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José Manuel Morán Faúndes*

* Doctor en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba. Docente visitante, Universidad de Antofagasta, con apoyo del Programa MECE Educación Superior. Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. Temas de especialización: género, sexualidad, movimientos conservadores. Caseros 311, primer piso, 5000, Córdoba, Argentina.

Resumen:

La jerarquía católica y algunas iglesias evangélicas se han erigido como fuertes actores opositores a los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Junto a éstas, diversas ONG autodenominadas “Pro-Vida” han comenzado a adquirir protagonismo en este activismo conservador, operando en la arena de la sociedad civil de maneras que trascienden lo religioso. El presente artículo tipifica las dinámicas de configuración de estas organizaciones en Argentina. Mediante el análisis de 140 ONG, propone una distinción analítica de tres olas por las cuales éstas habrían atravesado, considerando las transformaciones en sus estrategias de incidencia e identidades públicas.

Palabras clave: conservadurismo, religión, “Pro-Vida”, sociedad civil, sexualidad, Argentina.

Abstract:

The Catholic hierarchy and certain evangelical churches have emerged as strong opponents of sexual and reproductive rights in Latin America. Moreover, various ngos calling themselves Pro-Life have begun to play a key role in this conservative activism, operating in the arena of civil society in ways that transcend religion. This article describes the dynamic configuration of these organizations in Argentina. Through the analysis of 140 ngos, it proposes an analytical distinction of the three stages they have undergone, considering the changes in their advocacy strategies and in their public identities.

Key words: conservatism, religion, Pro-Life, civil society, sexuality, Argentina.

La sexualidad constituye un campo dinámico sujeto a transformaciones constantes. A los modelos que asumían lo sexual exclusivamente dentro de los límites de la heterosexualidad, la conyugalidad, la monogamia y la procreación, se han impuesto en las últimas décadas formas que se han desanclado de mandatos reproductivos y matrimoniales. La masificación de nuevas tecnologías reproductivas y no reproductivas desarrolladas en las últimas décadas ha incitado transformaciones radicales en las prácticas sexuales generalizadas en nuestras sociedades (Plummer, 2003). Asimismo, las luchas iniciadas en la década de los años setenta por sectores excluidos de la ciudadanía con base en su género y expresiones sexuales, organizados en torno de las agendas de los feminismos y la diversidad sexual, han logrado politizar la sexualidad y validar nuevos paradigmas que desplazan lo sexual desde el terreno de lo natural y lo dado hacia el plano del poder (Femenías, 2009; Pecheny y De la Dehesa, 2009).

Codificadas bajo la noción de los derechos sexuales y reproductivos, los feminismos y la diversidad sexual han buscado consolidar una agenda sexual superadora tanto de los marcos jurídicos que han instituido un orden legal discriminatorio, como de las estratificaciones sociales basadas en una jerarquía sexual excluyente (Bellucci, 1997; Miller, 2000). Bajo su alero confluyen diversas demandas como la legalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el acceso a métodos anticonceptivos modernos, el reconocimiento de cuerpos e identidades desmarcadas del binario hombre/mujer, entre muchas otras.

En América Latina, la agenda de los derechos sexuales y reproductivos ha puesto en entredicho la hegemonía del orden sexual defendido por los sectores más tradicionalistas. Entre estos últimos, los asociados con la jerarquía de la Iglesia católica, así como con las facciones más conservadoras del protestantismo, han comenzado a ver cuestionadas sus más profundas convicciones en torno de la moral sexual. En este escenario, estos sectores religiosos han reaccionado buscando impactar políticamente con el fin de frenar el avance de las agendas feministas y de la diversidad sexual (Htun, 2003; Vaggione, 2005; Jones y Vaggione, 2012). Así, lejos de cumplirse los presagios de las teorías de la secularización que auguraban el debilitamiento y/o privatización de la religión en la modernidad, las religiones se han “desprivatizado” y mantenido un rol protagónico en la política contemporánea (Casanova, 1994). La religión ha devenido en un actor clave en el delineamiento de ciertas políticas, y es precisamente en la política sexual donde su presencia se ha intensificado en los últimos años (Vaggione, 2009).

Pese a este rol protagónico que juegan la jerarquía católica y algunas iglesias evangélicas en la oposición a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina, desde los años ochenta se ha venido conformando un activismo en rechazo a las demandas de los feminismos y movimientos por la diversidad sexual que trasciende el actuar de estas iglesias (Vaggione, 2005; Dides, 2006; Mujica, 2007; Soares Jurkewicz, 2011). Aunque no excluye a ciertos líderes religiosos, en este activismo confluyen sectores académicos, actores parlamentarios, movimientos laicos cristianos, agrupaciones civiles, entre otros, todos comprometidos con una cosmovisión restrictiva de lo sexual.

La diversidad de actores que hacen parte de este activismo ha tendido a confluir bajo el rótulo de “Pro-Vida”, emulando a las agrupaciones “Pro-Life” conformadas en Estados Unidos durante los años setenta (Luker, 1984). Bajo esta nominación autoimputada, estos actores sostienen una agenda común centrada en la defensa de un orden sexual conservador, basado en la heterosexualidad, el matrimonio, la monogamia y la reproducción. Así, más allá de sus alianzas y rupturas, si la política de los feminismos históricamente ha buscado abolir el sistema patriarcal de dominación y poder, mientras los movimientos por la diversidad sexual han deconstruido los códigos heteronormativos sedimentados en nuestras sociedades, los actores autodenominados “Pro-Vida” se han orientado en una dirección contraria. De este modo, han conformado lo que podemos denominar como un “activismo heteropatriarcal”. Al enfatizar la característica heteropatriarcal de su agenda, este concepto permite observar cómo su política sexual se orienta a reproducir estos sistemas de poder basados en relaciones asimétricas de género y sexualidad. Sostienen desde aquí políticas de dominación masculina y heterosexual, confinando a las mujeres al espacio de lo reproductivo y a las expresiones no heterosexuales a lugares marginales del tejido social.

Por otro lado, enfatizar la idea de “activismo” permite dar cuenta de un fenómeno caracterizado por una intensa dedicación al impacto de la vida pública. Bien se podría objetar que en una región fuertemente heredera de códigos patriarcales y heteronormativos como es América Latina se torna difícil caracterizar a estos sectores desde los sistemas de poder que reproducen, ya que toda la cultura hegemónica posee elementos heteropatriarcales, y éstos no serían exclusivos de estos actores. Sin embargo, la caracterización de estos sectores como un activismo heteropatriarcal busca destacar que, más allá de la transversalidad con que estos dos sistemas de poder han permeado históricamente la cultura latinoamericana, estos actores transforman al patriarcado y la heteronormatividad en una agenda de intervención política y social.1 No se trata de que toda configuración patriarcal y/o heteronormativa sea parte de su agenda, sino de comprender que ésta se configura a través de elementos heteropatriarcales que buscan ser inscritos en el orden político.

