Universidad Nacional Autónoma de México • Instituto de Investigaciones Sociales

Corruption and democratic legitimacy in Mexico

Alejandro Monsiváis-Carrillo*

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*Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef). Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colef. Temas de especialización: democracia, rendición de cuentas y legitimidad; opinión pública y comportamiento político. Km. 18.5, Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, México. El autor expresa su agradecimiento a los revisores anónimos por sus señalamientos y recomendaciones.

 

Resumen: Numerosas investigaciones muestran que la corrupción provoca desconfianza en las instituciones y desapego hacia el sistema político. Con base en el caso de México, una democracia electoral emergente con un alto nivel de corrupción política, el presente estudio argumenta que la persistencia de la corrupción puede provocar, además, que el apoyo de los ciudadanos hacia la democracia se vea disminuido. En el contexto de una persistente y elevada corrupción, el análisis encuentra evidencia de que la percepción de corrupción influye negativamente en la convicción de los mexicanos sobre que la democracia es preferible como forma de gobierno.

Palabras clave: apoyo político, legitimidad, corrupción, democracia, México.

Abstract:Several studies show that corruption usually undermines trust in institutions and loyalty to the political system. Focusing on Mexico —an emerging electoral democracy with high levels of political corruption—, this article finds out that corruption can also undermine citizen’s support for democracy. Where corruption is persistent and widespread, perceptions of political corruption have a negative effect on the belief that democracy is preferable to other systems of government.

Keywords: political support, legitimacy, corruption, democracy, México.

 

Un determinante clave de las actitudes de los ciudadanos hacia el sistema político es la percepción de corrupción política. Diversos estudios han mostrado que el apoyo a los gobernantes, la confianza en las instituciones políticas y el apoyo al sistema se ven afectados tanto por las experiencias como por las percepciones de corrupción que tiene la ciudadanía (Canache y Allison, 2005; Clausen, Kraay y Nyiri, 2011; Seligson, 2002; Morris y Klesner, 2010). Hasta el momento, sin embargo, los especialistas no parecen haber encontrado un efecto semejante en la preferencia por la democracia (Canache y Allison, 2005: 105). La evidencia sugiere que las experiencias y percepciones de corrupción influyen negativamente en la legitimidad de las instituciones de un sistema político concreto, pero no parecen afectar la legitimidad de la democracia como tal.

Mediante un análisis del caso de México, el presente artículo ofrece evidencia de que la percepción de corrupción política sí constituye un factor determinante de la disminución del apoyo a la democracia. La premisa de este estudio es que las percepciones de corrupción pueden influir negativamente sobre la legitimidad de la democracia en contextos en los que la opinión pública reconoce que la corrupción política es persistente y se encuentra generalizada. Si la democracia convive con una corrupción sistémica, la ciudadanía puede encontrar motivos para dudar que este régimen “sea preferible a cualquier otra forma de gobierno”. En ese sentido, México es un caso en el que es “altamente probable” que se observe tal efecto (Levy, 2008: 12-13). Este país es una democracia electoral emergente, caracterizada por una corrupción profundamente arraigada en el sistema político (Morris, 2010; Casar, 2015). Asimismo, este es uno de los países en América Latina en los que más se percibe corrupción entre la clase política (Lupu, 2017: 56). Estudios previos en México han confirmado que existe una estrecha relación entre las experiencias y percepciones de corrupción y la confianza en las instituciones o la satisfacción con la democracia (Bailey y Parás, 2016; Morris y Klesner, 2010). No obstante, no han sido documentados todavía los efectos de la corrupción sobre el apoyo a la democracia.

Usando los datos de la encuesta 2017 del Barómetro de las Américas,1 este artículo somete a prueba la hipótesis de que la percepción de corrupción política tiene un efecto negativo sobre el apoyo a la democracia como forma de gobierno entre la población mexicana. Los resultados ofrecen evidencia de que un alto nivel de percepción de corrupción política se asocia con la disminución del apoyo ciudadano hacia la democracia. Esto sugiere que la persistencia de un alto nivel de corrupción en democracias electorales no solamente promueve el desapego hacia la institucionalidad vigente, sino que debilita también la legitimidad de la democracia en sí misma.

El planteamiento teórico del presente estudio se expone en la siguiente sección, así como también las hipótesis de la investigación. Luego se muestra el interés del caso mexicano para el análisis de la relación entre las experiencias de los ciudadanos con la corrupción y el apoyo a la democracia. Enseguida viene una sección metodológica, en la que se presenta información relacionada con los datos, las variables y el modelo utilizado en el análisis. Los dos apartados siguientes exponen los resultados del análisis y su discusión. Por último, las conclusiones recapitulan los hallazgos principales y discuten sus implicaciones.

 

Corrupción, opinión pública y legitimidad democrática

Existe un amplio consenso entre los especialistas acerca de los riesgos que supone la corrupción para la democracia. La corrupción es la apropiación o abuso de un poder público cuya finalidad es obtener un beneficio particu-lar o privado (Nye, 1967: 419). Susan Rose-Ackerman y Bonnie Palifka (2016: 8-9) señalan que las prácticas de corrupción incluyen sobornos, extorsión, intercambio de favores, nepotismo, fraudes contables, conflicto de interés, cleptocracia, entre otros. Stephen Morris y Charles Blake (2010: 2-4) añaden a esta lista otras actividades afines: malversación de fondos, desfalco, favoritismo, compra de votos, contribuciones ilegales a las campañas electorales, captura del Estado y más.

