Myriam Jimeno, Daniel Varela y Ángela Castillo. Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Ciencias Humanas-Centro de Estudios Sociales/Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2015), 346 pp.
Reseñado por:
Perla Orquídea Fragoso Lugo
Cátedras Conacyt/Cesmeca-Unicach
Sobre la violencia en América Latina en el siglo XX existe una vasta producción de investigaciones antropológicas y sociológicas que abordan sus múltiples manifestaciones, avatares, condiciones de producción y consecuencias. La diversidad y la abundancia de dichos estudios dan cuenta de que la presencia de los fenómenos violentos en los derroteros de los países latinoamericanos ha sido contundente, es decir, que las violencias han configurado una dimensión importante de sus sociedades en distintos ámbitos y que, por tanto, resulta fundamental comprender dichas configuraciones.
En el caso de Colombia, la experiencia del continuo de violencia política, criminal y social derivado de la presencia del narcotráfico desde finales de los años setenta, así como del conflicto armado entre el Estado, las diversas fuerzas guerrilleras y los grupos de insurgencia en las siguientes décadas, se refleja en reflexiones e investigaciones que las abordan desde diferentes ejes. Uno de ellos, especialmente desde la promulgación de la Ley de Justicia y Paz (2005) y la instalación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), ha sido la cuestión de la producción de memoria colectiva como una herramienta necesaria para reconstruir acontecimientos sociales y políticos que den cuenta del sufrimiento de las víctimas del conflicto, de modo que sean puestos en marcha los procesos de reparación (de derechos, simbólica, material, territorial, etcétera).
Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio aborda este proceso de reconfiguración de la memoria social de las víctimas, a través de la narración de la experiencia de un grupo de familias —67 unidades domésticas con aproximadamente 300 personas— asentadas en un territorio en Timbío, en el centro del Cauca colombiano, quienes decidieron no retornar a la región que habitaban, el Naya, después de una masacre cometida en la Semana Santa de 2001 por un grupo paramilitar, el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, este libro de triple autoría no se centra exclusivamente en la reconstrucción de dicha memoria, sino en cómo este acto de recordar para estructurar una narrativa de lo ocurrido se transformó para el heterogéneo grupo de familias (indígenas nasa, campesinas y negras) afectadas por la masacre y el desplazamiento territorial en un mecanismo político para recrear su identidad grupal, construir una nueva comunidad y, como los propios autores señalan, recuperando una expresión de Veena Das, rehabilitar el mundo destruido por la violencia.
Para ello, Myriam Jimeno, Daniel Varela y Ángela Castillo realizaron una etnografía de largo aliento en la que acompañaron en la cotidianidad y en distintos momentos y coyunturas, por al menos siete años, a este grupo de familias, especialmente a una de sus líderes, Lisinia, quien perdió a su esposo durante la masacre. Precisamente la pérdida y el sufrimiento son dos de los ejes que guían el trabajo reflexivo de los antropólogos, quienes a lo largo de esta obra dan cuenta de cómo el lenguaje emocional pudo ser traducido en un discurso político, en el que las víctimas de la masacre y el desplazamiento asumieron una función de mediadoras simbólicas “entre la experiencia subjetiva y la generalización social”, de modo que parte del éxito de sus acciones se debió a que consiguieron interpelar a las instituciones gubernamentales y a la sociedad a través de la evocación de derechos pero también de la existencia de una comunidad emocional, cuya base fue la construcción de una identidad afectiva que prevaleció a pesar de las diferencias.
Antes de reasentarse en el Cauca —para tiempo después constituirse como el cabildo indígena Kitek Kiwe (Tierra Floreciente)—, el grupo de familias protagonista de este libro (constituido por indígenas nasa, por campesinos y por afrodescendientes) habitaba en la región del Alto Naya. Cuando en 2001 una organización paramilitar ingresó en la región y masacró a parte de la población (los habitantes también denunciaron casos de violencia sexual), los sobrevivientes se refugiaron en campamentos temporales en poblados vecinos. Después de tres años de permanecer en dichos campamentos, la mayoría de los pobladores decidieron regresar al Naya, mientras que algunos otros, organizados como Asociación Agropecuaria de Campesinos e Indígenas Desplazados del Naya (Asocaidena), y ante la falta de garantías de no repetición por parte del Estado colombiano para volver a su territorio, consiguieron gestionar, junto con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la adquisición de una nueva tierra en el norte del Cauca donde pudieran asentarse y recuperar el curso de sus vidas. La posibilidad de recrear su vida en comunidad fue resultado de una lucha en la que Asocaidena transitó de ser una asociación que se reconocía exclusivamente como campesina, a una que reivindicaba como fundamental su componente étnico nasa (como ya se ha mencionado antes, un sector de los integrantes de la asociación pertenece al grupo indígena colombiano llamado nasa o páez).
Para los autores de este libro, Asocaidena desplegó una estrategia en la que el uso político de la etnicidad indígena no puede interpretarse como una acción oportunista o meramente instrumental. Por el contrario, el surgimiento de la identidad indígena como algo propio del movimiento fue consecuencia del proceso de narrar la experiencia de la masacre y obtener recursos simbólicos para darle significado y sentido a dicha vivencia traumática. A partir de ello, los miembros de esta asociación se reconocieron como parte de un movimiento histórico de lucha y resistencia, en el cual encontraron eventos y personajes inspiradores para pelear por la reparación de su dolor tanto a nivel personal comunitario. Los autores explican cómo los integrantes de Asocaidena se apropiaron de “los capitales políticos, organizativos y afectivos de décadas de organización indígena en el Cauca y de la conciencia afirmativa que es parte de su política cultural de la etnicidad”. Para ello, se ocupan de situar al lector en la historia del Cauca indio desde la conquista, exponiendo también el devenir de las políticas indigenistas en Colombia y cómo se gestaron las luchas de reconocimiento étnico hasta su consolidación como un derecho constitucional.
