Petroleum in Tabasco: Proposal for a periodization
Ángela Viviana Rabelo Avalos*, Dora Elia Ramos Muñoz**, Miguel Ángel Díaz Perera*** y María Azahara Mesa Jurado****
*Licenciada en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Becaria de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur). Temas de especialización: historia del petróleo, historia regional. Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, Barrio María Auxiliadora, 29290, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
**Doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por Ecosur. Ecosur, Departamento de Sociedad y Cultura. Temas de especialización: desarrollo regional, trabajo femenil y cambio tecnológico.
***Doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán. Ecosur Unidad Villahermosa. Temas de especialización: historia ambiental, geografía histórica e historia de la ciencia. Carretera a Reforma km. 15.5 s/n Ra. Guineo, 2a. Sección, Centro, 86280, Tabasco, México.
****Doctora ingeniera agrónoma por la Universidad de Córdoba (España). Ecosur Unidad Villahermosa. Temas de especialización: gestión de los recursos naturales con especial atención al agua, economía ecológica y ambiental, percepción social de los servicios ecosistémicos, resiliencia de sistemas socio-ecológicos, políticas públicas y procesos participativos para la toma de decisiones en un contexto de cambio global.
Se agradece el financiamiento de Conacyt-FORDECyT: 273646, coordinado por el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, A.C., y la Academia de Finlandia: 1317319.
Resumen: A través del análisis de los discursos sobre la explotación de hidrocarburos en 67 informes de gobernadores de Tabasco —de 1950 a 2008—, se compararon las políticas estatales y los precios internacionales. Se concluye con una propuesta de periodización en cuatro etapas: “el despegue” (1950-1973); “el boom” (1974-1985); “el declive” (1986-1999) y “la repetrolización” (2000-2008). Entre los hallazgos relevantes está la inexistente mención de asuntos negativos en los años de altos precios y su alusión negativa en los momentos de negociación de partidas federales durante el declive de la producción de hidrocarburos.
Palabras clave: hidrocarburos, informes de gobierno, geografía, extractivismo.
Abstract: This article analyzes the discourse on the extraction of hydrocarbons, as presented in 67 annual reports by governors of the state of Tabasco from 1950 to 2008, comparing the evolution of state-level oil policies and international prices. Based on this analysis, the article proposes a four-stage periodization: “the takeoff” (1950-1973), “boom” (1974-1985), “decline” (1986-1999) and “new petrolization” (2000-2008). One interesting finding is that negative issues are not mentioned when oil prices are high, but they are often aluded to when governors are negotiating federal economic transfers in the years when oil production is declining.
Keywords: hydrocarbons, government reports, geography, extractivism.
Durante el siglo XX en México, el petróleo pautó las políticas públicas nacionales con la conformación de Petróleos Mexicanos (Pemex). Para Tabasco, se han publicado diferentes análisis académicos generalmente a partir de fuentes secundarias, con entrevistas, encuestas, o a partir de datos económicos y demográficos para explicar cómo esta industria incidió en las condiciones de vida (Pinkus Rendón y Contreras Sánchez, 2012; Tudela, 1989), migraciones (Lezama, 1987), infraestructura (Zepeda Ortega et al., 2017), gobernabilidad (Curzio Gutiérrez, 1995), o en la región en general (Uribe Iniesta, 2016). Las fuentes documentales directas han sido poco revisadas y prácticamente ningún análisis hizo uso intensivo de archivos de la industria, sindicatos u organizaciones sociales.
Una severa omisión es la insuficiente consulta de documentos primordiales, como los informes de gobierno. Nuestra propuesta utiliza esta información oficial como punto de partida para identificar cambios y permanencias en las políticas públicas. Se distinguen varios periodos (cuadro 1), en los que es constante un discurso y se presenta una comprensión de cómo se configuró la geografía petrolera de Tabasco a partir del imperfecto prisma de la política estatal (Ortiz Ortiz, 2016; Uribe Iniesta, 2016). Es así como este artículo inicia con una descripción de los yacimientos en 1950, para seguir con un análisis de los informes y, finalmente, la propuesta de periodización con la precaución y conciencia de la parcialidad que implica la información considerada.
Una de las primeras referencias del petróleo en Tabasco data de 1900, cuando se menciona su hallazgo en “los terrenos del ex gobernador Simón Sarlat” (Ortiz Ortiz, 2016: 96). No obstante, la extracción a gran escala comenzó a finales de la década de los años sesenta, después del descubrimiento de importantes yacimientos en Campeche y Tabasco en el marco de la expansión tecnológica de Pemex (Novelo, 1991; Priego Hernández, 2013: 17) y los conflictos geoestratégicos internacionales. Todo eso facilitó que México se convirtiera, efímeramente, en uno de los mayores exportadores a nivel mundial en un contexto de precios favorables. En este panorama de oportunidades, que se dio entre 1960 y 1980, se experimentó un crecimiento poblacional significativo en Tabasco (Lezama, 1987; CEPAL, 1983), sobre todo en las ciudades que fungieron como polo de atracción para la emigración intermunicipal e interregional (Tudela, 1989: 267-279), entre ellas, la capital tabasqueña, y se detonó un importante aumento en el índice de precios al consumidor y de la tierra (Toledo, 1983: 102-132).
Fue en el lustro de 1975 a 1980 cuando se reportaron las mayores extracciones en Tabasco, pasando de 0.5 millones de barriles al día hasta alcanzar más de un millón (Ocampo Téllez, 2015: 273). En 1976, la aprobación de un anexo a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 permitió ocupar sin dilación la tierra que Pemex consideró importante, iniciando una indiscriminada adquisición y apertura de pozos (Tirado, 1979: 34). A la par, José Luis Lezama (1987) documentó la existencia de una diferenciación laboral: los empleos con bajas remuneraciones eran para los nacidos en Tabasco; en cambio, los mejores se destinaban a los recién llegados, profesionistas, técnicos y con experiencia de trashumancia previa. Esto originó que los precios de casas, terrenos, servicios y alimentos aumentaran, sin acompañamiento de inversiones locales (CEPAL, 1983).