Sea cual sea la forma que adopte, la corrupción es un fenómeno que vulnera el carácter público y general de las reglas formales bajo las que opera la autoridad estatal en un régimen democrático. Mark Warren (2004: 334) sostiene que la corrupción es un mecanismo de exclusión democrática que opera bajo un mecanismo de duplicidad. Los agentes dicen regirse por las normas y leyes del régimen democrático, aunque en la práctica las transgreden. Esta transgresión produce beneficios ilegítimos para quienes participan de ella, perjudicando al resto de la comunidad política. Asimismo, Bo Rothstein (2014: 745-747) concibe la corrupción como la cara opuesta a la imparcialidad con la que deben conducirse los proce-dimientos políticos, las políticas y la aplicación de las leyes. La imparcialidad requiere que el comportamiento de los gobernantes y los servidores públicos se ajuste a los procedimientos formales que regulan los procesos políticos en una democracia.

Si la corrupción implica una vulneración de hecho de las normas de inclusión e imparcialidad democráticas, además se trata de una problemática sumamente difícil de erradicar. La instauración de un régimen electoral competitivo crea oportunidades para que los gobernantes electos implanten medidas que combatan la corrupción. Sin embargo, la democratización también abre la posibilidad de que aparezcan nuevas redes de corrupción, especialmente en sistemas políticos competitivos pero afectados por débiles capacidades estatales (Fukuyama, 2015; Gerring y Thacker, 2004; Blake y Martin, 2006). En esos casos, la corrupción política tiende a persistir y expandirse, pues aun en escenarios en los que se han implantado políticas y acciones para prevenirla, no deja de ser la estrategia dominante para muchos actores (Mishra, 2006).

Una de las consecuencias más importantes de la corrupción para la democracia es el efecto que tiene sobre la legitimidad política (Dix, Hussman y Walton, 2012). La legitimidad o el apoyo político que tiene la autoridad pública se refiere a las actitudes de evaluación positiva o negativa por parte de la ciudadanía hacia referentes concretos y abstractos o “difusos”, por igual, del régimen o sistema político en el que vive (Easton, 1975: 436-437; Norris, 2011: 23-31). La corrupción perjudica la legitimidad del régimen en la medida en que debilita el apego de los ciudadanos hacia los referentes concretos y difusos del sistema político. Cuando la ciudadanía percibe que la corrupción está generalizada, o cuando además es víctima de solicitudes de sobornos o extorsiones por parte de los servidores públicos, su confianza en los actores, procesos e instituciones políticas se ve lesionada. Los efectos de las experiencias de victimización de los ciudadanos en actos de corrupción y las percepciones de corrupción están ampliamente documentados. Todos estos son factores que tienen efectos negativos en la confianza en las instituciones y la legitimidad del sistema político (Anderson y Tverdova, 2003; Seligson, 2002; Canache y Allison, 2005; Della Porta, 2000; Morris y Klesner, 2010; Seligson, 2006).2

Sin embargo, no se ha encontrado evidencia suficiente que vincule a la corrupción con un menor apoyo a la democracia (Canache y Allison, 2005). El apoyo a la democracia remite a las convicciones normativas de los ciudadanos, a lo que una colectividad considera como un ideal político (Diamond, 1999: 168). En cambio, el apoyo al régimen político tiene por objeto un sistema político concreto, con sus instituciones, partidos políticos y gobernantes.3 De hecho, la literatura indica que los ciudadanos pueden estar insatisfechos con el sistema político en el que viven o desconfiar de las instituciones, y aun así albergar la convicción de que la democracia es una forma de gobierno preferible a cualquier otra (Klingemann, 2014). Por estos motivos, tiene sentido teórico que la corrupción del sistema político provoque desconfianza y desapego de los ciudadanos hacia las instituciones que los rigen, pero sin influir negativamente en el apoyo a la democracia.

Esto no implica, empero, que el apoyo a la democracia alcanzado por una sociedad se mantenga estable, indefinidamente, o que solamente puede incrementarse. Estudios recientes han identificado una tendencia negativa, lo mismo en el apoyo a la democracia en abstracto que en el apego a valores democrático-liberales (Foa y Mounk, 2016). Ya sea por insatisfacción con el desempeño del sistema o por cambios socioculturales y el incremento en actitudes antisociales (Howe, 2017), esta tendencia ilustra que la legitimidad de la democracia, al igual que la propia estabilidad de los sistemas democráticos, no está exenta de procesos de declive o retroceso.

La premisa central de este estudio es que la corrupción política puede provocar una disminución en el apoyo a la democracia, bajo determinadas circunstancias. Por un lado, se encuentra el hecho de que muchas democracias que se establecieron en el marco de la tercera ola se quedaron estancadas en su desarrollo político y no alcanzaron a convertirse en democracias liberal-procedimentales fuertes (Diamond, 2015; Merkel, 2004). Esto implica que la experiencia de muchos ciudadanos con la democracia ha sido definida por los alcances de regímenes electorales con diversos tipos de deficiencias. Por otro lado, el apego ciudadano a la democracia, especialmente en los regímenes electorales emergentes, puede estar presente en una mayoría exigua o inestable entre la población. Esto hace que la permanencia y la difusión del apoyo a la democracia en democracias nuevas dependan en gran medida del desempeño y la capacidad de respuesta de los sistemas políticos. Muchas democracias electorales recientes, sin embargo, precisamente tienen importantes desafíos en materia de desempeño y efectividad.

