Overview of state violence in Mexican states
Manuel Ernesto Pérez Aguirre*
* Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. Investigador asociado del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Temas de especialización: democracia electoral, capacidades estatales, violencia estatal, violencia criminal. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa, 10740, Tlalpan, Ciudad de México. Este artículo es producto de la tesis para obtener la Maestría en Ciencia Política en el Colegio de México, titulada “La violencia estatal en las entidades federativas mexicanas (2008-2014): la influencia de la democracia electoral y las capacidades estatales”, dirigida por la doctora Laura Flamand.
Resumen: ¿Qué factores inciden en la violencia estatal de las entidades federativas mexicanas en el nivel estatal de gobierno? Desde la perspectiva del modelo maximizador (cálculo costo-beneficio), este artículo analiza la influencia de la democracia electoral y las capacidades estatales sobre la violencia estatal en México, aprovechando la heterogeneidad de las entidades federativas mexicanas. A partir de la estimación de modelos estadísticos con una base original de datos tipo panel, el texto aporta evidencia para sostener parcialmente que, en términos generales, la democratización electoral no disminuye la violencia estatal, mientras que el incremento de las capacidades estatales sí lo logra.
Palabras clave: violencia estatal, democracia electoral, capacidades estatales, entidades federativas.
Abstract: Which factors influence state violence in Mexican states at the subnational level of government? From the perspective of the maximizing model (cost-benefit calculation), this article analyzes the influence of electoral democracy and state capacities on state violence in Mexico, taking advantage of the heterogeneity of Mexican states. On the basis of the estimates of statistical models with an original panel data base, the text provides evidence to partially support the fact that, in general terms, although electoral democratization does not reduce state violence, whereas increasing state capacities does.
Key words: State violence, electoral democracy, state capacities, Mexican states.
Desde la perspectiva del modelo maximizador, que considera la violencia estatal como un resultado posible del cálculo costo-beneficio de las autoridades (Davenport, 2007a; Hill y Jones, 2014), este artículo explora las causas de las violaciones a la integridad física en México. En concreto, aprovechando la heterogeneidad de las entidades federativas mexicanas, examina si la democracia electoral y las capacidades estatales determinan el fenómeno en el nivel estatal de gobierno.
El artículo consta de tres partes. La primera abunda en los cuerpos teóricos propuestos para explicar la violencia estatal en las entidades federativas mexicanas. La segunda describe cómo se tradujo ese marco conceptual para el análisis empírico. Finalmente, la tercera presenta los resultados del análisis estadístico, que utilizó modelos de regresión con datos tipos panel, pues toman en cuenta las diferencias entre las unidades de análisis y permiten estudiar su desempeño durante el tiempo (Gujarati y Porter, 2010).
Modelos teóricos de la violencia estatal en México
¿Qué factores inciden en la violencia estatal de las entidades federativas mexicanas en el nivel estatal de gobierno? Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado un incremento generalizado de la violencia estatal en México; sin embargo, hay pocos estudios sistemáticos del fenómeno y están enfocados a la defensa activa de los derechos humanos. A nivel mundial, el trabajo académico se ha inclinado por diseños de investigación de N grande, lo que Mauricio Rivera (2010) llama literatura macrocuantitativa. En contraste, la academia en América Latina, incluida la mexicana, se centra en los estudios de caso o de N pequeña. Por ello, uno de los objetivos centrales de esta investigación fue analizar el fenómeno desde una perspectiva distinta a la dominante en los estudios mexicanos, considerando que valía la pena insertarse en las tendencias globales para obtener un panorama general del fenómeno.
Así, en la búsqueda de un panorama general, se tomó como base el modelo maximizador, el cual considera que la violencia estatal es un resultado posible del cálculo entre costos y beneficios de las autoridades,1 quienes evalúan las limitaciones formales e informales del marco institucional y ponderan las expectativas de éxito de sus acciones (Davenport, 2007a; Hill y Jones, 2014). El escenario ideal para las autoridades incluiría beneficios superiores a los costos, un escenario sin alternativas y una probabilidad alta de éxito; el adverso tendría costos superiores, con alternativas y probabilidad baja de éxito.
Es necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, la literatura macrocuantitativa sobre violencia estatal y represión está muy relacionada (véase Hill y Jones, 2014), tanto que llega a utilizar esos conceptos indistintamente, por lo que vale la pena indicar qué se entenderá por ellos. La represión es una acción en la que el Estado utiliza la violencia contra los ciudadanos para forzarlos a acatar sus políticas (Young, 2013). Como se aprecia, su naturaleza es eminentemente política y, como en su momento precisó Sabine C. Carey (2006), implica una relación dinámica entre sociedad y autoridades.
Este punto es de la mayor relevancia para el caso mexicano, donde los agentes de seguridad utilizan la violencia en sus actividades cotidianas. Por ejemplo, recientemente un oficial de tránsito detuvo arbitrariamente y lesionó a una persona por pasarse un semáforo vehicular.2 La agresión no debería considerarse represión porque ni el ciudadano ni el funcionario actuaron bajo motivaciones políticas, pero sí podría utilizarse el concepto de violencia estatal, pues da cuenta del conjunto de agresiones de los agentes del Estado, sobre todo para un país en el que sus funcionarios llegan a mimetizar sus acciones y estrategias con las de los delincuentes, para mejorar sus posibilidades de derrotar a las organizaciones criminales (Pereyra, 2012).
En ese sentido, la segunda precisión pertinente a partir de la literatura especializada sobre violencia estatal es diferenciar entre violaciones a la integridad física y restricciones a las libertades civiles (véase Davenport, 2007a). Ambas divergen en cómo modifican las conductas de los individuos: las primeras atentan directamente contra los actores, incluso mediante la eliminación física, mientras que las segundas sólo limitan sus oportunidades. Desde mi perspectiva, la gravedad de las primeras supera en mucho a las segundas, y es una de las razones principales por las que este artículo se enfoca en la dimensión física de la violencia estatal.3 Así, la pregunta que orientó la investigación fue: ¿Por qué las autoridades locales mexicanas vulneran la integridad física de sus ciudadanos?
Las razones que incrementan o disminuyen los costos de las autoridades son diversas. Dos parecen especialmente pertinentes para el caso mexicano. Por un lado, la proposición democrática plantea una relación negativa entre los regímenes democráticos y la violencia estatal (Davenport, 1999), mientras que los regímenes no democráticos son más proclives a coaccionar a su población por la ausencia de controles políticos al gobierno o mecanismos de resolución pacífica del conflicto. Por el otro, la fluctuación de las capacidades estatales como determinante de la violencia estatal se fundamenta en los trabajos de Samuel Huntington (1996) y Michael Mann (2006).4 Básicamente, este cuerpo teórico plantea una relación negativa entre la violencia estatal y el cumplimiento de las funciones de gobierno. Los Estados fuertes, aquellos con mayores capacidades estatales, protegen mejor a sus ciudadanos porque son más efectivos contra los abusos (Englehart, 2009).