Para 1977, en Tabasco, principalmente Comalcalco producía el 70% de crudo a nivel nacional y el 42% de gas. En 1980, el alza del precio de crudo llevó “a representar el 72% de las ventas totales, 76% en 1981 y 82% en 1982. En esos mismos años, los impuestos petroleros representaron 25%, 26% y 44% de los ingresos ordinarios del gobierno federal” (Colmenares, 2008: 57), lo cual trajo efectos perturbadores a las políticas en marcha. Unas décadas antes, el presidente Manuel Ávila Camacho (1941-1946) había visto en “las tierras de la costa” la gran oportunidad para producción y abasto de alimentos (Martínez Assad, 2006: 249), deforestando grandes extensiones de selvas para extender la frontera agropecuaria (Tudela, 1989: 91-102). Pero para 1980 las grandes inversiones que implicarían la transformación del campo se pararon con la llegada de la industria petrolera (Tudela, 1989; Uribe Iniesta, 2016). Para situaciones parecidas, Douglas Rogers (2015) y Lisa Breglia (2013), en Venezuela, Nigeria y Campeche, concuerdan: el mundo moderno y de opulencia que suponía el petróleo desde 1970 era incompatible con las actividades agropecuarias y pesqueras.
En 1985 el declive en la producción petrolera de Tabasco fue evidente, aunque se consolidó la extracción en aguas someras; ya desde 1976 Campeche (mejor dicho, el pozo Cantarell) ocupaba el primer lugar de extracción. Las voces que exigían la diversificación productiva del estado se hicieron oír en la esfera política y académica (Wionczek, 1983), a la par del surgimiento de crecientes conflictos sociales (Pinkus Rendón y Contreras Sánchez, 2012) y la expansión de la (mal) llamada industria de la reclamación (Hanson, 2002). Desde este momento, aunque la producción petrolera tabasqueña no era la esperada, mantuvo importancia regional gracias a los precios internacionales, que en buena manera fueron resultado de diversas coyunturas geopolíticas (Puyana Mutis, 2017), como se verá más adelante.
Características de los documentos y análisis
En México se requieren informes de gobierno estatales por la postura de rendimiento de cuentas en la Constitución de 1917 y la Ley sobre Planeación General de la República de 1930. Sin embargo, los documentos no son homogéneos en estructura y en algunos casos (como el del sexenio del gobernador Manuel R. Mora) tampoco cumplen la periodicidad anual. En este sentido, han representado más una “oportunidad para la publicidad política de los gobernadores que […] un acto para someterse al escrutinio público y legislativo” (Ugalde, 2002: 13). No obstante, dada la intencionalidad que exhiben tanto el discurso político del momento como los vaivenes de la lógica gubernamental en torno a los asuntos del petróleo, se realizó un análisis de contenido basado en la definición de Philipp Mayring: “[…] como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio” (Cáceres, 2003: 56; Mayring, 2000: 1). El procedimiento abordado se realizó siguiendo sus fundamentos divididos en seis pasos: primero, la selección de un modelo de comunicación; segundo, un pre-análisis; tercero, la definición de unidades de análisis; cuarto, la elaboración de reglas de análisis; quinto, la elaboración de códigos; sexto, la definición de categorías; concluyendo con una síntesis final de la información obtenida (Mayring, 2000).
Para ello, los informes de 1950 a 2008 se digitalizaron; posteriormente se aplicó un proceso de reconocimiento OCR para hacer búsquedas digitales a partir de palabras clave determinadas (exploración, explotación, educación superior, ductos, infraestructura), a la manera de una codificación a partir de la teoría fundamentada (Monge Acuña, 2015). Posteriormente se hicieron una clasificación y una síntesis que mostraron la repetición de tales conceptos, conexiones, relaciones y omisiones en determinado momento, para apreciar cómo marcaron los periodos de gobierno. A partir de estas reglas de análisis, en las que se observaron los datos empíricos como conceptualizaciones, se ordenaron los resultados en una línea de tiempo a la par de los precios internacionales del petróleo y los periodos de gobierno. Paralelamente, se utilizaron fuentes secundarias1 (bibliográficas) para complementar o contrastar la información, y con ello llegar a la periodización propuesta, que marca una lógica entre las expectativas de ganancia y el reconocimiento u omisión de los conflictos sociales como estrategia política.
Los precios y los límites temporales
Para integrar la información, se utilizaron como referente comparativo los precios internacionales (gráfica 1) y la producción de hidrocarburos, lo cual nos llevó a hacer la siguiente clasificación temporal:
- “El despegue” (1950-1973): muestra el paisaje de los primeros años de exploración y producción en Tabasco, y terminó en el año en que los precios alcanzaron los 49.832 dólares por barril.
- “El boom” (1974-1985): en esta etapa los precios ascendieron de los 49.83 dólares a los 54.02 dólares por barril, resultado de los conflictos árabes-israelíes y los efectos de las decisiones tomadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), coincidiendo con el alcance del máximo de la producción tabasqueña.
- “El declive” (1986-1999): los precios disminuyeron casi 50% con respecto al año anterior (1985) y se inició el declive de la producción tabasqueña.
- “La repetrolización” (2000-2008): los precios ascendieron, aunque con menor producción; ésta era abundante en el cercano Campeche. En el último año el precio por barril llegó a 94.1 dólares, antes de la crisis mundial de 2009 y una nueva baja.