Concretamente, la persistencia de la corrupción en democracias electorales, afectadas por deficiencias en materia de rendimiento, puede influir negativamente en el apoyo ciudadano a la democracia, y no solamente en el apoyo al sistema político. El mecanismo que opera en este proceso es la percepción de corrupción política, un factor cuyas consecuencias son tan importantes como las de la propia corrupción (Melgar, Rossi y Smith, 2010). Las percepciones de corrupción no solamente son indicadores de la creencia de que los políticos aceptan sobornos, benefician a sus allegados o están involucrados en actividades ilícitas. Se refieren también al reconocimiento colectivo de que las instituciones, las organizaciones y los procesos políticos pueden estar capturados por la corrupción.

Cuando los ciudadanos reconocen que existe un alto nivel de corrupción en el sistema político, pueden tener motivos justificados para desconfiar de los políticos y las instituciones. Sin embargo, un alto nivel de corrupción puede no ser suficiente para provocar un debilitamiento del apoyo a la democracia. La probabilidad de que esto suceda es mayor en la medida en que un alto grado de corrupción ha persistido en el tiempo. Una corrupción extendida y persistente puede llegar a normalizarse: para muchos ciudadanos, el funcionamiento de la democracia puede estar asociado con la reproducción de la corrupción. Es decir, la experiencia de los ciudadanos con una corrupción persistente no se limita a encontrarse en la situación de tener que asumir costos informales para realizar trámites, obtener servicios o evitar sanciones, pues también está definida por la información que reciben a causa de la reiteración de escándalos que involucran a los gobernan-tes, la regularidad con la que políticos de méritos cuestionables ocupan cargos de responsabilidad, o la impunidad que prevalece sistemáticamente ante las presuntas faltas cometidas durante las campañas electorales, el cabildeo de las leyes o el ejercicio de los recursos públicos, entre otros procesos.

Entonces, si una corrupción generalizada y persistente se asume como algo propio de la operación de la democracia, es comprensible que la ciudadanía pueda convencerse de que la democracia no es necesariamente mejor que otras formas de gobierno. Con base en esta consideración, la hipótesis principal de este estudio es que, ceteris paribus, la percepción de corrupción tendrá un efecto negativo sobre la legitimidad de la democracia:

H1: En una democracia electoral caracterizada por un nivel de corrupción alto y persistente, la percepción de corrupción tendrá un efecto negativo en el apoyo a la democracia.

Una hipótesis complementaria está relacionada con las experiencias de corrupción vividas por las personas. Es decir:

H2: En una democracia electoral caracterizada por un nivel de corrupción alto y persistente, haber sido víctima de solicitudes de soborno por parte de servidores o funcionarios públicos también tendrá un efecto negativo en el apoyo a la democracia.

Verse implicado directamente en un intercambio que, en virtud del control que ejerce un funcionario público sobre la situación, somete a una persona a la necesidad de incurrir en gastos para obtener algo que le corresponde por derecho, puede debilitar no sólo la confianza en el sistema, sino la creencia de que tal sistema es preferible a cualquier otro.

 

El caso de México

México es un caso que reviste interés para el estudio de la relación entre la corrupción y la legitimidad democrática. Es un caso en el que se presentan condiciones que favorecen la posibilidad de que la percepción de corrupción en la opinión pública y las experiencias de victimización de los ciudadanos estén asociadas negativamente con la preferencia por la democracia. México es una democracia electoral emergente caracterizada por la persistencia de un alto nivel de corrupción política. En un estudio pionero sobre el tema, publicado en 1991, Stephen Morris señalaba que la corrupción penetraba a toda la estructura del régimen político (1991: xv). Desde entonces, el país se ha transformado sustancialmente: a lo largo de la década de los años noventa se produjo la transición a una democracia electoral, cuyo ordenamiento institucional se estableció en 1996, permitiendo la alternancia presidencial en el año 2000. La instauración de facto de un régimen competitivo, a nivel nacional, desencadenó procesos de reforma que virtualmente reconfiguraron el entramado normativo e institucional del Estado.

En materia de transparencia y combate a la corrupción, desde principios de los años 2000, los procesos de creación y reforma de instituciones han sido intensivos (Morris, 2009). Desde la promulgación de una ley sobre transparencia y acceso a la información pública en 2002, se construyó el entramado institucional del Sistema Nacional de Transparencia, cuyo fundamento normativo se estableció en 2014. Este sistema establece un esquema de coordinación entre múltiples agencias del poder público federal y los gobiernos estatales. De forma paralela, recientemente se establecieron las bases del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), favorecido por el empuje de organizaciones de la sociedad civil en una coyuntura especial (Merino, 2015). El SNA es una ambiciosa innovación institucional que crea mecanismos de coordinación entre todos los órdenes de gobierno implicados en la prevención y combate a la corrupción, y la fiscalización de los recursos públicos. En este sistema, el Comité Coordinador está presidido por un miembro del Comité de Participación Ciudadana, una entidad integrada por cinco personas que tengan una reconocida trayectoria en el campo del impulso a la transparencia y el combate a la corrupción.4

