Luis Astorga. “¿Qué querían que hiciera?”. Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón (México: Grijalbo, 2015), 267 pp.
Reseñado por:
Mario Pavel Díaz Román
El Colegio de México
Este libro de Luis Astorga tiene continuidad con su programa de investigación iniciado a finales de la década de los años ochenta. Básicamente es una extensión de su propuesta de sociohistoria de las drogas en el sexenio de Felipe Calderón. Entre sus ventajas radica la pluralidad de su público pues, por un lado, se alinea con los intereses del experto académico, que destacan la pertinencia y la vastedad documental, y por el otro, se puede leer de manera clara sin necesidad de ser un especialista, hecho que lo hace ideal para los interesados en seguridad y en política en general.
Se sustenta en la teoría de campos de Pierre Bourdieu. A pesar de que el autor no hace un desarrollo de dicha teoría, se refiere a sus propios trabajos, en los que ha especificado las relaciones entre los campos político y criminal, sus formas de interacción y sus mecanismos vinculatorios. Empíricamente, resalta la profusión y la consistencia de sus fuentes; hace uso de hemerografía (nacional e internacional), documentos oficiales, declaraciones de tomadores de decisiones, bibliografía especializada, documentos de trabajo de organizaciones no gubernamentales, así como información desclasificada por Wikileaks.
Argumentalmente, el texto se divide en dos secciones. En la primera traza una línea histórica con las administraciones previas a Calderón para poder así mostrar la reconfiguración política y criminal del sexenio pasado. La segunda analiza la delincuencia organizada desde su denominación hasta sus dinámicas actuales. El libro concluye con reflexiones generales y una propuesta de marco analítico.
La estructura del texto permite abordar múltiples temas, siempre bajo el enfoque sociohistórico y en relación con la teoría de campos, lo que en términos prácticos se constituye en el eje transversal del libro. Este eje se muestra, en primera instancia, en su génesis, es decir, en el surgimiento del campo de drogas supeditado al campo político. Posteriormente se puede observar su operación en el sexenio 2006-2012, lo que permite al autor confrontar y desmontar una a una las interpretaciones dominantes de la “guerra contra las drogas”. Asimismo, el enfoque analítico permite a Luis Astorga desbaratar el basamento discursivo de la política antidrogas, en especial el supuesto incremento del consumo de drogas en el país. Por otro lado, se muestran los efectos en la dinámica criminal, en particular las aceleradas recomposiciones de alianzas entre organizaciones traficantes de droga, situación que, ulteriormente, se relaciona con la reflexión metodológica que hace el autor sobre la producción, la confianza, la validez y el uso político de la información con la que se trabaja.
El enfoque sociohistórico analiza la prohibición de las drogas y los efectos de ésta en distintos dominios de la vida social bajo una mirada retrospectiva. Para México, su principal contribución ha sido desvelar la condición sine qua non que posibilita la producción y el tráfico de drogas en tiempos de prohibición, a saber: la relación entre los campos político y criminal.
El mecanismo que vinculó ambos campos fueron las policías. Con la creación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF) (1947), la Federación fue capaz de regular y proteger las actividades criminales a cambio de la producción contenida y la subordinación política; antes de la creación de la DFS, la mediación fue obra de los gobernadores. Bajo esta lógica se permitió la producción y el tráfico, principalmente de mariguana y opiáceos, con un esquema negociado y regulado informalmente, en el que “los traficantes sabían que cualquier intento por romper las reglas y la supeditación estaba destinado al fracaso e implicaba salir del negocio, ir a la cárcel o la muerte” (158).
La regulación fue posible debido al esquema de partido hegemónico. La fragmentación del poder político en la década de los años ochenta, la llegada de la oposición al poder en estados y municipios, la pérdida del control del congreso por parte del Partido Revolucionario Institucional y finalmente la llegada al Ejecutivo Federal del Partido Acción Nacional (2000), modificaron la relación entre campos, pues las interacciones ya no eran entre una sola autoridad con controles específicos, sino con diversas y con lealtades particulares. En paralelo a la erosión del régimen de partido único, las instancias mediadoras fueron perdiendo cada vez más poder, por corrupción o por presión internacional; de hecho, la DFS desaparece en 1985, lo que hizo que la PJF sumara a sus mandatos legales las atribuciones que la DFS había tenido en cuanto a drogas. Asimismo, el campo criminal sufrió modificaciones, en especial por los cambios en el patrón de consumo de drogas en Estados Unidos, la presión de este país sobre las agencias nacionales de control de psicoactivos, y las dinámicas cambiantes de las organizaciones traficantes de droga mexicanas. Ante esta situación, las regulaciones que con anterioridad se estructuraban desde el poder han perdido peso, dotando así de autonomía relativa al campo criminal frente al político. A pesar de que el campo político ya no es el fiel de la balanza, su presencia es toral para la dinámica criminal y para la reproducción misma de las organizaciones traficantes de droga.
Es en este contexto, aunado a una inseguridad creciente que se venía gestando desde la primera mitad de la década de los años noventa y que se agudizó en la siguiente, llevando incluso a la aplicación de operativos masivos desde 2005 con la instrumentación del Operativo México Seguro, cuando Calderón llega a la Presidencia después de unas controvertidas elecciones en 2006. Calderón decidió movilizar a las fuerzas armadas y dar un combate frontal a las organizaciones traficantes de droga. No obstante:
“Parece haber pensado, decidido y actuado como si la estructura y las relaciones de poder en el campo político no hubiesen cambiado y fuesen las mismas que en el sistema autoritario, donde el presidente tuvo poderes extraordinarios sin contrapesos, cuando en el nuevo estadio del campo los poderes del presidente estaban más acotados y los contrapesos reducían las probabilidades de imponer su voluntad […]. Se subvaloraron esos cambios y se sobrevaloró el poder presidencial por el propio presidente, sus colaboradores y algunos de sus críticos. De ahí los cortocircuitos para coordinar y poner en práctica la política de seguridad en los estados y municipios gobernados por distintos partidos” (224).