El marco temporal se estableció a razón de la implantación de políticas de alto impacto en la región, inicialmente promovidas por el presidente de la república, Miguel Alemán Valdés (1946-1952), en el contexto del llamado “desarrollo estabilizador” o “milagro mexicano” y el impulso a la conectividad terrestre entre la planicie inundable de Tabasco con el resto del país (Díaz Perera, 2016: 241-256; Tudela, 1989: 128-136). Dos ejemplos son la Comisión del Grijalva en 1951 y el Ferrocarril del Sureste en 1952. Estos proyectos, aunados al inesperado auge petrolero, se tradujeron en una profunda transformación de este paisaje rural y urbano. Se podrían asumir como los años de la fundación del Tabasco moderno. El cierre del marco temporal analizado concluyó en 2008, correspondiendo al año de mayor producción petrolera en México y a los más altos precios, el declive en la producción del pozo de Cantarell y el propósito gubernamental de Tabasco de promover fuentes alternativas de ingresos, a través de incentivos al campo, la agroindustria y el turismo.
El despegue: 1950-1973
Para 1950, con la coyuntura favorable de un sureño en la presidencia de la república, comenzaron a realizarse los trabajos exploratorios petroleros. De hecho, la federación destinó recursos a obras que los favorecerían: creación de caminos, puentes y pavimentación en lugares donde Pemex tenía intereses. En ese momento, a criterio del gobernador Carlos A. Madrazo, todavía “la actividad petrolera no representaba para Tabasco un renglón importante de su economía” (Tabasco a través de sus gobernantes 1959-61 (volumen 9), 1988: 26), aunque ya se vislumbraba como el mayor componente de recursos federales. Pemex comenzó a transformar el paisaje y el asfalto empezó a sustituir al agua como vía de transporte (Díaz Perera, 2016).
La importancia de Tabasco giraba en torno a la extracción de hidrocarburos y no a su procesamiento (Ocampo Téllez, 2015; Tudela, 1989) bajo la hipótesis de que en automático crecería la economía, no obstante, los precios por barril se encontraban en 1.20 dólares. Aun así, en 1964 el gobernador Carlos A. Madrazo reclamó mayores aportaciones a la federación, revelando que recibir localmente sólo 3% de cada peso de petróleo extraído era “a todas luces insuficiente para cubrir las obligaciones de la administración pública y acelerar el desarrollo económico y social de la entidad” (Tabasco a través de sus gobernantes 1963-64 (volumen 10), 1988: 148). El estado empezó a alimentarse de los ingresos obtenidos por rentas, de lo que autores como Alicia Puyana Mutis (2017) consideran ganancias de productos no transables, bienes que sólo pueden ser usados o consumidos dentro de la economía donde han sido producidos. En estos años aparecen en los informes recurrentes menciones sobre los lugares donde existía explotación y transformación de la geografía.
Para la década de los años setenta se comienza a mencionar un cambio negativo. Mario Trujillo (1971-1976) observó:
[…] un factor que adquiere mayor relevancia en los setentas es la actividad petrolera, misma que habría de cambiar radicalmente las estructuras socioeconómicas de la entidad. En el primer tercio de la década, se descubren grandes yacimientos de petróleo en tierra tabasqueña iniciándose así, una acelerada actividad de perforación y explotación de hidrocarburos causando graves daños a la ecología de la región (Tabasco a través de sus gobernantes 1971-76 (volumen 12), 1988: 12).
Después son inexistentes otras expresiones críticas o referencias a las movilizaciones sociales ante los impactos del petróleo, que según varios autores ya se habían manifestado (Velázquez Guzmán, 1982; Tirado, 1979). Mas sí se menciona el incremento de los precios del petróleo de 13.38 en 1973 a 49.83 dólares en 1974; es decir, el creciente conflicto socioambiental quedó invisibilizado por las esperadas bondades financieras. La gráfica 2 permite visualizar el espectacular crecimiento de la producción petrolera en Tabasco para el periodo mencionado.
El “boom”: 1974-1985
Durante los siguientes años, Tabasco experimentó una serie de importantes transformaciones en sus condiciones socioeconómicas. Los tres gobernadores del periodo vivieron el auge en la producción del petróleo en sus altos precios (gráfica 1), Mario Trujillo lo destacó en 1974: “[…] además de ser la primera Entidad productora de hidrocarburos, contamos con posiciones sólidas en la generación de alimentos de origen agropecuario, en la actividad pesquera y en la industrialización de nuestras materias primas” (Tabasco a través de sus gobernantes 1971-76 (volumen 12), 1988: 274).
Se registran menciones constantes de la apertura de nuevos pozos, la construcción y reparación de caminos y puentes. No obstante, los nuevos yacimientos expandieron la demanda de productos y servicios poco vinculados localmente, por lo que se inició una búsqueda para incidir en la demanda de los bienes locales (ganado, pesca, plátano, cacao). Se construyeron caminos, pero estaban poco articulados con las necesidades de comunicación local y la paraestatal Pemex privilegió al personal foráneo frente al local (Lezama, 1987). La espectacular transformación en la infraestructura y la emigración boyante llevaron a un alza en la inflación que resintieron sobre todo los pobladores que no estaban involucrados con la industria petrolera (Ortiz Ortiz, 2016), tal como lo registró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (1983). El gobierno estatal, en el afán de contrarrestar esta situación, aplicó un subsidio para incentivar la industrialización de productos locales.
La prosperidad se evidenciaba a través de los ingresos brutos obtenidos en las arcas de la entidad. Como ejemplo, en el periodo de Manuel R.
Mora (1965-1970) se cierra el ejercicio con un ingreso estatal bruto de 74 000 000 pesos, ascendiendo en 1971 a 124 000 000 pesos, hasta llegar en 1976 a 540 000 000 pesos, lo que supone un añadido de 739% (Díaz Perera, 2009: 140). Las nuevas perforaciones incrementaron la producción y la renta petrolera tomó una posición hegemónica como motor económico del gobierno estatal. Este aumento mostró la facilidad que existió para que el gobierno del estado incurriera en un alto gasto corriente, algo imposible de mantener en el mediano plazo sin distorsionar la producción en sectores a los que brindó subsidios de corto plazo.