Charles Tilly (2007) combina la proposición democrática y las capacidades estatales.5 Señala que su relación no es lineal, pues son procesos autorreforzantes a largo plazo pero, en las etapas tempranas, sus dinámicas no son del todo convergentes: la expansión estatal genera resistencias de la sociedad, mientras la democratización incrementa las demandas de los ciudadanos. Tilly advierte que los Estados se dirigirán hacia el autoritarismo si la expansión de capacidades es más rápida que la democratización, o tenderán a la inestabilidad si la democratización es más rápida que el incremento de las capacidades. Con esto en mente, la respuesta tentativa que orientó a la investigación fue que la democratización electoral no disminuye la violencia estatal, mientras que el incremento de las capacidades estatales sí lo logra.
La conceptualización dinámica de Tilly (2007) requiere algunas consideraciones. La primera es que interpreta la democracia y las capacidades estatales como elementos continuos, en una escala del 0 al 1. En segundo lugar, plantea que la relación entre Estado y sociedad evoluciona durante el tiempo. Así, aunque identifique a la Unión Soviética estalinista con el mínimo histórico de democracia y a la Alemania nazi con el máximo de intervención estatal,6 sus descripciones y su argumentación sobre la relación entre democracia y capacidades estatales consideran el desempeño promedio de ambas variables (Tilly, 2007: 20), como muestra el cuadro 1.
Dentro del grupo no democrático, el Estado del escenario II está en mejores condiciones para limitar las libertades civiles que el I, sin perder de vista que esas restricciones son intrínsecas a los regímenes sin democracia. En este punto es necesario recalcar que el cuadro anterior muestra los escenarios planteados sólo en función de la violencia letal (Tilly, 2007: 15-22), en consonancia con el énfasis del artículo en las violaciones a la integridad física. Así, a pesar de estar conformado por Estados más restrictivos, el escenario II presentará menos violencia física que el I, porque impide la proliferación de actores independientes del Estado en posibilidades de lastimar a otros y marca límites más claros y efectivos sobre la conducta permitida hacia sus ciudadanos. Esto no implica que sus mecanismos para procesar el conflicto sean necesariamente pacíficos. De hecho, ese tipo de Estado puede utilizar la fuerza de manera masiva y extensiva cuando lo desea, con ejemplos claros en la actuación del gobierno chino en Tiananmen o el soviético durante las purgas estalinistas. Lo que se quiere indicar, simplemente, es que su dominación es más efectiva porque no es desafiada por otros actores y los límites son más claros: la paz tiránica (Davenport, 2007a).
Por su parte, el grupo democrático difiere más en el tipo que en el número de actores, porque la democracia presupone una pluralidad de participantes en la contienda política. Así, el escenario IV es menos violento que el III porque el Estado limita la participación de actores legales y semilegales en los asuntos públicos y los ciudadanos cuentan con mecanismos de control sobre las autoridades más allá del ámbito electoral. Es decir, el escenario IV combina las bondades del régimen democrático y mayores capacidades estatales, mientras que el III plasma las dificultades que enfrenta un Estado que no es capaz de hacer valer la legalidad ni permite que sus ciudadanos tengan mecanismos de control no electoral sobre sus autoridades.
En resumen, el escenario I es el peor para la integridad física de los ciudadanos porque el Estado sólo es capaz de actuar arbitrariamente y sin controles, cuando puede hacerlo. El IV es el menos violento porque los participantes del juego político tienen límites establecidos y los ciudadanos cuentan con controles sobre las autoridades. En medio de ellos, el escenario II implica violaciones sistemáticas a las libertades civiles propias de un Estado no democrático, pero sólo atenta contra la integridad física de sus habitantes de manera esporádica y selectiva, aunque puede alcanzar niveles muy altos de intensidad si las autoridades lo consideran necesario.7 Finalmente, el III trata de Estados incapaces de proteger a sus ciudadanos, incluso si quieren hacerlo, en sintonía con el argumento de Neil Englehart (2009).
La dimensión democrática como determinante de la violencia estatal mexicana
La proposición democrática sostiene que una característica de las democracias es el respeto a la integridad física de sus ciudadanos. Sin embargo, la inclusión de ese atributo teórico en la operacionalización de democracia crea un problema tautológico cuando se busca estudiar los efectos del tipo de régimen sobre la violencia estatal en estudios empíricos (Hill y Jones, 2014). Se ha intentado solucionar de diversas maneras pero, desde mi perspectiva, o se limita demasiado —tomando como modelo el sistema estadounidense de mayoría relativa, reelección y gobierno presidencial— o se sigue reproduciendo la tautología, por otros medios.
Una solución al problema es separar las dimensiones de la democracia entre el componente electoral y la relación con la ciudadanía, como hacen Reynaldo Ortega y Fernanda Somuano (2011). Así, no sólo se evita la tautología, sino que puede explorarse la relación entre ambas dimensiones y, entonces, el funcionamiento de la democracia como conjunto, en sintonía con lo planteado por Daniel Levine y José Enrique Molina (2007). Desde luego, una democracia en sus mínimos electorales no es equivalente a otra que incluya división efectiva de poderes, rendición de cuentas y controles ciudadanos. Al respecto, conviene resaltar que la democracia liberal sólo es una de las modalidades de los regímenes democráticos. Desde mi perspectiva, otras describen de mejor manera el ambiente mexicano, como la democracia iliberal (Zakaria, 1997) o, en menor medida, la delegativa (O’Donnell, 1997).
Siguiendo este camino, la investigación se concentró en la dimensión electoral de la democracia, separándola en tres momentos: la emisión del voto, el sistema electoral y la distribución del poder público. Cada uno tiene efectos distintos sobre la violencia estatal, aunque considero que, en conjunto, la democratización debería disminuirla. Por un lado, las aproximaciones teóricas encuentran valor intrínseco en las elecciones para disminuir las violaciones a la integridad física porque implican aceptación ciudadana de los canales institucionales y logran expresar y articular el disenso, así como proveer límites institucionales para la conducta aceptada, según David Richards y Ronald Gelleny (2007). Teóricamente, esto derivaría en menos protestas y menos represión, una de las modalidades de la violencia estatal, como se discutió líneas arriba.
