Chiapas: social change, migration and life course

Germán Martínez Velasco**

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* Artículo con Mención Honorífica en el Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, séptima edición.

** Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Investigador titular en El Colegio de la Frontera Sur. Tema de especialización: migraciones en la Frontera Sur. Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, Barrio de María Auxiliadora, 29290, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Recibido: 31 de enero de 2014
Aceptado: 27 de febrero de 2014

Resumen:

Ante la fuerza que recientemente ha cobrado la emigración chiapaneca a Estados Unidos, el presente artículo analiza los factores que impidieron que los chiapanecos se insertaran en la corriente migratoria de las primeras décadas del siglo pasado. Para ello, analiza su estructura social y su dialéctica histórica, enriquecida con el enfoque del curso de vida, cuya virtud consiste en permitir la intersección del tiempo del individuo con los tiempos del devenir social. Desde esta perspectiva, el entendimiento de la dinámica de la migración chiapaneca supera la visión económica.

Palabras clave: migración, socialización, estructura de opciones, trayectorias individuales, tiempo social.

Abstract

Given the recent increase in migration from Chiapas to the U.S., this paper analyzes the factors that prevented Chiapas residents from being incorporated into the migration flows of the early 20th century. To this end, it analyzes Chiapas’ social structure and historical dialectic; this analysis is enhanced by the life course approach, which has the advantage of revealing the intersection of the time of the individual and the time of social change. From this perspective, understanding the dynamics of Chiapas migration goes beyond a purely economic approach.

Keywords: migration, socialization, options structure, individual trajectories, social time.

El presente texto expone la reciente trayectoria social de la población trabajadora de Chiapas, para comprender el papel pujante que en los últimos tiempos ha tenido la migración de dicho estado en la escenografía internacional. La tesis fundamental consiste en que la población chiapaneca sólo se insertó en un proceso de mayor envergadura, la migración internacional a Estados Unidos, cuando el tiempo y el cambio social lo permitieron, no antes, aunque las condiciones sociales hubieran sido de mayores carencias e insatisfacción. La evidencia que sostiene tal tesis encuentra su base en los cambios de las estructuras sociales, demográficas y políticas en Chiapas, sin menoscabo de lo ocurrido en el ámbito económico.

El análisis del fenómeno de la migración en Chiapas necesariamente implica dilucidar sus atributos sociohistóricos, que han convertido a la entidad en una de las más estudiadas. Las propiedades de su base social ha despertado el interés académico desde los ámbitos histórico, antropológico, socioeconómico, político y sociodemográfico. Los procesos provenientes de su estructura interna —de larga data y otros de reciente expresión— han procreado un Chiapas prismático, móvil y versátil, que ha visto modificados sus paisajes sociales: rurales, étnicos, urbanos y demográficos, con las consecuentes implicaciones en las esferas laboral y política.

Este texto abreva en ideas clásicas y contemporáneas de vocación sociológica, cuyo valor heurístico permitirá explicar un proceso de modernización tardía, manifiesta en una inserción demorada de la migración chiapaneca en el mercado laboral de Estados Unidos.

El modelo teórico de explicación se ha construido con base en la naturaleza misma del cambio social en Chiapas y sus correspondientes trayectorias migratorias, por lo que vale mencionar que esa razón epistémica se erige en el faro teórico que guía e ilumina el objeto de explicación. Con ello, se establece una distancia respecto del catálogo de artefactos teóricos ya construidos sobre migración, que sin duda también tienen sus respectivos valores heurísticos, pero que pudieran estar acordes con otras realidades, no necesariamente con la chiapaneca. En consecuencia, este modelo tampoco se postula como el formato que pueda explicar otros contextos distintos a los de la entidad en cuestión.

La lógica de argumentación se divide en cuatro secciones: en la primera se exponen brevemente los principios teóricos-epistemológicos; en la segunda están los referentes primordiales de la historia reciente en Chiapas, con énfasis en el cambio social, basado en información primaria y secundaria, cuantitativa y cualitativa, y sus expresiones en las trayectorias migratorias; en la tercera se establecen las transiciones individuales que, junto con el capítulo previo, constituyen la base para explicar la migración internacional; la cuarta sección consiste en una interpretación teórica.

Principios teóricos

Este apartado se centra en exponer una lógica de razonamiento que facilite establecer las bases conceptuales para encuadrar el objeto de explicación, consistente en la comprensión de un proceso de inserción tardía de la población chiapaneca en la migración internacional. Existe la necesidad de hacer una breve exposición de la dimensión epistémica de construcción y apreciación del objeto de estudio, y recurrir a autores clave que ilustren la perspectiva de pensamiento.

En primer lugar, se parte de superar la conceptualización de la migración, yendo más allá del puro evento demográfico, que técnicamente consiste en el desplazamiento de un lugar a otro, cruzando límites municipales, estatales o internacionales,1 para concebirla como la revelación de las condiciones sociales de existencia del lugar donde los individuos se encuentran insertos y que, en ese marco, ejecutan el acto migratorio. Este principio concibe la migración como un proceso social, con un atributo de síntesis social, lo que la convierte en un campo observable. Al concebir así el acto migratorio, de manera inherente se le atribuye un carácter, además de procesual, existencial. Por lo tanto, se concibe el hecho migratorio como la intersección de condiciones sociales diacrónicas y sincrónicas en un espacio social determinado. La migración, como hecho existencial, asume así la misma condición de otros eventos demográficos, como el nacimiento o la muerte, tal como fueron concebidos por Álvaro Vieira Pinto:

Al discutir la naturaleza de la ciencia demográfica, la concebimos, filosóficamente, como una ciencia antropológica-existencial […]. Los hechos demográficos habituales sólo tienen realidad cuando se refieren al hombre como ser, al cual hay que atribuirle la dignidad superior de existente (Vieira Pinto, 1982: 235).

En el ámbito metodológico, el mismo autor menciona lo indirecto de la relación establecida de los factores sociales y económicos con la esfera demográfica, pues ocurre mediante la existencia del individuo (Ibid.), es decir, mediante otras representaciones sociales. A esto, Hugo Zemelman (1982) lo llamaría mediaciones2 y para Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant (1995) significaría “pensar en términos relacionales”.

Entendida entonces la migración como un acto existencial, se pasa a considerar las relaciones sociales como las que detonan, facilitan o inhiben la generación de prácticas de existencia. Para ello, se recuperan nociones fundamentales provenientes de Adam Przeworsky, quien señala:

Si la gente en su vida diaria, al perpetuar sus existencia biológica, procrear la vida y “hacer historia”, expresa las condiciones sociales de su existencia, debe haber algún mecanismo social por medio del cual las relaciones sociales se expresan en la conducta individual y colectiva (Przeworsky, 1982: 61).

Puede afirmarse que en tanto el migrante ejecuta un acto de existencia, al tiempo que es en sí mismo un portador de relaciones sociales que lo determinan, personifica también el acontecer histórico, que en el caso de Chiapas hace posible comprender por qué existía un perfil de migrante a principios del siglo pasado que era distinto al del migrante del presente milenio.

Los mecanismos a los que Przeworsky se refiere consisten, en parte, en el “juego” que a los individuos se les presenta objetivamente, quienes se ven forzados a jugarlo; “las relaciones sociales son dadas así a los individuos como condiciones objetivas de opción. Son independientes de la voluntad individual porque se heredan como consecuencia de acciones anteriores” (Przeworsky, 1982: 73), o derivadas de las propias estructuras sociales. El autor aclara que esto no implica que las relaciones sociales sean inmutables, ya que “las acciones de múltiples actores sociales tienen consecuencias para el estado de la sociedad”.

Para comprender mejor este enunciado, es necesario acudir a la noción de estructura de opciones, entendida como los mecanismos de reproducción social mediante los cuales los distintos grupos sociales se encuentran expuestos. Dichos mecanismos se presentan de manera diferenciada según la posición que socialmente se ostente. Dependiendo de la posición que se ocupe será el tipo de estructura de opciones que se tenga:

Ser un trabajador significa enfrentarse a una estructura particular de opciones, no haber optado […]. La localización dentro de las relaciones de producción debería ser considerada como la estructura de opciones objetivamente dadas a los ocupantes de tales localizaciones (Przeworsky, 1982).

Ciertamente, dependiendo del sitio que alguien ocupe en la sociedad, su estructura de opciones puede ser tan limitada o amplia como le sea posible. “Las personas cuyos ingresos son suficientes para satisfacer todas sus necesidades básicas tienen un espectro de opciones posibles más amplio en lo que se refiere al uso de sus demás recursos” (Przeworsky, 1982: 81).

Przeworsky, respaldándose en trabajos de Pierre Bourdieu (2009), enfatiza lo siguiente:

a) El comportamiento (individual y colectivo) tiene lugar de acuerdo con ciertos mapas cognoscitivos del sistema social y de acuerdo con ciertas reglas (de intercambio). Pueden ser una institución formal con sanciones legales, como el mercado, o una institución menos formal, basada en lo que Bourdieu llama el habitus.

b) Las relaciones sociales distinguen entre comportamientos y asignan a cada combinación de conductas una consecuencia, o por lo menos una latitud de consecuencias.

c) La gente actúa sobre la base de algún conocimiento de las relaciones sociales (Przeworsky, 1982: 74).