En ese periodo, los informes mencionaron que el petróleo en algún momento “[ya no sería] el bien abundante que es ahora”, por lo que debía aprovecharse entonces (Tabasco a través de sus gobernantes 1977-82 (volumen 13), 1988: 61). Se advirtió que la infraestructura de casas, calles y servicios públicos estaba siendo rebasada por la demanda, por lo que Pemex inició la construcción de casas para sus trabajadores (CEPAL, 1983; Tirado, 1979; Toledo, 1983), y al aumentar las extracciones, lo hicieron también las aportaciones por parte de la federación, bonanza que explica la increíble obra pública que promovió el gobernador Leandro Rovirosa Wade a partir de 1977: “[…] las aportaciones que corresponden al estado por concepto del impuesto del petróleo exportado, que en el año de 1977 fueron de 674 millones 120 mil pesos y al 31 de diciembre de 1978 ascenderán a 1,266 millones 100 mil pesos” (Tabasco a través de sus gobernantes 1977-82 (volumen 13), 1988: 75).
Durante el sexenio de Rovirosa Wade, uno de sus mayores retos fue remar a contracorriente ante el incremento inflacionario y demográfico a raíz de la intensificación de la explotación petrolera. Su gobierno coincidió cinco años con el del presidente José López Portillo, quien consideró la súbita superabundancia de petróleo y su industria como la solución a los problemas estructurales de México (Wionczek, 1983). En este contexto, en 1979 se inició la construcción del Puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, con vistas a volverse de primera importancia en América Latina (Tabasco a través de sus gobernantes 1977-82 (volumen 13), 1988: 260). También se impulsó la creación del Complejo Petroquímico de Lombarda. Estas grandes inversiones fueron en contra de los intereses del sector pesquero en la laguna de Mecoacán o del puerto de Frontera en el municipio de Centla, pero se apostaba a que este tipo de infraestructura ayudaría al desarrollo material de la región, aunque de facto Dos Bocas fue para uso exclusivo de Pemex hasta el año 2000 (Hernández Franyuti, 2016: 241).
Así, los ingresos estatales de nuevo florecieron. Si entre 1959 y 1976 había existido un ascenso presupuestal de 739%, lo mejor llegó entre 1976 a 1982: en términos brutos, los recursos se incrementaron 425%. De los 24 000 000 pesos recibidos por Carlos A. Madrazo, Leandro Rovirosa cerró con 23 036 000 000 pesos (un vertiginoso incremento de 95 983% en 24 años). Esto permitió de nuevo presumir exuberancia. El crecimiento fue principalmente en materia urbana. Durante este gobierno se promovieron la Ley de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Asentamientos Humanos, el proyecto urbano “Tabasco 2000” y una ambiciosa red de caminos (Díaz, 2009: 166).
En el caso de la mejora de las capacidades locales, no fue hasta el año de 1980 cuando se informó de la apertura de carreras universitarias afines a la industria petrolera (Tabasco a través de sus gobernantes 1977-82 (volumen 13), 1988: 214), aunque ya existían en Cunduacán y Villahermosa los dos Centros de Entrenamiento para el Trabajo para la preparación de los tabasqueños como técnicos en electromecánica, químico en alimentos, construcción, exploración petrolera, explotación petroquímica y soldadura industrial (1988: 192). Este énfasis en la educación superior desde Mario Trujillo también se tradujo en la tradición de leer el informe de gobierno en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Díaz, 2009: 144).
No obstante, los efectos no deseados por la extracción de petróleo se evidenciaban por una parte de la población tabasqueña que reclamaba a Pemex los daños ocasionados. Por ello, en 1977 se creó una instancia decisiva: “la Oficina de Reclamaciones que Petróleos Mexicanos ha instalado en Villahermosa” (Tabasco a través de sus gobernantes 1977-82 (volumen 13), 1988: 44). Así, los pobladores no involucrados directamente en la industria petrolera tuvieron un espacio formal para presentar sus reclamaciones. Pocos años después, en 1982, en uno de los informes se menciona que habían iniciado esfuerzos para paliar los efectos ambientales:
Desde 1977 constituimos, junto con Pemex, las Secretarías de Patrimonio y Fomento Industrial, Reforma Agraria, Asentamientos Humanos y Obras Públicas, así como de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Comisión Dictaminadora de Reclamaciones en el estado de Tabasco, que ha recibido las quejas de los campesinos. En total se han atendido 198 reclamaciones y se ha pagado un total de 24 millones de pesos para resarcir perjuicios ocasionados por la empresa Petróleos Mexicanos (Tabasco a través de sus gobernantes 1977-82 (volumen 13), 1988: 312).
Las reclamaciones habían comenzado principalmente por parte del sector campesino e indígena. Para 1984, se optó por crear una oficina estatal como intermediaria entre Pemex y la población, sustituyendo la Oficina de la Comisión Dictaminadora de Reclamaciones por la Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras del Estado de Tabasco (Codezpet); el gobernador Enrique González Pedrero firmó el acuerdo: “[…] establecida en el mes de mayo, a consecuencia de una iniciativa del señor Presidente de la Madrid” (Tabasco a través de sus gobernantes 1983-87 (volumen 14); 1988: 8). El nuevo nombre hizo parecer que se pasó de la reclamación al desarrollo.