Por otro lado, las elecciones sirven como mecanismos de acceso y distribución del poder público. La democratización del sistema político implica el incremento de controles institucionales al poder gubernamental, así como mecanismos de rendición de cuentas horizontales y verticales, en términos de Guillermo O’Donnell (2004). Además, aunque el pluripartidismo legislativo y la alternancia gubernamental sólo son posibilidades en un sistema democrático, su presencia fortalece los mecanismos democráticos contra la violencia estatal, porque los partidos de oposición tienen incentivos electorales para mantenerse alertas ante la conducta gubernamental, buscando capitalizar las posibles violaciones gubernamentales a los derechos humanos en los comicios.
Sin embargo, como se apuntó en la sección anterior, también debe considerarse como posibilidad que la democracia puede traer efectos nocivos para la integridad física de las personas: la democratización puede incrementar las expectativas ciudadanas sin llegar a satisfacerlas, generar inestabilidad política mediante la amenaza a las élites vigentes o desordenar los arreglos institucionales previos, formales e informales, sin sustituirlos a plenitud. Así, los efectos positivos de la democratización para reducir la violencia estatal sólo son una cara de la moneda. La otra, formalizada en la teoría de la U invertida (Fein, 1995; Davenport, 1999; Davenport y Armstrong, 2004), previene sobre el incremento de la violencia ante la incapacidad estatal para satisfacer las demandas ciudadanas y respetar la integridad física de sus habitantes.
Las capacidades estatales como determinante de la violencia estatal mexicana
Una parte central del argumento de este artículo es que el incremento de las capacidades estatales reduce la violencia estatal. Por ello, es necesario precisar qué se entenderá por capacidades estatales, sin dejar de señalar que, desafortunadamente, no hay una definición estándar del término (Englehart, 2009). Algunos autores hacen hincapié en que este concepto depende del contexto de la unidad de análisis. En ese sentido, Mann (2006) afirma que el poder del Estado varía según sus condiciones militares, económicas e ideológicas, mientras Tilly (2007) afirma que se entienden como resultado de la negociación entre el Estado y sus ciudadanos.
Para Mann (2006), las sociedades requieren reglas para la protección de la vida y la propiedad. Afirma que el Estado se desenvuelve en dos dimensiones diferentes: poder infraestructural o poder despótico. El primero se refiere a la capacidad estatal de penetrar a la sociedad civil y ejecutar decisiones políticas, incrementándose con la utilidad social que brinde. El despótico corresponde al abanico de acciones que las autoridades pueden emprender arbitrariamente, proviene de la incapacidad de la sociedad para controlarlos. Tomando como referencia el concepto de poder infraestructural, se consideran cuatro áreas de interés, relacionadas entre sí: recaudación fiscal, alcance territorial, mantenimiento del orden interior, y corrupción.
Diversos autores sugieren que la recaudación fiscal es una de las capacidades estatales más importantes (Englehart, 2009; Hendrix, 2010; Hutchison y Johnson, 2011; Tilly, 2007). A pesar de sus diferencias, el principio es el mismo: la recolección de impuestos no sólo es necesaria para que el Estado disponga de recursos para implantar sus políticas, sino también para fomentar una burocracia capacitada y eficiente.
Otro aspecto central dentro del poder infraestructural es el alcance territorial, entendido como la habilidad del Estado para penetrar en su territorio. Mann (2006) plantea que una de las funciones principales por las cuales la sociedad dota de independencia al Estado es mantener las infraestructuras de comunicación. Para Hillel Soifer (2008), el grado de penetración estatal determina la habilidad del Estado para ejercer su autoridad.
Partiendo del monopolio estatal de la violencia legítima weberiana, Mann (2006) afirma que el mantenimiento del orden interior, una de las funciones principales del Estado, tiene como objetivo la protección de la vida y de la propiedad. Huntington (1996) coincide con ese principio. Desde su perspectiva, el Estado tiene como premisa central garantizar el orden y la estabilidad. Para ello, nos dice, puede recurrir al ejercicio arbitrario de la fuerza. Como se aprecia, la línea entre el mantenimiento del orden interior y la utilización del poder despótico (Mann, 2006) es muy delgada.
Englehart (2009) tiene otra opinión, en la cual la fortaleza del Estado depende de sistemas legales imparciales, fuertes y eficaces. A partir del poder infraestructural, él plantea que los Estados débiles no están capacitados para combatir los abusos de los actores privados y generan incentivos, sobre todo por la vía del salario, para la corrupción de policía, jueces y funcionariado. Así, la violación a la integridad física de los ciudadanos no sólo depende de la voluntad de las autoridades, también de su incapacidad para controlar a sus agentes y limitar los abusos externos.
Por último, vale la pena mencionar la percepción ciudadana como un aspecto clave de las capacidades estatales. Tilly (2007) destaca la importancia de las redes de confianza, entendidas como la aceptación de la relación entre representante y representado. De la misma manera, Marc Hutchison y Kristin Johnson (2011) afirman que las fallas merman la legitimidad estatal, entendida como la confianza individual hacia el gobierno en su desempeño sobre áreas específicas. La legitimidad gubernamental deriva del cumplimiento de sus funciones: “los gobiernos legítimos son estables y eficientes en la implementación de políticas utilizando niveles menores de coerción” (2011: 738). Soifer (2012) afirma que las expectativas de la población sobre el desempeño estatal se relacionan con sus capacidades, generando círculos virtuosos o viciosos: mientras mejor sea la provisión de bienes y servicios estatales, mayor será la demanda y, por tanto, el Estado tendrá incentivos para mejorar constantemente su desempeño; en el caso contrario, la población no espera demasiado de sus autoridades y, así, aquéllas no tienen incentivos para mejorar, sino para mantener el statu quo.
Operacionalización de conceptos
Las entidades mexicanas presentan diferencias muy importantes entre sí, lo que convierte al territorio mexicano en un laboratorio natural para estudiar los efectos de la democratización y el incremento de las capacidades estatales sobre la violencia estatal. Esta sección presenta un análisis empírico de estas variables. Primero discurre sobre las formas de operacionalizar la violencia estatal y su pertinencia para las entidades mexicanas. Después, muestra cómo esta investigación adaptó intentos anteriores. Finalmente, hace un repaso de las variables utilizadas en los modelos estadísticos y las fuentes de información.
