta cierto punto, la educación financiera niega el conocimiento pre-existente de las personas y sus prácticas tradicionales, como si carecieran de la capacidad de lidiar con el dinero, criticando sus formas ordinarias de hacerlo.
En uno de sus manuales sobre créditos y consumo, el Sernac sugiere que cuando no es posible ahorrar dinero, es cuestión de libre elección de las personas escoger entre una variedad de préstamos disponibles en el mercado, que van desde un crédito para pagar otro crédito hasta un préstamo de consumo de largo plazo, para financiar salud, educación, etcétera. El Sernac enfatiza que el crédito no es un favor, sino que es “comprar dinero”, por lo que las personas deben conocer y comprender los términos y las condiciones del crédito en detalle. Sin embargo, si bien se reconoce el masivo acceso que las personas tienen al crédito, esto no significa que puedan acceder “por derecho propio” a todas las opciones en los mercados crediticios. Las personas de bajos ingresos generalmente sólo tienen acceso a créditos de alto costo. Por otra parte, aun cuando las personas hagan suya la recomendación de la educación financiera de leer la letra pequeña de los contratos, existe una asimetría en la relación entre los usuarios y los acreedores. Una vez más, los supuestos de educación financiera de una relación de intercambio simétrico entre las personas y los grandes prestamistas no coinciden con la vida económica real de los hogares (Sernac, 2017).
La elección racional es el supuesto de la educación financiera —y lugar común de la economía neoclásica—, aunque en términos prácticos las personas no consultan un manual de microeconomía para tomar sus decisiones económicas. Al comparar este marco con las otras fuentes de racionalidad que se encuentran en las prácticas económicas —mezclas de estrategias de mercado, fuera del mercado y anti costo-beneficio—, la educación financiera es altamente incongruente con las prácticas familiares. Al respecto, una participante entrevistada expresó:
Los talleres de Fosis fueron de información básica sobre la economía y una actividad práctica similar al juego Monopoly, donde los participantes tenían que tomar decisiones económicas, principalmente sobre cuándo ahorrar y cuándo gastar. Era similar a la vida real, en la medida en que tenía que pagar facturas, ahorrar dinero y gastar dinero. Pero en la vida real gastas más que ahorrar, ja, ja, ja. (Cecilia, 46 años, emprendedora de baja calificación).
La educación financiera opera bajo los supuestos de sujetos responsables, calculadores y reflexivos en sus asuntos financieros cotidianos, compartiendo la comprensión ortodoxa del comportamiento del consumidor, propia de la teoría económica neoclásica o marginalista, acople al que he referenciado como virtualismo (Marron, 2014). Por lo tanto, se centra en la elección racional del comportamiento individual y económico descontextualizado y desconectado de estructuras sociales y morales. Tales interpretaciones excluyen otras motivaciones y características estructurales subyacentes a la vida económica. Sobre el endeudamiento, es casi nula la presencia de perspectivas morales (Zelizer, 1994, 1997; Bandelj, Spillman y Wherry, 2015), y es el homo economicus individual el supuesto básico que sustenta a los programas de educación financiera que, desde 2014, convergen en la Estrategia Nacional de Educación Financiera de Chile (Ministerio de Hacienda, 2016). No es sorprendente que las bases de la educación financiera en Chile sean marcos psicológicos y económicos destinados a corregir el comportamiento financiero de las personas y a reforzar la normatividad de la inclusión financiera o bancarización. Más adelante reflexionaré sobre cómo esta inclusión se manufactura como una inclusión social más amplia, en lo que sugiero llamar inclusión “social-financiera”.
Tampoco hay espacio para las desigualdades y la posición de los proveedores de crédito, tanto en el discurso como en las materialidades en las cuales se plasman las acciones de la educación financiera. Por ejemplo, la posición dominante de las grandes tiendas del retail es reproducida por la estructura propia del capitalismo financiero, ya que, más allá de la venta de productos, el gran retail ha desarrollado otras áreas, como agencias de viajes, gestión de centros comerciales, y principalmente su rubro finan-
ciero (que origina el llamado “retail financiero”) a través de tarjetas de crédito, préstamos, seguros y otros servicios. En concreto, las utilidades del negocio financiero triplican a las de las tiendas y esto ha sido clave en el proceso de consolidación del retail como eje central del vínculo entre consumo y deuda en el modelo chileno (Marambio-Tapia, 2020).