La industria de hidrocarburos era el motor económico del gobierno estatal y éste palió sus efectos no gratos y asumió el rol de transferir subsidios. Ello debilitó su atención a la productividad en los sectores primarios, al tiempo que se deterioraban los términos del intercambio de esos productos y se contraía el empleo, siguiendo un patrón económico conocido como Enfermedad Holandesa (Davis, 1995). Esta situación coincidió con la bajada paulatina del precio del petróleo y la apertura de nuevas y exitosas exploraciones en las aguas someras de Campeche (gráfica 2).
Pese a la situación que se vivía, el gobernador Enrique González Pedrero enunció en su informe:
Por contener una parte importante de la riqueza petrolera nacional, Tabasco fue atraído de inmediato por la dinámica de expansión que el breve periodo de auge impulsó en el país, de modo que su esquema de crecimiento quedó sustentado, esencialmente, en los trabajos relativos a la extracción de hidrocarburos y demás actividades relacionadas con esa industria […]. Al desplomarse los precios internacionales del petróleo y, en consecuencia, al retraerse el ritmo de la producción, el esquema sostenido hasta entonces perdió bruscamente su aparente viabilidad […] (Tabasco a través de sus gobernantes 1983-87 (volumen 14), 1988: 33).
Súbitamente, los precios del petróleo cayeron y Tabasco sintió sus desequilibrios productivos y los pocos productos transables que tenía. Para 1982, coexistían en Tabasco una aparente modernidad urbana junto con una precaria y dispersa población rural; paradójicamente, también registraba el mayor ingreso per cápita del país, pero ocupaba el lugar número 27, de 30, en los indicadores del desarrollo social, según la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) (Tabasco a través de sus gobernantes 1983-87 (volumen 14), 1988: 336).
La post-extracción: de 1986 a 2004
Para estos años, los gobernadores en turno padecieron en sus respectivas administraciones la caída de los precios del petróleo —en 1986 pasaron de 54.04 a 26.06 por barril (gráfica 1)—, y la producción de hidrocarburos en Tabasco no volvería a alcanzar el nivel previo (gráfica 2). A partir de este momento, los informes comenzaron a evidenciar las problemáticas, lo que concuerda con lo expuesto por otros autores (Tudela, 1992; Uribe Iniesta, 2016). Con todo y la caída de los precios internacionales, el presupuesto de Tabasco pasó de 36 261 000 000 pesos en 1983 a 884 252 000 000 pesos en 1987, un añadido de 2430% que, en suma de 30 años, desde Carlos A. Madrazo en 1958, fue una adición de 3 660 000% (Díaz, 2009: 184).
Sin embargo, otro efecto de la actividad petrolera se hace patente en los informes. Por ejemplo, en el caso del derrame del pozo Luna 11 se detalló:
[…] el descontrol del pozo Luna 11 lo fue sólo en cuanto a la extracción del petróleo, pero no por lo que se refiere a la atención inmediata de los tabasqueños asentados en los alrededores, ni a la protección de su patrimonio familiar o a las indemnizaciones por los daños correspondientes. Petróleos Mexicanos pagó por este concepto, 39 millones 141 mil pesos. Además, se ha delimitado el área que requiere un lapso mayor de análisis para determinar los efectos en la productividad de la zona y definir, en consecuencia, los trabajos de restauración ecológica que habrá que realizar (Tabasco a través de sus gobernantes 1983-87 (volumen 14), 1988: 9).
Si bien la cita muestra las dimensiones del impacto ambiental, es un ejemplo de cómo el dinero compensó, aparentemente, el evento. Los informes se referían a la necesidad de nuevas opciones productivas, probablemente ante los bajos precios del petróleo y la baja en la producción. En 1987, Enrique González Pedrero apuntó: “[…] reconocimos que, más allá del petróleo, el nuestro no es un estado con perspectivas industriales en el mediano plazo, pero tiene un potencial agroindustrial poco explorado que contribuiría, además, a moderar nuestros desequilibrios económicos” (Tabasco a través de sus gobernantes 1983-87 (volumen 14), 1988: 328).
Así, se retomaron las actividades del campo para diversificar la economía y se reconocieron y evidenciaron las huellas del petróleo en la sociedad tabasqueña. Para los años siguientes, se espaciaron considerablemente las menciones sobre Pemex, pues entre 1988 y 1989 tuvo lugar una grave crisis política estatal. Cuando tomó el poder Salvador J. Neme Castillo (1942-1995), la sombra de fraude electoral corría por los hogares tabasqueños. El candidato opositor fue Andrés Manuel López Obrador (1953) por el Frente Democrático Nacional, quien emprendió el Éxodo por la Democracia, una caravana al Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y tomó el Zócalo, hasta que renunció Neme Castillo en enero de 1992. Su sustituto, Manuel Gurría Ordóñez, encontró un difícil panorama ante la derogación del Anexo 2 del Convenio de Coordinación Fiscal, que en años anteriores había dejado importantes ingresos federales al estado (Martínez Assad, 2006: 268-269) y una deuda pública financiada que ascendía a poco menos del 20% del ingreso total de 1991.
Sin embargo, en 1990 se reveló una nueva colaboración entre Pemex y el gobierno del estado de Tabasco. Como evidencia, en 1992 se estableció en Villahermosa la oficina de Pemex Exploración y Producción (PEP), que llegó a Tabasco para apoyar la extracción de Cantarell en las aguas someras campechanas. Ahora el número de empleos se registró en los informes: “[…] del total del personal empleado por PEP en la región sur (14 mil 225), el 51% de éstos se ubican en el estado de Tabasco” (Madrazo Pintado, 1995: 61). Cantarell siguió entonces un patrón internacional que autores como Hannah Appel, Arthur Mason y Michael Watts (2015), así como Diane Austin et al. (2008), describen como extracción de hidrocarburos desterritorializada, en enclaves o plataformas donde no se necesitaba, aparentemente, rendir cuentas ambientales ni sociales a vecinos o a los pobladores de los territorios donde se llevaba a cabo.