Hay dos formas de operacionalizar la violencia estatal en la literatura macrocuantitativa. La primera utiliza la Escala de Terror Político (ETP) de Steven Poe y Neil Tate (1994), centrada en las violaciones a la integridad física: presos políticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. La segunda es el CIRI Human Rights Data Project (CHRDP) de David Cingranelli y David Richards (2010), que incluye las restricciones a las libertades civiles, desde censura en los medios y restricciones políticas hasta derechos económicos o de género. Se tomó como referencia la ETP porque, como se dijo páginas atrás, considero que la dimensión física es más grave que las restricciones a las libertades (aunque frecuentemente se traslapen en la realidad), y porque esa opción permite delimitar el fenómeno y facilitar la búsqueda de información, de por sí complicada.
Desafortunadamente, no fue posible emplear ninguna de las fuentes tradicionales porque utilizan datos a nivel país, mientras que la investigación se interesó en el nivel estatal de gobierno. La creación de una base de datos a partir de la revisión hemerográfica, una de las sugerencias metodológicas de Davenport (2007b), hubiese sido la mejor forma de sobrepasar esa situación. Sin embargo, por límites económicos y temporales, su realización resultó imposible para todas las entidades federativas durante el periodo seleccionado.
La mejor opción disponible fue actualizar el trabajo de Caroline Beer y Neil Mitchell (2004), centrando la atención en las violaciones a los artículos 3 a 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la vida, derecho a la libertad y seguridad de la persona, derecho a no ser torturado o castigado degradantemente, derecho a no ser arrestado arbitrariamente. Ellos midieron la violencia estatal mediante el número de quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por entidad federativa. Podría argumentarse que las quejas no son indicadores fiables porque las autoridades pertinentes todavía no evalúan el caso, pero ese razonamiento no considera que los ombudsman rara vez emiten recomendaciones —por ejemplo, la CNDH convierte sólo 1% de las quejas— porque no son instrumentos jurídicamente vinculantes y la mayor parte de su castigo es presión política, utilizada sólo en casos extremos (Magaloni y Elizondo, 2014).
La diferencia primordial con el trabajo de Beer y Mitchell (2004) es el origen de los datos. Debe considerarse que la CNDH sólo puede atraer algunos de los casos atendidos previamente por los organismos autónomos de derechos humanos de las entidades federativas (ODH), por lo que resulta menos representativa que sus contrapartes locales. Además, aunque en los últimos años ha realizado esfuerzos para plasmar el número de quejas por entidades federativas en sus informes anuales, la información no está disponible en los años requeridos.
Así, este artículo elaboró la tasa de violencia estatal a partir del número de quejas (TVEQ), calculada mediante el número de quejas por violaciones a la integridad física interpuestas en los ODH por cada 100 000 habitantes. La información proviene de los informes anuales de los organismos locales, complementada con múltiples solicitudes de acceso a la información. Se obtuvieron datos de casi la totalidad de entidades federativas en la mayoría de los años de estudio, salvo Veracruz y Tamaulipas.
Cuatro indicadores componen la TVEQ: violaciones a la libertad es la suma del número de quejas por detención arbitraria y retención ilegal; tortura y maltrato agrupa las quejas por tortura, tratos crueles y degradantes, empleo arbitrario de la fuerza y lesiones; violaciones a la vida recopila las quejas por homicidio extrajudicial, asesinato y violaciones al derecho a la vida; desaparición forzada concentra las quejas por incomunicación y desaparición forzada. Vale la pena mencionar que la Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos (OFMDH) ha intentado homologar los catálogos de violaciones desde principios de esta década, aunque los ODH todavía no procesan la información uniformemente.
Para la proposición democrática se eligieron indicadores electorales, para evitar la tautología mencionada líneas arriba. El cuadro 2 muestra las variables seleccionadas y los efectos previstos sobre la violencia estatal. Por su parte, la medición de las capacidades estatales tomó como referencia las cuatro áreas de interés obtenidas a partir del poder infraestructural (Mann, 2006). El conjunto se dividió desde la perspectiva de procesos y resultados, a partir de las áreas de interés, como muestra el cuadro 3.
Análisis de los datos
¿Cuáles son las causas de la violencia estatal en las entidades federativas mexicanas? En términos generales, la hipótesis resultó cierta: el incremento de las capacidades estatales tiene prioridad sobre la democratización electoral para explicar las violaciones a la integridad física. Sin embargo, también hay resultados inesperados. La primera parte de la sección muestra la estadística descriptiva de las variables utilizadas, la segunda presenta los modelos estadísticos con datos panel y la tercera discute los resultados.
Descripción de los datos
La gráfica 1 muestra el incremento sistemático de la violencia estatal en el país, con un aumento de 45.6%, pasando de 10 877 quejas por violaciones a la integridad física en 2008 a 15 896 en 2014. El periodo entre 2012 y 2013 presenta el cambio más abrupto, pues pasó de 14 504 registros a 15 463. Como se aprecia, las violaciones a la vida y la desaparición forzada son los tipos menos frecuentes. Desagregando, sólo tortura y maltrato presentó un incremento permanente, los otros indicadores disminuyeron en alguno de los años, aunque la tendencia general es ascendente.
¿Cuál es el desempeño de los partidos políticos en relación con la violencia estatal? El cuadro 4 muestra que los gobiernos priístas violentan la integridad física con más asiduidad que los demás, mientras los gobiernos encabezados por candidatos independientes u otros partidos son los menos violentos. Este hallazgo no coincide con la literatura macrocuantitativa que asocia los gobiernos de izquierda con mayor violencia estatal (Poe y Tate, 1994). También vale la pena resaltar que la diferencia en los rangos es amplia para los tres partidos principales, aunque mucho mayor para priístas.
El cuadro 4 también indica la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En primer lugar, la concentración del poder público tiende a incrementar las violaciones a la integridad física, como se aprecia en las medias de los grupos analizados, mientras el incremento de los controles legislativos al gobierno estatal disminuye la violencia estatal, generando evidencia favorable al principio básico de la proposición democrática. En segundo, permite discutir una posible distorsión o subregistro cuando el mismo partido controla persistentemente al poder público. De hecho, entidades que podrían considerarse enclaves autoritarios (Gibson, 2005; Giraudy, 2009)8 tienen una media en su TVEQ similar a las entidades federativas con gobiernos unificados (15.78 para los primeros y 16.11 para los segundos). Así, parece que el control del poder público no resulta muy efectivo sobre el número de quejas: lejos de disminuirlas, por medio de la manipulación, parece incrementarlas, arrojando evidencia contra la distorsión esperada.