Si bien los actores que actualmente confluyen en la defensa de esta política sexual conservadora son diversos, una de las formas de acción estratégica más relevantes que ha adquirido el activismo heteropatriarcal en los últimos años ha sido la conformación de organizaciones no gubernamentales (ONG). Aunque la religión continúa teniendo influencia en el ámbito de la generación de políticas sexuales, el accionar de diversas ONG autodenominadas “Pro-Vida” ha resultado un enclave priorizado en la oposición a los derechos sexuales y reproductivos, sosteniendo una política sexual en consonancia con las de las iglesias conservadoras, pero apelando a acciones, formas de presentarse públicamente y legitimidades distintas a las de estas últimas (Vaggione, 2005; Mujica, 2007; Morán Faúndes, 2011; Sgró Ruata, 2011; Peñas Defago y Morán Faúndes, 2014).

Pese al auge de las ONG autodenominadas “Pro-Vida” en la región, han sido escasas las investigaciones que han abordado este fenómeno. En contraste con la amplia literatura estadounidense que ha analizado los orígenes y las bases de estas organizaciones (Petchesky, 1984; Luker, 1984; Saltzman Chafetz y Dworkin, 1987), sus estrategias (Krishnan y Den Dulk, 2002; Hoover y Den Dulk, 2004; Meyer y Staggenborg, 2008; Fetner, 2008; Munson, 2008; Blee y Creasap, 2010), su composición (Wilcox y Gómez, 1990; Cuneo, 1995; Maxwell y Jelen, 1996), entre otros ejes, en América Latina los estudios acerca de estos actores son aún incipientes. En general, si bien la literatura regional no ha ignorado la relevancia de estas organizaciones como nuevos actores políticos, ha tendido a focalizarse mayormente en la acción y los discursos vinculados con las iglesias y lo religioso en torno de las políticas sexuales (Htun, 2003; Dides, 2006; Jones y Cunial, 2012; Carbonelli, Mosqueira y Felitti, 2011; Esquivel, 2013), relegando a un segundo plano las formas de organización y acción estratégica específicas de las organizaciones autodenominadas “Pro-Vida”.2

Tomando esto en consideración, en el presente artículo reconstruyo las dinámicas de configuración de estas ONG en Argentina. Para dichos efectos, destaco en un primer momento las implicaciones del uso de la sociedad civil para este activismo, para luego profundizar en las transformaciones estratégicas que han adoptado a lo largo de su desarrollo desde la década de los años ochenta hasta la actualidad. En este sentido, propongo una distinción analítica de tres momentos u olas por las cuales estas organizaciones habrían atravesado.

Esta investigación fue realizada mediante el uso de metodologías cualitativas y cuantitativas. Las fuentes primarias consultadas fueron: a) entrevistas en profundidad a 13 miembros de ONG autodenominadas “Pro-Vida” en Argentina realizadas entre 2010 y 2014; b) sitios web de las ONG bajo estudio, y c) material documental e informativo producido por estas ONG. Se realizó además una revisión de prensa escrita nacional, de los diarios Clarín, Página 12 y La Nación, entre los años 2000 y 2011. A partir de los datos generados, se efectuó además un mapeo de ONG, complementándolo con un rastreo on line mediante descriptores específicos de búsqueda y la aplicación de la técnica de bola de nieve para acceder a otras organizaciones que no fueron halladas en la primera exploración.

Las ONG autodenominadas “Pro-Vida” y la priorización de la arena de la sociedad civil

La conformación de ONG abocadas a la defensa de una política sexual conservadora ha representado una estrategia priorizada en los últimos años por el movimiento autodenominado “Pro-Vida”. En Argentina, si bien los líderes católicos y de algunas iglesias evangélicas ejercen presiones directas sobre los sectores políticos con el fin de participar en la diagramación de las políticas sexuales (Htun, 2003; Jones y Cunial, 2012; Soares Jurkewicz, 2011), las ONG alineadas con la agenda sexual de estas iglesias han cobrado un fuerte protagonismo en las últimas décadas (Vaggione, 2005). Mediante estrategias de lobby (González Ruiz, 2006; Mujica, 2007), convocatorias a marchas y actos públicos (Sgró Ruata, 2011; Rabbia e Iosa, 2011), acciones de judicialización (Vaggione, 2009; Peñas Defago y Morán Faúndes, 2014), entre otras, estas organizaciones han buscado frenar el avance de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos desde la arena de la sociedad civil.

A diferencia de otras organizaciones no lucrativas, como las universidades, las agrupaciones deportivas, los sindicatos o las iglesias, esto es, organizaciones preocupadas primordialmente por los intereses de su propia membresía, las ONG pueden ser consideradas, independientemente de su estatus jurídico, como redes de ciudadanos/as libremente asociados/as que carecen de autoridad estatal y que persiguen un bien que presentan como común o público (Berger, 2003). Así, las ONG autodenominadas “Pro-Vida” representan actores que se presentan en el espacio público como representantes de intereses que se asumen a sí mismos como relevantes para el conjunto social. En este contexto, el activismo heteropatriarcal ha configurado una movilización que se debate políticamente mediante un fuerte accionar de ONG alineadas con la política sexual defendida por las iglesias conservadoras, pero que se presentan públicamente como defensoras de intereses que van más allá de los de la comunidad religiosa. De este modo, este proceso responde a una estrategia de movilización colectiva que busca trascender lo eclesial y legitimarse como una forma de participación democrática capaz de lograr un mayor impacto social y político.

En un contexto regional de transformaciones sociales en el que la sociedad civil ha adquirido un creciente protagonismo, la presencia de ONG responde a una forma en la que el activismo heteropatriarcal se adapta a los contextos propios de las democracias latinoamericanas contemporáneas. Como señala Nuria Cunill Grau, el actual protagonismo de la sociedad civil radica en su capacidad para movilizar “sectores sociales y a la opinión pública en temas de interés público para influir en la dirección de las políticas […] teniendo como base a la propia democracia” (2007: 120). Así, la conformación de ONG autodenominadas “Pro-Vida” supone una forma directa de actuar mediante el uso de los canales abiertos y legitimados tras los procesos post-dictatoriales. Con esto, la incidencia política de estos sectores se sitúa en un terreno propiamente democrático, a partir de una imagen y una legitimidad distintas a las que pueden tener en ocasiones los líderes religiosos u organizaciones civiles que velan principalmente por los intereses de su membresía.