Lo anterior resulta pertinente en el marco de uno de los abordajes centrales —dilema claramente antropológico— de esta obra, que se vincula con la posibilidad de comunicar la experiencia humana del horror para hacerla sensible a quienes no han participado directamente de ésta. Para los autores, ello es posible gracias a la narración que, al comunicar, también cura a quien realiza el esfuerzo por integrar y unificar la memoria de ciertos hechos. La narración suscita lazos afectivos que crean comunidades emocionales que, a su vez, pueden favorecer acciones políticas, tanto de reparación a las víctimas como de generación de condiciones para la no repetición de los hechos violentos. Como señalan los autores, el reconocerse como nasas fue fundamental para los integrantes de Asocadeina, porque situaron su lucha en una historia de pugnas y resistencias indígenas históricas en el Cauca frente a diversos embates y violencias. Así, la rememoración de sus gestas contra el despojo favoreció la comunicación de su experiencia de dolor e indignación por un despojo más, y al mismo tiempo les permitió elaborarla para convertirla en algo más que tristeza o resignación, como lo expresa Antonio Dagua, uno de los desplazados: “Esa violencia nos puso a reflexionar el corazón”.
Jimeno, Varela y Castillo recuperan el concepto de Jeffrey Alexander de “traumadramas” para referirse a las narrativas significantes construidas por los habitantes de Kitek Kiwe, en las que integraron contenidos de documentos históricos, leyendas, imágenes y símbolos nasa, tanto para reivindicar su derecho a la tierra como para significar su dolor. A estas narrativas, señalan los autores, también sumaron el lenguaje de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de los que se apropiaron con el fin de que dichas narrativas se convirtieran en una guía moral para la acción pública con miras a dignificar su vida. A lo largo de los primeros cuatro capítulos de la obra, los antropólogos se ocupan de mostrar cómo los integrantes de Asocadeina estructuraron su relato reivindicativo como sujetos de derechos vulnerados, y cómo gracias a éste —que sirvió como un interruptor simbólico y emocional para la acción política— y a partir de la apropiación de la política cultural de la etnicidad, consiguieron un territorio para su reasentamiento.
En los siguientes tres capítulos, del total de siete que integran el libro, Jimeno, Varelo y Castillo se refieren al complejo proceso que el grupo de reasentados emprendió para crear vínculos comunitarios en el nuevo territorio que, más tarde, les permitieron plantear un proyecto de vida común que los habitantes de Kitek Kiwe llaman “Plan de vida”. Lejos de presentar una visión idealizada de dicho proceso, los autores dan cuentan de las distintas tensiones en el interior del cabildo (especialmente las generacionales y de género), así como de los variados mecanismos (conmemoraciones, rituales, la organización del espacio y los medios de producción, la adopción del cabildo indígena, la fundación de una escuela propia, etcétera) para afrontar dichas tensiones y conservar los lazos sociales que otrora rompiera la violencia. Los autores muestran cómo nuevamente la dimensión emocional ha sido central en dicho proceso, pues al reconocerse como un grupo con un pasado de dolor común transformado en acción colectiva, los habitantes de Kitek Kiwe se han constituido como una comunidad emocional que, pese a su conformación intercultural, ha estructurado una narrativa de sí unificada, lo cual les ha permitido interpelar al Estado para continuar con la exigencia de justicia, movilizar recursos institucionales para el castigo de los responsables de la masacre e incluso dirimir las disputas internas en el cabildo para impulsar proyectos como la escuela autónoma.
Este libro resulta una obra original en la producción de estudios sobre el impacto de la violencia colectiva porque, justo como se expresa en su título, vincula dos dimensiones que tradicionalmente se han colocado en espacios distintos y desconectados: la emocional (asumida como privada e individual) y la política (categorizada como pública y colectiva). Al afirmar, recuperando a Edward Evan Evans-Pritchard y Robert Solomon, que las emociones no sólo sirven para expresar los estados de ánimo de las personas, sino que envuelven juicios sobre el mundo, Jimeno, Varela y Castillo invitan a considerar la relevancia de la construcción de comunidades morales a partir de las emocionales, en las sociedades actuales, especialmente aquellas atravesadas por las secuelas de las violencias. Esta cuestión no es menor, ya que el rechazo a las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas, para traducirse en acciones de reparación concretas, requiere como condición necesaria la conformación de colectividades que comparten una ética. Es así que en esta obra los autores presentan una experiencia —que en parte elaboraron junto con las víctimas a través de la narración, el sociodrama y la producción de un documental llamado Kitek Kiwe: Nuestra memoria— en la que las personas afectadas por las violencias han conseguido ser más que sobrevivientes y se han convertido en agentes con una identidad colectiva en la que lo étnico, lo emotivo y lo político se conjugan a favor de un proyecto de vida esperanzador, aun “después de la masacre”.