Es decir, la democratización del régimen favoreció la innovación institucional en materia de impulso a la transparencia y la legalidad de la función pública. No obstante, sus efectos han sido mucho más moderados en lo que respecta a erradicar la duplicidad de los políticos y funciona-rios en el cumplimiento de sus funciones. La corrupción política se mantuvo afianzada en todas las estructuras del poder público en el país. Los datos del proyecto Variedades de la democracia (V-Dem) proporcionan una ilustración gráfica de la persistencia de la corrupción política a lo largo de tres décadas (gráfica 1). El comportamiento del Índice de Corrupción Política en este periodo, una medida producida por la agregación ponderada de opiniones de expertos (Coppedge et al., 2018: 227), refleja que la corrupción en el poder público disminuyó gradualmente, sin ser erradicada, al mismo tiempo que el régimen se transformó en una democracia electoral parcialmente desarrollada; la democracia liberal, un régimen de pesos y contrapesos que protege a través de la legalidad los derechos individuales, tuvo un desarrollo menor aún. A partir del año 2000, el desarrollo democrático del país permaneció estancado, a diferencia de la corrupción, que conoció un repunte desde 2012 en adelante. El incremento en el nivel de corrupción del país, registrado en la gráfica 1 a partir de 2012, coincide con el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el primer presidente afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde la alternancia en el 2000.

Para entender la persistencia de la corrupción en este país, es preciso tener en cuenta la influencia que tuvo la democratización en las decisiones estratégicas de los agentes sociales y políticos. Durante el periodo de autoritarismo electoral, el partido dominante, el PRI, se servía de la captura del Estado y el reparto discrecional de puestos y recursos públicos como una forma de comprar lealtades e inducir la disciplina política en un sistema caracterizado por una alta concentración del poder. Tras la democratización, la corrupción persistió bajo una lógica diferente. Un entorno electoralmente competitivo impulsó la dispersión del poder político y la generalización descentralizada de la corrupción, en virtud de la falta de controles efectivos en el ejercicio del gobierno y la administración pública.

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La democratización resultó del establecimiento de un sistema de administración electoral que garantizara la equidad y la legalidad de la competencia electoral, modificando así la lógica de acceso al poder público. Sin embargo, la consolidación de un régimen competitivo se produjo antes de que se hubiera establecido un entramado institucional apropiado para someter el ejercicio del gobierno a la legalidad y la rendición de cuentas. De esta forma, con todo y el cuantioso financiamiento público destinado a partidos y campañas electorales, las exigencias de la competencia incrementaron los costos de montar una campaña exitosa, lo mismo en el plano federal que el municipal. Esto generó una demanda de recursos económicos que sólo podía satisfacerse mediante la transferencia ilegal de recursos públicos y privados (Casar y Ugalde, 2018). Al mismo tiempo, el acceso a los puestos de elección popular facilitó la captura de los recursos públicos y la discrecionalidad gubernamental, especialmente en los múltiples enclaves de poder territorial que emergieron en el marco del federalismo. A esto hay que añadir las limitadas capacidades de fiscalización, persecución y sanción de los tres órdenes de gobierno, con todo y las numerosas disposiciones vigentes, que hicieron de la impunidad un resultado altamente probable. En estas circunstancias, la corrupción siguió estrechamente asociada con la política electoral y la conducción del gobierno.

La persistencia de la corrupción en México, al estar estrechamente ligada con la operación de la competencia electoral y con una alta probabilidad de que el ejercicio discrecional de la función pública quede impune, puede haber influido negativamente en la preferencia por la democracia entre la ciudadanía. Más allá de las ocasiones en las que una persona se haya visto en la necesidad de participar en un soborno o haya sido víctima de extorsión por parte de un servidor público, percibir un estrecho vínculo entre la corrupción política y la democracia electoral puede profundizar el desapego hacia las instituciones y el sistema político, pero también hacia la idea misma de la democracia.

 

Diseño metodológico

Datos

Este análisis utiliza los datos de la ronda 2017 del Barómetro de las Américas levantada en México (Cohen et al., 2017; LAPOP [en línea]). Esta encuesta es representativa a nivel nacional de la población mexicana. Es producto de entrevistas en hogares a personas mayores de 18 años, siguiendo un diseño de muestreo multietápico con cuatro regiones geográficas como criterio de estratificación: Norte, Centro, Centro-Occidente y Sur. La base de datos consta de 1 563 observaciones en total. La tabla 1 ofrece información descriptiva de las variables que se emplean en el análisis.

 
Variable dependiente

La variable dependiente es el apoyo abstracto al principio democrático o el apoyo a la democracia. Esta variable se mide utilizando la siguiente pregunta: “ING4.modal html=Los caracteres en mayúsculas (p.ej., ING4) corresponden al código de cada pregunta contenida en el cuestionario de la encuesta. Por convención, se incluyen cuando se citan los reactivos del cuestionario.}5{/modal} Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?”. El rango de respuesta va desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo” a lo largo de una escala de siete niveles. Los niveles de respuesta a esta pregunta fueron transformados a una escala que va de 0 a 1, donde 0 representa el valor mínimo de esa dimensión y 1 el valor máximo. En sentido estricto, se trata de una variable ordinal. No obstante, es una práctica común que las variables unidimensionales de cinco o más categorías ordenadas sean analizadas como si fueran variables continuas. Los resultados que se presentan en la siguiente sección son estimaciones que consideran a la variable dependiente como una variable continua. Esos resultados son robustos aún si se introduce en los modelos como una variable ordinal de dos, tres, cuatro o siete niveles.