En ciertos contextos, este desplazamiento que logran algunas de estas ONG, que se desanclan de la imagen proyectada socialmente por las iglesias, les permite incluso apelar a discursos que podrían ser fácilmente cuestionados en caso de ser emitidos por líderes religiosos. Por ejemplo, en el caso argentino la jerarquía de la Iglesia católica ha sido cuestionada ampliamente por su colaboración con la última dictadura militar (1976-1983). Algunas de dichas ONG, a pesar del vínculo y la articulación que mantienen con esta iglesia, han comenzado a sostener estratégicamente su política sexual conservadora a partir de argumentos basados en retóricas vinculadas con la condena a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura (Felitti, 2011; Gudiño Bessone, 2012). Su forma de presentarse públicamente como entidades disociadas de determinados sectores religiosos cuestionados por sus roles en los procesos antidemocráticos les permite proyectar una imagen alejada, al menos de manera parcial, de estas controversias. De este modo, se acoplan a los marcos discursivos en los que se construyen actualmente algunas democracias latinoamericanas, al usar las narrativas de derechos humanos como una estrategia orientada más a promover su moral sexual que a comprometerse con los procesos de condena a las dictaduras.

Usando el terreno de la sociedad civil como arena de disputa e incidencia política, las ONG autodenominadas “Pro-Vida” se mueven en campos de acción diversos e impactan en múltiples espacios de la vida social y política. Así, analizar las formas que adoptan estas organizaciones en el espacio público argentino es una tarea compleja, ya que las estrategias, los ámbitos de intervención y las formas de presentarse públicamente que han adoptado son múltiples.

El desarrollo de las ONG autodenominadas “Pro-Vida” en Argentina: las tres olas

Si bien la presencia pública de las ONG autodenominadas “Pro-Vida” ha tomado relevancia, en especial tras la politización que han adquirido en la última década algunos temas como el aborto3 o el matrimonio igualitario,4 sus orígenes en Argentina son anteriores a la inscripción de estos temas en la agenda pública. Durante la década de los años ochenta, los movimientos feministas y por la diversidad sexual comenzaban a adquirir lentamente protagonismo en la vida social y política local, con agendas marcadas por la lucha por la igualdad de género y la prevención del vih/sida, respectivamente. Otros temas, como la legalización del aborto o los derechos de la diversidad sexual, no entrarían de manera fuerte en la agenda de estos movimientos sino hasta las décadas posteriores (Brown, 2008; Pecheny y De la Dehesa, 2009).

En estos contextos, se comenzarían a configurar también las primeras ONG autodenominadas “Pro-Vida” en el país. Si bien algunas de éstas fueron fundadas en la primera mitad del siglo xx, sus agendas en ese entonces aún no se centraban necesariamente en temas de sexualidad. Como indican Fortunato Mallimacci y Verónica Giménez Béliveau (2007), en las décadas de los años veinte y de los años treinta el Vaticano promovió lo que denominó como “catolicismo integral”, esto es, un llamado a la comunidad de fieles a ocupar espacios políticos, sindicales, universitarios, profesionales, entre otros, llevando el catolicismo a toda la sociedad. En este marco nacen en Argentina organizaciones como el Consorcio de Médicos Católicos (Buenos Aires, 1929) o la Corporación de Abogados Católicos (Buenos Aires, 1935), con el fin de promover el catolicismo en espacios profesionales. Recién a finales del siglo xx, estas ONG se incorporarían al naciente activismo autodenominado “Pro-Vida” adaptando sus agendas en consonancia con la priorización de la agenda sexual que comenzó a impulsar el Vaticano en este periodo. Así, las agendas de estas organizaciones mutaron, adaptándose a los propósitos del naciente movimiento.

Otras de las actuales ONG autodenominadas “Pro-Vida”, si bien se crearon durante la última dictadura militar (1976-1983), no se constituirían sino hasta retornada la democracia en 1983. Así, el desarrollo de estas ONG no ha sido lineal ni unívoco, sino que se ha acomodado de diversos modos a los procesos sociopolíticos que ha atravesado el contexto local. La gráfica 1, muestra de modo general su desarrollo en Argentina. Tras un mapeo general, fueron halladas 140 ONG autodenominadas “Pro-Vida” en el país, la mayoría de las cuales permanece vigente. Entre éstas, se logró relevar la información del año de la fundación de 63.6% del total de las organizaciones mapeadas.

Frente al incipiente proceso de creación de ONG entre los años ochenta y noventa, a partir del siglo XXI se acentúa esta dinámica, precisamente en un periodo en el que la demanda por el aborto legal ingresó con mayor fuerza en la agenda política y en el que se aprobaron una serie de iniciativas favorables a los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, a partir de 2010 se observa una virtual “explosión” de ONG, muchas de las cuales se formaron como reacción ante el debate en torno del matrimonio igualitario aprobado dicho año.

Es posible pensar en al menos tres grandes fases u olas a partir de las cuales se han desarrollado las ONG autodenominadas “Pro-Vida” en Argentina si consideramos el tipo de acciones estratégicas privilegiadas por éstas: una primera ola enmarcada en los años ochenta y principios de los noventa, asociada con acciones culturales y asistenciales orientadas principalmente a oponerse al aborto; una segunda que va desde el inicio de los años noventa hasta 2010, vinculada con la adopción de estrategias de incidencia política y una complejización de sus identidades públicas, y una tercera ola que surge en 2010 y perdura hasta hoy, caracterizada por la creación de espacios de federalización de estas organizaciones. Lo que marca la distinción entre cada ola no es una ruptura radical con las anteriores, sino el surgimiento de nuevas formas de identificación y acción estratégica, o la intensificación de modos de acción que en etapas anteriores eran marginales o excepcionales. De este modo, en cada ola siguen apareciendo organizaciones con características similares a las de las fases anteriores, pero se conforman además otras con modos de operar distintos a los observados previamente.