Con esta nueva colaboración, en el periodo de Manuel Gurría Ordóñez aparecen de nuevo las labores de construcción en infraestructura. Por ejemplo: “[…] el acondicionamiento de la Pirámide de Tabasco, edificio inaugurado el 19 de julio del presente año, y el convenio firmado el 4 de octubre con las autoridades de Petróleos Mexicanos, mediante el cual se promueve la dotación de vivienda para el personal” (Gurría Ordóñez, 1994: 76). La agenda de dicha empresa volvía a formar parte del discurso de gobierno. En el tema presupuestario, hubo de nuevo incrementos; González Pedrero cerró 1987 con 884 252 000 000 pesos y para 1991 ascendió en términos brutos a poco más de 200%, un total de 1 816 767 800 000 pesos, y para 1994 creció 336%, es decir, 2 973 404 117 000.3 De esta suerte, tanto Neme Castillo como Gurría Ordóñez todavía lograron tener parte de la bonanza vista en los sexenios anteriores, a pesar de la crisis política (Díaz Perera, 2009: 214-218).
El siguiente gobernador, Roberto Madrazo Pintado, inició su mandato con un clima de desconfianza. El aspirante contrario, de nuevo López Obrador, inició una resistencia civil y una nueva marcha al Distrito Federal. La conflictividad política era evidente. No obstante, hubo espacio para pensar en la diversificación: “[…] reconversión y diversificación de nuestro campo; el impulso a una nueva política de industrialización a partir de la agroindustria, el petróleo y la maquila; y la consolidación del comercio, el turismo y los servicios de primer nivel en la entidad” (Madrazo Pintado, 1996: 5).
Paralelamente al impulso agropecuario, en 1996 se registran menciones respecto al impulso de la petroquímica:
[…] la biotecnología, la industria de la transformación, la generación de cadenas productivas relacionadas con la petroquímica secundaria y especialmente, para el desarrollo de los servicios al posibilitar la inversión privada en actividades relacionadas con el tratamiento de los desechos industriales y establecer ahora industrias para el procesamiento del crudo y del gas que se obtiene del subsuelo tabasqueño (Madrazo Pintado, 1996: 51).
Así, los informes revelan, de nuevo, la intención de buscar un futuro más allá de la extracción, y aspirar a fortalecer un proceso de transformación en el marco de una volatilidad de precios: el barril pasó de 27.74 dólares en 1997 a 16.04 dólares en 1998.
La situación se repetía: Tabasco vio disminuidas las aportaciones federales, lo que ocasionó un desequilibrio en la economía y generó caos por recortes presupuestales. Entonces el discurso crítico contra la industria petrolera fue más evidente: “El gran dinamismo de la industria petrolera ha limitado el desarrollo de otro tipo de industrias al utilizar la mano de obra y subordinar los servicios existentes en el estado y aunque en apariencia existe una gran diversidad en el giro empresarial del estado, la mayor parte se relaciona con la rama alimenticia” (Madrazo Pintado, 1997b: 49). Por segunda vez en los informes, aparecen evidencias de los daños indirectos de los hidrocarburos. Si bien la disminución de la extracción redujo los efectos socioambientales, existía una contracción del empleo en los sectores locales (agricultura, pesca e industria) y una concentración del ingreso y la pobreza (Puyana Mutis, 2017: 79). La cita de Madrazo Pintado denota también poco aprecio a las actividades agrícolas, probablemente porque en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la agricultura no parecía prometedora.
Consciente de la desventura, Madrazo Pintado se aferró a la nueva relación con Pemex y creó la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (Cimades) para canalizar tales recursos a infraestructura en el contexto de nuevos incrementos en los ingresos generales del estado. Gurría Ordóñez cerró con 2 973 404 117 pesos y para 2000 aumentó a 14 023 444 592, es decir, un agregado bruto de 470% (Díaz Perera, 2009: 230). Esto, a pesar de los bajos precios a nivel internacional. Se siguió mencionando en los informes que el petróleo era la base para el crecimiento; por ejemplo, en 1999 se firmó el nuevo acuerdo entre Pemex y el gobierno del estado: “[…] en el contexto del programa estratégico ‛Construcción de un
Nuevo Marco de las Relaciones Tabasco-Pemex’ del Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000” (Madrazo Pintado, 1999: 95).
El objetivo fue solventar las enormes desigualdades de las que Coplamar había dado cuenta una década antes (Tabasco a través de sus gobernantes 1983-87 (volumen 14), 1988: 336). También se mencionaron más exigencias ambientales: “A la par con este nuevo acuerdo [mencionado en el párrafo anterior], también se pide a Pemex que se realicen trabajos de limpieza a las zonas que se han visto afectadas por los derrames de hidrocarburos” (Madrazo Pintado, 1999: 81). Asimismo, se habló de pasivos ambientales que Pemex debía cubrir:
[…] se promovió ante Pemex la ejecución de programas para la restauración de 20.5 hectáreas de suelos contaminados por derrames accidentales de hidrocarburos, con lo que se logró la disminución del pasivo ambiental, la reintegración de los terrenos a su vocación original y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normatividad en la materia (Andrade Díaz, 2002: 152).
Así que se exige un doble propósito en la relación con Pemex: incidir en el desarrollo social y mejorar las condiciones ambientales.
Aun cuando existen algunas menciones en la cantidad de crudo y gas que se extraía del subsuelo —“La actividad petrolera en Tabasco aporta diariamente a la producción nacional alrededor de 450 mil barriles de petróleo (crudo ligero) y 1 millón 111 mil pies cúbicos de gas natural” (Andrade Díaz, 2002: 151—, ya el gobernador evitó nombrar en relación con el porcentaje nacional de la producción de petróleo y de gas. Es interesante que en 2002, ante menor producción en Tabasco, se registraron en los informes mayores exigencias a Pemex.