El cuadro 5 presenta la media, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo de las variables utilizadas en los modelos estadísticos. En promedio, los ODH registran casi 16 quejas anuales por violaciones a la integridad física por cada 100 000 personas. Desde luego, no todas las entidades federativas se comportan de la misma manera, desde el mínimo en Durango en 2010 hasta el máximo de Campeche en 2014.9 La TVEQ mantiene relaciones interesantes con el resto de las variables, como se muestra en el Anexo 3. Algunas parecen en sintonía con la literatura, como los años de alternancia (-0.2314) o el porcentaje de jóvenes (0.4704), aunque otras parecen contradecirla, como la relación con la longitud de la red carretera (0.3142) o los ingresos propios (0.1978).
Las variables de la proposición democrática son muy diferentes de una entidad a otra. Por ejemplo, aunque los índices de Juan Molinar (1991) para votos y escaños muestran distribuciones más cercanas al pluripartidismo, es evidente la persistencia de sistemas fuertemente dominados por un partido político. También llama la atención la distribución de la variable años desde la alternancia, porque la literatura afirma que los efectos negativos de la democratización sobre la violencia estatal son más evidentes conforme avanza el tiempo (Richards y Gelleny, 2007; Hill y Jones, 2014).10 En ese sentido, la media de la variable sugiere que siete años es tiempo razonable para disminuir las violaciones a la integridad física. En resumen, la estadística descriptiva de ese grupo de variables refleja la tendencia hacia el pluripartidismo y la alternancia en los regímenes políticos de las entidades mexicanas, aunque también muestra la persistencia de enclaves autoritarios.
Las entidades federativas también muestran heterogeneidad en sus capacidades estatales. Para empezar, las variables del grupo de alcance territorial evidencian las diferencias notables en el poder infraestructural de las entidades federativas, como se aprecia en los valores de la longitud carretera. Sin embargo, la diversidad es más evidente en el área de resultados: a pesar de que la cobertura es superior al 90% en la mayoría de las entidades, el habitante de la entidad con mejor dotación recibe casi cinco veces más litros de agua potable que otro en el lugar con menor suministro.
Las diferencias entre las variables seleccionadas para mantenimiento del orden interior también son grandes. El análisis de los mínimos y máximos correspondientes en el cuadro 5 indica diferencias sustanciales en las capacidades de las entidades federativas para garantizar la estabilidad, el orden y la protección de sus ciudadanos. Vale la pena subrayar que, para el contexto mexicano, el incremento de esas capacidades no se traduce automáticamente en mayor protección a los ciudadanos: la disminución en las variables de esta capacidad también puede disminuir las violaciones a la integridad física, porque merma las posibilidades del uso arbitrario de la fuerza de las autoridades.
Finalmente, el cuadro 5 muestra entidades federativas con mucho mayores capacidades de recaudación que otras. Algunas pueden percibir casi 20 veces más que otros, lo que sugiere burocracias mucho más eficientes y capacitadas. Por su parte, desde la perspectiva de procesos, la diferencia entre mínimos y máximos del porcentaje de la población en situación de pobreza es grande, quizá como consecuencia de las diferencias en la disponibilidad de recursos. En ello también juega un rol la transparencia en la utilización de los recursos, donde también hay diferencias considerables.
Presentación de los modelos estadísticos
Una buena opción para evaluar la influencia de la democratización electoral y las capacidades estatales sobre la violencia estatal es mediante modelos de regresión con datos panel. Según Damodar Gujarati y Dawn Porter (2010), esos modelos resultan más adecuados para estudiar los procesos de cambio y mecanismos de comportamientos más complejos porque toman en cuenta la heterogeneidad en las unidades de análisis, como las entidades federativas mexicanas, tan diferenciadas entre sí.
Hay dos formas de utilizar los modelos con datos panel. La primera, de efectos fijos, busca explicar a partir de la información dentro de la unidad de análisis, mientras que los efectos aleatorios también indagan en la relación fuera de ellas. Además, según Óscar Torres-Reyna (2007), los efectos aleatorios permiten generalizar inferencias más allá de la muestra. El cuadro 6 presenta los modelos seleccionados. En términos generales, los resultados coinciden con la hipótesis: las capacidades estatales impactan en la violencia estatal, mientras que la mayoría de los elementos de la democracia electoral no lo hacen, a excepción de los años desde la alternancia.
El modelo 1 incluye todas las variables relevantes y con mejor desempeño durante el análisis. Los anexos 4 y 5 muestran otros modelos con todas las variables recopiladas y utilizadas. Hay dos consideraciones pertinentes. La primera es la variación significativa entre la bondad de ajuste y la probabilidad durante el tránsito de efectos fijos a efectos aleatorios. En segundo lugar, llama la atención que la constante disminuye de manera importante y cambia de signo.
El resultado más importante del modelo 1 es que ninguna de las variables de la proposición democrática resultó estadísticamente significativa, tanto en efectos fijos cuanto en aleatorios. Por el contrario, cada área de las capacidades estatales contó con algunas variables estadísticamente significativas, a excepción del alcance territorial. Por otro lado, el modelo no permite discernir si los procesos son más importantes que los resultados. Por último, llama la atención el desempeño de la variable porcentaje de población joven, por su significancia estadística en efectos aleatorios y su coeficiente alto.
Resultó pertinente enfocarse en las capacidades estatales, sobre todo para discernir si los procesos son más importantes que los resultados. Siguiendo con el cuadro 6, el modelo 2 se enfoca en los procesos de las capacidades estatales, entendidos como mecanismos para conseguir resultados deseados. Nuevamente, la bondad de ajuste y la probabilidad cambian radicalmente de efectos fijos a aleatorios y, además, la constante disminuye y cambia de signo. Debe resaltarse que el modelo 2 de efectos aleatorios es el que presenta mayor poder explicativo de todos los presentados.
Es importante destacar que las variables relativas a la emisión del voto, el sistema electoral y la distribución del poder público no tienen efectos sobre la variable dependiente. Sin embargo, la variable años desde la alternancia resultó estadísticamente significativa y disminuye la TVEQ en el modelo de efectos aleatorios, que tuvo mayor probabilidad. Este resultado es uno de los hallazgos más importantes del análisis, sobre todo porque es la única variable significativa del grupo de la democracia electoral y, además, tiene un efecto reductor sobre la TVEQ, en consonancia con los supuestos de la proposición democrática.
Dentro de las capacidades estatales, dos de cuatro variables resultaron estadísticamente significativas: los ingresos propios per cápita, aunque el valor del coeficiente parece no incidir en la TVEQ, y el índice de transparencia, que resultó más relevante, aunque sólo con p<0.1. Por su parte, ni el personal de seguridad ni la longitud de la carretera tuvieron efectos sobre la variable dependiente. Por último, nuevamente el porcentaje de la población joven tuvo el mejor desempeño en efectos aleatorios, con una probabilidad de p<0.01 y porque su coeficiente disminuye de manera importante la violencia estatal.