Como ejemplos, Przeworsky señala que “dadas determinadas circunstancias, una clase social (grupo social) es puesta en movimiento. En un segundo momento, las condiciones objetivas y subjetivas determinan qué miembros de dicha clase migrarán antes y cuáles quedaran atrás” (Przeworsky, 1982: 94).

La estructura de opciones se manifiesta también en una estructura de motivaciones. Para aclarar lo anterior, recuperemos a Paul Singer:

Los motivos se manifiestan en el contexto general de las condiciones socioeconómicas que inducen a migrar. Es obvio que los motivos, incluso cuando aún subjetivos en parte, corresponden a características de los individuos: los jóvenes pueden ser más propensos a migrar que los viejos, los alfabetizados más que los analfabetos, los solteros más que los casados, y así sucesivamente. Lo que importa es no olvidar que la primera determinación de quién va y quién queda es social, o sea, de clase (Singer; 1978: 63).

En síntesis, podemos considerar que las prácticas de los individuos están determinadas por una estructura de opciones impuesta, que constriñe sus prácticas en cada circunstancia histórica.

El entorno histórico presente en el desarrollo de los procesos de estructuración de opciones es lo que llamamos tiempo social. La comprensión de los mecanismos que hacen posible articular el tiempo social con los tiempos individuales está referida a los conceptos de socialización e internalización.

“Los individuos se convierten en depositarios de relaciones sociales, las reproduzcan o no en su totalidad. De alguna manera la sociedad se vuelve interna para los individuos que realizan esa sociedad interiorizada en sus acciones” (Przeworsky, 1982: 66). En el primer paso, asociado típicamente con el proceso de “socialización”, los individuos adquieren las actitudes, conceptualizadas como estados de ánimo o predisposiciones a la acción, que llevan en su interior por toda una variedad de condiciones sociales. En el segundo paso, llevan a la acción esos patrones de conducta interiorizados. Por ejemplo: “la modernidad es una ‘actitud’ [...]: es un patrón interiorizado de predisposiciones a una amplia gama de conductas, incluyendo la conducta reproductiva” (Przeworsky, 1982: 67).

Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1986) ofrecen una extensión más de las nociones de socialización e internalización. Plantean que el individuo no nace como miembro de una sociedad, sino con una predisposición hacia la socialidad, y luego llega a ser miembro de una sociedad. En la vida de todo individuo existe verdaderamente una secuencia temporal, en cuyo curso es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad. La internalización “constituye la base, primero, para la comprensión de los semejantes y, segundo, para la aprehensión del mundo en cuanto realidad significativa y social”. Solamente cuando el individuo ha llegado a este grado de internalización puede considerársele miembro de la sociedad. El proceso ontogenético por el cual esto se realiza se denomina socialización, y puede definirse como la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de ésta. Dichos autores señalan que la socialización primaria es la que el individuo atraviesa en la niñez, y por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad (Berger y Luckmann, 1986: 166). Los individuos seleccionan aspectos del mundo según la situación que ocupan dentro de la estructura social y también en virtud de sus idiosincrasias individuales, biográficamente arraigadas. De esa manera, el niño de clase baja no sólo absorbe el mundo social en una perspectiva de clase baja, sino que lo absorbe con la coloración idiosincrática que le han dado sus padres (Berger y Luckmann, 1986: 167).

También señalan que “el niño no internaliza el mundo de sus otros significantes como uno de los tantos mundos posibles: lo internaliza como el mundo, el único que existe y que se puede concebir, el mundo tout court” (Berger y Luckmann, 1986: 171). La socialización primaria comporta secuencias de aprendizaje socialmente definidas. A la edad A el niño debe aprender X, y a la edad B debe aprender Y, y así sucesivamente. En síntesis, en relación con la socialización y la internalización, podemos comentar que es a través de estos conceptos que los individuos construyen valores y normas de conductas, acordes con el tiempo social que les ha tocado vivir, y que comparten, producen y reproducen expectativas de vida, limitadas por la estructura de opciones. Así, un individuo, cuando llegue a la edad X, tendrá la opción de trabajar en tal o cual empleo acorde con su condición social, según su estructura de motivaciones.

Para comprender más las estructuras de opciones y motivaciones, y su relación con el tiempo social, introducimos la noción de curso de vida, perspectiva teórica-metodológica que nos permitirá ahondar en la comprensión de las mencionadas estructuras y su relación con el individuo, la familia y el entorno social. Los principios de tal perspectiva son:

• El desarrollo de la vida (longlife) como un proceso del desarrollo humano multidimensional.

• Tiempo histórico y espacio como las dimensiones en que el acontecer humano se desarrolla.

• La acción social como la human agency en que los individuos despliegan determinados cursos de acción en función de sus oportunidades y restricciones de sus contextos.

• La interacción social como el medio por el cual los individuos se vinculan de manera interdependiente (linked lives) y ejercen acciones recíprocas en sus ámbitos y entornos.

• El tiempo individual o la biografía, constreñida por las estructuras y los procesos históricos, culturales, económicos y sociales (tiempo histórico) y que determinan el timing de la gente. Como estructura, también tenemos la de la familia, lo que supone considerar un tiempo familiar (Elder, 1988, 1995).

De acuerdo con Rodolfo Tuirán Gutiérrez (1998), algunas de las premisas básicas de este enfoque son: 1) pone de manifiesto que el curso de vida es un proceso compuesto por un entretejido de complejos dinamismos; 2) reconoce las relaciones recíprocas entre el individuo y el entorno institucional y social; 3) recupera la historia de los individuos, sus motivos y elecciones personales, y sitúa estos elementos en el centro del análisis; 4) cuestiona los modelos estáticos, enfatizando la enorme “plasticidad humana” y la capacidad que tienen los individuos para modificar sus comportamientos.

Tanto Glen Elder (1998) como Tamara Hareven (1977), destacados impulsores de dicha perspectiva, ponen en el centro del análisis la compleja interacción de las trayectorias individuales, las familiares y el cambio social. En palabras de Hareven:

La perspectiva del curso de vida explora la sincronización entre el tiempo individual, el tiempo familiar y el tiempo histórico, buscando integrar los polos de las dicotomías clásicas, por ejemplo, estructura y acción, biografía e historia y procesos del nivel micro y macro (Hareven, 1977).

En este sentido, Tuirán Gutiérrez (1998) concluye que dicha perspectiva ofrece el potencial para conectar el desarrollo individual y familiar con las grandes estructuras y procesos macrosociales, cada uno operado en su propio marco temporal (tiempo histórico).

El conjunto de proposiciones teóricas que integran esta sección se compone, entonces, de un entramado de conceptos articulados que hacen posible construir un discurso argumentativo en torno a los grandes procesos sociales ocurridos en Chiapas, que han venido configurando un proceso de migración tardía a Estados Unidos.

Chiapas, tiempo social y trayectorias de migración

Un pasaje literario ad hoc es el relato autobiográfico del indio chamula Juan Pérez Jolote, descrito en Chiapas a mediados del siglo pasado por el antropólogo mexicano Ricardo Pozas:

Me llamo Juan Pérez Jolote. Lo de Juan, porque mi madre me parió el día de la fiesta de San Juan, patrón del pueblo. Soy Pérez Jolote porque así se nombraba a mi padre. Yo no sé cómo hicieron los antiguos, nuestros “tatas”, para ponerle a la gente nombres de animales. A mí me tocó el de guajolote.

Conocí la tierra de cerquita, porque desde muy pequeño me llevaba mi padre a quebrarla3 para la siembra. Me colocaban en medio de mi padre y mi madre cuando trabajaban juntos en la milpa. Era yo tan tierno que apenas podía con el azadón. Estaba tan seca y tan dura la tierra, que mis canillas se doblaban y no podía yo romper los terrones. Esto embravecía a mi padre, y me golpeaba con el cañón del azadón, y me decía:

Arar a mano la tierra. Cuando se hace con tractor se llama barbecho.

—¡Cabrón, hasta cuándo te vas a enseñar a trabajar! (Pozas, 1959: 16).

En contraste, también por esas fechas, la escritora chiapaneca Rosario Castellanos (1957: 15) narraba lo siguiente en su novela Balún Canán:

Mi padre recibe a los indios, recostado en la hamaca del corredor. Ellos se aproximan, uno por uno, y le ofrecen la frente para que la toque con los tres dedos mayores de la mano derecha. Después vuelven a la distancia que se les ha marcado. Mi padre conversa con ellos de los asuntos de la finca. Sabe su lengua y sus modos. Ellos contestan con monosílabos respetuosos y ríen brevemente cuando es necesario (Castellanos, 1957: 15).

Dos mundos existentes en Chiapas, dos atmósferas sociales trenzadas por necesidades mutuas: unos hombres carentes de recursos más allá de sus escuálidas tierras y abundantes manos para trabajar, y otros, señores de la tierra, necesitados de manos para el cabal aprovechamiento de ésta.