Primera ola: las primeras ONG y su impacto cultural y asistencial

Tras la experiencia estadounidense de conformación del movimiento “Pro-Life” en los años setenta, se configurarían en los años ochenta las primeras ONG argentinas autoidentificadas como “Pro-Vida”, como ProFamilia (Buenos Aires, 1983), Movimiento Familia y Vida (Tucumán, 1983), Grávida (Buenos Aires, 1989), ProVida San Luis (San Luis, 1989), Fundación Argentina del Mañana (Buenos Aires, 1989) y Portal de Belén (Córdoba, 1991). Estas primeras ONG concentraron centralmente sus acciones en la temática del aborto. En una época en la que la interrupción del embarazo aún no ingresaba de manera fuerte en la agenda pública,5estas organizaciones conservadoras surgieron de un modo “preventivo”, contrariamente a lo ocurrido en Estados Unidos, donde las organizaciones “Pro-Life” habían sido creadas en un momento de alta politización del tema (Munson, 2008). Sólo a partir de principios del siglo XXI los temas asociados con la diversidad sexual ingresarían en la agenda de estas organizaciones de manera más fuerte, en consonancia con los incipientes debates que comenzaron a gestarse públicamente en torno de estas temáticas.6

En términos generales, las primeras ONG autodenominadas “Pro-Vida” intentaron defender su posición mediante la búsqueda de impactos de carácter simbólico y cultural, orientados a incidir sobre las opiniones, percepciones, ideas y creencias sociales vinculadas con la sexualidad, la reproducción y las prácticas en estos ámbitos. La Fundación Argentina del Mañana, creada con el objetivo de influir en los contenidos programáticos de los medios de comunicación, es un ejemplo paradigmático de esto. Mediante diversas estrategias, como el envío de cartas a canales de televisión, presentaciones al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), o el establecimiento de alianzas con las empresas auspiciantes de ciertos programas televisivos, esta ONG durante más de 20 años ha buscado incidir en los contenidos de los medios de comunicación de Argentina, intentando acomodar los mismos a los lineamientos de la moral sexual católica e impactar en las subjetividades de la población.

Otras acciones estratégicas llevadas a cabo por las primeras ONG autodenominadas “Pro-Vida” se enfocaron en labores vinculadas con la asistencia de sectores poblacionales específicos, principalmente a mujeres embarazadas de escasos recursos, con el fin de evitar que aborten. En un contexto latinoamericano en el que las políticas neoliberales de los años ochenta comenzaban a quitarle protagonismo al Estado como una entidad capaz de abastecer de ciertos servicios básicos a los sectores más desfavorecidos de la población, políticas que serían aplicadas en Argentina con especial fuerza durante el gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1999, muchas ONG autodenominadas “Pro-Vida” se presentaban a sí mismas como una alternativa ante la desprotección estatal. El asistencialismo se transformaba así en una forma privilegiada por algunas de estas ONG para lograr un impacto social sobre sectores poblacionales específicos, teniendo como fin principal no necesariamente el desarrollo de las personas asistidas o la superación de las condiciones de vulnerabilidad, sino evitar que mujeres embarazadas recurriesen a un aborto. En palabras de un militante de una de estas agrupaciones, entrevistado en el marco de la presente investigación:

¿A quién vamos a ayudar nosotros, principalmente? Y ahí decidimos que tenían que ser las mujeres más desamparadas […] Algunas mujeres pueden necesitar casa, casa-comida, otras pueden necesitar atención médica, otras pueden necesitar atención jurídica también, en fin. Otras, ir a conversar con los padres para explicarles la situación y que tienen que recibir al hijo. Otras, hablar con los patrones para que no las echen. Es decir, las problemáticas son diversas. Entonces, la idea es ser la mano amiga que necesita cualquier mujer embarazada en situación de conflicto para que no aborte (activista “Pro-Vida”, 2010).

En este contexto, agrupaciones como Grávida o Portal de Belén se crearían a finales de los años ochenta y principios de los noventa, al comienzo de las reformas neoliberales de Menem, con el objeto de albergar y/o asistir a mujeres embarazadas y evitar que abortasen.

Además, una notoria característica de las ONG autodenominadas “Pro-Vida” que surgieron en esta primera ola fue su fuerte impronta católica. En un periodo en el que aún no se vislumbraba de manera importante una militancia civil evangélica similar, las organizaciones creadas en los años ochenta y principios de los noventa estuvieron fuertemente atravesadas por la retórica y la influencia de la jerarquía vaticana, y muchas se presentaban en el espacio público como abiertamente católicas. Algunas de éstas nacieron al amparo de organizaciones católicas internacionales que comenzaron a operar en la región en los años ochenta. Human Life International, una organización católica creada en Estados Unidos en 1981, fue una de las más importantes en este sentido. Entre sus objetivos institucionales se encuentra la capacitación de líderes que defiendan la posición de la jerarquía católica en materia de sexualidad, así como la promoción de organizaciones orientadas a estos mismos fines (Vida Humana Internacional, 2011). Bajo su alero comenzaron a articularse diversas organizaciones en distintos países de América Latina, todas con el común denominador de defender la moral sexual promovida desde el Vaticano (González Ruiz, 2006; Mujica, 2007).

Por supuesto, no todas las ONG autodenominadas “Pro-Vida” en Argentina que se configuraron en los años ochenta fueron conformadas dentro del circuito de Vida Humana Internacional. Sin embargo, esta organización contribuyó al auge de algunas ONG y potenció el activismo de otras, favoreciendo la conformación de una primera ola de organizaciones que, en su mayoría, se adscribieron a una explícita identidad católica.

Segunda ola: incidencia política y nuevas identidades públicas

A diferencia de la etapa anterior, en esta segunda ola que se iniciaría a mediados de los años noventa comenzaron a surgir organizaciones autodenominadas “Pro-Vida” abocadas no sólo a impactar social y culturalmente, sino además políticamente, priorizando la incidencia en espacios legislativos, ejecutivos, judiciales e incluso de política internacional.

La politización que comenzó a adquirir el tema del aborto a partir de los años noventa en Argentina (Brown, 2008), en especial tras la creación del grupo Madel (Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad) en 1994, así como la transnacionalización de los derechos sexuales y reproductivos, implicó una rearticulación de estas organizaciones con el fin de contrarrestar el avance de los movimientos feministas y por la diversidad sexual. Durante la década de los años noventa, las conferencias internacionales de Naciones Unidas (en especial la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995), en las que comenzaron a tratarse con fuerza temas como la salud y los derechos sexuales y reproductivos, constituyeron instancias de alta priorización política y visibilización de las agendas feministas (Álvarez, 1998). Estos espacios marcaron también un momento de intensa movilización por parte de los sectores conservadores religiosos a nivel global, que configuraron formas de activismo orientadas a resistir el reconocimiento internacional de los derechos sexuales y reproductivos. El Vaticano estableció en ese momento alianzas con algunos Estados que apoyaron su política sexual (Argentina entre ellos). A esta articulación se sumaron una serie de ONG que desde ese entonces han apelado a un activismo internacional en defensa de un modelo sexual restrictivo (Buss y Herman, 2003). En este marco, surgieron en Argentina algunas ONG autodenominadas “Pro-Vida” que comenzaron un trabajo de incidencia política en espacios internacionales. Así, por ejemplo, en 1994 se conformó en Buenos Aires la ONG católica Familias del Mundo Unidas por la Paz (Fampaz), que participaría en 1995 en la reunión preparatoria para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, representando la posición católica contraria al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Del mismo modo, a partir de los años noventa y comienzos del siglo XXI empezaron a conformarse una serie de ONG a lo largo del país que incorporaron entre sus acciones estrategias de impacto local en espacios políticos de toma de decisión. Estas organizaciones comenzaron paulatinamente a desarrollar acciones de lobby, seguimiento de proyectos de ley, asesoramiento a legisladores/as provinciales y nacionales, recolección de firmas con el fin de solicitar la modificación de determinadas leyes o políticas, e incluso la presentación de candidaturas a cargos de elección popular. ONG como la Unión de Entidades por una Vida Más Humana (Mendoza, 1995), S.O.S. Vida (Chaco, 1998), Pro-Vida (Buenos Aires, 2000), la Fundación 25 de Marzo (Córdoba, 2002), el Centro de Bioética, Persona y Familia (Buenos Aires, 2009), entre muchas otras, constituyen sólo algunos ejemplos de esto. Además, en esta etapa algunas de las organizaciones fundadas en los años ochenta y principios de los años noventa rearticularon sus estrategias con el fin de incorporar la acción política entre sus actividades, como en los casos de Portal de Belén, la Fundación Argentina del Mañana o ProFamilia.