Los cursos de educación financiera proporcionados por agencias gubernamentales y universidades están diseñados principalmente en el marco de un proceso de elección racional que se supone que da forma al comportamiento del consumidor individual (Sernac, 2018; Fosis, 2018). Este enfoque enfatiza la racionalidad propuesta por la economía convencional, que supone que el comportamiento de las personas está marcado por la mejor opción o la elección racional, y que las personas entienden el proceso y las consecuencias de sus acciones. Esto es contradictorio con la evidencia que sugiere que los créditos de consumo no son tanto una elección, sino más bien un “mal necesario” que los sectores de ingresos bajos —en el caso de Chile, más de la mitad de la población— asumen como una estrategia para acceder a bienes y servicios de manera regular (Marambio-Tapia, 2018; González-López, 2015).
Los cursos de la educación financiera despliegan una normatividad sobre la eficiencia en el uso de los recursos y una crítica de la maximización a corto plazo; es decir, cuando las personas intentan maximizar las ganancias a corto plazo en lugar de la gratificación a largo plazo (esto es, cuando los gastos son más importantes que ahorrar en las personas). Por ejemplo, la agencia de protección al consumidor, Sernac, sugiere que las personas deben preguntarse “¿Realmente lo necesito?” y que no deben prestar atención a los anuncios que pueden conducir a compras impulsivas. Lo prescrito para recuperar el control de las finanzas personales es estar orientado a objetivos, ser organizado, y siempre considerar las posibilidades reales de pago futuro. En cuanto a los ahorros, dichos cursos los promueven; sin embargo, no hacen mención de las dificultades que las familias reales suelen tener para ahorrar de forma regular (Sernac, 2014a, 2014b). De acuerdo con los datos agregados que analicé con base en las estadísticas del Banco Central, 38% de los hogares pasa por periodos regulares de ingreso disponible cercano a cero, mientras que casi 70% reconoce que le es muy difícil separar dinero para ahorrar, aunque sea en pequeños montos. Esto se distribuye de manera desigual en la estructura social chilena, ya que al considerar los sectores del proletariado de servicios y los sectores precarios, las cifras aumentan considerablemente.
Enseñar a endeudar
Uno de los videos de la agencia de protección al consumidor indica “Cómo tener un nivel cultura saludable de endeudamiento” (Sernac, 2014b), de manera similar a los bancos y tiendas, que publicitan sus “pagos mensuales cómodos” o “endeudamiento sano”. En los talleres de Fosis, el énfasis se mueve a las operaciones de crédito, aconsejando a las personas que entiendan aspectos operacionales de este. Luis, un usuario de estos cursos, recuerda que durante los primeros talleres a los que asistió pensó que sería reprendido por usar el crédito de vez en cuando para cubrir sus altibajos económicos. Por el contrario, recibió un consejo sobre cómo operar más y mejor con tarjetas de crédito.
Nunca me gustaron las tarjetas, siempre prefiero efectivo, pero cuando no tienes suficiente dinero, puedes recurrir a las tarjetas de crédito. Esa es una de las cosas que aprendí en los talleres. Es como cuando las ventas son bajas, uno tiene que igual llegar con algo al hogar, usted tiene la opción de endeudarse para lidiar con eso, pero con pocas cuotas y planificadas a fondo. En la medida de lo posible, que realice un pago inicial para disminuir el dinero prestado (Luis, 47 años, emprendedor de baja calificación).
En los cursos de educación financiera, toda la evidencia aportada señala que el endeudamiento problemático es causado por “la búsqueda del éxito y el estatus social”, como una especie de crédito conspicuo. Por ejemplo, en el enfoque del Sernac, una calidad de vida decente implica pasar tiempo con la familia, tener una vida tranquila, tener un bienestar económico, pero sin exceder un cierto nivel de endeudamiento. Desde el punto de vista de la educación financiera, hoy en día es valorable el masivo acceso al crédito, y el problema es que no hay suficiente información para que las personas puedan tomar decisiones (Sernac, 2018). ¿Alguna solución? Una mayor educación financiera ayudaría a las personas a tomar decisiones informadas y a proteger su calidad de vida (entrevistas con informantes claves del Banco Central y del Sernac). Esta es la racionalidad que las autoridades esperan de las personas cuando hablan de crédito, el énfasis está en que las personas sean educadas y puedan aprender conceptos y habilidades para comprender el mundo económico, así como tomar decisiones informadas, siguiendo el ideal de las simetrías de información de la teoría económica.