A la par, la crisis política en Tabasco se mantuvo. Entre 1983 y 2006, hubo seis gobernadores, de los cuales, cuatro fueron interinos. Si en los años 1994-1997 se hablaba de videopolítica en el conflicto de López Obrador-Madrazo Pintado en Tabasco (Curzio Gutiérrez, 1995), el cenit fue la anulación de las elecciones de 2000 por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), uno de los peores conflictos vividos en la historia electoral de la entidad (Díaz Perera, 2009: 237; Sentencia, s/f; Serna de la Garza, 2001). El agitado devenir político estatal y las complejas condiciones económicas nacionales no ayudaron a construir la mencionada diversificación productiva.
Repetrolización: 2004-2008
Para inicios de 2004, se registran los precios internacionales del petróleo más altos hasta entonces, 41.09 dólares, y subirían hasta 94.1 dólares en 2008. En Tabasco había una demanda ciudadana establecida y clara sobre los pasivos ambientales que Pemex debía cubrir. Se firmó entonces “[…] el Acuerdo de Colaboración en materia de Protección Ambiental, donde PEP tiene como uno de sus principales objetivos el logro de acciones encaminadas a prevenir el derrame de hidrocarburos y así preservar el entorno; por lo que a la fecha ha sustituido 78 kilómetros de ductos, de un total de 221 programados” (Andrade Díaz, 2004: 207).
En los informes hubo un cambio en el tono para mencionar a Pemex; no más sobre infraestructura de expansión, sino para aminorar los daños ambientales. También se propusieron inversiones y aparecieron las universidades locales:
[…] se destinan recursos por más de 4 millones de pesos para la ejecución de estudios de monitoreo ambiental, análisis de cuerpos de agua, restauración de áreas, estudios y dictámenes técnicos de reclamaciones en segunda instancia. Destacan los trabajos de monitoreo de emanaciones atmosféricas, que se realizan en coordinación con la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTT), el Centro Procesador de Gas de Villa La Venta, Huimanguillo y el Centro Procesador de Gas de Ciudad Pemex, Macuspana (Andrade Díaz, 2004: 211-212).
De la misma forma, en un afán de descentralización, se establecieron en Tabasco dos organismos fundamentales: Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex Exploración y Producción (Lajous, 2014; Andrade Díaz, 2006: 369). En 2005 comenzaron a establecerse acuerdos con Pemex para la restauración de los suelos que se habían visto afectados por derrames (Lajous, 2014; Andrade Díaz, 2004: 205). Así, la importancia de la industria petrolera en Tabasco creció, en materia de empleo, educación y ambiental, de manera paralela con los precios internacionales. De pronto, se tornó importante contar con universidades y personal preparado para aspirar a estos trabajos, por lo que nuevas universidades diseñaron carreras ad hoc (Ingeniería en Geofísica, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería Petrolera, entre otras).
En 2006, el optimismo se dejaba ver en el informe, como lo reconoció en su último año como gobernador Andrade Díaz: “Villahermosa […] se afianzó como centro regional de negocios y servicios” (2006: 24). Al año siguiente, tomó posesión como gobernador Andrés Rafael Granier Melo. Por primera vez en dos décadas, no hubo conflicto o crisis electoral significativa.
Gracias a cambios regulatorios en Pemex, crecieron exponencialmente las empresas subcontratadas y muchas se asentaron en Tabasco, para brindar desde allí servicios para la boyante extracción de aguas someras en Campeche. Para entonces, la ciudad de Villahermosa contaba con los mejores servicios hospitalarios y comerciales del sureste de México. Fue así como la infraestructura urbana, de salud y conectividad (aérea y terrestre), así como los puertos de Frontera y Dos Bocas hicieron patente la importancia de Tabasco tanto a nivel nacional como internacional.
Para el año 2007, los precios del petróleo seguían al alza, alcanzando casi los 70 dólares por barril, lo que permitió una estabilidad económica. Ese mismo año, Tabasco tendría que enfrentarse a los efectos de una inundación de proporciones funestas. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la CEPAL, los daños y pérdidas derivados del desastre acontecido ascendieron a más de 3 100 000 000 de dólares, lo que representó 29.31% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal; el agua cubrió el 62% del estado (Díaz Perera, 2013, 2014; ONU y CEPAL, 2008: 3). Para rematar, en 2008 hubo daños de nuevo en la región de los Ríos y en 2009 en la Chontalpa. Así, para el periodo de 2007-2011 se acumularon daños y pérdidas por hasta 57 000 000 000 de pesos (CEPAL, 2012; Gama, Frías Márquez y Díaz Perera, 2017: 189). Por esta razón, el gobernador instituyó el Programa de Reconstrucción y Reactivación para Transformar Tabasco (PRET), como complemento del Plan de Desarrollo Estatal (Pled).
Aunque los precios del petróleo estaban por el cielo, la producción de Cantarell declinó rápidamente y Tabasco comenzó a buscar otras formas de ingreso, como nuevamente revivir el campo, la agroindustria y el turismo: “El reto es impulsar un nuevo modelo que permita equilibrar el desarrollo de las regiones de Tabasco, en congruencia con sus vocaciones productivas como la agroindustria, el uso intensivo y sustentable del agua, la industria del petróleo y gas, y el sector de las tecnologías de la información” (Granier Melo, 2007: 87).
En 2008, los precios del petróleo rompieron todos los récords, llegando a los 94.1 dólares por barril. En Tabasco comenzaron de nuevo las manifestaciones por las inconformidades que se venían presentando en contra de Pemex. Además, se realizaron movilizaciones contra la aparente intención de privatizar Pemex, impulsadas desde la presidencia derechista de Felipe Calderón Hinojosa.