El modelo 3, enfocado a los resultados de las capacidades estatales, entendidos como mecanismos de evaluación, es el que menor poder explicativo tiene, porque su bondad de ajuste es la más baja de los tres y muestra la probabilidad menos deseable en las pruebas correspondientes. Como los modelos anteriores, la constante nuevamente disminuye y cambia de signo. Como ocurrió con el primero, las variables relacionadas con la proposición democrática son consistentes con la hipótesis de la investigación, porque no muestran efectos sobre la violencia estatal. Además, coincidiendo con la respuesta tentativa, las capacidades estatales son los elementos determinantes del modelo, pues todas las áreas se mostraron estadísticamente significativas.
La diferencia principal del modelo 3 se localiza en el tránsito de efectos fijos a aleatorios. Así, mientras las variables del mantenimiento del orden interior y de la recaudación fiscal se mostraron estadísticamente significativas en ambas estimaciones, la de alcance territorial lo fue sólo en fijos y la de la corrupción en aleatorios. Además, todas reducen la violencia estatal. Nuevamente llama la atención el comportamiento del porcentaje de la población joven en el modelo de efectos aleatorios, similar al de los modelos anteriores.
Discusión de resultados de los modelos estadísticos
Durante la revisión de los modelos estadísticos se encontraron algunas generalidades que vale la pena resaltar. Primero se hablará del desempeño metodológico de los modelos; después, de las variables de la proposición democrática, para pasar luego a las distintas áreas de las capacidades estatales.
Todos los modelos con efectos aleatorios mostraron mejor desempeño que los de efectos fijos, tanto en su poder explicativo como en términos de probabilidad. Además, el modelo 2, enfocado en los procesos de las capacidades estatales, fue el que mejor comportamiento tuvo de los tres, seguido por el modelo general y, por último, el modelo de resultados.
De las variables seleccionadas de la proposición democrática, mostradas en el cuadro 2, sólo años desde la alternancia resultó estadísticamente significativa en una ocasión, en los efectos aleatorios del modelo 2, coincidiendo con la literatura que afirma una relación negativa entre la democratización y las violaciones a la integridad física de los ciudadanos (Hill y Jones, 2014). Sin embargo, los resultados no parecen contundentes, no sólo porque la probabilidad no es la mejor (p<0.1) y el sentido de su coeficiente no coincide con el mostrado en efectos fijos, sino porque no fue estadísticamente significativa en otros modelos. De cualquier forma, es uno de los resultados más interesantes del análisis.
Así, puede decirse que los años desde la alternancia sí pueden disminuir la violencia estatal arbitraria, a diferencia del resto de elementos considerados de la democracia electoral. Simplemente, los resultados del modelo 2 impiden afirmar categóricamente la irrelevancia de la proposición democrática, pero tampoco generan evidencia contundente para afirmar que un mayor número de años transcurridos desde la alternancia es condición suficiente para disminuir la violencia estatal.
También llama la atención que la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo no resultara estadísticamente significativa, en sus distintas configuraciones (véase el Anexo 4), como sucedió con las siglas partidistas de los gobernantes. El resultado es interesante porque la estadística descriptiva mostraba una tendencia de los gobiernos unificados y/o priístas hacia el incremento de la violencia estatal, mientras que los gobiernos de otros partidos o sin mayoría la reducían. A la espera de mayor exploración sobre el tema, esos resultados podrían relacionarse con que los factores exógenos al partido político o la relación entre poderes son los que determinan el resultado, coincidiendo con que las capacidades estatales determinan la violencia estatal arbitraria.
Así, los modelos muestran que la mayoría de variables correspondientes al régimen político no tuvieron efectos sobre la violencia estatal. ¿Por qué? Este fenómeno tiene dos lecturas. La primera es que, salvo la duda razonable sobre los años desde la alternancia, la proposición democrática no parece tener efectos, ni positivos ni negativos, sobre la variable dependiente. Por un lado, el multipartidismo en las elecciones no incrementa la TVEQ; por el otro, los controles institucionales y la división efectiva de poderes fueron irrelevantes en todos los modelos aplicados. Es decir, la democratización electoral no parece generar frenos y castigos verdaderos para los responsables. Así, la mejoría en la representatividad e igualdad electoral no parece disminuir, o siquiera impactar, las violaciones a la integridad física de los ciudadanos.
Evidentemente, las causas parecen radicar en otro lado. Los resultados de los modelos son contundentes en cuanto a que las capacidades estatales determinan la violencia estatal. En general, todas las áreas consideradas resultaron significativas: corrupción, mantenimiento del orden interior, recaudación fiscal y, en menor medida, alcance territorial. Parece especialmente pertinente la utilización de variables de procesos y resultados, pues permite evaluar entre medios y fines dentro de las áreas de interés de las capacidades estatales.
Las variables del área de alcance territorial tuvieron comportamientos diferenciados, aunque en general parecen no afectar a la TVEQ. Dentro de los procesos de las capacidades estatales, la red carretera per cápita no incidió en los modelos donde se incluyó. Esos resultados son decepcionantes porque la penetración del Estado se asocia con la capacidad de los funcionarios para ofrecer servicios y garantizar seguridad a sus ciudadanos, así como en la capacidad de control de las autoridades sobre agentes externos. No parece ser el caso de las entidades federativas mexicanas.
Por su parte, la calidad de los servicios públicos, medida a través de la dotación de agua potable, tampoco parece afectar a la violencia estatal de manera consistente: sólo resultó estadísticamente significativa en una ocasión (en efectos fijos del modelo 3, que tiene un alcance explicativo muy bajo), con un coeficiente muy pequeño y una probabilidad de p<0.1. Al respecto, vale la pena señalar que durante la construcción de la base de datos intenté recopilar la mayor cantidad de información posible y que los modelos presentados sólo son una parte del total, por lo que los elementos seleccionados son aquellos que se encontraban disponibles para todas las entidades en el periodo de estudio y en fuentes confiables. Además, son los que ofrecen resultados más robustos ante diferentes especificaciones. Así, aun confirmando que la disponibilidad de la información constituyó un obstáculo recurrente a lo largo de la investigación, parece que los resultados son suficientemente sólidos.