El concepto de riesgo es también problemático. En los talleres del Fosis no se entiende el riesgo como una característica propia de la posición vulnerable de aquellos que han dejado atrás la pobreza, aun cuando dichos grupos corren el riesgo de volver a caer en pobreza debido a la precariedad de sus posiciones laborales, financieras y sociales, sino que todo recae en el comportamiento individual y la autodisciplina. Las prácticas informales y no convencionales, como pedir prestadas las tarjetas de crédito o hacer “malabares financieros” con las tarjetas propias, están excluidas del marco de la educación financiera. Incluso el incumplimiento de la deuda parece minimizado ya que, según las cifras de la educación financiera, es algo que le sucede a menos del 10% de la población y en un número limitado de segmentos, como las personas mayores y las más jóvenes.
Efectivamente, la educación financiera opera sobre una normatividad social que ha cambiado, haciendo que la deuda sea aceptable y conduzca a un desarrollo económico creciente. Esto se conoce como el reemplazo de los valores de austeridad-frugalidad por actitudes hedonistas y gratificación a corto plazo (Denegri et al., 2014). Sin embargo, la aplicación de este modelo de cambio social con las reglas de los modelos de teoría económica es problemática. Por ejemplo, para las familias reseñadas en este artículo y según estudios nacionales como el del Fosis (2015) y la Encuesta Nacional Bicentenario (PUC, 2017), las personas aún valoran ser humildes y condenan el consumo conspicuo, así como lo ejemplifica Luis en párrafos precedentes. La gratificación a corto plazo parece razonable en la medida en que el crédito está más disponible que antes y no hay “gratificación” real en el ahorro formal, porque el interés pagado es considerablemente menor y algunas cuentas incluso cobran una tarifa por el dinero ahorrado. En casos como ese, donde el mercado prescribe la deuda por sobre el ahorro, y desde el Estado replica lo anterior por inercia o por ausencia, son los mismos usuarios de los talleres quienes reconocen sus propias racionalidades y prácticas preexistentes a la educación financiera para construir su repertorio de acción. En casos como el que ilustra Manuel, hay un reconocimiento común respecto a aquello, que ocurre paradójicamente en los talleres, donde se tiende más bien a la estandarización e institucionalización:
Es súper básico el tema de los talleres de Fosis, en cuanto a los gastos de la casa, si uno ahorra o no ahorra, la forma en que de aquí en adelante se podría ahorrar, restringir el sobreconsumo, es importante porque uno conoce experiencias parecidas a las de uno, o por las que uno ya ha pasado. Son experiencias de vida, por ejemplo, lo del ahorro, uno no se ha dado ni cuenta, pero lo practica. El endeudamiento, se habló harto. Muchos coincidían que el sobreconsumo los llevaba al endeudamiento. Todos estaban así. O sea, nadie deja de deber, pero uno se ordena, como te decía (Manuel, 51 años, emprendedor de baja calificación).
El dispositivo de crédito presentado de manera neutral y racional no es tan puro ni fácil de usar, y tampoco es fruto de la elección racional que pregona la educación financiera. Los jefes y las jefas de hogar chocan empíricamente con la estructura de desigualdad y precariedad, y el espacio que estas dejan para sus capacidades de agencia. La libertad de elección está sumamente limitada por los bajos ingresos o un mal historial de crédito: sólo se puede escoger entre diversas tarjetas de tiendas por departamento, aunque en la práctica todas son créditos de alto costo (Marambio-Tapia, 2018). La necesidad —a veces urgente— de recurrir al crédito para poder agenciar acciones de producción y reproducción lleva a que los términos y condiciones de un crédito se tornen irrelevantes para aquellos que lo requieren. Los entrevistados —de ingresos bajos y medios bajos— con frecuencia ven una hipoteca, préstamos educativos, tratamiento médico o simplemente uniformes escolares como infinitamente más importantes que las tasas de interés. La gente no calcula estrictamente todo (Bourdieu, 2003). En estos casos, simplemente no puede. El encuentro entre los instrumentos financieros y la vida cotidiana es real, la racionalidad financiera realmente impregna a los hogares, pero este encuentro no es unidireccional, las racionalidades financieras son también negociadas, adoptadas y adaptadas. Más aún, a través de sus prácticas sociales, los hogares pueden contradecir los supuestos ortodoxos de la microeconomía sobre el manejo de información previa, la racionalidad basada en el interés particular y el cálculo. También contradicen el marco de responsabilidad del ciudadano neoliberal, al ser irresponsable en la gestión financiera (Lazzarato, 2012). Hay una educación respecto al uso concreto de un instrumento financiero, pero también respecto a las reglas no escritas sobre el sistema económico, financiero e incluso social. Una de las participantes en los talleres ilustra este choque de racionalidades operativas y sustantivas, defendiendo sus conocimientos y modos de hacer previos:
Siento que estaba muy desorganizada con mi dinero, mezclando cuentas de negocios y hogar. Entonces, cuando supe de los talleres, decidí ir. Entonces, básicamente, aprendí a separar [dinero], pero eran más o menos como cosas que sabía antes, y otras cosas no me servían tanto, porque yo también tenía mi forma de hacer las cosas. Una sabe que la plata es plata y que desde siempre una ha tenido que saber comer y tener sus cositas (Paola, 39 años, emprendedora de baja calificación).