Un ejemplo del nivel de los beneficios por el incremento tan acelerado del precio del petróleo fueron las aportaciones recibidas por la federación. En 2007-2008, el crecimiento fue de 24%, “[…] derivado del aumento de la recaudación federal participable, principalmente a raíz de los elevados niveles de cotización de los hidrocarburos en los mercados internacionales” (Granier Melo, 2008: 172). Lo anterior permitió al estado incurrir en un gasto corriente alto. Existían reclamaciones, pero ahora se percibían como anomalías en el contexto de una prosperidad incesante; a pesar de los efectos socioambientales y la caída en la extracción, los altos precios internacionales dieron buenos dividendos a los ingresos generales del estado.
Conclusiones
Esta revisión enfatiza la indiscutible importancia del petróleo en la historia reciente de Tabasco. Existió una lógica entre el discurso político y los beneficios de la explotación en el periodo de despegue, priorizando la inversión en infraestructura que transformó el paisaje y un gobierno estatal modesto y no dependiente de las aportaciones petroleras. Sin embargo, los grandes planes agrícolas, pecuarios y pesqueros localizados en Tabasco no lograron competir con los salarios que brindaba la industria de hidrocarburos; eso impulsó una creciente desigualdad y la inflación afectó más a los más pobres (Puyana Mutis, 2017: 79; Tudela, 1989: 281). Así, la recién introducida industria petrolera hizo retroceder a los sectores económicos locales, creando desigualdades; la mayoría de los empleos se centró en el ámbito petrolero; hubo cambios desde la industria alimenticia hasta la de infraestructura, y empezaron a notarse las migraciones a la capital de Tabasco, dejando el campo en abandono.
El “boom” fue sinónimo de modernización: carreteras, puertos, servicios e industrias. Era apremiante extraer petróleo con la mayor rapidez posible y se creía que las ganancias resolverían los problemas; el progreso y la prosperidad llegarían. Lo que realmente llegó fue la inflación, de manera que en Tabasco se dio lo que varios autores consideran la construcción social de la opulencia del territorio petrolero (Breglia, 2013; Rogers, 2015). Los subsidios distorsionaron las lógicas productivas locales, lo que derivó en un decrecimiento agrícola y pecuario. Paulatinamente, la función del gobierno estatal fue distribuir rentas, subsidios o beneficios de la actividad petrolera. Tabasco se encaminó a la monoproducción y en los informes aparecería después la diversificación.
El declive tabasqueño conjugó los bajos precios, la disminución estatal de producción y vaivenes políticos internos. Sin embargo, este análisis permite identificar cómo, ante este proceso, el gobierno y la movilización social construyeron capacidades de negociación, para establecer parte de la estructura administrativa de Pemex y acceder a apoyos para el desarrollo social. Entonces, el gobierno estatal empleó la idea de pasivo ambiental y social para obtener más recursos financieros. Dadas las circunstancias por las que empezaba a transitar la región del sur, en la post-extracción los daños causados por los derrames de hidrocarburos empiezan a ser evidentes, pero siempre de una manera sutil y sin dar detalles.
Las colaboraciones entre el estado y Pemex anunciaban una nueva prosperidad y una reactivación de la economía, incluyendo la activación del campo y las tierras tabasqueñas para el cultivo. Con todo, una ola de problemas sociales se vio reflejada; la limitante que generaba Pemex para que se desarrollaran otras industrias fue parte de las quejas que se mencionaron. De todos los nuevos acuerdos y colaboraciones que se mencionaron, no se obtuvieron grandes avances.
En la repetrolización se dieron de nuevo altos precios internacionales e intensa producción en las vecinas aguas someras, además de ajustes administrativos en Pemex (Lajous, 2014). Tabasco se reconfiguró para proporcionar servicios asociados a la sonda de Campeche y la petroquímica del sur de Veracruz (Uribe Iniesta, 2016). Apareció en los informes la apertura de las carreras universitarias con perfiles de ingeniería petrolera; se acentuaron la concentración del ingreso y la inversión en ciertas ciudades; las aportaciones federales crecieron de nuevo a doble dígito. Así que, en un contexto de franca declinación en la producción local, en buena medida gracias a los pasivos sociales y ambientales que Pemex debía resarcir, se vivió un nuevo “boom del petróleo”, aunque sin extracción.
En los informes de gobierno se encuentran pocas menciones de la influencia política de la industria petrolera (Pinkus Rendón y Contreras Sánchez, 2012), no sólo desde Pemex, sino también desde los sindicatos, que buscaban enraizarse, tal como sucedía en Tamaulipas y el norte de Veracruz (Novelo, 1991). No se registraron problemas documentados en otras zonas petroleras, como criminalidad y sexoservicio.
Sobre las reclamaciones, en informes aparecen en 1977, 1984 y 1991; en 1999 destacan un total de 24 000 (Madrazo Pintado, 1999: 98); en 2005 se mencionó la atención de un 9% de las existentes, por las cuales se erogaron más de 36 millones de pesos (Andrade Díaz, 2005: 277). A partir de 2007, el estado atendió las reclamaciones a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La aparición y desaparición de reclamaciones en los informes ignoró que los reclamantes alcanzaron un nivel relevante de organización, por ejemplo, el Pacto Ribereño (Velázquez Guzmán, 1982; Velázquez García, 2017). Uno de los líderes de estos movimientos sociales es el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Considerando los 67 informes estatales examinados, ha sido posible agrupar los discursos políticos existentes ante el vaivén de los precios internacionales del petróleo y la producción petrolera tabasqueña; este artículo propone la existencia de cuatro diferentes discursos. Trabajos posteriores pueden ayudar a examinar comparativamente lo sucedido en otros estados en México o en otras regiones petroleras, revisando los éxitos y los fracasos de diferentes políticas en los territorios con intensa extracción de recursos naturales.
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