Es claro que la corrupción es uno de los grandes déficits del Estado mexicano, porque merma los recursos para incrementar y sostener su poder infraestructural, además de brindar oportunidades para la cooptación de los funcionarios. Los resultados muestran que el Índice de Transparencia tiene significancia estadística en todos los modelos de efectos aleatorios, con probabilidades de p<0.1 y p<0.05. En ellos, y como se esperaba, el incremento en la transparencia disminuye las violaciones a la integridad física. Desafortunadamente, no hubo disponibilidad de información para utilizar alguna variable de resultados en el área de corrupción.11
En cuanto a la capacidad extractiva del Estado, persistente en casi toda la literatura consultada sobre capacidades estatales, cabría esperar un efecto reductor sobre la violencia estatal porque incrementa los recursos del Estado e implica burocracias eficientes y profesionalizadas. Aunque la variable ingresos propios per cápita es estadísticamente significativa en los modelos que mostraron mejor probabilidad en las pruebas correspondientes, sus coeficientes son muy bajos (0.005 y 0.006) y, en dado caso, parece incrementar la violencia estatal, cuando debería reducirla. Así, los resultados son contraintuitivos. ¿Por qué se incrementa ligeramente la violencia estatal en las entidades con más capacidad de recaudación per cápita? Sin duda, es una veta de investigación por desarrollar en el futuro, sobre todo porque la variable tiene efectos directos sobre el poder infraestructural, dota al Estado de los recursos necesarios para la implantación de sus políticas y fomenta la profesionalización burocrática de la administración pública.
En el rubro de resultados, el porcentaje de la población en situación de pobreza sólo es estadísticamente significativa en los modelos de resultados, con probabilidades de p<0.1 para efectos fijos y p<0.05 para aleatorios. Sin embargo, llaman la atención los coeficientes en ambos modelos, porque dan a entender que el incremento de la pobreza disminuye de manera importante las violaciones a la integridad física. Este resultado es contraintuitivo, porque la pobreza incrementa la vulnerabilidad de la población frente al comportamiento arbitrario de las autoridades. Una explicación posible es que los resultados se relacionen con las dificultades que enfrenta ese sector de la población para interponer demandas legales o quejas por violaciones a los derechos humanos, tanto por costos humanos como financieros. En todo caso, el escenario apunta a un déficit en la capacidad de atención de los ODH, los cuales muestran diferencias notables entre sí en asuntos tan simples como el procesamiento de la información, la sistematización del número de quejas en sus informes anuales y las respuestas a las solicitudes de acceso a la información.
Finalmente, es turno del mantenimiento del orden interior, probablemente el área más controvertida de las capacidades estatales, porque si bien la seguridad y la estabilidad constituyen la base misma de la relación entre Estado y sociedad, la opresión estatal siempre es una posibilidad. Aquí también se encuentran diferencias entre procesos y resultados, como ha sucedido con las otras áreas analizadas hasta el momento.
El grupo de procesos utilizó el número de personal de seguridad per cápita. La variable resultó estadísticamente no significativa en todos los casos. Éste es un resultado muy importante porque el gasto en seguridad es un elemento persistente en la literatura sobre violencia estatal: por un lado, si las autoridades tienen más capacidad de acción para garantizar la seguridad ciudadana y frenar los abusos de agentes privados, se espera una reducción en las violaciones a la integridad física; por el otro, las autoridades pueden justificar incrementos en el gasto en seguridad pública mediante acciones violentas, con el argumento de que la violencia estatal garantiza la estabilidad. Sin embargo, la variable carece de poder explicativo sobre la violencia estatal en las entidades federativas mexicanas.
Por su parte, el grupo de resultados utilizó dos variables. Sobre la primera, la cifra negra de impunidad refleja la incapacidad del Estado para garantizar el orden interior y la propiedad de sus habitantes, así como mayor propensión o tolerancia a que agentes externos sobrepasen el monopolio legítimo de la violencia estatal y vulneren a sus habitantes. No obstante, la impunidad no fue una variable determinante y no correspondió a las expectativas teóricas.12
La segunda variable tuvo mejor desempeño. La tasa de robo de vehículo sin violencia fue consistentemente el elemento más significativo en términos estadísticos, con probabilidades de p<0.05 y p<0.01. Lo que más llama la atención es el sentido de su relación con la variable dependiente: según los modelos, el incremento en la tasa de robo disminuye las quejas por violaciones a la integridad física en los organismos autóno-
mos de derechos humanos. Una explicación coherente es que las autoridades de seguridad pública son incapaces de cumplir sus funciones sin actuar contra la integridad física de sus habitantes. Esto tendría que ver con que el contexto mexicano de enfrentamiento entre grupos del crimen organizado y el Estado ha permitido que los agentes de seguridad radicalicen sus acciones y estrategias, llegando a mimetizarse con las acciones de los criminales (Pereyra, 2012).
En resumen, los modelos muestran la tensión entre las expectativas teóricas y la dimensión empírica. Retomando a Englehart (2009), las autoridades en las entidades federativas mexicanas pueden ser incapaces de proteger a sus ciudadanos y algunas veces hasta forman parte de los agresores. Dicho de otra forma, los límites entre el poder infraestructural y
el despótico (Mann, 2006) llegan a desaparecer en la acción cotidiana de las fuerzas de seguridad locales. ¿Por qué? Una causa plausible radica en la
poca utilidad de la democracia electoral para disminuir las violaciones a la integridad física en las entidades mexicanas: si los incentivos electorales para castigar las violaciones a derechos humanos no funcionan, si los controles institucionales no se activan, si el pluripartidismo legislativo no se traduce en controles y sanciones a la violencia arbitraria, queda poco por hacer para erradicar el comportamiento despótico de los agentes de seguridad en las entidades mexicanas.
Finalmente, las variables de control también tuvieron resultados dispares. El porcentaje de población desempleada no fue significativo en modelo alguno, a pesar del potencial de conflictividad social que se asocia con la variable. La densidad poblacional sólo tuvo significancia estadística en los efectos aleatorios del modelo 2 (procesos de las capacidades estatales), con un coeficiente muy bajo (-0.003) y probabilidad de p<0.1. Por su parte, el porcentaje de jóvenes resultó muy significativo en todos los modelos de efectos aleatorios. Destaca su relación positiva con la TVEQ: por un lado, nos habla de un sector vulnerable frente al comportamiento arbitrario de los agentes de seguridad; por el otro, de un grupo poblacional más proclive a defender sus derechos.
Conclusiones
¿Cuáles son las causas de la violencia estatal en las entidades federativas mexicanas? La respuesta tentativa de la investigación fue que la democratización electoral no disminuye la violencia estatal, mientras que el incremento de las capacidades estatales sí. El análisis estadístico mostró elementos para sostener la hipótesis parcialmente, aunque evidenciando la necesidad de matizarla. En primer lugar, a diferencia de las otras variables de la democratización electoral, los años desde la alternancia pueden disminuir los abusos estatales. En segundo, aunque la mayoría de las variables de las capacidades estatales fueron consistentes en su desempeño, sus efectos no necesariamente disminuyen el número de quejas por violaciones a la integridad física interpuestas por los ciudadanos. Conviene, pues, ahondar en los hallazgos.