Para los propósitos de esta sección, los dos relatos anteriores exhiben cualidades sociales que permiten leerlos, desde una visión conceptual, como dos figuras sociales en plena interacción, trama de relaciones sociales marcadas por su tiempo histórico, personificadas en: a) el indio y b) el finquero; más aún, dos economías polarizadas y complementarias: c) una economía de sobrevivencia campesino-indígena en situación carente de recursos, frente a d) una ostentosa acumulación de recursos agrarios; en su interacción, habrían de generar e) una asimetría de poder, no solamente económica, sino también f) simbólica, y sus implicaciones en su g) correlación de fuerzas en el ámbito político.

Era la década de los años cincuenta del siglo pasado, habiendo transcurrido entre 30 y 40 años del pasaje revolucionario mexicano, y a unos 10 años de haber concluido el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas y su sonada reforma agraria nacional.

Ya otros autores han mencionado que en Chiapas pasó inadvertida la Revolución mexicana, y en cambio hubo contrarrevoluciones encabezadas por las élites agrarias teniendo como batallones a sus poblaciones campesino-indígenas, muchos de los habitantes todavía en calidad de peones acasillados (García de León, 1985, Benjamin, 1995).

Según Antonio García de León (2002: 42), “la estructura agraria del Porfiriato en Chiapas […] se hallaba bastante preservada hasta 1940”. Después de estos años se realizó un reparto poco efectivo, pero eficiente y complaciente con los grupos de poder local, como lo prueba el hecho de que se desviaran las demandas de tierras mediante la colonización de la Selva Lacandona entre 1960 y 1970; según el mismo autor, el reparto después de 1970 se dio en función de las demandas campesinas.

En otros entornos sociales de México, o tiempos sociales en distintos espacios de la vida mexicana, otros procesos detonaban, como los de los vecinos oaxaqueños que, enrolados en el Programa Bracero desde principios de 1940,configuraban desde entonces su inserción laboral en Estados Unidos. Dos estados similares, antes como ahora con amplias capas indígenas, compartiendo vecindad e indicadores de marginación pero, como veremos, de distintas características migratorias.

Como puede apreciarse en la gráfica 1, desde principios de los años revolucionarios en México los oaxaqueños figuraban con preponderancia en el índice per cápita de tierra distribuida. Con excepción del periodo de 1915-1934, cuando el reparto oaxaqueño fue menor al de Chiapas, de 1935 a 1958 la población oaxaqueña superó en mucho a su contraparte chiapaneca.

Después, una vez que la tierra en Oaxaca se había repartido casi toda, el reparto disminuyó (con excepción de 1971-1976); en cambio, aumentó en Chiapas.

Además, si observamos los subperiodos de 1983-1988 y 1989-1992, Oaxaca casi desaparece del reparto agrario, mientras que Chiapas se mantenía preponderante, lo que significa, por una parte, que ese proceso agrario había ya concluido técnica y políticamente en Oaxaca, en tanto que en Chiapas se constituía en la agenda agraria de la población campesino-indígena. Finalmente, si se compara con la media nacional de la misma gráfica, sin duda alguna en Chiapas la intensidad del reparto agrario fue significativamente menor, con un despunte en el periodo de 1959-1964, mientras que a nivel nacional la tendencia había descendido temporalmente, para luego tomar nuevos bríos entre 1965-1970, y por último, sufrir una caída sostenida hasta 1992.

Los diferentes tiempos sociales entre Oaxaca y Chiapas también se constatan en la participación diferenciada de ambas entidades en el Programa Bracero. De acuerdo con el cuadro 1, se puede apreciar que Chiapas es el estado de menor participación entre los 10 incluidos.

Es muy posible que las bajas cifras de Chiapas en algunos años representen a aquellos residentes de origen chiapaneco que vivían en ese entonces en el Distrito Federal, si consideramos que la Ciudad de México, en esas épocas, ya atraía población de casi todo el país, además de constituirse, durante unos años del Programa Bracero, en punto de acopio, concentración y salida de contingentes con destino a Estados Unidos. Por otra parte, si comparamos las cifras de Chiapas con las de Oaxaca, aun cuando esta segunda entidad no resalte tanto frente al resto, supera significativamente a la primera.

La ausencia de Chiapas del Programa Bracero alude a una serie de circunstancias estructurales que en ese entonces hacían difícil su participación: 1) la lejanía del estado y de sus reservas de mano de obra respecto a los centros de concentración, selección y contratación de aspirantes, cuyo punto más cercano durante los primeros años del programa fue la Ciudad de México, papel que posteriormente se trasladó al estado de Guanajuato, con lo que se hizo más grande la distancia; 2) la información de que uno de los requisitos que debían cumplir los aspirantes consistía en ser lectoescritores; 3) la interdependencia que la mano de obra chiapaneca tenía con las plantaciones de café, basada en el enganche, y el sistema de deudas que el trabajador tenía con sus respectivos patrones.

Respecto al punto 1, la distancia en autobús directo desde San Cristóbal de las Casas a la Ciudad de México en 1940 implicaba un viaje de 24 horas, más el respectivo costo, que solamente las clases medias y altas podían sufragar. Para la población indígena, aparte de ese costo, también habría que considerar su traslado de las comunidades a la mencionada localidad de partida. En cuanto al punto 2, la tasa de analfabetismo en 1940 ascendía a 75% del total de la población; en el caso de la población indígena, los bilingües hablantes de castellano representaban solamente 17%. El punto 3 se explica a continuación.

Al perfilarse el Soconusco como la región agrícola más próspera de la entidad, también se determinaba a la población indígena de la región Altos como su abastecedora de mano de obra,4 con lo que se creaba una relación de dependencia laboral. Así, desde finales del siglo XIX hasta la década de los años setenta del siguiente siglo, esta fuerza de trabajo de parcelas minúsculas en tierras de laderas nada fértiles con prontitud abasteció de brazos primero a las fincas del Soconusco durante un largo periodo, y después a otras asentadas en la zona de Motozintla y Jaltenango (Martínez Velasco, 1994), y quedó a expensas de contrataciones temporales, aceptando cualquier tarifa salarial. Pozas (1952) escribió sobre los mecanismos de sujeción de esta mano de obra a la plantación cafetalera, su acopio desde sus comunidades de origen, su embriaguez antes, durante y después de su estancia en la finca a base del suministro de alcohol por parte de enganchadores, las condiciones de traslado y demás degradaciones.

En los inicios del Programa Bracero, el trabajador chiapaneco se encontraba en otro tiempo social, profundamente inserto en la dinámica de la producción cafetalera de la región del Soconusco, y sus preocupaciones radicaban en superar día a día las adversas condiciones salariales y de trabajo. Imperaba tan precaria situación laboral, que el 24 de diciembre de 1936 se creó una de las primeras organizaciones políticas de resistencia: el Sindicato de Trabajadores Indígenas (STI), en pleno casco de una finca cafetalera llamada Maravillas, con la presencia de 25 000 indígenas alteños (Martínez Velasco, 1994).

Cuando no había sindicato todavía, no había dónde quejarse. Los enganchadores mandaban según sus propios caprichos. Solos nomás decidían cuánto nos iban a dar. Pero cuando llegó el sindicato, llegó la ley. Ya empezaron a respetarnos un poco […], allí empezamos a sentirnos más humanos. Se mejoró la comida en la finca, se mejoró el trabajo. Cuando no había sindicato, trabajábamos mucho más. Los finqueros antes daban lo que querían: más trabajo, mucho más grande la tarea. También antes nos pegaban los enganchadores, y hasta nos pegaban los dueños de las fincas —hasta nos daban patadas (Rus y Guzmán López, 1996: 32).

Con los logros obtenidos, las siguientes décadas transcurrieron en medio de una mayor efervescencia laboral, hasta que los finqueros vieron en los jornaleros guatemaltecos, cercanos a la región de Soconusco, una forma de evadir a aquellas revoltosas masas indígenas de los Altos. En la década de los años setenta, no sin antes elevar airadas protestas ante la Dirección General de Asuntos Migratorios por lo que ellos consideraban un desplazamiento laboral, los indígenas chiapanecos debieron retirarse para emprender otros grandes procesos que ocuparían su agenda de actividades (Martínez Velasco, 1994).

De allí la ausencia de los chiapanecos en el Programa Bracero y de lo que pudo derivar en un entrenamiento migratorio hacia Estados Unidos. El tiempo social constituido en aislamiento geográfico del centro del país, el perfil sociodemográfico de la población, y el interés económico de los grupos de poder local fueron factores estructurales en la retención de la mano de obra chiapaneca.

Son los años setenta y otros grandes procesos sociales comenzarían a gestarse: ocupación territorial, movilización agraria y paulatina diversificación migratoria laboral.