En síntesis, de acuerdo con los supuestos de la educación financiera, plasmados en particular en la difusión del endeudamiento como práctica normalizada, cuando los individuos no son racionales son vistos como débilmente emocionales, inconscientes, impulsivos y dominados por la publicidad. Este fracaso debe solucionarse mediante la educación financiera. Mi argumento es que lo que viene primero para las familias en sus prioridades estratégicas es la obligación moral de proporcionar y sólo entonces, una vez que se establecen estas prioridades sociales y morales, actúan como sujetos calculadores racionales. Las definiciones de buen manejo del dinero son variables entre las familias y también lo es la noción de una vida económica digna. El sujeto financiero estándar, que opera en un supuesto mercado de competencia perfecta, choca con los seres económicos empíricos, calculadores y proactivos que presupuestan, calculan y usan instrumentos financieros de acuerdo con las restricciones y obligaciones económicas propias de la desigual estructura socioeconómica.
La inclusión “social-financiera” como política pública: una deuda para pagar otra deuda
La educación financiera como política pública de inclusión social refuerza las nociones del ciudadano como un consumidor que debe ser instruido para poder ejercer un repertorio de derechos no consagrados formalmente, pero que aparecen centrales en el discurso del Estado como el derecho a pagar y el derecho a endeudarse. El ciudadano consumidor debe ser educado como un ciudadano financiero (como se etiqueta en uno de los cursos: “Educación financiera para los ciudadanos”). El “ciudadano económico” entiende el entorno económico, tiene las habilidades para tomar decisiones informadas y tiene derecho a participar en las decisiones económicas del gobierno y el derecho a la inclusión financiera. En el marco de la educación financiera, parece que la única forma de participar en la economía es a través de las finanzas.
La inclusión financiera pareciera aludir a un sentido de cohesión social (Salazar Cantú et al., 2017), aunque se operacionaliza como una inclusión en el sistema económico. Esto podría ser contradictorio respecto a la autonomía de economía y sociedad, y más bien responde a la visión de la sociedad en la economía siguiendo las nomenclaturas polanyianas (Polanyi, 1989). Se trata de estar en el sistema financiero para poder establecer relaciones de distinto orden: pertenencia, afecto, relaciones funcionales, reconocimiento simbólico. Las mejoras en el hogar, la educación, que son los componentes principales de la deuda total de los hogares, tienen un significado simbólico, pero son mejoras innegables en las condiciones materiales de la vida.
El concepto de inclusión también permite soslayar las grandes deudas del sistema neoliberal, esto es, la superación de la pobreza y la distribución del ingreso. Se puede estar incluido y a la vez ser pobre. En el caso de hogares chilenos, hay quienes, aun teniendo un empleo formal, sólo logran el sueldo mínimo, no alcanzan matemáticamente a lograr la reproducción social de una familia de cuatro integrantes, ya que el promedio nacional es 3.8. No obstante, en los cuatro deciles de menores ingresos este promedio sube a 3.95, 4.39, 4.28 y 4.16, respectivamente.4 Esto, sin considerar la pertinencia, la justicia y la actualidad de la metodología con la cual se mide y prescribe lo necesario para superar dicho umbral de la pobreza de ingresos (Sanhueza, 2012; Denis, Gallegos y Sanhueza, 2010).