Además del impacto en espacios políticos de toma de decisión, a comienzos del siglo XXI algunas organizaciones comenzaron a desarrollar estrategias de judicialización. La reforma constitucional de 1994 habilitó por primera vez a organizaciones civiles a interponer acciones judiciales bajo la figura del amparo colectivo (Peñas Defago, 2010). A partir de esto, y especialmente tras la finalización del gobierno de Carlos Menem, la judicialización comenzaría a ser extensamente utilizada por diversas ONG autodenominadas “Pro-Vida”, con el fin de congelar la aplicación de determinadas políticas o de evitar el acceso a ciertos derechos sexuales y reproductivos garantizados por ley (Peñas Defago y Morán Faúndes, 2014).

Como señala Mala Htun (2003), en América Latina las ventanas de oportunidades para la aprobación de políticas favorables a los derechos sexuales y reproductivos se suelen dar en contextos políticos de tensión entre la jerarquía vaticana y el gobierno de turno. Si en los años noventa las políticas públicas y las legislaciones en materia sexual estuvieron por lo general marcadas por una impronta conservadora en virtud de la alianza entre la jerarquía católica y el gobierno de Menem, la ruptura de esa alianza en la siguiente década (en especial durante el mandato de Néstor Kirchner) implicó un giro en la política sexual argentina, favorable a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Aunque muchas de las demandas de los feminismos y los movimientos por la diversidad sexual aún siguen pendientes, la promulgación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2002, la aprobación en 2006 de las leyes de contracepción quirúrgica y de educación sexual integral, la promulgación del matrimonio igualitario en 2010, la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2012, entre otros, son algunos ejemplos de los avances en materia de género y sexualidad que ha vivido Argentina en los últimos 10 años. En este panorama, diversas ONG autodenominadas “Pro-Vida”, como Portal de Belén, la Fundación 25 de Marzo, Mujeres por la Vida, el Consorcio de Médicos Católicos, la Corporación de Abogados Católicos, ProFamilia, Vitam, entre muchas otras, comenzarían a privilegiar un fuerte proceso de judicialización contra los derechos sexuales y reproductivos ante la pérdida de las alianzas con el poder ejecutivo nacional.

La segunda ola del activismo autodenominado “Pro-Vida”, iniciada a partir de los años noventa, marca también un desplazamiento en términos de las identidades públicas que asumen estas ONG. Algunas de éstas comenzarían a identificarse con sectores poblacionales puntuales, especialmente bajo las categorías de “jóvenes” y/o “mujeres”. En este marco nacieron organizaciones como la Fundación Argentina para la Mujer (Buenos Aires, 1998), el Movimiento Cívico de Mujeres (Buenos Aires, 1999), Jóvenes por la Vida (Buenos Aires, 2003), Jóvenes Autoconvocados por la Vida (Córdoba, 2004), entre otras. En el caso específico de las ONG autodenominadas “Pro-Vida” que se presentan en el espacio público como organizaciones de mujeres, la estrategia toma la forma de una resistencia a los discursos feministas y a la inscripción de la mujer como el sujeto político histórico de estos movimientos. Estas organizaciones, sin embargo, asumen una visión de las mujeres y los hombres que tiende a establecer diferencias esencialistas entre ambos. Así, promueven un discurso de igualdad en términos de oportunidades, pero reproducen la desigualdad de género mediante estereotipos basados en la idea de la mujer como menos racional que el hombre y destinada a la maternidad y la crianza.

Muchas de las ONG de mujeres autodenominadas “Pro-Vida” han incluido entre sus acciones estratégicas intervenciones en los Encuentros Nacionales de Mujeres Autoconvocadas que se realizan desde 1986 en Argentina.7 Siguiendo las directrices emanadas desde la misma jerarquía católica local (Tarducci, 2005), miembros de organizaciones como la Comisión de Defensa de la Vida, fundada en Jujuy en 1993, o la ONG Vitam de Mendoza, han participado de diversos modos en estos espacios.

El giro en las identidades públicas de estas ONG también estuvo marcado por transformaciones respecto de la identificación religiosa de las mismas. Por un lado, en esta segunda ola comenzaron a crearse las primeras organizaciones que reunirían en su seno no sólo a activistas católicos/as, sino también a evangélicos/as conservadores/as. Incluso algunas comenzaron a surgir bajo una específica identidad religiosa evangélica, como fue el caso de la Asociación Argentina de Abogados Cristianos, creada en 2001, o la ONG Plan 1.5 (Córdoba, 2009). Sin embargo, las agrupaciones específicamente evangélicas son aún minoritarias dentro de este activismo, como se observa en la gráfica 2.

Las transformaciones en la identidad pública confesional también se han traducido, en algunos casos, en borrar toda identificación con lo religioso. Si en la primera ola, salvo escasas excepciones, la gran mayoría de las organizaciones autodenominadas “Pro-Vida” se autodefinían como católicas, en las décadas siguientes comenzaron a surgir una serie de ONG desligadas de una identidad públicamente confesional. Son los casos de la Asociación Civil PorVenir (Santa Fe, 2004), Elegimos la Vida (Buenos Aires, 2005), el Centro de Bioética, Persona y Familia (Buenos Aires, 2009), entre muchas otras.

De este modo, hoy en Argentina las organizaciones autodenominadas “Pro-Vida” se presentan en el espacio público de manera heterogénea, algunas apelando a una explícita identidad confesional, sea católica o evangélica, o bien a una identidad desligada de lo religioso, como se observa en la tabla 1.