Ocupación territorial. La población indígena de la región Altos, a la par de su paulatino alejamiento del Soconusco, comenzaría a generar procesos de colonización del territorio chiapaneco. Los tzotziles dirigieron su expansión territorial hacia municipios circunvecinos de las partes norte y oeste de la región, como Pueblo Nuevo Solistahuacan, Ixhuatan, Jitotol, Bochil y Soyaló (Viqueira y Ruz, 1995: 222), mientras que los tzeltales lo hicieron hacia el noroeste, principalmente hacia la Selva Lacandona. La colonización de selvas y bosques fue la opción más fácil, a veces con la anuencia gubernamental y otras sin que mediara instancia institucional o jurídica alguna. De 1962 a 1974, a la Selva Lacandona llegaron alrededor de 30 000 indígenas de la región Altos, que levantaron 120 nuevos centros de población (Grosser et al., 1975).

Una gran vertiente de acceso a la tierra en Chiapas fueron las selvas tropicales de la entidad. En el caso de la Selva Lacandona, al encontrarse en ella unas cuantas familias del grupo lacandón, sin que éstas pudieran establecer y resguardar sus límites, se convirtió en destino de excedentes de población agraria no sólo de la entidad, sino de otras partes del país. De 2 578 300 hectáreas de superficie arbórea existentes en 1975, se redujeron a 1 917 072 para 1991 (SARH, 1992). En ese lapso pasaron a ser tierras agropecuarias 661 228 hectáreas de origen selvático, equivalentes a 25.6% en relación con el primer año de referencia. La deforestación de selvas y bosques causó que la frontera agropecuaria se ampliara en ese periodo a 985 882 hectáreas, con un incremento de más de 60%
en relación con 1975 (Ibid.).

La disponibilidad de tierras tanto en manos privadas como en propiedad federal (terrenos nacionales) levantó expectativas entre las jóvenes generaciones sin tierra que aún vivían en sus comunidades de origen y vislumbraron el medio para mantener su vínculo con la agricultura.

La asociación entre actividad agrícola, pobreza, carácter étnico y crecimiento demográfico en un espacio donde todavía existiera tierra sin ocupar se convertiría en la fuente que diera sentido a una práctica de desplazamiento poblacional orientada a cubrir las necesidades más elementales.

Movilización agraria. También en los años setenta, en San Cristóbal de las Casas tuvo lugar el Congreso Indígena de 1974, evento que ha sido lugar común para explicar la génesis de las movilizaciones políticas de los sin tierra, del empoderamiento político de las poblaciones campesino-indígenas y del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Para fines de esta narración, interesa ubicar este evento como una intersección de procesos: el trabajo temporal semiforzado en el marco del desarrollo de la plantación capitalista en Chiapas, la ocupación agraria de terrenos privados y el proceso de colonización arriba descrito. La estructura de opciones de participación tendió a ampliarse: además del trabajo laboral de las plantaciones, también llegó la conquista de la tierra, privada o vía colonización. Muchos pudieron haber alternado una, dos o tres de las opciones señaladas. En otras palabras, para este tiempo social la estructura de opciones se había diversificado: se había transitado de la única posibilidad de sobrevivencia existencial, a través del trabajo temporal asalariado en la finca de café, a la colonización y la lucha por la tierra, y consecuentemente la asunción como ejidatarios.

El Congreso Indígena tenía entre sus principales demandas la cuestión agraria. La lucha por la tierra desafiaba, gobierno tras gobierno, la inafectabilidad de las grandes propiedades simuladas, al tiempo que era necesario disminuir las presiones de los grupos de solicitantes, que cada vez más se consolidaban como fuerzas políticas capaces de adquirir la tierra por la vía del hecho. Antes y después de la insurrección armada de 1994, algunas propiedades privadas ubicadas en la región selva, fronteriza y Altos habían sucumbido ante las demandas indígenas-campesinas.

De acuerdo con García de León (2002), las afectaciones en Chiapas posteriores a la Revolución mexicana realmente estuvieron en predios de menor tamaño, sin afectar a la finca agrícola y ganadera. Hubo instrumentos jurídicos de protección a la gran propiedad privada, como la Ley Agrícola Local de 1921, y posteriormente la Ley Ganadera de 1940. Por tal situación, en ese decenio existían 733 predios con más de 1 000 hectáreas cada uno, que acaparaban 2 542 526 hectáreas, equivalentes a más de la mitad de las tierras censadas en la entidad, en poder de 2.6% del total de propietarios (García de León, 2002: 51).

De acuerdo con el estudio de María Eugenia Reyes Ramos (1992), 21 propietarios contaban con 857 101 hectáreas, un promedio de 40 814 hectáreas cada uno. El caso extremo lo representaban nueve propietarios que acaparaban un total de 630 532 hectáreas, con un promedio de 70 000 hectáreas por predio. En contraste con esta situación, 14 620 propietarios contaban con menos de 5 hectáreas y en total sólo poseían 28 911 hectáreas: aproximadamente 1.9 cada uno. Así, mientras 76.9% de los productores poseía sólo 4.39% de las tierras, 2.6% de ellos tenía 63% de las tierras censadas (Reyes Ramos, 1992: 65).

Hacia 1960, de acuerdo con datos de los censos agrícola, ganadero y ejidal, la situación experimentaba lentamente pequeños cambios: los predios menores de 10 hectáreas (42% de las unidades de producción) ocupaban 0.9% de la superficie agrícola; los de entre 10 y 1 000 hectáreas (55.6% de las unidades de producción) ocupaban 40.9% de la superficie agrícola. Dentro de este último sector había 44 latifundios que acaparaban más de un millón de hectáreas; el tamaño promedio de estas propiedades era de 23 000 hectáreas. Además, 41% de las tierras cultivables eran propiedad privada y 19.2%, terrenos nacionales. Los dominios privados detentaban 72% de los pastos y 80% de los bosques. Para 1970, esta concentración era casi la misma, aun cuando poco más de 635 000 hectáreas habían desaparecido del grupo de la gran superficie, convirtiéndose en ejidos (García de León, 2002: 52).

Pese a la lentitud del reparto agrario, el número de ejidatarios se duplicó de aproximadamente 71 000 en 1950 a más de 148 000 en 1970 (Benjamin, 1995: 54). Aun cuando el número de beneficiarios se había incrementado, la distribución de tierras atravesaba por periodos de estancamiento; en 1970 la Secretaría de la Reforma Agraria tenía acumuladas cerca de 4 000 solicitudes pendientes, consideradas en calidad de “rezago agrario”. Para el siguiente decenio, la tónica fue el burocratismo, las componendas con propietarios y líderes oficiales, además de malas decisiones, como el doble reparto, que ocasionaba más conflicto tanto ante las autoridades como en el interior de los grupos de solicitantes y sus organizaciones respectivas.

Esa situación se agravó con una serie de medidas de carácter nacional, como la extensión de certificados de inafectabilidad; por ejemplo, los 61 certificados que se extendieron al concluir la administración de López Portillo (1976-1982). A mediados de la década de los años ochenta, en pleno auge de la reconversión de la política nacional, más de un millón de hectáreas de la superficie agrícola de Chiapas estaban ya protegidas contra la “reforma agraria de la revolución”, es decir, contra una reforma que en apariencia había sido impulsada por el mismo gobierno (García de León, 2002: 59).

Cabe señalar que en la década de los años ochenta Chiapas se constituyó como una “pradera ardiente”, compuesta por invasiones de tierras, violentos desalojos, asesinatos de dirigentes tanto de origen campesino como de origen urbano (asesores que llegaron de otras partes), encarcelamientos, enfrentamientos entre campesinos, plantones, mítines, marchas campesinas en el estado y hacia la Ciudad de México. En este escenario se amalgamaría el espíritu de lucha proclamado desde 1974 en el Congreso Indígena con las asesorías político-ideológicas de organismos forjados desde el acontecer de la lucha nacional; también se darían los primeros avistamientos político-ideológicos de mayor alcance de la siguiente década.

En 1991 el Estado mexicano, con Carlos Salinas de Gortari al frente, llevó a cabo la reforma al artículo 27 constitucional, y en 1992 expidió una Nueva Ley Agraria. Se establecieron así los medios para atraer la inversión privada y realizar la compraventa de parcelas ejidales y comunales, fueran individuales o colectivas. Esto generó mayores descontentos y las consiguientes manifestaciones por parte del campesinado, temeroso de que las tierras hasta en ese momento conquistadas pudiesen ser de nuevo acaparadas por otra nueva generación de modernos señores de la tierra. Con tantos años de lucha, expectativas y experiencias vividas, no era fácil aceptar una vuelta al pasado, cuando las percepciones objetivas y subjetivas habían ya cambiado.

La revolución zapatista de 1910 no produjo los resultados que hubieran esperado los campesinos chiapanecos, mucho menos para la población indígena. La lucha campesino-indígena chiapaneca que dio inicio a mediados de la década de los años setenta se intensificaría a principios de los años ochenta, para desembocar después en una lucha étnica en 1994, mediante la cual los indígenas no sólo pedían acceso a la tierra, sino también su inclusión en los asuntos públicos de la nación.