 
Variables independientes

La variable independiente principal es la percepción de corrupción política (PCP). En la encuesta de 2017, esta variable se mide con el siguiente reactivo: “EXC7NEW. Pensando en los políticos de México, ¿cuántos de ellos cree usted que están involucrados en corrupción?”. Las opciones de respuesta son cinco, desde “ninguno” hasta “todos”.6 Para facilitar la interpretación, esta variable se convirtió a una escala de 0 a 1. Los resultados son robustos si, en lugar de usarla como una variable continua, se divide en dos o tres categorías y sus efectos se evalúan como si fuera una variable categórica.

En segundo lugar, considerando que no solamente las percepciones de corrupción tienen efectos sobre el apoyo al sistema político, se incluyó un indicador fáctico de experiencias de victimización o participación en actos de corrupción (Seligson, 2006; Morris, 2008). Las experiencias de corrupción se miden a partir de un índice aditivo de las respuestas positivas de personas que reportan haber recibido solicitudes de soborno durante el último año, por parte de la policía o por empleados públicos.7 Esta variable se convirtió en un indicador que adopta tres valores: “0” cuando no se ha tenido ninguna experiencia de participar en algún acto de corrupción, “1” cuando se ha tenido por lo menos una experiencia de ese tipo y “2” cuando se han tenido hasta dos de esas experiencias.

 
Variables de control

La evidencia comparada muestra que los indicadores subjetivos de evaluación del desempeño del sistema político son determinantes de las actitudes de apoyo político. Sobre esta base, se incluyeron dos variables de control concretas. La primera es un indicador de la evaluación retrospectiva de la situación económica del país. El reactivo que se utiliza en este caso es este: “SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace doce meses?”. La segunda es una variable que mide el efecto de las percepciones de impunidad: “AOJ12. Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial castigue al culpable?”. La percepción de impunidad es una variable que podría influir en el apoyo a la democracia más que la percepción de corrupción. En segundo lugar, existe evidencia de que haber votado por el partido en el poder o los gobernantes en turno tiene efectos sistemáticos sobre indicadores de apoyo político, como la satisfacción con la democracia o la confianza en las instituciones (Anderson y Tverdova, 2003). La variable que se incluye para controlar los efectos del sentirse identificado con el gobierno es la decisión electoral (no votó; votó por otros candidatos; votó a favor del presidente en turno). Finalmente, se incluyó otro grupo de variables con el propósito de prevenir que el efecto de la percepción de corrupción se confunda con los efectos de otros determinantes comúnmente asociados con diferentes actitudes y comportamientos políticos. Es el caso de variables como el interés en la política, el sexo, la edad, el nivel educativo o el bienestar en el hogar8 (Brady, Verba y Schlozman, 1995; Schlozman, Burns y Verba, 1994), o las actitudes idiosincrásicas y contingentes de los individuos, como la satisfacción con la vida o la confianza en los demás (Clausen, Kraay y Nyiri, 2011).

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Método

La prueba de hipótesis se llevó a cabo mediante una regresión lineal para datos de encuestas complejas. Como indicador de la unidad primaria de muestreo se usó la variable “upm”, incluida en la base de datos; como factor de estratificación se utilizó la variable “estratopri”, la cual comprende estratos que representan a las regiones Norte, Centro, Centro-Occidente y Sur del país. Los resultados se exponen en la tabla 2 en la siguiente sección. Los resultados son robustos aun si la variable dependiente se convierte en una variable ordinal de hasta siete rangos y se estima mediante funciones logit o probit para variables ordinales.

La especificación del modelo no presenta problemas de colinealidad entre las variables que lo integran. El valor promedio del factor de inflación de la varianza de todas las variables independientes y de control es de 1.27, lo cual sugiere que no hay multicolinealidad que afecte las estimaciones. Complementariamente, un test de Link sugiere que la especificación del modelo es apropiada (coeficiente de la predicción cuadrada = -0.95 [.74], p>t=0.207).9 Es decir, si no es por razones teóricas, las variables que se podrían añadir al modelo sólo serían significativas debido al azar.

Los estudios observacionales con datos transversales están limitados, en general, por el riesgo de la endogeneidad y, más concretamente, de la causalidad inversa. Este sería el caso si el apoyo a la democracia fuera la causa de la percepción de la corrupción política. Ya una original investigación de Stephen Morris y Joseph Klesner (2010) demostró que la percepción de corrupción y la confianza hacia las instituciones políticas, en particular, son variables que se determinan mutuamente. Usando datos del Barómetro de las Américas de la ronda 2004 levantada en México, los autores discuten el enorme desafío que representa fortalecer la confianza en las instituciones políticas o combatir las experiencias y percepciones de corrupción de los ciudadanos, dado que ambos fenómenos están configurados por una relación endógena. En este caso, sin embargo, no es previsible esperar un efecto semejante. El apoyo a la democracia remite a una actitud valorativa fundamental y abstracta; en cambio, la percepción de corrupción es un juicio acerca de un estado de cosas, que puede cambiar si cambia la realidad. Tiene poco sentido, desde un punto de vista teórico, esperar que una actitud valorativa sea determinante de un juicio evaluativo sobre el sistema político. En cambio, sí puede esperarse que la experiencia con el funcionamiento de la democracia influya en su apreciación y valoración. De igual forma, es teóricamente factible esperar que una persona perciba mucha corrupción y prefiera la democracia, de cualquier forma; o a la inversa, que alguien esté convencido de que la democracia no es deseable y juzgar que el sistema político en el que vive está libre de corrupción.