Sin embargo, la presencia de ONG autodenominadas “Pro-Vida” basadas en la fe y de otras carentes de identificación religiosa no debe reducirse a un simple binario religioso/secular. Las formas en las que la religión atraviesa a estas agrupaciones son complejas. Observando la conexión entre las identidades públicas institucionales que adquieren estas organizaciones en esta segunda ola, y la religiosidad de sus miembros y dirigentes, es posible sistematizar esta relación en tres grandes categorías analíticas:

1. “Religiosidad institucionalizada”: estas ONG corresponden a aquellas cuyos miembros se adscriben a una religión específica que se plasma explícita y públicamente como una característica identitaria de la organización. Tal es el caso de las organizaciones exclusivamente católicas que comenzaron a adscribirse al movimiento en su primera ola, y de aquellas que siguieron este modelo luego de los años ochenta, como Fundar, el Consorcio de Médicos Católicos, la Corporación de Abogados Católicos, la Fundación 25 de Marzo, el Centro de Investigaciones de la Problemática Familiar, entre otras. En el plano evangélico, por su parte, se encuentran organizaciones como la Asociación Argentina de Abogados Cristianos, Mujeres Cristianas Marplatenses Alfa, o la Fundación Red Para el Mundo.

2. “Religiosidad interiorizada”: corresponden a aquellas ONG cuya membresía y/o dirigentes se adscriben a una religión específica y están comprometidos/as con las líneas de ésta en materia de política sexual, a pesar de que la identidad pública de la organización no se presenta como religiosa. Dado esto, la denominación “religiosidad interiorizada” se refiere al uso de una identidad institucional secular que se conecta con una concreta religiosidad interna de la membresía. En esta clasificación es posible encontrar organizaciones como el Centro de Bioética, Persona y Familia, por ejemplo. Esta organización se suele presentar públicamente como una ONG asociada con el campo de la ciencia y el derecho, y los discursos que esgrimen sus miembros en los espacios de incidencia política remiten por lo general a elementos exclusivamente seculares. Sin embargo, esta ONG fue creada y es dirigida por militantes del Movimiento Fundar, una organización reconocida por el arzobispado de Buenos Aires y conformada exclusivamente por católicos/as que “trabajan en la evangelización de la cultura” (Lafferriere, s/f). Así, pese al compromiso de los/las dirigentes de esta ONG con la visión y posición de la jerarquía de la Iglesia católica, lo confesional muchas veces es minimizado en el momento de presentarse en el ámbito público, consecuentemente con la idea de “secularismo estratégico” presentada por Juan Marco Vaggione (2005). En este concepto, se asume que la adopción de una posición secular responde a una estrategia para lograr una mayor incidencia en el debate político y penetrar espacios que difícilmente podrían ser permeados por un discurso basado expresamente en la fe y los dogmas religiosos.

Así, muchas ONG que se encuentran en esta categoría tienden a ocultar estratégicamente en el espacio público el elemento religioso que congrega a su membresía, con el fin de lograr un mayor impacto político. Sin embargo, también se encuentran aquí otras organizaciones que tienen una identidad institucional secular, pero cuyos militantes no necesariamente esconden sus creencias personales en el momento de presentarse en el espacio público, sino que la desplazan a un segundo plano para privilegiar argumentaciones seculares, tal como indica un militante de una de estas ONG:

Vimos que nuestra intervención en cuanto laicos podía estar sustentada en una disciplina propia como es la bioética, que nos daba en los debates públicos una legitimación desde un saber específico interdisciplinario distinto al rótulo de “católico”, que nunca se oculta. De hecho, verás que llevo una crucecita en mi solapa y nunca la oculto […]. No es que sea una estrategia de camuflar, claramente no. Es una estrategia de decidir aportar lo específico […]. Entonces, la verdad es que si yo como abogado o como jurista o como especialista en bioética y derecho, tengo que ir a hablar al Congreso, de hecho he ido muchas veces, voy desde ese lugar de argumentación (activista “Pro-Vida”, 2014).

3. “Des-identificación religiosa”: corresponde a las ONG autodenominadas “Pro-Vida” que presentan una identidad institucional aconfesional y cuya membresía no se adscribe a una única religión particular. Esto no significa que representen agrupaciones ateas (de hecho, en Argentina no existen ONG autodenominadas “Pro-Vida” que se autoproclamen ateas), sino que en estas ONG el elemento religioso es minimizado en el plano identitario tanto de la organización como de sus miembros, de tal modo que la organización carece de identificación religiosa específica y admite militantes provenientes de diversos cultos o que no profesan religión alguna. Dado esto, este tipo de ONG favorecen una suerte de “ecumenismo inclusivo” entre sus miembros, esto es, la participación de militantes católicos y evangélicos, pero también de activistas sin una necesaria adscripción religiosa. Organizaciones como Por-Venir (Santa Fe, 2003), Jóvenes Autoconvocados por la Vida (Córdoba, 2004), o Elegimos la Vida (Buenos Aires, 2005) son ejemplos de este tipo de ONG. En palabras de una activista perteneciente a una ONG de este tipo:

[La organización] a la que yo pertenezco no tiene identidad religiosa ni política. Nosotros somos, hay miembros de profesión católica, evangélica, hay chicos que no profesan religión […]. Qué quiero decirte con esto: hemos entendido que el único requisito para entrar [a la organización] es entender que la vida es un bien valorable que trasciende la fe que cada uno profesa (activista “Pro-Vida”, 2012).

Estas tres categorías corresponden a tipos ideales cuyo fin es sólo presentar de manera sintética las formas que adquiere hoy la relación entre el fenómeno religioso y las ONG autodenominadas “Pro-Vida” existentes en Argentina. A través de éstas, es posible advertir la imposibilidad de calificar inmediatamente a este movimiento como netamente religioso (Munson, 2008), ya que en su interior se articulan elementos religiosos y seculares que complejizan la relación de estos sectores con la religión.

Tercera ola: federalización y ecumenismo civil

La aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo en julio de 2010 marcaría un punto de inflexión dentro del desarrollo del activismo autodenominado “Pro-Vida” en Argentina. La oposición a la reforma legal movilizó a gran parte del movimiento contrario a los derechos sexuales y reproductivos (Sgró Ruata, 2011; Jones y Vaggione, 2012), que logró una importante articulación a niveles provinciales, pero también nacional. Si por un lado muchas de las ONG que habían trabajado centralmente en torno de la temática del aborto desplazaron su agenda con el fin de oponerse al matrimonio igualitario (Morán Faúndes, 2011), por otro lado la politización del debate sobre el matrimonio generó un exponencial aumento de este tipo ONG a lo largo del país, muchas de las cuales fueron creadas durante el proceso de discusión del proyecto legislativo o tras su aprobación, como una reacción al mismo. Ejemplo de esto último son las ONG S.O.S. Familia (Catamarca, 2010), Frente Joven (Buenos Aires, 2010), Salvemos la Familia (San Juan, 2010), Familia Viva (Jujuy, 2010), entre otras.