Antes del levantamiento zapatista de 1994, en virtud de las diversas políticas de reparto, existía ya un absoluto predominio de la propiedad social, es decir, ejidal y comunal, que implicaba 52.5% de todo el territorio de Chiapas; menos de 25% estaba en manos privadas. Después del conflicto, esta tendencia se fortaleció con los acuerdos agrarios logrados entre 1994 y 1998. Se atendieron 2 100 casos, se firmaron 60 arreglos con organizaciones campesinas y 95 con grupos sin organización, en beneficio de 60 199 demandantes, quienes se distribuían en 1209 grupos para los que se adquirieron 243 191 hectáreas (García de León, 2002, 63).

Pocos meses después de la insurrección armada de 1994, más de 1 000 predios fueron invadidos en todo Chiapas, principalmente aquellos que habían quedado como pequeñas propiedades, que juntos sumarían, según algunas fuentes, aproximadamente 96 925 hectáreas (García de León, 2002: 247), dentro y fuera de la zona de conflicto. Esto generó una ola incontenible de desobediencia social y puso en entredicho los anuncios reiterados de que ya no había una demanda agraria significativa. Otras fuentes señalan que después del conflicto de enero de 1994, 4 000 predios de pequeña propiedad fueron invadidos, lo que afectó 16 000 hectáreas, principalmente en los municipios de mayor conflicto zapatista, como Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo (SRA, 1998). En tal caso, un largo ciclo de reclamos agrarios había de concluir.

Paradójicamente, en 1974 se había llevado a cabo el mencionado Congreso Indígena, auspiciado por el gobierno mismo, en su afán paternal de escuchar los sentimientos originarios de los pueblos indios; 30 años después, nuevas generaciones indias, que tal vez apenas habían nacido en la década de los años setenta, por iniciativa propia, con recursos propios, con voz propia, de nuevo plantearon una nueva serie de reclamos a la altura de ese nuevo tiempo social.

La asimetría en la tenencia y en la calidad de la tierra produjo y reprodujo desigualdades socioespaciales, que originaron dos grandes movimientos para ganarse la vida: el alzamiento agrario y la variación migratoria. El primero, ya descrito, concluido básicamente a finales del siglo pasado; la segunda, en total plenitud, de alcances insospechados, es expuesta a continuación.

Así como la agricultura de plantación tuvo su sincronía con las débiles economías campesinas, también la hubo entre la lucha por la tierra y la migración. La modalidad migratoria desarrollada en ese entonces, consistente en salidas eventuales, le fue funcional a ese movimiento de reclamo político y social que demandaba mantener el vínculo con la comunidad de origen. Después de conseguir la tierra, la migración como medio de vida, en su modalidad de migración internacional, se instauró como un habitus y cobró su propia dinámica entre las nuevas generaciones. La agricultura de plantación propició la alternancia de la economía parcelaria con el trabajo asalariado temporal y pudo retener población. Igualmente, la lucha campesina hizo lo propio con la migración temporal.

La trayectoria migratoria: de la finca de café a los jardines de California

Establecer un habitus migratorio implica presentar al migrante actual en su acepción de portador de una memoria histórica, construida a lo largo de un siglo mediante la sucesión de distintas experiencias migratorias. En la historia reciente de la población migrante en Chiapas, el punto de partida se ubica a principios del siglo pasado, en relación con el establecimiento y la consolidación de la finca de café, proceso que a la larga disparó en tiempos finiseculares otro acontecer migratorio, consistente en la partida hacia California, para luego expandirse a buena parte de la amplia geografía de la Unión Americana.

La migración interna. Desde 1970, a la par que la mayoría de los campesinos se alejaba de la plantación cafetalera del Soconusco debido a la incorporación de mano de obra guatemalteca, algunos chiapanecos se apuntaban en las plantaciones también cafetaleras pero más cercanas a su región de origen, la zona de Jaltenango. Mientras que unos abrían brecha colonizando selvas de la entidad, otros más se organizaban para la conquista de la tierra; sin duda, otros alternaban esas actividades con el trabajo asalariado fuera de la entidad. En un estudio elaborado en 1980, Robert Wasserstrom señalaba que 52% de los encuestados se empleaban en fincas de café, mientras que 25% laboraban en obras públicas (caminos de mano de obra) y en la industria de la construcción en calidad de peones de albañil en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Añadía que otro porcentaje no especificado se dedicaba al arrendamiento de tierras ladinas para obtener maíz o frutos hortícolas. También identificó que muchas personas combinaban dos, tres o cuatro actividades (Wasserstrom, 1980: 10). Algunos chiapanecos ya aparecían como vendedores ambulantes, productores de aguardiente, alfareros, productores de carbón, etcétera.

A esas alturas de la búsqueda de nuevas alternativas laborales, la población de la región y de Chiapas en general había ya buscado formas de inserción laboral fuera de la entidad. Por ejemplo, de 1970 a 1990, la Ciudad de México se había convertido en una fuente de primera importancia para la entidad. Esto, sin desestimar la migración intraestatal, que seguía siendo importante. Al respecto, cabe señalar la importancia que cobró la construcción de grandes presas hidráulicas en las décadas de los años setenta y ochenta, como las de la Angostura, Chicoasén y Peñitas, en las que las poblaciones indígenas y no indígenas encontraron una forma temporal para subsistir en puestos de menor calificación.

Un estudio del Banco Mundial (1982) alude a la pobre participación de la entidad chiapaneca en los beneficios laborales y en la derrama económica por la extracción de petróleo:

Los descubrimientos de petróleo en el área de Reforma (Chiapas) han originado un polo de desarrollo autocontenido con trabajadores provenientes esencialmente de fuera del estado, salarios que se gastan en su mayor parte en el vecino estado de Tabasco.

De los años setenta a los noventa, al tiempo que la Ciudad de México fue el destino recurrente, también lo fueron en menor medida Tabasco y Veracruz. En la siguiente década, el destino interestatal fue Tabasco, seguido del Estado de México, y en tercer lugar el Distrito Federal. Para 2005, la distancia se había hecho más grande: Baja California, especialmente la ciudad de Tijuana, y en segundo lugar el estado de Quintana Roo, especialmente la ciudad de Cancún, las cuales se erigían como grandes polos de atracción. Estos dos últimos destinos, que habían comenzado a delinearse como una opción más desde 1990, se consolidaron en el siguiente quinquenio, hasta 2005, y se refrendaron en el último registro censal de 2010 (INEGI, 1970, 1990, 2000, 2005, 2010).

La migración internacional. La migración interna, que había consistido hasta 1990 en inserciones en el marco nacional, avanzó hacia mediados de la década siguiente con las primeras presencias en dominios de Estados Unidos.

Jan Rus y Salvador Guzmán López (1996: 3) señalan: “[En 1987] se empezaron a escuchar las primeras noticias de chamulas y zincantecos que habían alcanzado por su propia cuenta los estados de Texas, California y Oregón”. En ese mismo texto se ofrecen una serie de testimonios como el de Santos, indio chamula, que da cuenta de sus cortos años evocando esa vida sombría, llena de remembranzas migratorias.

Cuando me criaba todavía, acompañaba a mi papá a tierra caliente, a las fincas de café. Desde mi niñez, vi cuán difícil era el trabajo de las fincas y vi que nunca ganamos mucho, que casi no podíamos vestirnos. Mi padre también se dio cuenta de que no se podía salir adelante, de que apenas ganaba lo suficiente para darnos de comer a nosotros, sus hijos.

Para fines de análisis, vale la pena identificar la introspección que Santos y su padre, migrantes internos primero, y ahora Santos migrante internacional, hacen en torno a sus condiciones de vida, respecto de que ese movimiento migratorio sólo servía para comer. “Así ha sido mi vida, hijo [...], nunca me he podido superar. Sólo me he enfermado de tanto trabajo y sufrimiento” (Rus y Guzmán López, 1996: 4).

Santos recuerda a un migrante de origen guatemalteco, también jornalero en las fincas de café, que les preguntó por qué siendo mexicanos no se iban a ganar más dinero en otras partes de la República Mexicana, y al que respondió: “No sé, a lo mejor será porque nadie me enseñó, y tengo miedo porque no conozco esos lugares”. Lo que precipitó que el vuelo fuese más lejano fue otro migrante chamula, quien le confirmó la disponibilidad de trabajo en Cancún (esa zona de turismo internacional se convirtió en un destino migratorio). Antes, Santos hizo una parada en los platanales de Villahermosa, Tabasco.

Tenía miedo porque yo nunca había ido más que a la finca […]. [Vi] pura construcción, puros hoteles, puras playas […]. Cuando regresamos [a Chamula] todos los demás en el paraje vinieron para saber si habíamos encontrado trabajo, y cómo era. “Encontramos”, les dijimos, “pero no es tan bueno. No nada más está lejos, también es bien difícil, y muy peligroso”. “No importa”, dijeron, “si hay qué hacer, nos vamos”. Y así, después de todo, yo regresé también (Rus y Guzmán López, 1996: 6).