Los resultados de los modelos estadísticos son contundentes en que la mayoría de los elementos que conformaron la democracia electoral no modifican la violencia estatal en las entidades mexicanas. Es decir, su relación con las violaciones a la integridad física es casi nula, pues no generan la inestabilidad esperada en un contexto de democratización con capacidades estatales bajas (Tilly, 2007), pero tampoco logran establecer la dinámica de pesos y contrapesos que enuncia la proposición democrática (Davenport, 1999; Richards y Gelleny, 2007). Dicho de otra forma, las causas son exógenas al partido en el gobierno, el proceso de cambio político, la relación entre poderes o la configuración del electorado.
Sin embargo, uno de los resultados más importantes del análisis estadístico fue que los años desde la alternancia pueden disminuir la TVEQ, en consonancia con los planteamientos de Richards y Gelleny (2007), lo que impide afirmar que la democracia electoral es irrelevante para la violencia estatal, como sostenía la hipótesis de la investigación. Aun así, los resultados tampoco fueron contundentes para afirmar que un mayor número de años transcurridos desde la alternancia es condición suficiente para disminuir las violaciones a la integridad física.
Los resultados de los modelos muestran con claridad que las capacidades estatales son más útiles para explicar la violencia estatal que la democracia electoral. En general, todas las áreas de interés en las que se desagregó el poder infraestructural de Mann (2006) resultaron significativas en alguno de los modelos. Sin embargo, de todas ellas, el área de alcance territorial fue la menos relevante durante la investigación. Por su parte, la corrupción se comportó según las expectativas, porque las entidades con mayor transparencia en el manejo de los recursos tienden a violentar menos a sus habitantes que las más opacas. Desafortunadamente, no hubo información disponible para considerar alguna variable de resultados en el área de corrupción.
Por su parte, la recaudación fiscal produjo resultados muy interesantes y contraintuitivos: la capacidad recaudatoria casi no tiene efectos sobre la violencia estatal, mientras que el aumento de la pobreza disminuye el comportamiento arbitrario de las autoridades. Ese resultado, aunado a la importancia y el sentido del porcentaje de jóvenes en la población, apunta a la necesidad de modificar las atribuciones y el funcionamiento de los organismos autónomos de derechos humanos porque, simplemente, mientras las quejas no sean vinculantes y desemboquen en castigos para los violadores de derechos humanos en México, carecen de utilidad para la protección de la ciudadanía frente a la violencia estatal, como ejemplifica la escasa conversión de quejas en recomendaciones (Magaloni y Elizondo, 2014): ¿qué incentivos tendrían las personas en situación de vulnerabilidad para interponer una queja?
Los resultados del mantenimiento del orden interior fueron diversos. En primer lugar, dentro de los procesos, aunque la literatura anunciaba mayor influencia —ya fuese porque el incremento de agentes ayuda a garantizar el orden y la estabilidad o porque incrementa las posibilidades del uso arbitrario de la fuerza—, el número de policías per cápita no modifica la violencia estatal. En segundo, para resultados, el desempeño de la cifra negra de impunidad muestra que la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad física y la propiedad de sus ciudadanos no tiene efectos sobre las violaciones a la integridad física, mientras que la importancia de la tasa de robo expresa que, en las entidades mexicanas, la frontera entre el mantenimiento del orden interior y el poder despótico es muy porosa.
Así, retomando el argumento de Tilly (2007) esquematizado en el cuadro 1, parece que las capacidades estatales impactan en la violencia estatal de las entidades federativas mexicanas. ¿Por qué? Como muestra el artículo, la democracia electoral llega a ser irrelevante para la integridad física de los ciudadanos mexicanos: poco queda por hacer para erradicar el comportamiento despótico de las fuerzas de seguridad pública si los incentivos electorales no funcionan, si los controles institucionales no se activan, si el pluripartidismo legislativo no se traduce en sanciones a la violencia arbitraria, salvo esperar apariciones esporádicas de buenos gobiernos que expandan las capacidades estatales.
Como se ha mencionado con anterioridad, el incremento notorio de la violencia estatal hace cada vez más necesaria la búsqueda de explicaciones generales sobre el comportamiento arbitrario de las autoridades. Así, en términos generales, considero que el análisis estadístico presentado en este texto no sólo contribuye al entendimiento de la violencia estatal en las entidades mexicanas, sino que sus limitaciones y dificultades pueden ser de utilidad para investigaciones futuras del fenómeno.
Desde mi perspectiva, el problema principal de los estudios cuantitativos sobre violencia estatal radica en la naturaleza misma del fenómeno, porque el registro corre a cargo de funcionarios pertenecientes al Estado y sus alternativas, como la revisión documental, incrementan los costos económicos y temporales del análisis. Además, las fuentes tradicionales de información, como el CIRI Project (Cingranelli y Richards, 2010) y la Escala de Terror Político (Poe y Tate, 1994), no pueden ser utilizadas en el estudio de las entidades federativas mexicanas porque sus datos se interesan en países y no en unidades subnacionales. Por lo mismo, se optó por trabajar con el número de quejas interpuestas ante organismos de derechos humanos porque Beer y Mitchell (2004) habían procedido de esa manera y por el alto costo temporal y económico de las alternativas.
Sin embargo, aunque sin duda fue la mejor alternativa disponible, la utilización del número de quejas tiene dos inconvenientes. Por un lado, la interposición de una queja es un acto voluntario, lo que coloca en situación de desventaja a grupos de por sí vulnerables, como los indígenas o las personas por debajo de la línea de pobreza. Por el otro, las diferencias en el desempeño de los organismos autónomos de derechos humanos de las entidades federativas son muy grandes, en ámbitos fundamentales como el procesamiento sistemático y homologado de las quejas por violaciones a derechos humanos, los mecanismos de atención ciudadana o la capacitación del personal.
Para concluir, vale la pena subrayar que los límites no sólo refieren a la variable dependiente. Aunque los institutos electorales locales, el Congreso de la Unión y los congresos locales fueron suficientes para recopilar la información electoral y de distribución del poder público pertinente, mucha información relevante para medir las capacidades estatales no está disponible para los años de estudio o las unidades de análisis, particularmente los datos sobre corrupción o la evaluación de los servicios públicos.
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Recibido: 2 de agosto de 2016
Aceptado: 31 de julio de 2017