La derrota política que supuso para estos sectores la aprobación del matrimonio igualitario detonó la necesidad dentro del activismo hetero-patriarcal por establecer iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer las articulaciones entre las ONG, y capitalizar la movilización lograda en contra de la reforma legislativa. El exitoso modelo que significó la creación en 2006 de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que nucleó a una serie de organizaciones abocadas a la sanción del matrimonio igualitario (Rabbia e Iosa, 2011), así como la inscripción del aborto en la agenda pública lograda desde 2005 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito,8 despertó en las ONG autodenominadas “Pro-Vida” el interés por consolidar una instancia institucional de articulación común de carácter nacional. Dado esto, a modo de resistir estas demandas de manera articulada, a partir de 2010 se crearía la Red Federal de Familias, con el fin de lograr un mayor impacto en las agendas políticas nacionales y provinciales.

La Red Federal de Familias nace entonces reuniendo a diversas ONG bajo un ideario común, basado en una agenda fundada sobre cuatro puntos: 1) la defensa de la vida humana desde la fecundación; 2) la defensa del matrimonio entre varón y mujer; 3) el respeto del fin de la vida “natural”, y 4) la defensa del derecho irrenunciable de los padres a educar a sus hijos. Así, más allá de las identidades religiosas o partidarias de las ONG, la participación de cada una dentro de la Red Federal de Familias está condicionada al compromiso con estos “mínimos comunes”. Esta política de mínimos comunes le ha permitido nuclear tanto a organizaciones católicas como evangélicas, y se ha establecido como una instancia de coordinación que logra superar eventuales diferencias fundadas sobre cosmovisiones teológicas o sobre asperezas políticas de base religiosa.

A nivel de sus cúpulas, la jerarquía católica y las iglesias evangélicas argentinas mantienen desde hace años tensiones respecto de la inscripción de la dirigencia evangélica en un espacio público marcado tradicionalmente por lo católico. Aunque durante la discusión del matrimonio igualitario los líderes religiosos católicos y evangélicos lograron establecer alianzas a nivel de sus cúpulas y coordinar acciones conjuntas para defender una política sexual conservadora, esta alianza no supuso necesariamente la superación de los temas que han dividido históricamente a ambos sectores en el país (Jones y Cunial, 2012). En cambio, a nivel de las ONG autodenominadas “Pro-Vida” estas fracturas han buscado ser minimizadas por los/las militantes, especialmente mediante la conformación de la Red Federal de Familias, manteniendo relativamente al margen las disputas entre los líderes de cada iglesia:

También cuidamos de no llevar un mensaje como corporativo. No es que somos la Iglesia y todos pensamos igual. De alguna forma, la misma Iglesia a veces, cuando toma posiciones que son intransigentes, termina cortando el diálogo […]. La Red [Federal de Familias] no es confesional, lo que tiene es un respeto porque a cada organización de origen se [le] respeta su identidad (activista “Pro Vida”, 2012).

De este modo, tras la aprobación del matrimonio igualitario, las mismas ONG autodenominadas “Pro-Vida” se han reorganizado con base en lo que puede denominarse un “ecumenismo civil”, esto es, una alianza en la que se ha buscado constituir un activismo que deja de lado las tensiones entre las religiones a partir de la articulación en torno no de una iden-tidad religiosa, sino de una agenda compartida. Este ecumenismo a nivel de ONG, si bien se concreta de manera fuerte en 2010, tiene sus orígenes algunos años antes, con la conformación de las primeras organizaciones que se presentaron en el espacio público sin una identidad religiosa en particular, en lo que denominé anteriormente como “des-identificación religiosa”. Sin embargo, el ecumenismo civil puede considerarse como un paso más en la dinámica de articulación de estas organizaciones, ya que no sólo relega a un segundo plano la identidad religiosa para lograr una articulación entre ONG adscritas a distintas religiones, sino que además explicita una agenda de mínimos comunes que favorece la inclusión de organizaciones religiosas diversas en una misma entidad federalizada.

A partir de la conformación de la Red Federal de Familias, las ONG autodenominadas “Pro-Vida” han gestado espacios de encuentro e intercambio a nivel nacional (mediante la organización de congresos en lugares como Mendoza, Salta y Córdoba); han desarrollado declaraciones conjuntas acerca de temáticas vinculadas con la sexualidad; han emprendido una campaña para recolectar firmas con el fin de presentar al congreso de la nación un proyecto de Ley de Protección Integral de la Familia mediante la figura de la iniciativa popular, y han articulado una campaña a nivel nacional para que los órganos legislativos de cada ciudad del país la declaren “ciudad Pro-Vida”, entre otras acciones. Asimismo, han generado coordinaciones a niveles provinciales, mediante la conformación de colectivos que operan como delegaciones de la Red Federal de Familias en distintas provincias: Córdoba en Red, Red Familia Buenos Aires, Agrupación de Entidades por la Familia (Mendoza), Red Familia y Vida Corrientes, Red Federal de Familias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Red de Familias Entrerrianas, Red Familia Rosario y Red Salta. Sin embargo, aún es muy pronto para evaluar de manera rigurosa sus acciones y posibilidades futuras, lo que obliga a mantener una atenta mirada analítica sobre este proceso de federalización.

Discusión

La sociedad civil ha sido una arena altamente priorizada por el movimiento autodenominado “Pro-Vida” argentino para impactar en la política sexual local, enfrentando directamente la postura defendida por los movimientos feministas y por la diversidad sexual. En este terreno, la conformación de ONG ha constituido una de las formas más importantes que ha adoptado este movimiento en las últimas décadas. La relevancia que han adquirido estas organizaciones no sólo radica en el sostenido aumento en su número que se ha evidenciado a lo largo de los años, sino además en la diversificación de sus acciones estratégicas a través del tiempo.

Las tres olas que bosquejé dan cuenta precisamente de la complejidad que han adquirido estas ONG desde los años ochenta hasta la actualidad. Mientras las primeras se abocaron centralmente a la temática del aborto desde acciones asociadas con el asistencialismo y el impacto cultural, durante los años noventa y la primera década del siglo XXI sus acciones se diversificaron, entrando al campo político y orientándose a otros temas asociados con la política sexual del país. En la actualidad, el proceso de federalización que han instituido mediante la conformación de la Red Federal de Familias ha logrado articular a estas organizaciones a lo largo del territorio nacional en un proceso cuyas consecuencias aún son inciertas. Así, los datos analizados dan cuenta de que este fenómeno de “ONGización” del movimiento no sólo perdura hasta hoy, sino que se ha radicalizado desde la aprobación del matrimonio igualitario en 2010.