En Cancún fue un guatemalteco que trabajaba allí quien le habló de Estados Unidos.

Era la primera vez que yo había pensado en Estados Unidos. No sabía bien, siquiera, dónde quedaba. “¿Se puede ir hasta allá?”, pregunté. “Se puede”, dijo, y por mi parte, yo quiero probarlo. “Ahora sólo tenemos que juntar harto dinero para el viaje”. […] “¿Pero qué esperas encontrar? Ganamos bastante aquí”, le dijo el padre [a Santos]; “no”, respondí, “quiero ver si es mejor”. “Por favor, hijo, quédate con nosotros” (Rus y Guzmán López, 1996: 6-8).

Santos y su compañero salieron de Cancún en un viaje de casi una semana desde ese punto extremo del territorio nacional (descubriendo en su travesía lugares ignotos de su propio país) hasta otro punto también extremo donde se ubica la ciudad de Tijuana. Llegaron con los primeros fríos del año de 1987. “Y allí por primera vez vi, junto con la bandera mexicana, otra bandera nueva, la de Estados Unidos” (Rus y Guzmán López, 1996: 10).

Aprendió los riesgos del cruce, a cuidarse de los “coyotes” (traficantes de personas) y de la temible migra estadounidense; conoció el pánico al extraviarse, el llanto al quedarse solo sin sus compañeros y guías y tener que regresar a Tijuana. De nuevo, en condiciones aún más precarias, intentó otra vez el cruce y consiguió pisar terreno laboral; con ello, dejó su huella, que otros de origen chamula y de diversas etnias habrían de seguir.

Santos trabajó 18 meses en la casa del dueño de un rancho. No ganaba mucho, pero logró ahorrar lo suficiente para pagar sus deudas en Chiapas, y con eso regresó a Chamula para visitar a su familia. Empero, después de medio año en casa, en el verano de 1990, se acabó el dinero y volvió a cruzar la frontera a California, donde sigue hasta la fecha. A principios de 1991, sus hermanos Mariano y Juan también se fueron al norte.

La historia de Mariano se anida en el sufrimiento de la finca; allí, él y su hermano Juan vislumbraron que tener más años de estudio podía ser el medio para aspirar a otros trabajos que les facilitaran la vida:

Vamos a tener una casa con techo de tejas, y un carro y buenos zapatos y ropa. Los vamos a comprar trabajando y vamos a ser como los jefes. Y no voy a trabajar en el sol, voy a trabajar en una oficina. Entonces entre los dos decidimos terminar el contrato en la finca y volver a San Cristóbal a terminar la secundaria (Rus y Guzmán López, 1996: 17-19).

Después de pocos años de probar suerte en San Cristóbal, alternando la asistencia a la escuela nocturna con trabajos diurnos de menor rudeza que los de la finca pero insuficientemente remunerados, vieron difícil alcanzar sus expectativas. Fue entonces cuando la imagen de Santos en Estados Unidos se les vino a la mente.

La inserción laboral de los tres hermanos en Estados Unidos sin duda tuvo sus costos individuales y familiares, pero también sus beneficios económicos. Lo que importa resaltar es el salto cualitativo registrado de manera personal entre la población indígena de Chiapas y su apertura mental hacia nuevas formas de interiorización, socialización e inserción en territorio hasta entonces ignorado, al grado de que Juan, el hermano menor, como ejemplo de ello, “se aventó a comprar un carro viejo en California”. “Si me accidento, si me acabo, ni modo. No me voy a quedar atrás” (Rus y Guzmán López, 1996: 22).

Tras el comienzo de una migración furtiva iniciada por oriundos de Chiapas, indígenas y no indígenas5 a mediados de la década de los años ochenta, siguió 10 años después una migración de mayor visibilidad, tal como lo registró la Encuesta sobre Migración de la Frontera Norte (Emif), que en 1995 contabilizó 2 434 chiapanecos con intenciones de cruzar la frontera norte; en 2006 la cifra había subido a 118 510, equivalente a un crecimiento porcentual de 4 768.9.

La ola migratoria chiapaneca, sin lugar a dudas, revela un desfogue de la fuerza de trabajo que hasta entonces estaba contenida por una serie de circunstancias de la estructura social de la entidad, que una vez fracturada allanó el camino para detonar una explosión migratoria tanto a nivel interno como internacional. Una migración que comenzó con unos cuantos cientos y llegó a decenas de miles de personas incursionando en un mundo ajeno en usos y costumbres, sin medir racionalmente los riesgos inherentes en su cruce y estancia, sin reparar en lo hostil de ese mundo, de idioma ininteligible, de personalidad blanca y excluyente.

Me acostumbré a ver, cada vez que iba a comer a un restaurante en San Francisco, los rostros oscuros de mis compatriotas asomándose desde cada cocina de cada restaurante californiano. Me acostumbré al dolor que me producía ver esa existencia de servidumbre: los albañiles, las empleadas domésticas, los lavacoches, las niñeras, los cientos de campesinos que recogen las frutas y las verduras que compramos en supermercados relucientes; los jornaleros del barrio latino que en la calle César Chávez esperan que alguien los contrate por al menos algunas horas (Acosta, 2004).

Esa salida de chiapanecos hacia Estados Unidos implicó que a la entidad se le caracterizara como una entidad migratoria emergente, junto a Puebla, Veracruz e Hidalgo, concepto distinto al de otra serie de entidades tradicionales de migración internacional, como Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Durango y Guanajuato. El posicionamiento de la entidad se revelaba también a través de su tasa de crecimiento media anual (TCMA) de 42.3%, situación que convertía a Chiapas en una de las entidades más dinámicas. Estos datos contrastan con lo ocurrido a nivel nacional: un incremento porcentual de 96.4%, con una TCMA de 6.3% (Emif, 1995). Otro dato que demuestra ese crecimiento inusitado consiste en que Chiapas pasó de 0.6% a 14% de participación del total del flujo nacional (Emif, 2006).

Un reporte del Migration Policy Institute señaló que en 2008, cuando en Estados Unidos se anunciaban ya severamente los síntomas de la recesión, 14.2% de la corriente mexicana hacia aquel país era de chiapanecos (MPI, 2009). En la Emif, 94.6% de los chiapanecos declaraban que el cruce a Estados Unidos lo estaban haciendo por primera vez, lo que indica que año con año gran parte del flujo había estado compuesto por población que iniciaba su cruce e inserción laboral.

El proceso migratorio internacional de la finca de café a los jardines de California se convirtió en una dispersión dentro de Estados Unidos, tanto en trabajos agrícolas como en urbanos en Florida, Texas, las Carolinas Norte y Sur y muchos otros estados de la Unión Americana, incluyendo Vermont y las islas Hawai (IME, 2007).

A diferencia de lo que ocurría cuando se laboraba en las plantaciones de café y en otros destinos nacionales, casos en los que el retorno a la comunidad estaba programado, la Emif reportó en 2007 que 82% de los encuestados indicaba su intención de quedarse en la Unión Americana por todo el tiempo posible.

El perfil educativo captado por el IME indica una población que cuenta con certificado de primaria, 23.2% del total de registrados; sobresale la población con secundaria completa, que asciende a la mitad del total de registros, 49.9%, y hay una apreciable proporción de 19.8% con preparatoria terminada; 2.6% cursó el nivel profesional, y 3% no cuenta con estudios de ningún nivel.

Transiciones personales: el curso de vida

Transfiguración de una generación de jornaleros en plantaciones de café a otra de pequeños propietarios de café. El conocimiento de la planta del cafeto y de su cultivo solamente pudo alcanzarse y ser reproducido en el ámbito del desempeño laboral de la finca de café por parte de las sucesivas generaciones de cuadrillas.

El contexto histórico hizo también su parte. A principios de la década de los años cincuenta, el Instituto Nacional Indigenista (INI), en el marco de actividades socioeconómicas para elevar los niveles de vida de la población indígena, se había instalado en San Cristóbal de las Casas. Entre muchos proyectos productivos estuvo animar una modesta plantación de café. De ahí que en plena región indígena de los Altos de Chiapas, en la década de los años cincuenta, ya se contaba con 1 269 hectáreas de café, equivalentes a 1.9% del total de la superficie sembrada; en 1970 eran 2 259 hectáreas, y para 1991, la cifra era de 32 023 hectáreas, equivalentes a 11.4%. El incremento porcentual de 1950 a 1991 fue de 2 426%, superior a lo que había crecido en la entidad, 280.5%.6 Cabe precisar que la mayor velocidad alcanzada en la tasa de crecimiento para el café indígena fue entre 1970 y 1991; después, con la crisis de 1989, la velocidad bajó bruscamente, tanto para indígenas como para no indígenas.