 
Análisis

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de la percepción de corrupción sobre el apoyo a la democracia en México, una democracia electoral en la que la corrupción política no solamente se encuentra extendida, sino que ha persistido desde el establecimiento de la democracia en el año 2000 (véase gráfica 1). Como puede verse en la gráfica 2, de acuerdo con los datos del Barómetro de las Américas, el apoyo a la democracia en este país es de una magnitud intermedia. En promedio, desde 2004 hasta 2014, la preferencia de la democracia como forma de gobierno entre los mexicanos era de 0.68 (Intervalo de Confianza [IC], 95% = 0.67, 0.69) en una escala de 0 a 1.10 En términos ideales, se esperaría que la preferencia por la democracia en una sociedad fuera de 0.75 o más, empleando la presente escala.11 El promedio mexicano se acerca a tal umbral, pero todavía se encuentra por debajo de éste.

La gráfica 2 también muestra que el apoyo a la democracia entre la opinión pública mexicana se mantuvo constante a lo largo de una década. En la encuesta de 2017, sin embargo, el promedio de apoyo a la democracia descendió hasta 0.56 (IC, 95%=0.55, 0.58). Se trata de una disminución estadísticamente significativa, aun considerando los efectos del diseño muestral. La evidencia descriptiva sugiere que la percepción de un alto nivel de corrupción entre los políticos pudo haber desempeñado un rol determinante del apoyo a la democracia en ese año. Como se ve en la gráfica 1, el nivel de corrupción política en el país tuvo un repunte significativo, que coincidió con la administración del priísta Enrique Peña Nieto. En el momento de la encuesta, realizada a principios de 2017, ese gobierno ya había sido protagonista principal de diversos escándalos de corrupción e impunidad.12 Este incremento en la corrupción política no parece haber pasado inadvertido para la opinión pública. La gráfica 3 muestra que 36.7% de la población pensaba que “más de la mitad” de los políticos estaban implicados en corrupción y 41% más opinaba que “todos” lo estaban.13 Curiosamente, el nivel de victimización por actos de corrupción era equivalente al registrado en años anteriores, como lo muestra la gráfica 4, si bien se registró un aumento con respecto a 2014 en el porcentaje de personas que fueron víctimas de hasta dos actos de corrupción.

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Al llevarse a cabo el análisis, los resultados ofrecen evidencia en la dirección establecida por las hipótesis (véase tabla 2). En línea con lo señalado por la primera hipótesis, el efecto de la percepción de corrupción sobre la preferencia por la democracia es negativo. Este efecto puede verse en la gráfica 5, en la que se representan las predicciones obtenidas a partir de los resultados expuestos en la tabla 2. Esta gráfica muestra que los ciudadanos que perciben que “todos los políticos” en México son corruptos están menos convencidos de que la democracia sea la mejor forma de gobierno, en comparación con aquellas personas que piensan que “ningún político” está implicado en la corrupción.

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Para ser precisos, el promedio en el apoyo a la democracia entre la población mexicana en 2017 era de 0.56 (IC, 95%: 0.55, 0.58). Este es el nivel de apoyo a la democracia esperado cuando la percepción de corrupción es equivalente a la categoría de respuesta: “Más de la mitad de los políticos”. Cuando la percepción es que la corrupción está menos extendida, el valor esperado en la variable de respuesta aumenta. Por ejemplo, entre las personas que opinan que “la mitad” de los políticos participan de la duplicidad en su función pública, el nivel de apoyo es mayor en términos estadísticos: alcanza 0.60 en promedio, aunque puede ir desde 0.58 a 0.63 (IC, 95%). La diferencia es más notoria, como es de esperarse, con respecto a los mexicanos que piensan que ningún político es corrupto. En este caso, el apoyo a la democracia esperado es de 0.69, pero puede llegar hasta un máximo de 0.74 (IC, 95%). La cuestión está que, en México, apenas un acumulado de 22% de la población opinaba que la mitad o menos de los políticos eran corruptos. El grupo mayoritario es el que considera que “todos” los políticos lo son (41%). El apoyo a la democracia, en promedio, entre quienes comparten ese punto de vista es de 0.53 (IC, 95%: 0.50, 0.55).

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De la misma forma, como lo establece la segunda hipótesis, se encuentra evidencia de que haber sido víctima de actos de corrupción se asocia con un menor apoyo a la democracia. Este efecto se manifiesta, sin embargo, solamente en las personas que han sido hasta dos veces víctimas durante el año previo, como lo muestra la gráfica 6. Es decir, el apoyo a la democracia entre quienes no fueron objeto de alguna solicitud de “mordida” o soborno (0.57, CI, 95%: 0.55, 0.59), es de la misma magnitud, en términos estadísticos, que el que se observa entre quienes tuvieron solamente una experiencia de ese tipo (0.54, CI, 95%: 0.52, 0.56). De esta manera, verse implicado en sólo un acto de corrupción no tiene un efecto determinante en las actitudes hacia la democracia. El efecto se observa hasta que se ha sido víctima de dos (y posiblemente, más) experiencias de ese tipo. Entonces se afianzan, entre los ciudadanos, las dudas sobre la pretendida primacía de la democracia sobre otras opciones.