A finales de los años noventa, Sonia Álvarez (1998) propuso el término “ONGización” para referirse a la manera como los movimientos sociales en general han priorizado la conformación de ONG que buscan lograr ciertos impactos sociales y políticos mediante la institucionalización, la especialización y la profesionalización de su trabajo. En términos generales, esta dinámica ha sido vista desde una perspectiva crítica desde la teoría de los movimientos sociales, dado que las ONG muchas veces terminan actuando como organizaciones “neo” o “para”, en vez de “no” gubernamentales. Siguiendo a Evelina Dagnino (2003), la posición privilegiada que endosa el Estado a las ONG, caracterizándolas como “las” representantes de la sociedad civil, ha hecho que abandonen su vínculo orgánico con los movimientos sociales, reemplazándolo por un nexo que las hace responsables sólo frente al Estado y las agencias internacionales que las financian. Esto se ha traducido en una limitación de sus discursos y ha mermado la radicalidad de sus demandas y sus posibilidades de adoptar una política que desafíe las injusticias y exclusiones reproducidas por las estructuras estatales, jurídicas y económicas.

Sin embargo, esta perspectiva crítica con la que diversas posturas dentro de la teoría de los movimientos sociales analizan el proceso de “ONGización” puede suponer algunas limitaciones en el momento de observar este mismo proceso dentro del movimiento autodenominado “Pro-Vida”. La dinámica de “ONGización” no parece haber “domesticado” las demandas y acciones de este movimiento, precisamente porque dichas demandas no suponen una oposición a las formas de dominación o de exclusión política y económica que son denunciadas por otro tipo de movimientos sociales. Y es que la causa del activismo heteropatriarcal no apunta sus dardos contra un sistema de poder que produce desigualdades (como es el patriarcado o la heteronormatividad para los sectores feministas y/o por la diversidad sexual), o contra las instituciones que han reproducido históricamente estos regímenes de poder y dominación (como el Estado o el capitalismo). Por el contrario, su agenda desde el comienzo ha buscado impactar en las instituciones jurídicas y políticas para que reproduzcan una moral sexual conservadora alineada con ciertas estructuras de dominación tradicionales. Así, su objetivo no es generar un nuevo mapa de relaciones de poder, sino conservar o, en última instancia, restituir el mapa tradicionalmente hegemónico de relaciones patriarcales y heteronormativas. De ahí que el proceso de “ONGización” de este movimiento, en su búsqueda por impactar sobre el Estado, la ley y las prácticas sexuales, no ha restringido su agenda u objetivos, pues su proyecto político no es necesariamente contrario a la normalización de los cuerpos y subjetividades llevada a cabo históricamente por el Estado y sus instituciones. De este modo, la aplicación del concepto de “ongización” para comprender el proceso de creación de estas organizaciones en el interior del activismo heteropatriarcal implica asumirlo sin esa carga crítica a la que la teoría de los movimientos sociales lo ha asociado, sino más bien como un término analítico-descriptivo que permite observar la forma en que el movimiento ha privilegiado la conformación de ONG como una estrategia de impacto político y social.

Una segunda acepción del concepto de “ONGización” ha sido la acuñada por Vaggione (2005), quien lo ha aplicado para referirse a los modos en los que la religión se ha revitalizado en los últimos tiempos mediante la acción de organizaciones de la sociedad civil que se movilizan en defensa de las doctrinas religiosas sostenidas por determinadas iglesias. Al aplicarlo al caso del movimiento autodenominado “Pro-Vida”, el concepto resulta de suma utilidad para explicar el surgimiento y la actuación de organizaciones que se adscriben explícitamente a una específica cosmovisión religiosa, como una suerte de “brazo civil” de ciertas iglesias. Sin embargo, sus límites radican en que no permite capturar del todo las formas no religiosas que han adquirido ciertas organizaciones del movimiento.

Siguiendo a Ziad W. Munson (2008), es posible observar que si bien la religión efectivamente atraviesa a este movimiento, existen dimensiones y formas de expresión dentro del mismo que van más allá de lo religioso. En primer lugar, como mostré en las líneas precedentes, algunas ONG han buscado conformar una militancia que trascienda la religión, minimizando o borrando lo religioso como forma de presentarse en el espacio público. Precisamente, las ONG que denominé bajo el concepto de “des-identificación religiosa” han incitado a una articulación entre activistas creyentes con otros/as que no necesariamente se adscriben a alguna religión, mostrando con esto la dificultad de asociar automáticamente la causa del movimiento con un fundamento netamente religioso. Asimismo, sus discursos se han desacoplado de las ideas religiosas, apelando a argumentaciones seculares asociadas principalmente con el derecho y la ciencia (Vaggione, 2009; Morán Faúndes, 2012; Lemaitre, 2012).

Adicionalmente, es posible dar cuenta de que aunque la jerarquía católica y algunas iglesias evangélicas conservadoras son parte activa del activismo contrario a los derechos sexuales y reproductivos, el movimiento autodenominado “Pro-Vida” no es una mera extensión de estas iglesias. La articulación que se ha ido afianzando en los últimos años tras la creación de la Red Federal de Familias, aunando en un mismo espacio a ONG católicas y evangélicas, ha permitido a estas organizaciones desligarse de los roces históricos que atraviesa la relación entre la jerarquía católica argentina y las iglesias evangélicas, y avanzar en articulaciones políticas al margen de las disputas que pueda haber entre las iglesias y los propios líderes religiosos. De este modo, no es posible pensar en el movimiento autodenominado “Pro-Vida” como algo netamente religioso. Antes bien, siguiendo la propuesta de Munson (2008), es necesario concebir a este movimiento y a la religión como dos dimensiones que, si bien se superponen en muchos niveles, se separan en otros.

Indagar la manera en que operan las ONG autodenominadas “Pro-Vida” en el espacio público permite reconocer las diversas formas en que la oposición a los derechos sexuales y reproductivos se ha readaptado estratégicamente a las reglas de las democracias. No obstante, si bien es posible considerar como legítimos a estos actores en la arena democrática, ello no implica una imposibilidad de cuestionar y someter a revisión crítica las posiciones que sostienen, en tanto que perpetúan un orden sexual jerárquico y restrictivo (Vaggione, 2014). El desafío entonces radica en desentrañar los juegos de poder que se esconden bajo retóricas de derechos humanos, científicas, médicas, entre otras, articuladas por las ONG autodenominadas “Pro-Vida”, considerando especialmente el impacto que tienen en la vida de las personas.

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Recibido: 11 de julio de 2013
Aceptado: 11 de abril de 2015