En la elaboración de esta política pública no se aprecia la demanda de una pluralidad de sujetos por reconocimiento o redistribución; por el contrario, hay una formulación top-down sobre la base de un sujeto universal y la elección racional, que reproduce las dinámicas subsidiarias de la producción de sujetos receptores de beneficios y mujeres sobrecargadas con responsabilidades familiares (Schild, 2007), en particular para actividades y contenidos de educación financiera orientados a familias de bajos ingresos. Esto se encuentra en línea con las orientaciones típicas de los programas de “empoderamiento” dirigidas a la solución individual y no estructural de las vulnerabilidades de los sujetos precarios (Fraser, 2017) y su concreción en programas que en apariencia apuntan a fomentar la capacidad de agencia. Finalmente, hay una distancia entre el discurso de empoderamiento que hay detrás de las políticas de educación financiera y entre la asimetría entre los ciudadanos y los capitales financieros que sustentan a las grandes tiendas como oferentes de crédito. La capacidad de ejercer la llamada “ciudadanía económica” (Denegri et al., 2014), y ejecutar algún tipo de presión sobre la estructura o el orden económico y financiero, es más bien limitada e ilusoria. Se contribuye más bien a proseguir la agenda de “consumidores fallidos” o de aprender a fallar; en tanto, la promoción del consumo y del crédito está estrechamente ligada a sus efectos negativos, que son categorizados como “problemas sociales” —esto es, sobreendeudamiento y consumismo— que deben ser tratados, sin embargo, de manera individual.
La deuda no es tan sólo un dispositivo económico, sino que también funciona como un dispositivo de gobierno, esto es, como un dispositivo de producción y conducción de subjetividades colectivas e individuales (Lazzarato, 2012). Ya lo demuestran los bancos, que usualmente despliegan imágenes ajenas al mundo de las finanzas para mostrarnos el ciclo de oportunidades que implica un crédito, para luego hacernos firmar un “pagaré y debo” con condiciones que, producto de la técnica y los dispositivos socio-técnicos, son más bien del impenetrable mundo de las finanzas (Carruthers y Ariovich, 2010). Ante tamaña confusión, la educación financiera aparece como una política pública bien intencionada, que viene a solucionar los riesgos presentes en la inclusión financiera.
A través de discursos y artefactos educativos, el Estado chileno postula la bancarización como una inclusión. Esto coincide con la etiqueta de “democratización” del crédito que proviene del mercado. Han agregado a la educación financiera conceptos como “endeudamiento saludable”. Ambos discursos se alinean en propuesta de inclusión “social-financiera” que se basa en la difusión de la deuda como mecanismo de inclusión en la sociedad de mercado, y que permite participar de un acceso al consumo, pero también se transforma en una alternativa plausible para completar los vacíos que el modelo neoliberal chileno tiene respecto a protección y a inclusión social, en su sentido más mínimo respecto a derechos básicos. Paradójicamente, es una deuda de los hogares para pagar otra deuda, la del Estado con sus ciudadanos. Luego, el componente normativo de inclusión al que apuntan los programas públicos no siempre resulta evidente (Cubillos-Almendra, 2017). En el caso del binomio inclusión-educación financiera, apunta a la instrumentalización y normalización del criterio que ha usado el Estado para resolver los problemas sociales: más mercado y soluciones individuales, menos sociedad y soluciones estructurales. Primero, los entes reguladores disminuyen su capacidad de agencia en tanto capacidad de intervenir en la asimétrica relación entre deudores y prestamistas. Luego, encontramos la verdad incómoda que resulta ajena a las políticas de educación financiera: ¿debería estar funcionando algo mal si el crédito es el gran protagonista económico de los hogares chilenos? ¿Por qué todo lo relacionado con la producción y reproducción de la vida debería pasar por diversos dispositivos del capitalismo financiero?