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Los resultados indican que la experiencia de la corrupción tiene un efecto negativo sobre el apoyo a la democracia, ya sea como resultado de haber sido víctima de una solicitud de soborno o a través de la percepción de corrupción en el sistema político. Un análisis de la interacción entre la percepción de corrupción y las experiencias de victimización no produce efectos estadísticamente significativos. Esto permite resaltar la importancia de la percepción de corrupción en la legitimidad de la democracia. Si el apoyo a este régimen solamente se viera afectado por el haber sido víctima de dos solicitudes de soborno en el transcurso del último año, sólo entre 9% de la población nacional se esperaría un apoyo a la democracia menor al promedio. En cambio, pensar que “todos” los políticos mexicanos son corruptos, una opinión que comparte 41% de los ciudadanos, predice un apoyo a la democracia por debajo del promedio nacional (0.56) (gráfica 5). Si además se considera al 36% que opina que “más de la mitad” son corruptos, la predicción para el 77% sería de 0.56 (IC, 95%: 0.55, 0.58) o menor. Este es un nivel estadísticamente inferior al promedio de apoyo a la democracia observado en México entre 2004 y 2014 (0.68, IC, 95%: 0.67, 0.69).

Por otra parte, la tabla 2 también muestra que existen otras variables que tienen efectos significativos sobre la variable dependiente. Un hallazgo importante es que, entre más favorable sea la opinión acerca de la situación de la economía, es mayor la convicción de que la democracia es preferible a otras formas de gobierno. Este dato sugiere que el apego a la democracia entre los mexicanos tiene una base utilitaria o instrumental. Se le prefiere como forma de gobierno en la medida en que rinda buenos resultados económicos. Hay que tomar en cuenta que, según datos de la encuesta de 2017, menos de 20% de los ciudadanos pensaban que la situación económica de México estaba igual o mejor que un año atrás. Es decir, la evaluación del desempeño económico era categóricamente adversa. La encuesta se realizó al comienzo de 2017, en el contexto de una rápida depreciación de la moneda frente al dólar estadounidense y la liberalización de los precios de la gasolina implantada por el gobierno de Peña Nieto (2012-2018). Estos hechos desencadenaron reacciones de descontento y protestas ciudadanas en diversos puntos del país, lo que hace verosímil pensar que la evaluación de la economía pudo haber estado influida por estos acontecimientos.

Asimismo, aunque el efecto de la desconfianza en la capacidad del sistema de justicia para castigar delitos va en la dirección esperada, no es estadísticamente significativo conforme al nivel de confianza convencional de 95%. De cualquier manera, este hecho indica que los ciudadanos tienden a vincular la capacidad del sistema político de reducir la impunidad con el apoyo a la democracia. Es importante mencionar, en este contexto, que se probó el efecto de variables complementarias relacionadas con la experiencia de seguridad pública. La inseguridad pública, los homicidios y la violencia relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas que fueron heredados por la administración de Felipe Calderón (2006-2012), prosiguieron con la misma intensidad durante los seis años siguientes (2012-2018) (Hope, 2017). Esta situación pudo haber generado un sentimiento de inseguridad que impactara negativamente en el apoyo al régimen político. Sin embargo, ninguno de los indicadores utilizados tuvo efectos significativos sobre la variable dependiente.14

Por último, la tabla 2 muestra que el apoyo a la democracia no está determinado por factores como la satisfacción con la vida, la confianza interpersonal o el haber votado por la oposición o por el presidente en turno en las elecciones de 2012. En cambio, sí tienen un efecto sistemático el interés en la política, el nivel educativo y el nivel de bienestar en el hogar. Estos resultados son coincidentes con los hallazgos de otros estudios en los que se encuentra que las personas con más educación y mejor nivel de ingreso tienden a darle mayor importancia a la democracia como forma de gobierno (Huang, Chang y Chu, 2008).

 

Discusión

El presente estudio muestra que la percepción de la corrupción política ejerce un efecto sistemático, en sentido negativo, sobre el apoyo de la ciudadanía en México hacia la democracia. Este hallazgo aporta evidencia de que las percepciones de corrupción política no solamente tienen una influencia adversa sobre la confianza en las instituciones, como lo ha mostrado la literatura, sino que también pueden debilitar las convicciones políticas de los ciudadanos acerca del régimen político. Este resultado sugiere que el juicio de los ciudadanos con respecto a la calidad de la democracia que los rige influye en su valoración de la democracia como un ideal.15 Por ello, es preciso enfatizar que este hallazgo se produce en el contexto de una democracia electoral caracterizada por un persistente y elevado nivel de corrupción política, en la que además se presentó un aumento sensible en la corrupción durante el gobierno de Peña Nieto (2012-2018). En este contexto particular, en el que además los ciudadanos percibían un empeoramiento de la situación económica y se manifestaban insatisfechos con la impunidad prevaleciente, la opinión de que los políticos mexicanos estaban implicados en corrupción contribuyó a debilitar la creencia de que la democracia es una forma de gobierno preferible a cualquier otra.

El efecto negativo de las percepciones de corrupción es robusto a diferentes especificaciones del modelo. Los resultados no cambian si se emplean modelos para el análisis de variables dependientes dicotómicas u ordinales. Tampoco cambian si se controla además por la tolerancia a la corrupción, la percepción de inseguridad en el barrio o el haber sido víctima de robos o asaltos (los resultados están disponibles con el autor). De igual forma, si las percepciones de corrupción tienen efecto sobre las actitudes de los ciudadanos hacia la democracia como forma de gobierno, entonces también deberían impactar en otros indicadores concretos de apoyo político. Un análisis que tiene como variables dependientes a indicadores como la aprobación del presidente, la confianza en las instituciones políticas o el apoyo abstracto al sistema, confirma tal expectativa. Es decir, la magnitud de desapego político provocado por la corrupción política percibida por los mexicanos impactó negativamente en referentes específicos y abstractos del sistema político.