Para pasar de ser jornalero de plantaciones de café en las cinco primeras décadas del siglo pasado a ser pequeño campesino parcelario de café hacia la década de los años noventa, tuvieron que transcurrir varias generaciones, con sus relativos impactos en las condiciones sociales de existencia. Con base en la esperanza de vida calculada para el país para distintos años, aun teniendo la certeza de que en Chiapas hubo de ser menor, por sus históricas condiciones de vida, podemos apuntar lo siguiente:

Hubo una primera generación de jornaleros incorporados a la finca a los 15 años y que concluyeron su vida laboral entre 1900-1905; tuvieron que haber nacido entre 1877-1882, ya que para ese entonces, a nivel del país, la esperanza de vida (E) era de sólo 23.4 años, sin dejar de tomar en cuenta que pudieron dejar de ser activos cinco años antes debido al desgaste físico ante las precarias condiciones. Una segunda cohorte, nacida entre 1892 y 1895, hubo de reemplazar a sus respectivos padres, con una E de 24 años, y trabajó en las plantaciones hasta 1916-1919. Una tercera generación nacida entre 1907 y 1914, con una E de 27.4 y que trabajó hasta 1934-1939. La cuarta generación, nacida entre 1922 y1927, con una e de 28.5 años, laboró hasta 1950-1955. Una quinta generación, nacida entre 1937 y 1942, con una E de 39.2, se incorporó, como las otras, al trabajo desde los 15 años (1952 y 1957), y trabajó hasta 1976-1981.

Debido a una mayor extensión de su existencia, esta generación debió de contar con visos de un lejano horizonte de vida distinto. Experimentó un ensayo de plantación de café entre sus propias y minúsculas parcelas en los años cincuenta, por iniciativa propia o con la asesoría del INI, ya que cuando esta institución se estableció (1951), dicha generación ya contaba con años de vida entre el cafetal de la finca.

Esta generación y la anterior también vivieron la experiencia sindical en la finca (1936) y la mejora relativa en lo concerniente al trabajo y la remuneración. Sus contemporáneos comenzaron a diversificar sus opciones de vida, al colonizar en forma incipiente tierras consideradas como selva, o simplemente territorios “vacíos”. El campo visual tendía a expandirse. Sus hijos (sexta generación), nacidos entre 1952 y 1957, tenían entre 22 y 27 años cuando se llevó a cabo el Congreso Indígena de 1974, por cuya edad seguramente no fueron sólo de asistentes, sino como actores verdaderos, ya que habían transitado entre la vivencia sombría de sus padres, y tal vez la suya propia en su acompañamiento infantil a las fincas de café, más sus avistamientos de que ese estado actual de cosas podía ser de manera distinta.

Fue esta generación la colonizadora de la Selva Lacandona y de la Selva de El Ocote, e invadió y/o recuperó tierras de manos privadas; además, marcó nuevas rutas migratorias laborales, dentro y fuera de la entidad. Sus nietos (séptima generación), nacidos entre 1972-1977,7 tenían entre 22 y 27 años de edad el día 1º de enero de 1994, año del levantamiento zapatista. La octava generación, nacida entre 1992 y 1997, a estas alturas del tiempo (2008-2013), a edades cada vez más tempranas (16-20 años), también ha de preparar una mochila para un primer viaje a ese lejano lugar, pero con mayor conocimiento de causa, capital social y simbólico, en el marco de una todavía mayor vida laboral, ya que le aguarda una esperanza de vida de 67 años.8 Esta última generación y las subsiguientes serán las que, por contar con un alargamiento de la esperanza de vida, tendrán la oportunidad de contar con un tiempo mayor de existencia que les permitirá intersectarse con generaciones previas en ese mismo destino laboral.

Transiciones individuales. Los cambios registrados en las tres últimas generaciones, que les permitieron diversificar su actuar migratorio, no solamente se refieren a los eventos suscitados en sus entornos sociales, sino también a una serie de transformaciones registradas a nivel individual.

En 1930, las poblaciones alfabetas casi eran inexistentes, pues por cada 100 personas que sabían leer y escribir había 1 291 personas analfabetas. En la región Altos9, vivero de mano de obra de la entidad, en dos de sus municipios, Chamula y Mitontic, había 16 805 y 11 236 analfabetas, respectivamente, por cada 100 lectoescritores.

En la década de los años cuarenta se mantuvieron esas proporciones de suma gravedad. De 1950 en adelante, con la presencia del INI, el problema persistió, pero sin la intensidad de esas décadas calamitosas. En la década de los años cincuenta bajó a 793 analfabetas; en los años sesenta, a 534; como un efecto acumulado de la propagada escolar realizada durante dos décadas, en 1970 la cifra experimentó un significativo descenso de 144 analfabetos por cada 100 alfabetos. En los años setenta se experimentó un significativo retiro de la población indígena de la plantación cafetalera y comenzaron las incursiones laborales fuera de la entidad. Seguramente, para aquellos que probaban suerte en la colonización de tierras la lectoescritura no representaba un significativo problema, al contrario de quienes salían del estado para alcanzar la Ciudad de México y otras entidades ya mencionadas. Saber leer y escribir les redituaba en sus negociaciones laborales y en su supervivencia en un entorno ajeno al de origen. La década de los años ochenta los instó a dejar provisionalmente la escuela; el indicador se elevó a 190 analfabetas. Una vez superada esa fase, entre 1990 a 2010 el analfabetismo tuvo una tendencia sostenida a la baja, ya que ese indicador bajó a 124 en 1990 y a 81 en 2000; en 2010 había 50 analfabetos por cada 100 personas que sabían leer y escribir. Estos datos, como los siguientes, se refieren a los municipios indígenas de la región Altos que, como se ha dicho, es una de las zonas más deprimidas y gran proveedora de mano de obra al mismo tiempo.

El sistema de creencias ha sido otra de las grandes cadenas de cambio. De acuerdo con los primeros registros censales con los que se cuenta, se puede apreciar una verdadera transformación de las creencias religiosas. De una mayoría católica en la región entre 1940 y 1950, que alcanzaba 99.5% y 99.7% respectivamente, la cifra bajó a 57.4% en el último registro censal de 2010. En el interior de la región, resulta interesante saber que aun en el municipio más intolerante al cambio religioso, Chamula, actualmente el catolicismo ha bajado en 69.8%, valor distinto al de 97.5% que tenía en 1970. Inversamente proporcional ha sido el aumento de la fe no católica, inspirada en las variaciones del protestantismo evangélico. En otros municipios de menor resistencia al cambio religioso, los casos de Oxchuc y Tenejapa, la sociedad no católica actualmente asciende en el primero en 47.9% y en el segundo a 43.1%.

Sin duda, este proceso se encuentra directamente relacionado con una fractura irreversible en el interior de las comunidades, otrora idílicas para ciertas corrientes antropológicas. Parte de las grandes rupturas apunta también a la decadencia del sistema de cargos, mecanismo impuesto por las élites indígenas para mantener “cohesionada” a la comunidad, mientras que a la población de mayor humildad económica simplemente le resultaba una verdadera carga económica. La conversión religiosa no solamente exhibió el rechazo a ese sistema de vida, sino también a esa estructura gerontocrática y vertical de la comunidad indígena. Finalmente, el proceso de secularización permitiría mantener una sana distancia entre las actividades laicistas de sobrevivencia civil de los compromisos socio-religiosos. Esa distancia que presupone vivir sin férreas ligaduras a una comunidad religiosa consecuentemente habría de facilitar ausentarse física y espiritualmente de la comunidad de origen, con mayor autonomía y mayor movilidad laboral y residencial.

Como producto de la presencia escolar cada vez mayor desde mediados del siglo pasado en el interior de las comunidades indígenas y su socialización, primero con los promotores bilingües creados ex profeso y tiempo después por personal docente de origen caxlán (ladino, mestizo) conductor de la educación formal, paulatinamente el individuo fue aprendiendo a lidiar en habla originaria y en castellano, sin intermediario alguno, para interactuar laboralmente fuera del escenario acostumbrado que era la finca y hacer negociaciones en el mundo urbano.

Así, los porcentajes de monolingüismo fueron decayendo de manera paulatina. De una proporción de indígenas bilingües en 1940 de 17%, ésta se elevó en 2010 a 52.6%. Las poblaciones masculinas son las que más se movilizan en los mercados de trabajo, en su afán de cumplir con la provisión de ingresos monetarios, y han experimentado un cambio todavía más sustancial, ya que al desagregar el habla bilingüe por sexo, tenemos que del total de hombres indígenas, hay 62.2% de hablantes de castellano, mientras que en la población femenina la cifra desciende a 43.2%. Otra forma de ilustrar la cuestión sería mediante su índice: por cada 100 varones bilingües hay 93 monolingües, mientras que por cada 100 mujeres bilingües hay 160 monolingües. Cuestión social, cuestión asociada con el trabajo y la migración, y sin duda con el género.