Esta subvaloración de las modificaciones del campo político y la sobre-valoración de la institución presidencial son claves para la construcción de explicaciones de la política de seguridad y sus bemoles durante el mandato de Calderón, que se contraponen a las existentes, a saber: falta de legitimidad y las tesis de la infiltración y los poderes paralelos. La falta de legitimidad se sustenta en el rechazo manifiesto del ex candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática a Calderón; no obstante, supone que las configuraciones políticas son cuasi monolíticas, pues omite que ni siquiera en el mismo partido el llamado a constituir una presidencia legítima tuvo efecto real. A pesar de ser una tesis atractiva, la infiltración desconoce el trasfondo histórico de las drogas, posibilita que desde la clase política se haga tabula rasa sobre la relación entre campos, y que cualquier relación sea producto de la “infiltración criminal” reciente.
La tesis de poderes paralelos (en referencia a la propiedad de la geometría) parte de la palmaria corrupción en los tres órdenes de gobierno y supondría que los campos no se tocan; no obstante, conceptualizar la relación como paralela sería un craso error, pues justamente Astorga resalta las relaciones entre ellos y sus modales tanto en el tiempo como entre órdenes de gobierno; a pesar de que se ha sugerido que las organizaciones traficantes de droga son un poder paralelo, llama la atención de que no se había condenado públicamente a los criminales (únicamente Miguel Ángel Granados Chapa lo había hecho) y sólo se imputaba responsabilidad al gobierno federal.
El combate frontal a las organizaciones traficantes de droga tuvo dos pilares discursivos. El primero es el problema de inseguridad potenciado por la debilidad institucional de las policías locales. El segundo, y en conexión con la retórica prohibicionista, era afirmar que el consumo de drogas se había desbordado a partir del “sellamiento” de la frontera estadounidense tras los ataques terroristas de 2001, lo que había hecho que los psicoactivos en tránsito se quedaran en el país; sin embargo, y a través de su machacona repetición, se dio carta de naturalización al hipotético incremento del consumo de drogas cuando éste no se verificó empíricamente.
Las críticas a la estrategia, el alarmante aumento en las tasas de homicidio, el alto nivel de impunidad y los problemas crecientes en materia de derechos humanos hicieron modificar el discurso presidencial en los frentes nacional e internacional. En el país se posicionaron en la agenda pública temas no tratados, como los derechos humanos, el desplazamiento forzado y las víctimas, lo que llevó a la promulgación de la Ley General de Víctimas. A nivel bilateral y multilateral, y más allá de la aplicación de la Iniciativa Mérida, Calderón adoptó el término de corresponsabilidad, en específico en relación con Estados Unidos, país al que sugería reducir el consumo de drogas y regular el mercado de armas. Ya al final de su mandato, y en contravía de su política antidrogas, llamó en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas a buscar soluciones de mercado al problema de las drogas.
Por otro lado, el autor explora los efectos que tuvo el combate a las organizaciones traficantes de droga en el campo criminal. Sostiene que si bien es cierto que en las dos últimas décadas se pueden observar reconfiguraciones, ninguna ha sido del calado y la celeridad de las que ocurrieron en el sexenio pasado, cuando se observaron escisiones “que dieron lugar a nuevas coaliciones criminales más o menos flexibles de duración incierta, a coaliciones inestables, ya que algunos de los nuevos socios [...] eran enemigos acérrimos hasta hace algunos años y sus enfrentamientos habían sido los más sangrientos” (176).
Lo anterior tiene implícita una reflexión metodológica, pues frente a la inestabilidad de las organizaciones traficantes de droga se dificulta el establecimiento de linderos claros entre estructura y el interior de las mismas, por no hablar del número de miembros, monto por operaciones, prevalencia del consumo, extensión de cultivos ilícitos, etcétera. Astorga se dedica a debatir las declaraciones de actores clave sobre el particular y señala que en ningún caso se presenta la metodología de las estimaciones, lo que las hace no replicables, situación que pone en duda la confiabilidad y la validez de los datos, lo que desvela un marcado cariz político. Las anotaciones metodológicas son fundamentales, sobre todo porque forman parte de la vigilancia epistemológica que todo estudioso del tema debe tener en cuenta.
En suma, el texto dota al lector (especialista o no) de los elementos necesarios para la comprensión de un fenómeno complejo: la producción, el tráfico y el consumo de drogas. La particularidad del libro radica en el desarrollo de una línea de interpretación de raigambre sociohistórica y su naturaleza transversal, que se aplica en los distintos tópicos por tratar. Por otro lado, muestra, discute y desmitifica algunas de las principales interpretaciones sobre el tema, además de postular reflexiones en materia metodológica.
Por último, aporta elementos para una futura solución al problema, en especial porque muestra el origen mismo en la prohibición de las drogas y su relación con el campo político. A esto se añade la pertinencia del texto en un entorno de mayor apertura, aunque sea temática y declarativa, tanto a nivel internacional, con la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2016 y de cara a 2019, como a nivel nacional, con las distintas iniciativas de grupos parlamentarios para abordar el fenómeno de las drogas. Una mayor discusión sobre el tema, como la que suscita el texto, idealmente llevaría a tratar el asunto más allá de la seguridad y la justicia y a posicionarlo eventualmente como lo que originalmente fue: un problema de salud pública.