Conclusión
La financiarización de la vida cotidiana ha tenido implicaciones en la forma en que se entiende la economía en los hogares. El despliegue de la educación financiera resuena como intento desde la tecnocracia neoliberal de presentar un modelo abstracto que sirva para todo tipo de problemas y que se presente a sí mismo como único y excluyente. Sin embargo, las mismas familias logran identificar las incongruencias entre la propuesta supuestamente aséptica de la economía “al alcance de todos” y de sus propias experiencias de décadas de vivir lidiando con la financiarización del consumo, pensiones, salud, educación y casi todo lo que ocurre e importa en un hogar. Algunos problemas se relacionan con la falta de representatividad de las familias representadas en los ejemplos de educación financiera, que emplean ejemplos mediante el uso de un proxy de la familia de ingresos medios, no las familias con reales ingresos medios y bajos, por lo que la asequibilidad al crédito es sustancialmente diferente. Otros problemas están relacionados con la falta de información contextualizada en educación financiera con respecto a las diferentes prácticas de las familias, con una pobre coincidencia con las experiencias empíricas reales de las personas. Las bases comunes de los programas de educación financiera en Chile, en tanto marcos psicológicos y económicos, están destinadas a corregir el comportamiento financiero de las personas, a reforzar la normatividad de la inclusión financiera o bancarización, como medio para una inclusión social más amplia, en lo que sugiero llamar inclusión “social-financiera”.
En particular, en el caso de la deuda, los hogares la han asumido como un “mal necesario” y tienen múltiples motivaciones, expectativas y prácticas en torno a ella, aunque el telón de fondo común es un Estado y un modelo socioeconómico que no provee ni las seguridades sociales ni los ingresos en el mundo del trabajo para hacer posible una vida medianamente digna y acorde con las expectativas que el mismo Estado y el modelo se orientan a promover. La perspectiva de la educación financiera sobre el crédito, entonces, se constituye como una educación para la deuda, en términos operativos, pero también en términos morales, ya que excluye una perspectiva crítica respecto a la situación estructural que origina la necesidad de la deuda y el gran peso que ésta tiene en los rendimientos financieros de las organizaciones acreedoras (banca y comercio), y más bien, se orienta a allanar el camino a contraer deuda de la manera “adecuada” y “saludable”, y así evitar que cada individuo se transforme en un “consumidor fallido”, ya sea porque no logra incluirse social y financieramente, y apalancar recursos para el consumo y bienestar, o porque estando incluido, falla individualmente, y queda excluido del sistema crediticio.
En el contexto del particular modelo neoliberal avanzado de la sociedad chilena, con un gran componente de capitalismo financiarizado y una estructura tremendamente desigual, la expansión del crédito ha sido manufacturada como una inclusión social-financiera, cuya estrategia más avanzada y orientada a lo subjetivo son las acciones y estrategias de educación financiera implantadas por el Estado y el mercado, que pueden ser traducidas como una educación para la deuda, y para disciplina y responsabilidad individuales, propias de la gubermentalidad neoliberal.
¿Tiene otro sentido la educación financiera? En algunos casos, es aprender a usar una tarjeta de crédito; en otros, saber usar el crédito para armar un pequeño negocio; en medio está el manejo de presupuesto familiar. Hay dos puntos clave: sirve mucho más cuando las acciones se consideran distintos públicos específicos (no sólo una familia “promedio”). Esto incluye partir en el sistema escolar. El segundo punto es mucho más importante: la educación financiera no sólo puede ser “aprender a tener un endeudamiento saludable”, sino que debe orientarse a comprender cómo funcionan las economías en su totalidad e incorporar la acción de los actores estructurales, como quiénes son los oferentes del crédito y la responsabilidad social que deberían asumir, o incluso más allá, cuestionarse si es “normal” que una sociedad funcione a base de deuda.
En el contexto de la pandemia que afecta al mundo desde 2020, y en particular el estallido social que ha instalado una perspectiva más crítica en la población chilena desde fines de 2019, el choque entre la vida económica real y la de los modelos de usuarios racionales funcionando en mercados perfectos es aún más patente. Las tardías e ineficaces ayudas que ha ofrecido el Estado chileno en términos de reproducción material de la vida —lo que implica que sea imposible que la mayoría de las familias se quede en casa y no trabaje— han llevado finalmente al reconocimiento por parte de las élites políticas y económicas de que “no conocen” el país que habitan y menos las características socioeconómicas de la gente a quien gobiernan. No obstante, la deuda y el crédito siguen siendo el formato preferido para sustentar una política de protección social ante la emergencia, antes que la entrega directa de recursos. Se hace necesario, entonces, seguir con atención estos nuevos escenarios y qué implicaciones tendrán para estas nuevas formas de implantar la inclusión “social-financiera” en Chile.
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Recibido: 6 de enero de 2020
Aceptado: 7 de enero de 2021