Una forma más de percibir los cambios registrados en las comunidades rural-indígenas de Chiapas consiste en las condiciones de estado civil referentes a la población de 12 años en adelante. De entrada, se pueden apreciar signos de actitudes modernizantes en el transcurso de 1940 a 2010. En primer lugar, puede señalarse que mientras a inicios del periodo las poblaciones seguían un patrón inercial de contraer relaciones conyugales en un porcentaje de 74.9% de personas unidas, independientemente del tipo de unión que fuese (civil, religiosa o unión libre), equivalente a tres tercios de la población total, en 2010 esa cifra descendió a 55.2%; se aprecia entonces un aumento de la soltería. Un indicio más de ese proceso que ha permeado los atavismos indígenas consiste en la unión legalizada, pues los montos de población han pasado de un porcentaje de 12.9% en 1940, para ascender a 25.8% en 1980. En sentido contrario, las uniones consensuales, llamadas libres, propias de un mundo tradicional como el del indígena, con el paso del tiempo han disminuido, al dejar de ser 62%, para descender a 35.5% en 1990.

Otro dato más en concordancia con este proceso de modernización consiste en la proporción de población soltera: mientras al inicio del citado periodo era de 19.9%, al finalizar ascendía a 55.2%.10 Los divorcios y las separaciones, que son expresiones que dejan ver nuevas formas de interacción, percepción y autopercepción personal, también se han instalado como opción de vida, con sus costos a nivel individual y en el de las progenies. Las separaciones, que eran inexistentes en los decenios de 1940, 1950 y 1960, en los decenios posteriores han ido apareciendo y aumentando paulatinamente, de 0.9% en 1970 a 2.3% en 2010, lo que equivale a tener una tasa de crecimiento de 5.3% anual, casi similar al promedio estatal, que para ese mismo periodo fue de 5.9%. Los divorcios, que estaban presentes en baja escala en 1940, para 1980 habían aumentado a 10.9% anual, cifra incluso superior a la del promedio del estado, que había sido de 9.1% para ese mismo periodo.

Hasta 1980, los conglomerados indígenas habían sido de poco volumen y habitaban en localidades que conforman los municipios de la región, con excepción de los municipios mestizos, como San Cristóbal, Las Rosas y Teopisca, cuyas cabeceras municipales desde cuatro décadas atrás ya estaban consideradas como urbanas.11 En cambio, a partir de esa década los municipios indígenas comenzaron a ampliar su volumen demográfico en determinadas cabeceras municipales. Por ejemplo, en 1980 se constituyó como urbana casi una cuarta parte (24.7%) de la población indígena; en 1990, casi un tercio (32.6%); en 2000, 39.1%, y en 2010, 41.2%, cifra cercana a la mitad de la población residente en la región. De siete localidades que habían surgido como urbanas en 1980, el censo del 2010 cierra con 12 localidades de ese tipo.12 Esto sugiere un proceso inacabado de urbanización indígena o de concentración indígena en centros de población que por su cuantía habrían de generar nuevos dinamismos sociales de distinta naturaleza a la ancestral aldea indígena de habitantes dispersos y dedicados exclusivamente a la agricultura. En el nuevo contexto ocurririría una intensa interacción cotidiana con centros urbanos de mayor monta, como Teopisca, San Cristóbal de las Casas y la capital Tuxtla Gutiérrez, y sus inherentes implicaciones en los ajustes y nuevas estructuraciones en el modo de actuar urbano-indígena.13

Producto de una intensificación de los procesos de distribución territorial de la población por parte de tzeltales y tzotziles, los primeros se encuentran ahora en 101 municipios y los segundos en 113 de un total de 118 municipios. Esto ha sido resultado de la conquista del espacio social, a base de colonización de los territorios “vacíos”, acceso al reparto, invasiones rurales/urbanas, compra de tierras, o simplemente estancias temporales o definitivas de carácter laboral. Después de que dichas etnias se habían concentrado por siglos en un territorio que se circunscribía a municipios de la región Altos, en las cuatro últimas décadas se ha escenificado una verdadera diáspora que en términos socioculturales bien puede concebirse como una real ampliación de las fronteras étnicas. Con ello, sin duda, se generó una densificación de las relaciones sociales, más y distintas interacciones, lo que permitió configurar un nuevo tipo de sujeto social de mayores capacidades cognoscentes y de desarrollo de prácticas migratorias.

Ensayo de interpretación final

El hoy migrante internacional constituye el relevo de una carrera migratoria que ha abatido obstáculos en el transcurrir migratorio entablado desde hace un siglo, cuando sus antecesores emprendieron su inserción laboral y, después de un largo tiempo, superaron las dificultades impuestas por la finca, abriendo posterior brecha en territorios ocupados por los señores de la tierra, o en vacantes cuando se trataba de terrenos selváticos o de tenencia federal. Luego allanaron el camino hacia distintos destinos laborales en México, para dar el salto ante uno de los mayores obstáculos impuestos por gobierno alguno, que es la doble malla metálica, o el peligroso desierto del Sásabe en la frontera estadounidense con México. El cronómetro de esta trayectoria migratoria hubo de ser dictado por el ritmo del tiempo social, que con su influjo envolvió a las distintas generaciones.

Bien puede considerarse que la argamasa que constituye el perfil del migrante indígena del Chiapas de hoy está integrada por un proceso social de larga duración que construyó un colectivo compuesto por individuos depositantes del proceso histórico que transformó su existencia, pasando de un peón anclado simultáneamente a su pobre tierra y a la de la rica finca del café privado, a un pequeño productor de subsistencia basado en el cultivo del café social. El migrante internacional de hoy al mismo tiempo es depositario de ese pasado de lucha por el espacio social que fue la conquista de la tierra vía recuperación, invasión, dotación, colonización o compra, y cuyo acceso le fue posible gracias a la organización, la lucha política y el establecimiento de alianzas con otros grupos de campesinos mestizos.

Tras el proceso de modernización que tuvo lugar en la entidad, el migrante indígena también es depositario de nuevas formas de socialización temprana vía la educación, y de una serie de experiencias sociales e individuales debido a una prolongación de la vida que le ha permitido interactuar por mucho más tiempo con más de una generación. Igualmente, ha sido el receptáculo de los cambios en las formas elementales de la vida religiosa y su respectiva secularización, de las alteraciones ocurridas en la otrora inercial vida marital, tanto en su iniciación como en su disolución.

El curso de vida de la población trabajadora en Chiapas, especialmente la indígena, tuvo su devenir de acuerdo con los tiempos históricos que se desarrollaron en un siglo; cada generación, compuesta por los individuos y sus familias, los interiorizaron y socializaron. La estructura de opciones se diversificó cada vez más. A inicios del siglo pasado tuvo lugar la alternancia de la agricultura miserable de los lugares de origen con el trabajo también miserable en las fincas de café. Tiempo después, con la apertura de pequeñas parcelas de cafeticultura indígena se asumió una nueva figura, y se optó por alternar el café social con la persistente inserción laboral en calidad de peones asalariados, aunque ya con un destino geográfico distinto debido al reemplazo de éstos en El Soconusco, por la incorporación de trabajadores guatemaltecos.

Era un tiempo intenso de cambios, ya que enseguida comenzaron a abrir brecha en la colonización de la Selva Lacandona, tras el retiro de las compañías madereras. A finales de la década de los años cincuenta, las opciones se habían diversificado todavía más, ya que se contaba con la posibilidad de continuar en las fincas de café, de concentrarse más en el café propio o emprender las primeras incursiones a zonas selváticas. En la década de los años sesenta sobrevino la posibilidad de insertarse también en los complejos de ingeniería civil aplicados en el levantamiento de presas en la entidad, y en la apertura de caminos y carreteras. También se iniciaron las primeras incursiones en la entidad turística por excelencia, Quintana Roo.

Los juegos aumentaron en la década de los setenta, porque además de todavía insertarse en la finca de café y demás actividades señaladas, se abría la alternativa de aumentar la distancia migratoria a la Ciudad de México, pero también había surgido con potencia inusitada la lucha por la tierra en un terruño que reclamaba su presencia. Los años ochenta quedan marcados por la intensificación de la lucha, con sus costos y beneficios, para alcanzar los noventa con un desfogue de las presiones sociales, políticas y militares de décadas atrás mediante el levantamiento indígena. Para ese entonces, los destinos migratorios nacionales eran familiares. Se había experimentado un cambio existencial del colectivo individual, en cuanto a experiencias acumuladas, transformaciones sociales en los ámbitos de la educación, adquisición de habilidades bilingües, adscripciones religiosas y políticas, que en conjunto sirvieron como una caja de herramientas para que el indígena se autoconstituyera en otro ser, poseedor de un nuevo aparato cognitivo.

Sólo el tiempo social, constituido también por los tiempos individuales, permitió abrir el horizonte a un destino de larga distancia y duración, aun cuando ese destino haya puesto a los indígenas más barreras que las experimentadas por otras generaciones de otras entidades del país. Así, la pobreza material y de habilidades preexistentes, más que haber desencadenado una migración internacional de larga distancia, en el caso chiapaneco funcionó para retener esa mano de obra. Señalar mecánicamente la pobreza chiapaneca como causa de la migración internacional a Estados Unidos resulta ser algo de poca valía, ya que de ser así, la migración a ese destino se hubiese disparado desde muchos decenios atrás. De ahí que la respuesta pertinente a la inserción tardía de la migración chiapaneca a Estados Unidos resida en recuperar la frase “las condiciones no estaban dadas”.

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