Otra implicación directa de los resultados es que la ciudadanía debería estar dispuesta a expresar su rechazo categórico a un sistema que percibe capturado por la corrupción. Esto es lo que se constata con los resultados de la elección de julio de 2018. En esta elección, la coalición Juntos Haremos Historia y su candidato presidencial obtuvieron un triunfo sin precedentes en la historia democrática mexicana (53% del voto, con un margen de victoria de 30.9%). Esta coalición hizo campaña prometiendo algo más que un cambio en el estilo de gobernar. Se comprometió a llevar a cabo una “cuarta transformación” del país, equivalente a momentos emblemáticos de los siglos XIX y XX, como la Independencia, la Reforma o la Revolución Mexicana. El candidato vencedor, Andrés Manuel López Obrador, anunció que llevaría a cabo una refundación del régimen, promoviendo una nueva “constitución moral”. Los votantes aceptaron la apuesta del candidato que se comprometió a impulsar representar un “cambio verdadero”, erradicando la corrupción, el “principal problema del país”.16

El punto por destacar es que el rechazo al régimen político no fue un producto contingente de la campaña electoral. El descontento con lo que representaba el sistema en su conjunto venía acumulándose. Como prueba de esto, se realizó un análisis adicional con todas las variables independientes empleadas en el modelo reportado en la tabla 2. Ese análisis revela que existe una asociación sistemática entre una alta percepción de corrupción y una baja probabilidad de votar por un candidato del partido gobernante.17 Los datos que se reportan en el presente estudio se basan en una encuesta levantada entre enero y marzo de 2017, es decir, con más de un año de antelación a la elección de julio de 2018. Sin embargo, los resultados de este análisis son congruentes con el resultado de los comicios. Constituyen evidencia del descontento que provocaba el sistema político a causa, entre otros factores, del alto nivel de alcance que había alcanzado la corrupción.

 

Conclusiones

Este estudio contribuye al análisis de los efectos de la percepción de corrupción en la legitimidad de los regímenes políticos, mostrando que esa percepción también afecta a la preferencia por la democracia. Concretamente, los resultados muestran que la legitimidad democrática en México, una democracia electoral emergente, caracterizada por una arraigada y persistente corrupción, se ha visto debilitada por la percepción de que la mayoría de los políticos, si no es que todos, están implicados en esa corrupción. Este hallazgo aporta evidencia de que, cuando la ciudadanía reconoce que la corrupción está extendida por el sistema político en su conjunto, no sólo tiende a desaprobar el comportamiento de los políticos o a desconfiar de las instituciones. Esta situación erosiona el apoyo a la democracia mis-ma, en la medida en que las prácticas de corrupción parecen estar normalizadas en tal régimen político.

El análisis del caso mexicano ilustra, en otras palabras, que la persistencia de la corrupción en una democracia electoral —que padece deficiencias en materia de efectividad del Estado de derecho— debilita el apego ciudadano a la democracia en la medida en que el funcionamiento de esa democracia parece estar estrechamente ligado con la reproduc-ción de la corrupción. El presente estudio resulta insuficiente para probar todas las implicaciones de tal planteamiento. Por este motivo, resulta importante evaluar en qué medida los resultados obtenidos pueden generalizarse más allá del presente análisis. El seguimiento del propio caso mexicano puede ser de relevancia para tal propósito, dado el cambio que tuvo lugar en la presidencia del país en 2018.18 Con la llegada de una nueva fuerza política al gobierno nacional se abre la oportunidad de investigar si se registran cambios en las percepciones de corrupción y en los distintos indicadores de apoyo al sistema político.

Al mismo tiempo, es igualmente importante evaluar si los resultados observados en México pueden generalizarse a otros países en condicio-nes semejantes. En ese sentido, es necesario replicar el análisis en otros casos, controlando por el nivel de democracia y el grado de permanencia de la corrupción en el sistema político. De particular relevancia es que futuras investigaciones puedan indagar, con mayor precisión, en qué medida la ciudadanía considera que la corrupción llega a ser un componente regular de las instituciones y la operación de la democracia. Esto implica gene-rar indicadores más específicos para observar mejor el tipo de comportamientos o hechos que los ciudadanos consideran como corrupción.19 Por ejemplo, qué tanto se percibe que la corrupción penetra la estructura interna de los partidos políticos, las campañas y la competencia electoral, el quehacer legislativo, las decisiones del Poder Ejecutivo o la impartición de justicia, entre otros. De igual manera, varios estudios han mostrado que los ciudadanos atribuyen significados diversos y, en ocasiones, contradictorios a la idea general de “democracia” (Carlin y Singer, 2011; Schedler y Sarsfield, 2009). Por este motivo, también es necesario medir con mayor precisión las actitudes de los ciudadanos hacia los valores y atributos de la democracia procedimental. Todo esto habrá de contribuir a analizar con mayor precisión cómo las percepciones de corrupción erosionan la preferencia por la democracia, especialmente en países en los que la propia democracia atraviesa por dificultades para alcanzar un óptimo desarrollo.

 

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Recibido: 7 de enero de 2019

Aceptado: 7 de junio de 2019

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